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domingo 24 oct 2021 | Actualizado a 17:17

Bolivia quiere relanzar Unasur para impulsar el tren bioceánico y promover su modelo antidroga

El presidente Evo Morales trazó las metas de Bolivia al frente del bloque, entre ellas están el relanzamiento del bloque, la elección del nuevo secretario, un plan energético, la ciudadanía suramericana y la instalación de cumbres con bloques árabes y africanos.

/ 18 de abril de 2018 / 18:34

Bolivia asumió la semana pasada la Presidencia Pro tempore de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y desde ese sitial se trazó las metas de relanzar el bloque, impulsar el estratégico Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración (CFBI) y promocionar su “nacionalizado” modelo antidroga, entre otras cosas.

“Quiero pedir a los hermanos presidentes y especialmente a los movimientos sociales, es nuestra obligación cómo fortalecer, cómo relanzar nuestra Unasur. Es una enorme responsabilidad que tenemos en la Presidencia Pro Tempore”, señaló el presidente Evo Morales.

El mandatario dictó este miércoles una conferencia desde Palacio Gobierno en la que enumeró las tareas que su despacho diseñó para asumir el liderato del bloque regional.

“Aprovechando la Presidencia Pro Tempore queremos impulsar a ver cómo acelerar esta integración física”, añadió en otro momento.

La integración a la que hizo referencia está consignada en la “agenda de proyectos prioritarios” del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (Cosiplan) y agrupa a 31 proyectos con una inversión de $us 20 millones, entre ellos el plan boliviano que busca unir a los puertos de Ilo, en Perú, y Santos, en Brasil, a través de territorio boliviano.

“(Queremos) avanzar, este año queremos dar pasos importantes en el corredor bioceánico, felizmente con nuestro proyecto la mitad de Sudamérica se beneficia pero lo más interesados somos Perú y Bolivia”, destacó.

En ese marco, se refirió a la reciente reunión que sostuvo con su par peruano Martín Vizcarra a quien propuso, contó, la instalación de una cita de ministros de transportes en Ilo que aún no tiene fecha. De todas formas se volverán a reunir en el marco de la inauguración del Centro Binacional de Atención en Frontera en Desaguadero fijado para el próximo 28 de abril a las 10.00.

“Tenemos varios planes propuestos, pero dijimos que nuestra prioridad como presidentes de dos pueblos hermanos y vecinos es el ferrocarril bioceánico ya garantizando la preinversión (…). pero también estamos proponiendo al presidente del Perú cómo los ministros que tienen que ver con transporte puedan reunirse en Ilo en los próximos meses y ahí definir”, indicó.

Otro eje clave es la promoción del modelo boliviano de la lucha antidroga que Morales ponderó en varios escenarios multilaterales. “Es un modelo para todo el mundo, valorado, respetado y queremos eso con Perú y con Colombia, quiero aprovechar esta oportunidad”, dijo.

Destacó, en ese marco, la cooperación en esta materia que tiene su gobierno con Argentina y Brasil.

Asimismo, está la consolidación de la región como zona de paz y, así, “construir una identidad sudamericana en materia de defensa”, libre de armas de destrucción masiva y «promoviendo el desarme» y la solución de conflictos por vías pacíficas.

En ese marco, La Paz buscará concretar la ciudadanía suramericana para “romper muros físicos y legales” por medio de la “armonización de políticas que permiten el libre tránsito y movimiento de las ciudadanas y ciudadanos en todos los países de Sudamérica”.

El tema energético también está consignado en la agenda boliviana con un proyecto sobre potencialidades y necesidades. “Nuestra obligación (es ver) cómo prevenir el tema energético para todos los sudamericanos”, dijo.

Destacó, en ese escenario, los proyectos con Buenos Aires para la provisión de electricidad boliviana que en unos cuatro años alcanzará a los 1.000 megavatios (MW). Similar proyecto se trata con Lima y hay ofrecimiento de firmas brasileras para que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sea socia en termoeléctricas.

También ponderó el vasto potencial en recursos naturales regionales, entre ellos el litio cuyas reservas en la región suman el 65% respecto de las mundiales. “(Será) un plan de cooperación e integración energética porque los servicios básicos, entre ellos la energía, deben llegar a todos los ciudadanos sudamericanos”, dijo.

Destacó, además, la generación de programas destinados a fomentar la distribución de sus beneficios “para superar la pobreza, implementar los servicios básicos y generar nuevos empleos”.

No obstante, Morales advirtió de una “debilidad institucional” de la Unasur, por ello Bolivia también proyecta relanzar y fortalecer al bloque para frenar la acometida de la Alianza del Pacífico que, dijo, buscó “frenar esta gran integración sudamericana”.

Así, llamó a los gobiernos y los movimientos sociales de Unasur a sumarse a ese cometido. Bajo esa premisa, Morales quiere reactivar el Foro de Cooperación América del Sur-África (ASA) y la Cumbre América del Sur – Países Árabes (ASPA). Anunció además que Bolivia estrenará dos embajadas en África.

“Estoy seguro que con la participación de presidentes y nuestros pueblos es posible realizar y cómo pensar conjuntamente en soluciones de reivindicaciones de nuestros pueblos”, sostuvo Morales a quien también le urge definir el nombre del próximo secretario del bloque cuyo sitial está vacío hace más de un año.

El expresidente colombiano Ernesto Samper dejó el cargo en enero de 2017 y desde entonces los 12 países que integran el organismo no han nombrado sucesor. La disputa está en la pertinencia de un excanciller o un expresidente. (18/04/2018)

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Un nuevo incendio se produce en Tunari, el Gobierno afirma que fue provocado

Calvimontes informó que es el sexto incendio registrado en la zona durante las últimas semanas y apunta a “personas con intereses muy marcados para generar zozobra”.

El incendio visto desde la ciudad de Cochabamba. Foto: Facebook/ Andrea Barrientos.

/ 24 de octubre de 2021 / 14:55

Un nuevo incendio se suscitó este domingo en una serranía del Parque Nacional Tunari, ubicado en el departamento de Cochabamba, y el Gobierno, en una primera evaluación, estableció que se trata de un hecho provocado.

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, dijo que a las 10.00 se recibió el reporte del incendio e inmediatamente se movilizaron los equipos de bomberos, militares, funcionarios de la Gobernación y de otras instituciones.

“En este momento (13.00) todavía se encuentran en el lugar combatiendo el incendio, que efectivamente reviste cierta gravedad, tomando en cuenta que es un área protegida y lamentablemente el fuego ha sido provocado en una zona boscosa”, afirmó.

Sin embargo, la autoridad también aclaró que, a comparación de otros incendios, como los registrados en la Chiquitanía, “éste no es de gran magnitud”.

Tampoco “en este momento hay ninguna comunidad cercana donde actualmente está el incendio, (pero) lo que llama la atención y preocupa en el Parque Tunari es que es el sexto incendio que venimos sofocando, ya las anteriores semanas se han venido suscitando incendios muy continuos”, añadió en contacto con los medios estatales.

Calvimontes indicó que todos esos incendios también fueron provocados “por personas que tienen intereses muy marcados para que se pueda generar zozobra en el país”.

Entretanto, “en toda Bolivia ya hemos sofocado y controlado 170 incendios, de los cuales 148 (fueron) en Santa Cruz, nueve en Beni, cinco en Cochabamba y ocho en toda la región amazónica”, puntualizó.

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El Gobierno calcula que existen más de 5.000 víctimas del ‘golpe’ y alista una nueva norma

El viceministro César Siles anticipó que la nueva normativa, a diferencia del Decreto Supremo 4176 de la expresidenta Jeanine Áñez, beneficiará incluso a las víctimas de 2020.

Una marcha de víctima de 2019 se acerca a La Paz. Foto: Rodwy Cazón-La Razón.

/ 24 de octubre de 2021 / 13:52

El viceministro de Justicia, César Siles, calculó este domingo que existen más de 5.000 víctimas del periodo de crisis en Bolivia, identificado por el Gobierno como un “golpe de Estado”, y anunció que se está trabajando en la redacción de una nueva normativa de alcance más amplio para la reparación de los daños.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó los hechos de violencia en Bolivia durante el último trimestre de 2019, recomendó realizar un “censo” de las víctimas conforme al principio de universalidad y Siles dijo que para eso “necesariamente primero se debe hacer una norma”.

“Esa norma va a determinar los criterios de calificación de la condición de víctimas (porque) calculamos que pueden ser más de cinco mil víctimas, pero (antes) tenemos que establecer los criterios de quiénes entran a la categoría de víctimas para ser beneficiarios de esta norma y de la reparación integral que pretendemos hacer”, afirmó.

La autoridad gubernamental, en contacto con medios estatales, agregó que esta nueva normativa ya se está trabajando con el diputado Juan José Jauregui en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

La iniciativa, “lo primero (que establece) es el alcance, (es decir) no se va a circunscribir únicamente a los hechos de Sacaba y Senkata (como el 4176 de la expresidenta Jeanine Áñez), sino a otras víctimas” más, incluso, de 2020, señaló.

Según el funcionario, en 2020, también existieron “torturados, perseguidos y heridos”, que ahora, al igual que las víctimas de 2019, igualmente exigen justicia.

Por lo que anticipó que la nueva normativa, al igual que el decreto de Áñez, también contemplará una indemnización económica, además de la búsqueda de fuentes de trabajo.

Asimismo, “en materia procesal, después de una acción penal que no ha prosperado, (tiene que) venir la reparación del costo que le causó un proceso (a una determinada persona, ya sea por) detención domiciliaria o detención preventiva, y va a tener que responder el Estado”, indicó.

Además, en la normativa, según Siles, se trabajará en “temas de educación, de salud y principalmente en el principio de no repetición”.

Porque “no pueden repetirse estos hechos por ningún motivo y por eso igual queremos hacer una casa de la memoria para que todos los que visitemos ese lugar estemos conscientes de las cosas que han sucedido en el golpe de Estado y que no pueden volver a suceder”, apuntó.

Este anuncio surge, mientras una marcha de las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata se acerca a la ciudad de La Paz en demanda de justicia.

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Evo Morales defiende otra vez la continuidad de los gobiernos

El expresidente Evo Morales considera que la derecha no acepta la continuidad por “mezquindad”.

Evo Morales durante su reciente visita a México. Foto: @evoespueblo.

/ 24 de octubre de 2021 / 09:30

El expresidente Evo Morales, que en su momento fue cuestionado por buscar su cuarto mandato consecutivo pese al resultado de un referendo que le negó esa posibilidad, volvió a defender este domingo la continuidad de los gobiernos porque, según dijo, solo así se consiguen los “resultados”.    

“Se requiere pues, algunas políticas tienen que ser programas de Estado, políticas de Estado y ahí (en) nuestra experiencia ha sido importante la continuidad;  (aunque) la derecha repudia eso”, afirmó.

Morales, en su programa dominical que se emite por la radio Kawsachun Coca, remarcó que cuando cada gestión se cambia de gobernante no hay el mismo resultado que cuando existe continuidad.

“Cuando cada año se cambia, qué resultado (había), nunca había, y cuando uno continúa, por dos gestiones, tres gestiones, hay resultados y ahí se ve (como en) Alemania, (donde Angela) Merkel estuvo como 16 años de presidenta (canciller) y hay resultados, Alemania lidera toda Europa, (pero) la derecha mezquina no acepta eso”, justificó.

También puede leer: Líderes de la UE ovacionan a Merkel en su última cumbre.

El artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia establece que “el periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”.

El oficialismo impulsó una consulta ciudadana para reformar esa disposición de la CPE y se realizó un referendo el 21 de febrero de 2016, cuyo resultado negó la posibilidad de ampliar el número de mandatos consecutivos del Presidente.

Sin embargo, el oficialismo no se rindió y mediante un recurso ante el Tribunal Constitucional logró que Morales vuelva a ser habilitado como candidato, alegando que era su “derecho humano”, para las elecciones de 2019, que finalmente fueron anuladas en medio de protestas y denuncias de supuesto “fraude”.

Y en agosto de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) determinó que la reelección presidencial indefinida “no constituye un derecho” protegido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

También puede leer: La Corte-IDH define que la reelección ‘no constituye’ un derecho humano.

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Víctimas de Sacaba y Senkata repudian a Carvajal, Iglesia, Creemos, CC y periodistas

A través de un pliego de 22 puntos, los marchistas de Sacaba y Senkata pidieron audiencia con el presidente Luis Arce para el lunes.

Familiares de víctimas de Sacaba y Senkata con el pliego de demandas. Foto: Rodwy Cazón

/ 23 de octubre de 2021 / 18:40

A punto de llegar la marcha de las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata a La Paz, su directorio repudió la actuación del Conade, la Iglesia Católica, Comunidad Ciudadana (CC), Creemos y medios de información, y demandaron reunión con el presidente Luis Arce.

A las 14.10 de este sábado, una comisión de la movilización que el lunes se inició en Caracollo (Oruro) presentó su pliego de 22 demandas al Gobierno, en el que plantean esencialmente justicia por la veintena de fallecidos durante la represión militar-policial de Sacaba, el 15 de noviembre de 2019, y de Senkata, el 19.

En el primer punto del comunicado de prensa de la columna, el directorio de las Víctimas de las Masacres de Sacaba y Senkata, además de activistas de derechos humanos, repudia al Comité Nacional por la Defensa de la Democracia (Conade), Amparo Carvajal, Creemos, CC y jerarquía de la Iglesia Católica “por el encubrimiento a los autores de la firma del DS 4078”.

Al amparo del decreto aludido, el entonces gobierno de Jeanine Áñez ordenó la represión de las movilizaciones en ambos puntos del país contra la administración gubernamental y en reivindicación del derrocado presidente Evo Morales.

Entonces, los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, habían justificado represión, que en criterio del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) —que investigó la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019— resultaron en masacres, en ejecuciones sumarias y uso excesivo de la fuerza.

Veinte manifestantes murieron en Sacaba y Senkata, todos con impactos de bala. El 17 de agosto, el GIEI presentó su informe y recomendó al Estado Plurinacional la reparación de daños a favor de las víctimas y justicia.

Áñez, encarcelada por el caso Golpe de Estado desde el 13 de marzo, deslindó responsabilidades. Tiene en su contra una proposición acusatoria instalada en la Asamblea Legislativa, que requiere dos tercios de votos para un eventual juicio de responsabilidades, que CC y Creemos no quieren apoyar mientras el Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido oficialista, no desarrolle antes una reforma judicial.

Carvajal, que se atribuye la presidencia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), cuestionó las investigaciones de los hechos que resultaron en la detención de jefes militares y policiales, por los que abogó y que dijo que en 2019 salieron “a defender al pueblo boliviano”.

Tanto en los sucesos luctuosos de 2019 como luego del informe del GIEI, el clero de la Iglesia Católica no se conmovió con las víctimas, aunque reivindicó la apertura de la parroquia San Francisco de Senkata a las víctimas de entonces. El párroco Gechi Rivelin Pucho fue quien de manera personal se ocupó de los heridos y los fallecidos.

El comunicado de las víctimas informó que en seis puntos del pliego describió la denominada «Alianza de las Víctimas de las Masacres de Senkata y Sacaba por Justicia».

En un tercer punto, recuerdan que pidieron una audiencia al presidente Arce, a quien le reclaman el “cumplimiento de las recomendaciones de informe de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa y del GIEI, sobre la reparación Integral”.

Exigieron dicha reunión para el lunes, con solo la asistencia de las víctimas marchistas.

Temprano, este sábado, el representante de las víctimas Roberto Jucumari lamentó que la movilización no haya sido atendida ni cubierta por los medios de información, y protesto indignado entre lágrimas. “Señores periodistas, estamos abandonados en la marcha, no hay ni un periodista que nos ayude y nos saque en la prensa; aquí (en La Paz) ahora veo (a muchos) periodistas, pero donde estamos caminando no hemos visto ni a un periodista», reclamó.

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El Gobierno convoca al diálogo a trabajadores de AASANA tras amenaza de nuevas protestas

El viceministro Israel Ticona calificó de “irresponsable” la advertencia de los trabajadores de AASANA de entrar en un “paro colectivo”.

Una pasada movilización de los trabajadores de AASANA. Foto: La Razón.

/ 23 de octubre de 2021 / 18:00

El viceministro de Transportes, Israel Ticona, convocó a los trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) al diálogo, después de que su dirigencia advirtió con volver a las protestas.

“Hago conocer que (el viernes) hemos hecho una invitación a la Federación de Trabajadores de AASANA para un diálogo abierto (el próximo martes con el fin de) abordar los 14 puntos de su pliego petitorio para encontrar una solución a este conflicto de la institución”, dijo. 

Este llamado surge después de que el Gobierno tomó conocimiento de un nuevo pronunciamiento de los trabajadores que advierten –según Ticona– con un paro colectivo inminente.

Ticona calificó de “irresponsable” esa amenaza porque, en su criterio, “si van a un paro colectivo habría incidentes y accidentes en las operaciones aéreas”.

Por tanto, “pedimos a los hermanos (trabajadores) ser un poco más serios con esta posición porque como Gobierno estamos en plena predisposición de encontrar soluciones a su pliego petitorio”, insistió. 

Arminda Choque e Israel Ticona en conferencia de prensa. Video: Roberto Guzmán-La Razón.

En la misma línea, la directora nacional de AASANA, Arminda Choque, remarcó que la “seguridad operacional es responsabilidad de todos” y lamentó se realicen ese tipo de advertencias.

Deudas

Choque agregó que, de acuerdo al pronunciamiento de los trabajadores, “supuestamente se les adeuda sueldos y salarios”.

Sin embargo, “desmiento categóricamente este tema; nosotros no debemos sueldos y salarios a la fecha, (aunque sí hay deudas) por horas extras a una parte del personal, que no fue pagada en 2020 (y los tres primeros meses de 2021)”, admitió.

No obstante, según la Directora, desde abril no se debe “un solo centavo por sueldos, salarios ni horas extras”. 

Reestructuración

También Choque dijo que los trabajadores hablan de una imposición de reestructuración. Pero “esta autoridad jamás ha ido a imponer una reestructuración”, enfatizó.

La funcionaria señaló que tras el conflicto de agosto, ella hizo en reiteradas ocasiones invitaciones a los representantes de los trabajadores para tratar este tema, pero no fue escuchada.

“Ni siquiera el cronograma que establecimos se cumplió pese a mis invitaciones”, sostuvo.

“Acoso y hostigamiento”

Choque denunció que desde el momento que asumió su actual cargo en AASANA ha sido “constantemente hostigada, acosada y hasta discriminada”.

Pero “no voy a permitir que (ahora) se me acuse de malos manejos administrativos y menos de corrupción; hice todo para ahorrar y ser lo más austera posible (…); tampoco voy a permitir que me digan falsamente que estoy despidiendo al personal”, puntualizó.

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