Pugnas por el control del poder tensionan la situación en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, y obligaron a reubicar a 10 presos de alta peligrosidad que se sienten amenazados, aunque no se descarta otros cambios. Por el momento hay una investigación para tratar de desarticular a dos grupos de poder identificados y que operan en el penal.
El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, informó de las medidas asumidas y aclaró que el motín y la posterior fuga de ocho privados de libertad el lunes no estuvo motivada por la decisión de sacar, por seguridad, a los niños que viven junto a sus padres en el centro carcelario, uno de los mayores de Bolivia.
Tras la fuga del lunes fueron recapturados seis presos y dos permanecen prófugos. Poco después de los sucesos 10 reclusos de alta peligrosidad pidieron ser trasladados a otro recinto carcelario con el argumento de que su vida corre riesgo, por lo que fueron trasladados hasta celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) a la espera de una decisión.
Dos serán trasladados a la cárcel de Mocoví, en Beni, cinco al área de máxima seguridad de Moros Blancos, en Tarija, y tres al penal de Cochabamba. Según informó el comandante de la Policía, general Faustino Mendoza, los presos a ser reubicados tienen condenas por delitos como asesinato, violación y robo agravado.
Quiroga reveló que el cargo de delegado del penal es un factor de disputa entre los privados de libertad y aclaró que no puede haber “consenso” para el traslado de reos porque esa decisión es resultado de la identificación de conflictos que deben ser aplacados.
“Lo más importante es desarticular los grupos de poder internos que se han identificado y hacer los traslados respectivos”, explicó en una conferencia de prensa sobre las acciones asumidas tras el motín y fuga, que derivó en el cambio de todo el personal policial del penal y refuerzos de la seguridad interna y externa.
Inicialmente fue atribuida a la decisión del retiro de niños del penal el motín del lunes, pero esa hipótesis fue descartada. Para Quiroga esa política continuará y solo deberán permanecer niños de hasta seis años junto a sus madres en reclusorios de mujeres, aunque añadió que ese trabajo será progresivo y coordinado con diferentes instancias.