El viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani, indicó este viernes que el caso del jefe policial aprehendido por transportar droga está en plena investigación y no descarta ninguna hipótesis sobre más implicados o la existencia de una organización criminal.

“Se está investigando si este sujeto tendría una organización criminal o qué más personas estén implicadas, después tendremos mayores elementos. No se descarta ninguna hipótesis, el caso se encuentra en proceso de investigación”, señaló Mamani en conferencia de prensa.

El teniente coronel Marcelo R. R. está involucrado en el caso de narcotráfico por transportar 23,6 kg de cocaína. El uniformado, al verse descubierto, evadió un puesto de control en la carretera bioceánica, cerca de la comunidad Pozo del Tigre, en el municipio cruceño de Pailón.

Marcelo R. R. evitó la requisa del vehículo en el que se transportaba y arrastró a uno de los policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), después se dio a la fuga. Tras la persecución, la Policía dio con el motorizado en cuyo interior halló pasta base de cocaína, radios de comunicación, documentación y uniformes de la FELCN.

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Jefe policial

El efectivo huyó, pero la FELCN dio con su paradero el miércoles en la localidad de Puerto Quijarro. Al verse rodeado se entregó y quedó bajo custodia policial.

Este viernes de madrugada lo condujeron a dependencias de la FELCN en Santa Cruz y está a disposición de las autoridades jurisdiccionales.

Mamani confirmó que se apertura un proceso oficial para dar de baja al jefe policial.

“Será puesto a disposición de autoridades jurisdiccionales y asimismo se va a realizar la baja inmediata porque este tipo de sujetos daña la imagen de la Policía Boliviana”, complementó la autoridad.

El sindicado fungía como jefe de la Policía en el municipio de Puerto Suárez.

(10/05/2024)

El presidente Luis Arce exhortó este jueves a Evo Morales a “reflexionar” y reunirse con el Pacto de Unidad arcista para convocar a un congreso y evitar que se proscriba la sigla del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Arce recordó que el Pacto de Unidad convocó en cuatro oportunidades a Morales a una reunión para convocar a un congreso junto con las organizaciones sociales; sin embargo, el expresidente no atendió el llamado.

“Han sido vanos los intentos de los compañeros (del Pacto de Unidad), (Evo Morales) no acudió a las reuniones y estamos poniendo en riesgo el instrumento político. Esperamos que el compañero Evo reflexione y pueda venir también a sentarse con los hermanos del Pacto de Unidad; realizar una convocatoria donde todos, como militantes de base, estaremos asistiendo; si es necesario de acuerdo con las nuevas reglas de juego que ha planteado el Órgano Electoral”, dijo Arce, en diálogo con periodistas en la Casa Grande del Pueblo.

El Presidente recordó que el congreso del MAS, organizado a comienzos de este mes, fue convocado en el marco del plazo que dio el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la renovación de la directiva del partido oficialista.    

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Pacto de Unidad

Empero, posteriormente se conoció que hubo una ampliación por 120 días para la renovación de los representantes partidarios; por lo que, según Arce, es una “oportunidad” para que Morales se reúna con las organizaciones sociales “dueñas” del MAS.

“Nuestros hermanos del Pacto van a seguir apostando por la unidad, ese es el mejor de los caminos. Que se haga un congreso de unidad en base a lo que ha planteado el pacto y esperamos que el compañero (Evo) reflexione”, puntualizó.

El 8 de mayo, la Sala Plena del TSE decidió imponer una primera amonestación contra el MAS por incumplir la disposición relativa a la renovación de su dirección nacional.

El presidente Luis Arce dejó en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el destino del Decreto Supremo 5143 que reglamenta la ley sobre Derechos Reales, y aseguró que la intención del Gobierno es proteger la propiedad privada.

“Hemos visto que se han presentado algunos recursos (contra el decreto 5143) para que sea el Tribunal Constitucional quien pueda manifestarse al respecto; esperaremos qué dice el Tribunal Constitucional”, afirmó, en un diálogo con periodistas.

Asimismo, lamentó la campaña de desinformación promovida por la “derecha”; para inquietar a la población diciéndole que se les va “expropiar” sus casas.

“Nunca ha pasado por nuestra cabeza la expropiación de viviendas de la población, repito, solamente eso he escuchado de la mente de la derecha en el 2009; y lamentamos que algunos compañeros hayan caído en ese mismo discurso de la derecha”.

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Derechos Reales

Remarcó, más bien, que el objetivo del decreto es “ordenar” a Derechos Reales, contar con un sistema informático único; y no “34 sistemas que están actuando ahí independientemente”, y evitar hechos como los dobles registros y ventas de casas y terrenos sin que los dueños se enteren.

Asimismo, reiteró que la meta del Gobierno es contar con un “Derechos Reales fortalecido, automatizado; y sistematizado, para que no haya posibilidad de que una casa, un departamento o un terreno tenga tres o cuatro dueños”.

Comparó la situación con lo ocurrido en 2009, cuando los políticos de oposición alertaban falsamente a la población que el Gobierno pretendía quitarle sus casas y vehículos con la nueva Constitución Política del Estado.

La bancada del MAS-IPSP, a través del diputado Juan José Jauregui, presentó este jueves al TCP una acción de inconstitucionalidad de carácter abstracto contra la forma en que se aprobó el decreto; y solicitó la medida cautelar de suspensión en su aplicación hasta conocer una sentencia.

Diversos sectores sociales protestaron esta semana contra la norma; bajo el discurso de que hay el riesgo que les “quiten” la propiedad de sus bienes inmuebles.

La bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Diputados, a la cabeza de Jerges Mercado, del bloque arcista, solicitó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una medida cautelar para continuar con el proceso de preselección de postulantes en la Asamblea Legislativa.

La admisión de una acción popular derivó en que la Sala Constitucional Primera de Cobija, en Pando, anule lo avanzado en la preselección con miras a los comicios judiciales; que estaba en la fase de exámenes orales en las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural.  

El recurso fue planteado por la abogada y dirigente indígena Yeny Duri. Ella sustentó que las mujeres e indígenas de su departamento no contaban con las mismas posibilidades de ser parte de la preselección; con relación a los representantes de otras regiones del país.

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Ello derivó en que las judiciales vuelvan a estar sin rumbo; ya que en 2023 tampoco pudieron realizarse por la presentación de dos recursos ante la Justicia. Este año, fueron los amparos constitucionales de aspirantes inhabilitados, que ya totalizan 35, los que frenaron el proceso.

Bancada del MAS

En conferencia de prensa, rodeado de sus colegas de la bancada, Mercado dijo que se presentó un memorial al TCP, en Sucre, para “salvar la preselección y las elecciones judiciales”. “Hemos solicitado que nos otorgue la medida cautelar que permita continuar con el proceso”, añadió.

Otra de las solicitudes es que se acumulen todos los amparos constitucionales contra la preselección, para que sean resueltos de una vez. Se apunta a que el TCP “emita un fallo que le dé garantía al Estado de derecho y la sociedad boliviana, y que pronto tengamos elecciones”.

Todo está en contra del trabajo de la Asamblea. El proceso de preselección está frenado y el plazo otorgado por la entrega de listas de postulantes al Tribunal Supremo Electoral (TSE), ya se cumplió. Ahora, se pide que el presidente nato del Legislativo, David Choquehuanca, convoque a una sesión para que el pleno de los asambleístas defina el camino a tomar.

La bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) arcista en Diputados presentó este jueves al Tribunal Constitucional Plurinacional un recurso de inconstitucionalidad abstracto contra el Decreto Supremo 5143, de registro en Derechos Reales, para su revisión. Además, solicitó medidas cautelares para paralizar sus efectos jurídicos en tanto no se establezca su compatibilidad con leyes y la Constitución Política.

El diputado Juan José Jáuregui (MAS) explicó que se tomó esa decisión ante las “posiciones políticas”; y el “despiadado ataque de desinformación” promovido por la oposición y legisladores “radicales” en contra de la norma promulgada hace unos días.

“Se solicita que se someta a un test de constitucionalidad el proceso mediante el cual se aprobó el decreto; y se solicitó la medida cautelar para paralizar sus efectos jurídicos”, resumió Jáuregui a los medios de comunicación.

Explicó que ya habían advertido que la norma reglamentaria no afecta el derecho a la propiedad privada; pues ya existe un control en el sistema de Derechos Reales; sin embargo, sectores opositores generaron dudas, advirtiendo que atenta contra la propiedad privada.

“La acción de inconstitucional abstracta se utiliza para reclamar normas que se consideran inconstitucionales; y que por ende van en contra de derechos establecidos por la Constitución. Puede ser presentada por un diputado, un senador; para un control objetivo para establecer su compatibilidad o incompatibilidad con las normas”, explicó el diputado.

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Derechos Reales

Asimismo, dijo que las observaciones apuntan a la forma de la reglamentación del decreto, que no se realizó vía Asamblea Legislativa.

“El mecanismo legal es una acción de inconstitucional abstracta que se ha presentado para impugnar la validez legal del decreto 5143; lo que implica examinar si fue creado conforme al organismo jurídico cuya validez se basa en la Constitución. Y que sea compatible con otras normas básicas”.

Jáuregui complementó que se solicitó la aplicación de medidas cautelares para paralizar los efectos que pudiera generar la norma durante su aplicación. Y pidió la suspensión de cualquier reclamo o medida de presión contra ese decreto.

En tanto, la norma es analizada, “queda en suspenso cualquier efecto jurídico del DS 5143, como Asamblea se reclamó con relación a la forma en la que se aprobado el decreto”.

“La norma reglamentaria del Decreto Supremo 5143 no afecta el derecho a la propiedad privada y, por el contrario, es una norma reglamentaria que sistematiza el trámite ya existente en el registro de Derechos Reales”.

El Decreto Supremo 5143 fue promulgado el 10 de abril de 2024, cuenta con 91 artículos; pero solo 17 son nuevos; es decir, otros 74 fueron rescatados del DS 27957 del 24 de diciembre de 2004, el reglamento de la Ley de Inscripción de Derechos Reales de 1887.

Varios sectores sociales rechazan la norma, pues temen que vayan a “quitarles” sus propiedades. Por ejemplo, los gremiales amenazaron con movilizaciones a nivel nacional.