La comisión paralela, que conformaron representantes de la oposición política en la Asamblea Legislativa para investigar los presuntos vínculos de constructoras brasileñas con Bolivia, no podrá requerir información por canales oficiales, según confirmaron autoridades del Órgano Legislativo.
Varios escándalos por corrupción en América Latina vinculan a la firma brasileña Oderbrecht, lo que motivó que en Bolivia se realice una investigación. En la Asamblea Legislativa, la mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS), conformó una Comisión Mixta para indagar presuntos delitos. Simultáneamente, asambleístas de oposición se organizaron para promover una investigación paralela, bajo el argumento que el oficialismo limitó la investigación.
Este martes, los titulares de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y de la Procuraduría General del Estado firmaron un acuerdo con miembros de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa para el intercambio de información.
“No podemos, ninguna institución del Estado, movernos al margen de nuestras atribuciones y al margen de los convenios. Los acuerdos que acabamos de suscribir tienen el paraguas de una resolución de Asamblea Legislativa (…) Esos son los canales institucionales que deben ser respetados”, afirmó la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño.
En tanto la presidenta de la Comisión Mixta Susana Rivero ratificó que únicamente esta instancia puede realizar la tarea de investigación, conforme a reglamentos y normativas. “Cualquier otra instancia, estructura, agrupación de personas no tiene ninguna facultad legal para hacer absolutamente nada, salvo relacionarse con ustedes (los periodistas) como cualquier ciudadano”, complementó.
Respecto al acuerdo, el presidente del Senado destacó que la UIF y la Procuraduría son instancias que administrar información que podría ser relevante para este caso además de tener vínculos con sus pares de otros países para que provean información.
La diputada por Unidad Demócrata (UD) Lourdes Millares consideró que la “comisión masista” no tiene previsto investigar contratos de la actual gestión de Gobierno y advirtió que el impedir la fiscalización de asambleístas podría ser considerado un delito y vulneración de derechos.
«Este acuerdo de no proporcionarnos información configura un hecho de una probable comisión del delito de impedir o estorbar el ejercicio de las funciones. Si se niegan a entregarnos una información tiene que hacerlo por escrito y tendremos que iniciar las acciones legales” alertó.