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viernes 23 jul 2021 | Actualizado a 20:43

Las sentencias de la CIJ siempre se han cumplido

Si bien en varios casos los Estados perdedores se han negado a observar la decisión, finalmente lo han hecho por el peso de la Corte y para preservar su imagen internacional.

/ 18 de marzo de 2018 / 19:25

Las sentencias que expide la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya se han cumplido en una mayoría abrumadora en casi 70 años de resolución pacífica de controversias, a excepción de algunos casos, como la destinada, en 2012, a zanjar el conflicto colombiano nicaragüense, cuya aplicación demoró menos un lustro en acatarse.

En algunos casos este alto Tribunal, brazo juridicial de la Organización de Naciones Unidas (NNUU), que emitió 127 fallos desde 1946, cuando comenzó a operar a instancias de la Organización de Naciones Unidas (NNUU), ha concedido plazos para que las sentencias se cumplan inexorablemente. 

El artículo 94 de la Carta de Naciones Unidas, base legal que obliga al cumplimiento de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, encuentra su fundamento, en dos principios:

El primero que establece que cada Miembro de las Naciones Unidas se compromete a cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en que sea parte.

Si una de las partes en un litigio dejare de cumplir las obligaciones que le imponga un fallo de la Corte, la otra parte podrá recurrir al Consejo de Seguridad, el cual podrá, si lo cree necesario, hacer recomendaciones o dictar medidas con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución del fallo.

Según el Ministerio de Justicia, el compromiso de cumplir con las decisiones de la Corte lo asume cada Estado miembro de las Naciones Unidas, de acuerdo con dos principios, el de «pacta sunt servanda» y el principio de bona fide (buena fe): cuando por su propia voluntad ha decidido ser miembro de las Naciones Unidas y ha concedido jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia para resolver sus conflictos internacionales.

Si bien en varios casos los Estados perdedores se han negado a observar la decisión, finalmente lo han hecho por el peso de la Corte y para preservar su imagen internacional.

En los casos donde no hay cumplimiento voluntario, normalmente los Estados vuelven a la Corte para que ella emita decisiones complementarias para ejecutar las decisiones, explica el Ministerio de Justicia y cita algunos ejemplos, como el caso relativo al Derecho de Asilo, (Colombia Vs. Perú), en el que se presentó la demanda de interpretación de la sentencia de 20 de noviembre de 1950. o la alegada falta de claridad de la sentencia en el caso de la Plataforma Continental (Túnez/Libia), que provocó la Demanda de revisión e interpretación de la sentencia de 24 de febrero de 1982.

No obstante, la CIJ asume la responsabilidad de emitir decisiones suplementarias que eliminan las excusas de las partes para implementar su decisión. Es decir, allanar el camino hasta lograr que la disputa entre las partes sea totalmente resuelta (Con datos del Ministerio de Justicia). (18/03/2018)

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Envían a la cárcel al excomandante del Ejército Inchauste por el caso Senkata

El excomandante del Ejército Iván Patricio Inchauste Rioja fue enviado con detención preventiva por seis meses a la cárcel de San Pedro. Cuatro militares están procesados por este caso

El excomandante del Ejército Iván Patricio Inchauste Rioja

/ 23 de julio de 2021 / 17:52

El excomandante del Ejército Iván Patricio Inchauste Rioja fue enviado este viernes a la cárcel de San Pedro, en La Paz, con detención preventiva por los hechos de violencia y muerte en Senkata, en noviembre de 2019.

Deberá permanecer seis meses en prisión. Inchauste fue detenido en Sacaba, Cochabamba, la mañana del jueves y trasladado hasta La Paz.

Llegó en horas de la noche al aeropuerto de El Alto y desde ahí fue llevado en un vehículo policial hasta el edificio del Colegio de Abogados de La Paz, en el centro paceño, donde prestó sus declaraciones a los fiscales a cargo del caso.

Se ordenó su aprehensión y este viernes se realizó la audiencia cautelar, en la que se definió su detención preventiva en la cárcel de San Pedro.

El general fue posesionado como comandante del Ejército el 13 de noviembre de 2019 por la expresidenta Jeanine Áñez. En marzo de 2020 fue relevado del mando.

Poco después que tomara el poder Áñez, fuerzas combinadas de la Policía y de las Fuerzas Armadas intervinieron el bloqueo de partidarios del expresidente Evo Morales en Senkata, con el saldo de 10 muertos y decenas de heridos por impactos de bala.

Con Inchauste, ya suman tres los procesados por los sucesos de Senkata. El excomandante de la División Mecanizada del Ejército general Franko Suárez Gonzales está en la cárcel, al igual que el exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) Luis Fernando Valverde Ferrufino fue remitido a la cárcel de El Abra en Cochabamba. Valverde es un general en retiro y, según la denuncia, habría tomado parte de las acciones de represión en Senkata.

Este viernes fue aprehendido, por este mismo proceso, el cuarto general. Se trata del exjefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Pablo Arturo Guerra Camacho.

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Camacho niega trámite de asilo y revela que ‘hubo embajadas que le ofrecieron asilo’ en 2019

El excívico y gobernador cruceño Luis Fernando Camacho confirmó que, efectivamente, tuvo una reunión con los cónsules de Argentina y España, quienes pidieron garantías para poder salir de Bolivia

El gobernador Luis Fernando Camacho.

/ 23 de julio de 2021 / 17:11

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, negó que haya solicitado asilo en una reunión con los cónsules de Argentina y España en noviembre de 2019, aunque sí confirmó la cita de ese noviembre y reveló que hubo embajadas, sin identificarlas, que le ofrecieron asilo.

“En ningún momento he buscado el asilo, ni antes ni durante, ni después (de las protestas de los 21 días)”, aseguró en referencia a una nota publicada por La Razón sobre un cable diplomático al que accedió la periodista Alejandra Dandan (portal Cohete a la Luna) que corroboró la reunión de Camacho y su solicitud.

En su reportaje publicado el 17 de noviembre de 2019, la periodista argentina contó los detalles de esa reunión. Dijo que esa cita estaba inicialmente prevista para el 1 de noviembre, pero por fin se cumplió el 4 de noviembre, a seis días de la renuncia de Evo Morales: “Pidió asilo al consulado argentino ante un eventual fracaso de lo que llamaba ‘insubordinación civil’”.

“Lo que tuvimos fue una reunión durante los 21 días, porque el cónsul de España y Argentina querían garantías para que puedan salir del país. Nos reunimos para las garantías, para que la gente se pueda movilizar al aeropuerto”, confirmó el que dirigió las protestas de noviembre de 2019 que acabaron con la renuncia de Evo Morales.

También reveló que los dos diplomáticos ofrecieron sus oficios para intermediar en la salida del conflicto.

“Una predisponibilidad para intervenir, para que se pueda volver a la tranquilidad del país y lo que se hizo simplemente es decirles que era un movimiento pacífico (la protesta cívica). Y que lo único que se podía hacer era hacer el esfuerzo mayor para que la OEA pueda hacer un informe transparente (sobre las elecciones de 2019), pero nunca se habló de ningún tipo de asilo”, insistió.

Camacho, desde la presidencia del Comité Cívico, lideró la protesta de noviembre que acabaron con la renuncia de Morales, presionado por las denuncias de fraude electoral, un motín policial y la “sugerencia” militar de dejar el cargo.

El hoy gobernador cruceño reveló en un video que circuló en redes sociales que se trasladó a La Paz y dio 48 horas a Morales para renunciar cuando su padre había ya hecho acuerdos con la Policía y las Fuerzas Armadas para que desobedezcan al mando civil.

También reveló que hubo embajadas que le ofrecieron asilo, sin identificarlas. “Hubieron embajadas que me ofrecieron asilo, yo fui claro: yo no puedo irme a ninguna embajada, porque sería irme a otro país”, sostuvo.

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Arce dice que cada día se ratifica que el ‘golpe’ tuvo participación de toda la derecha del continente

“La derecha no duerme, la derecha está ahí al frente y todos sabemos que tenemos un enemigo común ahí al frente”, expresó el Jefe del Estado.

Por Edwin Condori

/ 23 de julio de 2021 / 14:22

El presidente Luis Arce afirmó este viernes que todos los días, con la revelación de nuevos datos, se está ratificando que el “golpe de Estado” de 2019 en Bolivia tuvo la participación de toda la derecha de la región y del continente.

“Cada día que pasa van saliendo información que ratifica lo que había pasado en el golpe de Estado de 2019; injerencia extranjera en nuestro país en el golpe de Estado poco a poco va saliendo a la luz a través de medios de comunicación responsables; todos estos hechos están ratificando que el golpe de 2019 tuvo la participación de toda la derecha a nivel de la región y a nivel del continente”, dijo la autoridad durante su intervención en un congreso de los interculturales en Cochabamba.

Sin embargo, hace un par de días, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que por ahora no hay “ningún elemento trascendental” como para comprobar una posible “participación” de más países en el “golpe de Estado”.

“Actualmente no tenemos ningún elemento trascendental que demuestre la participación de otros países en el golpe de Estado, solo tenemos cables de Estados Unidos y luego tenemos la participación de Ecuador y de Argentina con la entrega de armamentos”, indicó Del Castillo en una entrevista con el diario argentino Página 12.

El 10 de noviembre de 2019, Evo Morales renunció a la presidencia del país asfixiado por una serie de protestas cívicas, denuncias de fraude electoral, un motín policial y una sugerencia de las Fuerzas Armadas para que dimitiera.

Dos días después y en medio de una convulsión social, la entonces segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, asumió la jefatura del Estado a través de un cuestionado proceso de transición, que ahora es investigado como un “golpe de Estado”.

En los últimos meses, se reveló que Ecuador había prestado al gobierno de Áñez material antidisturbios y luego también se conoció que Argentina había enviado “material bélico de agentes químicos”.

Además, se conoció que el 24 de julio de 2019, el subsecretario adjunto del departamento de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kevin O’Reilly, del gobierno de Donald Trump, llegó a Bolivia y se reunió con personeros de las embajadas de Perú, Argentina, Brasil, la Organización de Estados Americanos (OEA) y de Unión Europea (UE). En dicho encuentro se supuso “un escenario de fraude” para las elecciones que se realizaron en octubre de ese año.

Entonces, “hermanos y hermanas, la derecha no duerme, la derecha está ahí al frente y todos sabemos que tenemos un enemigo común ahí al frente; por lo tanto, un elemento central para continuar avanzando (…) en la construcción de nuestro Estado Plurinacional, en la construcción de nuestra revolución democrática y cultural, sin duda alguna es la unidad, la unidad es el requisito indispensable para seguir avanzando, lo demostramos en las elecciones pasadas de 2020 y si (seguimos) unidos (también vamos a seguir) caminando en el proceso de cambio”, puntualizó Arce.

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Exjefe del Estado Mayor de las FFAA es detenido por los hechos registrados en Senkata

Pablo Arturo Guerra Camacho fue detenido en su domicilio por la DACI en cumplimiento a una orden del Ministerio Público. Con el General de División Aérea ya son cuatro los militares procesados en este caso.

Por Miguel Lazcano

/ 23 de julio de 2021 / 13:13

El exjefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Pablo Arturo Guerra Camacho fue aprehendido este viernes a las 11.00 en la ciudad de La Paz en el marco de las investigaciones por los hechos de violencia suscitados en Senkata (El Alto) en noviembre de 2019 y que provocó la muerte de una decena de personas.

El domicilio del general de División Aérea fue allanado por un grupo de efectivos del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) en cumplimiento a una orden del Ministerio Público. El militar fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) a la espera de su audiencia, en la que se definirá si se defiende en libertad o es enviado a la cárcel.

El fiscal asignado al caso, Fabio Maldonado, indicó que se ha emitido una resolución de aprehensión y que en las próximas horas se presentará la imputación forma contra el militar, quien fue posesionado el 14 de noviembre de 2019 como Jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas.

“Se ha emitido una resolución de aprehensión y en el plazo correspondiente se presentará (la imputación), en este momento estamos en otra diligencia investigativa”, afirmó el integrante del Ministerio Público en entrevista con ATB.

Con Guerra ya suman cuatro los procesados por los sucesos de Senkata. El excomandante de la División Mecanizada del Ejército general Franko Suárez Gonzales está en la cárcel, al igual que el exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) Luis Fernando Valverde Ferrufino, quien fue remitido a la cárcel de El Abra en Cochabamba. Valverde es un general en retiro y, según la denuncia, habría tomado parte de las acciones de represión en Senkata.

El jueves, el excomandante del Ejército Iván Patricio Inchauste Rioja fue aprehendido en Sacaba, Cochabamba y luego se lo trasladó a la ciudad de La Paz donde prestó sus declaraciones en la Fiscalía.

Guerra evitó hacer declaraciones y ante las preguntas de los periodistas se limitó a señalar: “Sin comentarios”, “no tengo nada que ver”.

El General de División Aérea fue posesionado el 13 de noviembre de 2019 por la expresidenta transitoria Jeanine Áñez como Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Ejerció el cargo hasta el 16 de noviembre de 2020.

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El Procurador considera que las víctimas ‘lo último que quieren’ es la reparación económica

En pasadas horas se confirmó que a partir de la entrega del informe del GIEI, el Gobierno boliviano tendrá 10 días hábiles para revisar y recién se tendría un documento oficial a publicar el 5 de agosto.

/ 23 de julio de 2021 / 09:52

A horas de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregue su informe sobre los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, afirmó que las víctimas lo último que quieren es la reparación económica porque lo primero que buscan es conocer la verdad de lo ocurrido.

“El informe (…) va a recomendar también qué tipo de reparación integral se podría dar a las víctimas, si se ha hecho alguna de ellas; (pero) existen estándares internacionales, que no solamente son una reparación económica, es lo último que quieren las víctimas, ellos en primer lugar necesitan saber la verdad (sobre) qué ha ocurrido, quién ha sido el responsable, quién ha ordenado que se dispare, cómo se ha suscitado y los autores inmediatos, que en este caso son las autoridades (de entonces)”, dijo Chávez en una entrevista con Bolivia TV.

El jueves, la Cancillería confirmó que el GIEI —que es una entidad independiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)—  entregará su informe al Estado “este 23 de julio para ser publicado en las posteriores semanas conforme al procedimiento establecido”.

Luego, el ministro de Justicia, Iván Lima, explicó que a partir de la entrega del documento, el Gobierno de Bolivia tendrá 10 días hábiles para revisarlo. Sin embargo, “esa revisión no implica que se pueda hacer algún cambio, es simplemente tomar conocimiento y poder precisar si hay alguna información o alguna precisión que tengamos que hacer como Gobierno”, aclaró.

Agregó que en esos 10 días el Gobierno comunicará a la CIDH su postura acerca del informe y la Comisión podría aceptar o negar las “precisiones” que se realicen y una vez que conteste “recién tendríamos un documento oficial a publicar” y eso, según su cálculo, “pasaría alrededor del 5 de agosto”.

Consultado sobre si el informe será vinculante o no, Lima respondió que “en algunas partes” el documento será vinculante y en otras tendrá carácter de recomendación. “Por ejemplo, es vinculante la reparación integral del daño a las víctimas (y) es algo que nosotros hemos aceptado”, señaló.

En el misma línea, el Procurador indicó que “se verá seguramente la reparación moral, la reparación económica (y hasta se tienen que hacer)  tratamientos psicológicos porque hay hogares que han quedado sin padre, sin hermano, sin la cabeza de la familia”.

Entonces, “todo eso tendrá que ser parte de un bloque de reparación integral. Nosotros vamos a ser objetivos; (ahora) efectivamente no es una sentencia, ni una opinión consultiva, pero es un informe que va a tener importantes acápites y en algunos de los acápites se va a vincular al Estado sin duda, por ejemplo, (precisamente) en el tema de la reparación integral y otros en la búsqueda de la justicia”, ratificó.

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