El exministro Branko Marinkovic denunció que fue detenido en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, Argentina, por la activación de una orden internacional de búsqueda emitida cuando era investigado en el caso Terrorismo.

“Vine a Buenos Aires a una cena con (el presidente Javier) Milei y otros líderes liberales. En el Aeropuerto Ezeiza fui retenido porque el gobierno boliviano mantiene la orden internacional de búsqueda contra los bolivianos que fuimos perseguidos en el caso Terrorismo, a pesar de haber sido absueltos en Bolivia”, escribió la tarde de este lunes en su cuenta de X.

La exautoridad del gobierno de Jeanine Áñez calificó el hecho como un “abuso más contra los derechos humanos de los opositores”, agregó en su publicación. “Tomaré acciones legales”, advirtió.

Marinkovic

Marinkovic fue uno de los 39 imputados en el caso terrorismo. Fue acusado por la supuesta colaboración con el grupo armado de Eduardo Rozsa, que perdió la vida en un violento operativo policial en el hotel Las Américas, en 2009.

Con un proceso abierto en su contra, el además empresario salió del país y regresó cuando la Justicia cerró su caso, en 2020, en la administración de Áñez.

El operativo del 16 de abril de 2009, en el gobierno de Evo Morales, la Policía buscaba desarticular un grupo armado liderado por Rozsa. Esa acción derivó en la muerte del croata-húngaro-boliviano Eduardo Rozsa, el rumano Magyarosi Arpád y el irlandés Michael Dwyer.

También estuvieron implicados Elöd Tóásó y Mario Tadic, ambos sobrevivientes de la acción policial. Los investigaron porque formaban parte de un denunciado complot que pretendía un magnicidio y el separatismo de Santa Cruz.

En febrero de 2015, un tribunal de La Paz los condenó a cinco años de prisión tras acogerse a un juicio abreviado por el delito de alzamiento armado; contra la seguridad y soberanía del Estado; en grado de complicidad. Semanas después, salieron de la cárcel porque ya habían cumplido la condena en la detención preventiva y abandonaron el país.

El 13 de abril de este año, el caso terrorismo dio un giro. Tadic y Előd informaron que el Estado abrió un proceso penal contra los responsables del operativo.

La audiencia en Santa Cruz para la resolución de un amparo constitucional que frenó el proceso de calificación de méritos para de postulantes de las elecciones judiciales fue suspendida hasta el viernes de esta semana.

Un reporte de Bolivisión informó de la suspensión del acto judicial por la tutela que concedió la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz a un amparo presentado por Margarita Medrano, postulante rechazada en su postulación al Consejo de la Magistratura, quien denunció la supuesta vulneración de sus derechos a participar en ese proceso.

En la mañana, el presidente de la Comisión de Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa, Miguel Rejas, negó que en el proceso de preselección de postulantes a las elecciones judiciales de haya vulnerado los derechos de algunos de ellos.

Amparo

“No ha habido ninguna vulneración (de derechos) a ningún postulante”, defendió ante los medios el legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Dicha sala constitucional dictó una medida cautelar que mandó a paralizar la preselección, que desde el martes de la semana pasada debió entrar a la fase de exámenes.

Son 405 profesionales habilitados para esa etapa.

Rejas atribuyó eso a una “mano negra que busca “boicoterar” las elecciones judiciales.

Miguel Rejas

Defendió, además, la independencia de los órganos del Estado y dijo que esa medida cautelar no puede frenar el trabajo de la Asamblea Legislativa.

“No hay un mandato de un órgano (del Estado) a otro. No podemos responder a un órgano que estaría pisoteando los derechos y la misma Constitución (Política del Estado). Nosotros, en las comisiones vamos a seguir con nuestro trabajo (…). Nosotros, desde mañana (martes), arrancamos con la fase de preguntas y entrevistas a los postulantes”, anunció que el martes comenzarán los exámenes y entrevistas a los postulantes.

La batería de preguntas de esa fase fue elaborada por las facultades de Derecho de las universidades, colegios de abogados y otras instituciones y está en custodia a una Notaría de Fe Pública; determinó guardarlas en una oficina del edificio antiguo de la Asamblea Legislativa, bajo precinto.

Tahuichi Tahuichi, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), presentó este lunes un antproyecto de ley para que organizaciones campesinas puedan participar en elecciones sin necesidad de un partido político.

“Es importante que el Estado reconozca el derecho político de las organizaciones indígena originario campesinas a participar en elecciones nacionales”, dijo a los periodistas en La Paz, luego de presentar su trámite en la ventanilla única de la ventanilla única de la Vicepresidencia.

Sin decir nombres, Tahuichi aseguró que varios líderes, a los que tildó de patrones políticos, usan a dichas organizaciones “como escaleras” y que su proyecto de ley busca eliminar ese “abuso”.

Tahuichi

“Las organizaciones indígena originaria campesinas no necesitan de un partido político (para participar en las elecciones). (Si) se aprueba esta ley y nuestros hermanos van a dejar de ser pongos políticos”, agregó Tahuichi.

Sin bien presentó su trámite este lunes, señaló que ese derecho “no es novedad” y que está incluido en la Constitución Política del Estado (CPE).

De hecho, el artículo 209 de la CPE señala: “Las candidatas y los candidatos a cargos públicos electos, con excepción del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, serán postuladas(os) a través de organizaciones de pueblos originario campesinos, agrupaciones ciudadanas y partidos políticos, en igualdad de condiciones”.

Organizaciones campesinas

“Los diputados y senadores tienen un gran reto. Si no lo hicieren (aprobar el proyecto de ley), están desconociendo a las organizaciones indígena originario campesinas”, insistió.

Consultado por el candidato que debe representar a dichas organizaciones, explicó que es una decisión de su dirigencia y que “son libres de invitar a quien vean conveniente”.

La propuesta de Tahuichi coincide con la discusión sobre la “legitimidad” de las organizaciones del Pacto de Unidad, que respalda política y socialmente al Movimiento Al Socialismo (MAS), cuya representación es indígena.

Dos facciones, ambas con militantes y simpatizantes de representación indígena, lanzaron duras críticas a líderes políticos, de los que cuestionan que “quieren adueñarse del MAS”.

El jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, decidió cambiar la fecha del congreso nacional de su partido para el 10 de julio de este año, aunque mantuvo la sede en Villa Tunari.

Observada una anterior convocatoria a congreso, que estaba previsto para el 10 de junio, este lunes se cumple el plazo que otorgó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que el MAS llame a un encuentro nacional.

“Estamos convocando hoy día, cumpliendo las decisiones políticas del TSE. El congreso va a ser el 10 de julio en Villa Tunari. Lamento mucho comunicar (esto), no me gusta; (pero) estamos cumpliendo humildemente (con la conminatoria del TSE)”, dijo en una conferencia de prensa en Cochabamba.

Morales lanzó duras críticas al TSE por el rechazo, primero al congreso de Lauca Ñ —celebrado en octubre del año pasado— y, luego, a las reciente observaciones a su convocatoria.

“Estamos pidiendo que cualquier decisión de la Sala Plena del TSE sea transmitida en directo. La democracia boliviana depende del TSE y no queremos un TSE parcializado”, apuntó.

MAS

La dirigencia nacional del MAS evista se reunió la mañana de este lunes y una de sus determinaciones fue pedir una reunión con la Sala Plena del TSE. Incluso, Morales anunció que invitará a misiones internacionales para “que hagan seguimiento al comportamiento del TSE”.

“Algunos partidos hacen congreso virtual y eso vale para el TSE”, protestó.

Las dos facciones del MAS, evista y arcista, solicitaron al TSE supervisión al congreso nacional. Cada una, por su parte, reclama la “legitimidad” de su llamado.

El arcismo, pese a que también recibió observaciones a su convocatoria, llamó a su militancia al congreso previsto para el 3, 4 y 5 de mayo en El Alto.

Ambas alas se acusan de buscar la proscripción de la sigla del MAS.

Por su parte, el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, en una entrevista con Piedra Papel y Tinta, de La Razón, defendió la atribución del Órgano Electoral de supervisar que los partidos cumplan con sus estatutos y la Ley de Organizaciones Electorales.

Explicó que existe un auto constitucional de un Tribunal de Garantías que concedió una tutela parcial a dirigentes de las tres organizaciones sociales del Pacto de Unidad que denunciaron la “exclusión” de la convocatoria evista.

“Hay un proceso en este caso específico que ya ha ido más allá de las atribuciones propias del TSE y que han ido a la vía constitucional”, explicó.

El reclamo de esas organizaciones fue que el evismo no consensuó con ellas el nuevo congreso. El MAS arcista fue cuestionado también de no contar con el aval de la dirección nacional, liderada por Morales.

César Navarro aseguró que el boliviano-húngaro-croata Eduardo Rósza, líder de la célula terrorista que entre 2008 y 2009 irrumpió en el país no llegó solo, sino que políticos cruceños lo trajeron y financiaron su estadía en Bolivia.

El 16 de abril de 2009, un operativo policial en el hotel Las Américas, en Santa Cruz, terminó con tres extranjeros abatidos, entre ellos Rózsa. Junto a él cayeron Michael Dwyer (irlandés) y Magyarosi Árpád (húngaro).

Elöd Tóásó y Mario Tadic fueron los dos ciudadanos que sobrevivieron al operativo policial en dicho hotel. Se sometieron a un juicio abreviado y, actualmente, están libres en busca de enjuiciar a quienes ordenaron el plan, entre ellos, el expresidente Evo Morales.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Navarro, entonces miembro de la otrora Comisión Especial Multipartidaria de Ia Cámara de Diputados que investigó el caso, recordó los hechos.

Dijo que cuando ocurrió la intervención del hotel Las Américas, el país salía de un proceso político en el que la oposición cuestionaba la nueva Constitución y desconocía el gobierno del expresidente Evo Morales.

“El país estaba saliendo de una situación altamente critica”, explicó.

Recordó, en 2008, que la “media luna” (un bloque integrado por los entonces prefectos de Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Pando y Tarija) se articuló con fuerza contra el gobierno de Morales e intentó impedir la aprobación de la nueva Constitución.

“(Los prefectos) convocaron al desacato civil, al bloqueo de caminos y voladura de ductos”, relató.

Indicó que el grupo estaba planteando bloquear los caminos, anular la reforma constitucional y desconocer al presidente y al entonces vicepresidente Álvaro García Linera. “Había un alto nivel de violencia y peligrosidad”.

Contó que, en septiembre de 2008, se desbloquearon los caminos y el gobierno de Morales volvió a tomar el control. Sin embargo, la Federación de Campesino de Pando se dirigió a la población de Porvenir.

“Leopoldo Fernández (otrora prefecto de Pando), con grupos armados, deciden intervenir y reprimir a los campesinos. Murieron 16 personas”, detalló. 

Navarro recordó que el país atravesó una situación muy dura y dramática en septiembre, octubre y noviembre de 2008. “En octubre de ese año llega Eduardo Rósza, porque lo traen”, dijo.

Indicó que Rósza organizó la Brigada Internacional, un grupo irregular de soldados que participaron en la Guerra de los Balcanes en el sureste de Europa. Ingresó a Bolivia con distintos nombres, entre ellos Germán Roca, Jorge Hurtado y Luis Tamandua.

Cuando llegó a Bolivia, él y sus compañeros fueron alojados en distintos hoteles, hospedaje pagado por empresarios y dirigentes, entre ellos Luis Hurtado o Carlos Guillén.

Afirmó que «personas vinculadas» a la Cooperativa de Teléfonos Automáticos de Santa Cruz (Cotas) fueron quienes pagaron la estadía del extranjero en el hotel Buganvillas y, posteriormente, del hotel Las Américas. La comisión multipartidaria tuvo acceso a las copias de las facturas originales otorgadas por los dueños y gerentes administrativos de los hoteles.

Develó que el abogado Alejandro Melgar, extitular del Centro de Conciliación y Arbitraje en Asuntos y Procesos de la Cámara de Comercio y Servicios de Santa Cruz (Cainco), compró los pasajes y armamento para el grupo de extranjeros.

“Compró los pasajes de la sucursal de (la aerolínea) AeroSur de la avenida Irala, en Santa Cruz”, añadió.

Asimismo, contó que Rósza pidió a miembros de Cotas que instalen internet en el stand de la telefónica en la Feria de Santa Cruz (Fexpocruz). “Fuimos al stand de COTAS y logramos obtener una pequeña boleta”.

Esa boleta estaba firmada por Rósza y era el comprobante de que el técnico instaló el internet en el stand. “Fue el técnico instaló internet y Eduardo Rósza le firmó el comprobante. A partir de esta firma en el talonario, se logra establecer que estaba Rósza”.

Denunció que hubo “tráfico de influencias” en Cotas, debido a que “alguien” autorizó la habilitación de internet. “En ningún momento la cooperativa autorizó la utilización de la infraestructura”.

“Lo que existió fue el tráfico de influencias de un miembro del directorio de Cotas”, sentenció Navarro.

Recordó que miembros de la comisión entrevistaron a Tóásó y a Tadic mientras estaban en la cárcel. Tadic les dijo no él andaba armado por “problemas psicológicos” posguerra, pero confesó que Rósza y Dwayer siempre estaban armados.

Tadic les dijo que no escapó de Bolivia porque no tenía pasaporte. Cuando los legisladores le preguntaron quién lo tenía, indicó que Eduardo Rósza, quien le dijo que «era más barato gastar en una bala que en un pasaje de avión».

Navarro lamentó que la Justicia no haya hecho nada, pese a haber entregado tres cajas de información respaldada y más de 50 CD con las grabaciones de los testimonios de los acusados.

La información también fue presentada ante la Cámara de Diputados, entonces presidida por Edmundo Novillo, para que sea considerada por la totalidad de los legisladores. “El presidente Novillo derivó a Marcelo Sosa (fiscal), quien llevaba el caso”.

Al ser consultado sobre la inacción de la Justicia, indicó que, “con tanta documentación respaldada”, el caso podía terminar a mediados de 2010. “Ninguno de los respaldos podía ser descalificado porque eran copias originales de la documentación”.

Asimismo, indicó que la comisión nunca logró entrevistar a las personas que pagaron los pasajes. “Ellos abandonaron el país” en su momento, dijo.

La comisión estaba conformada por Navarro, René Martínez, Gustavo Torrico, Pablo Pérez y Heriberto Lázaro, del Movimiento Al Socialismo (MAS); Pablo Banegas y Bernardo Montenegro, de Poder Democrático y Social (Podemos); Marisol Aban, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), y Peter Maldonado, de Unidad Nacional (UN).

Aunque todos los miebro0s no firmaron el documento final, Navarro aseguró que el trabajo fue en equipo y la oposición fue testigo de la documentación recolectada en el trabajo.

Si bien algunos estaban acusados y otros declarados en juicio abreviado, como Tóásó y Tadic, el caso fue cerrado en 2020 a instancias del entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, cuyo despacho era en el gobierno de Morales la parte acusadora.

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