La decisión del juez James Cohn de favorecer al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y a su exministro Carlos Sánchez Berzaín con la anulación de una sentencia que los halló responsables de lo ocurrido en octubre de 2003 demuestra que “no existe independencia en la justicia norteamericana”, afirmó el ministro de Justicia, Héctor Arce.
Además expresó el apoyo del Gobierno a las familias de las víctimas y “esperamos, dijo, que no desfallezcan en esta búsqueda de justicia».
Cohn hizo público ayer su decisión en respuesta a la apelación del expresidente y Sánchez al fallo del jurado ciudadano que encontró responsables a los acusados de lo sucedido en octubre de 2003. Les ordenó pagar una indemnización de $us 10 millones a quienes en representación de las víctimas instauraron un proceso civil en Estados Unidos.
“Queda demostrado que no existe independencia en la justicia norteamericana ya que no se respetó el veredicto final de un tribunal ciudadano utilizando una regla incongruente», sostuvo Arce, quien además cuestionó que el expresidente Carlos Mesa no haya acudido a prestar su testimonio durante el juicio.
“Lamentamos, en un tono reflexivo, que algunas personas que en su momento pudieron coadyuvar el desarrollo de este proceso no lo hayan hecho, como @carlosdmesag quien fue convocado y se habría excusado, sin manifestar su interés de participar en este proceso como testigo», observó, según la cuenta en Twitter del Ministerio de Justicia.
Efectivamente Mesa no acudió a declarar pero aclaró en marzo que en una reunión con el abogado de las víctimas de octubre de 2003 Thomas B. Becker acordó responder un cuestionario. Dijo que hizo llegar respuestas a un cuestionario sobre su declaración como testigo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el juicio por el mismo caso en 2009 y un ejemplar de su libro Presidencia Sitiada cuya primera edición se publicó en 2008.
El juez estadounidense tomó la decisión de rechazar el fallo del jurado ciudadano con base en la denominada Regla 50, que permite a un juez anular un caso cuando la evidencia es insuficiente para poder sustentar una decisión razonable del jurado en favor de los demandantes. No obstante, aún existen instancias de apelación para ambas partes.
“Todos en #Bolivia y quienes han participado en este proceso en los #EEUU conocen muy bien la realidad de los hechos, más de 60 personas asesinadas, necesariamente tuvo que haber un plan para amedrentar y menoscabar la dignidad del pueblo alteño», expresó respecto a uno de los argumentos para rechazar la condena del jurado.
Los abogados de las víctimas anunciaron que apelarán la decisión en los estrados judiciales y que el caso podría tomar hasta tres años teniendo en cuenta las instancias que aún restan para dar por cerrado el proceso. Desde Estados Unidos, Sánchez de Lozada sostuvo que la decisión del juez se enmarca en la legalidad.
«El Gobierno Nacional lamenta profundamente esta situación, expresamos nuestra solidaridad a los valientes familiares de las víctimas de octubre y a sus equipos de abogados, expresamos nuestro apoyo y esperamos que no desfallezcan en esta búsqueda de justicia», expresó el ministro en una conferencia de prensa.
El presidente Evo Morales también condenó la decisión conocida el miércoles e insistió en que los acusados por los hechos de octubre gozan de protección del gobierno de Estados Unidos. Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín huyeron al país del norte luego la violencia social que acabó con decenas de muertos y cientos de heridos.