Luego que la Justicia dejó sin efecto la preselección de postulantes para las judiciales, la vocal Celsa Salazar, miembro de la Sala Constitucional de Pando que concedió la acción popular, señaló este martes que la Asamblea Legislativa “tendría que nuevamente realizar el proceso de preselección y elección” para los comicios judiciales.

“Se ha concedido la audiencia de acción de amparo, por cuanto se ha evidenciado la falta de consideración en el tema del acceso a estas convocatorias para el tema de las mujeres como el sector indígena originario campesino. En ese sentido, es que se ha concedido y se ha dispuesto dejar sin efecto el proceso de preselección, como la inaplicación de la Ley 1549 (Transitoria para las Elecciones Judiciales) y el reglamento correspondiente”, dijo la autoridad judicial en GOvisión de Pando.

La vocal de Pando indicó que la Asamblea tiene que sacar “una nueva convocatoria cumpliendo con los parámetros señalados en esta audiencia de acción popular”.

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La Sala Constitucional Primera de Cobija determinó la tarde de este martes dejar sin efecto el proceso de preselección, fallo emitido por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

La acción popular fue presentada por la dirigente y abogada Yeny Duri el 18 de abril. En primera instancia, la Sala Constitucional dictó una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos.

Duri denunció que las aspirantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones para postular respecto a las del resto de los departamentos.

El vocal Jorge Sotelo señaló que se concedió la acción popular, solicitado por la Central Indígena De Mujeres Amazónicas De Pando (CIMAP).

“Entiendo que se ha dejado sin efecto la convocatoria hasta que se tomen en cuenta los parámetros que se ha planteado. Básicamente acciones afirmativas, igualdad material y no discriminación en función de los agravios que ha planteado la CIMAP”, dijo Sotelo.

La autoridad judicial señaló que la resolución se hará conocer lo más antes posible, considerando el feriado nacional del 1 de mayo. “Lo más antes posible, ya se está redactando la resolución”.

Luego que la Justicia dejara sin efecto la preselección de postulantes para las judiciales, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, senador Miguel Rejas (MAS), informó este martes que reinstalarán la sesión para evaluar la situación de los recursos contra el proceso.

“Lamentamos lo que sucedió en Pando. Pisotea totalmente a la Asamblea Legislativa, de un órgano a otro, lo cual creo que es una aberración de parte de estos vocales que han dado a favor la tutela a esta señora que presentó la acción popular. Sin embargo, en el transcurso de la sesión vamos a evaluar para tomar acciones conjuntas con los miembros de la comisión”.

Añadió que “estamos retomando en estos momentos (la sesión) para evaluar y analizar de aquí en adelante. Nosotros tenemos toda la intención de continuar y concluir con este proceso que hemos arrancado hace ya más de un mes”, dijo el legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS).

La tarde de este martes, la Sala Constitucional Primera de Cobija determinó dejar sin efecto el proceso de preselección, fallo emitido por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

La acción popular fue presentada el 18 de abril y dictó, primero, una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos. Fue presentada por la dirigente indígena y abogada Yeny Duri, quien denunció que las aspirantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones para postular respecto a las del resto de los departamentos.

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Rejas recordó su denuncia sobre amaños de vocales y jueces con “algunos que presentaron sus amparos y eso significa directamente el manipuleo directo del Órgano Judicial a través de sus operadores, vocales y jueces, para poder obstaculizar y paralizar el proceso de preselección”

Mientras que el presidente de la Comisión de Justicia Plural de Diputados, Froilán Mamani (MAS), señaló que esta determinación irá en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional y esa instancia puede revocarla o confirmarla. 

El legislador acusó al ministro Iván Lima de perjudicar el proceso. “Estamos preocupados, no nos está perjudicando a la Asamblea, está perjudicando directamente los intereses del país. Queremos denunciar a las organizaciones sociales e instituciones que se puedan pronunciar de manera inmediata, no es posible que una autoridad de Justicia vaya en contra de la Justicia boliviana”.

El jefe de bancada por Creemos en la Cámara Baja, el diputado Leonardo Ayala, rechazó el fallo de los vocales porque, en su opinión, vulneran los derechos de los más de 400 postulantes habilitados.

“Creemos quiere que se haga justicia y que sigan las elecciones judiciales con los más de 400 postulantes habilitados”.

En Pando, la Sala Constitucional Primera de Cobija dio curso a una acción popular presentada por la abogada Yeny Dury Bautista, y dejó sin efecto el proceso de preselección de postulantes a las elecciones judiciales.

La medida fue emitida por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

La información fue confirmada por la senadora opositora Andrea Barrientos, presente en el acto judicial y citada en una nota de Los Tiempos.

La acción popular fue presentada el 18 de abril y dictó, primero, una medida cautelar que frenó el proceso que cursaba la etapa de evaluación de méritos.

El diputado por CC Pablo Arízaga, desde sus redes sociales, criticó la medida e indicó que la acción popular “acaba de fulminar el proceso de Elecciones Judiciales 2024” (sic).

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“No puedo llamarlos vocales, hemos llegado a un punto óptimo de ignorancia en las instituciones públicas que la excepción es tener conocimiento. Sotelo, se pasó de los límites hoy. ¿Sus fundamentos? Que no tienen los mismos derechos las mujeres de Pando porque su Universidad no es la misma que la de mi departamento y que por eso debe anularse todo y lanzar nueva convocatoria. ¿Pueden creer? Si, es vocal y no solo ello, presidente del Tribunal Departamental de Justicia” (sic), escribió Arizaga

Añadió que de la vocal Salazar “no esperaba más que su ratificación política partidaria”, esto en razón de que era candidata por el Movimiento Al Socialismo (MAS), por la circunscripción número 1 de Pando.

“Espero, que hoy todos los que nos lanzaron cohetes y dardos, mientras teníamos que lidiar con este bloque de ignorantes y corruptos, comprendan que debíamos estar unidos, hoy, nos sepultaron a todos juntos. Hasta aquí llegamos, pero por el momento. Este abuso no es eterno, lo sabe bien quien les enseño estas prácticas” (sic).

Tras las declaraciones del domingo del presidente Luis Arce, cuando afirmó que el país ya no tenía de dónde sacar plata, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó que Bolivia no está mal, pero que podría estar mejor si la Asamblea aprueba los créditos externos.

“Nosotros le estamos mostrando un crecimiento, les estamos mostrando indicadores, no nos inventamos las cifras. Es cierto, podríamos estar mejor si todos pensáramos en la población boliviana, pero no tenemos ese escenario. Sin embargo, no estamos mal, estamos llevando adelante estos indicadores”, expresó en conferencia de prensa.

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Sumada a las declaraciones de Arce, la agencia calificadora Moody’s bajó el fin de semana la calificación a Bolivia. Esto podría indicar que es un país sin muchas garantías para las inversiones extranjeras.

Por lo mismo, la oposición y el ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) fustigaron la gestión de Arce. Afirmaron que el país enfrentaba una crisis económica.

Asamblea

“Un llamado a los diputados y a los senadores que dicen estar preocupados por la economía, que sean consecuentes y vamos trabajando todos en el mismo camino (…). Veremos cómo cambiamos aún más nuestra situación económica, que es la que nos tiene que preocupar en este momento”, consideró en Bolivia Tv.

De acuerdo con el oficialismo, en la Asamblea se encuentran “bloqueados” más de $us 900 millones. Debido a un acuerdo entre la oposición, Comunidad Ciudadana (CC), Creemos y los legisladores evistas del MAS.

Los mismos no pretenden aprobar ningún proyecto, en tanto no se traten los proyectos de ley 073 y 075, sobre los plazos procesales de los magistrados y consejeros prorrogados.

Sin embargo, el acuerdo firmado el 2 de febrero, que viabilizó la realización de elecciones judiciales, establece que los proyectos de ley 073 y 075 serán tratados una vez se aprueben al menos cuatro de los siete proyectos de ley para la contratación de créditos externos.

Asimismo, Alcón reconoció que el tiempo de bonanza económica que se vivió durante el auge de las exportaciones de gas se acabó, al igual que las reservas.

Sin embargo, informó que se realizarán más de 40 exploraciones para hallar nuevas reservas de gas.

Luego de ocho años de proceso, Gabriela Zapata, expareja de Evo Morales, quedó absuelta del supuesto delito de trata y tráfico, en el cual se le acusaba de haber suplantado al hijo que habría tenido con el expresidente.

“Se hizo justicia. Ocho años hemos luchado, incluso se ha forzado. Teníamos las solicitudes de la comisión de fiscales. Ha sido un proceso político y armado, el 21 de febrero, estoy feliz”, dijo al salir de su audiencia este martes en La Paz.

Luego de ocho años de proceso, Gabriela Zapata, expareja de Evo Morales, quedó absuelta del supuesto delito de trata y tráfico, en el cual se le acusaba de haber suplantado al hijo que habría tenido con el expresidente.

“Se hizo justicia. Ocho años hemos luchado, incluso se ha forzado. Teníamos las solicitudes de la comisión de fiscales. Ha sido un proceso político y armado, el 21 de febrero, estoy feliz”, dijo al salir de su audiencia este martes en La Paz.

William Sánchez, abogado de Zapata, explicó que luego de la decisión del Tribunal Cuarto de Sentencia Penal de La Paz, aún queda la lectura de sentencia del caso, el 6 de mayo.

Junto con Zapata, otras 10 personas fueron investigadas, ellas también quedaron absueltas en la audiencia de este martes.

A instancias del mismo Morales, el caso investigó la presentación de un niño como hijo de él y la ahora absuelta. Durante el proceso, Zapata denunció que el gobierno del MAS la presionó en diferentes ocasiones para que indique que el niño había muerto.

Entre lágrimas, Pilar Guzmán, tía de Zapata, involucrada en este caso, también celebró la decisión judicial, a la que calificó de “justa”.

“Diez personas fueron procesadas siendo inocentes, presionadas, amenazadas, coartadas en sus derechos y reducidas de seres humanos a ser tratadas como cosas”, dijo su abogado, Manolo Rojas.

“Se ha demostrado categóricamente que el denunciante Evo Morales ha armado todo este proceso”, agregó el jurista.