Nacional

domingo 24 oct 2021 | Actualizado a 17:35

Comisión opositora de Lava Jato convoca a expresidente Rodríguez y alista cuestionario para Morales

El expresidente Carlos Mesa declaró a fines de mayo en la comisión opositora y apuntó a los gobiernos de sus sucesores Eduardo Rodríguez y Evo Morales por validar la edificación de una carretera cruceña por la que, se presume, se pagaron sobornos.

/ 6 de junio de 2018 / 18:26

La Comisión opositora paralela que indaga el caso Lava Jato convocó al expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé para que informe el 19 de junio sobre el proceso de contratación de la carretera Roboré-El Carmen, El Carmen arroyo Concepción sobre el cual, se presume, una firma brasileña pagó sobornos a funcionarios bolivianos. Además, alista un cuestionario para el presidente Evo Morales por el mismo asunto.

La información fue proporcionada por el presidente de esa delegación, el senador de Unidad Demócrata (UD) Arturo Murillo en una conferencia de prensa en la cual aclaró que también hicieron gestiones ante la Cancillería.

“La comisión ha mandado una carta de invitación al expresidente Rodríguez para que nos brinde información sobre el involucramiento que hizo el exmandatario Carlos Mesa sobre el contrato Roboré-El Carmen”, anunció.

El 29 de mayo, el expresidente Carlos Mesa compareció ante esa comisión para exponer su descargo sobre el mismo asunto. La exautoridad deslindó todo tipo de responsabilidad.

Fue en su gestión que se comenzaron las tratativas y se aprobó una Ley para que se financie el proyecto con créditos y firmas de Brasil. Pero luego su sucesor Rodríguez modificó la fuente de recursos económicos aunque mantuvo a las firmas brasileñas como las encargadas para edificar la vía.

“El expresidente Mesa claramente ha indicado que en su gobierno se firmó un contrato y no se hizo ningún desembolso. Se hicieron desembolsos en el gobierno de Rodríguez Veltzé y se terminó en el gobierno de Evo Morales. Entonces tenemos tres gobiernos involucrados en ese proceso”, apuntó Murillo.

“Quiere decir que hay preguntas que tiene que absolver el señor Rodríguez Veltzé y también el señor Morales para quien estamos trabajando un cuestionario, entendemos que no venga a nuestra comisión y esperemos que tenga la gentileza de respondernos”, añadió.

Para la comparecencia de Rodríguez Veltzé, quien funge a la fecha como embajador en los Países Bajos del Reino de Holanda y es agente de la causa marítima y del Silala en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que tiene sede en la misma nación, la comisión opositora abrió la posibilidad de hacer un contacto vía Skype, un mecanismo de comunicación en internet.

Sin embargo, hay otra comisión oficial que designó el Legislativo para el mismo caso que se denomina Odebrecht – Camargo Correa, las firmas que se adjudicaron la obra.

Para su presidenta, la oficialista Susana Rivero, existen “documentos irrefutables” que evidencian que el proyecto de construcción de esa carretera se “amarró” en el gobierno Mesa (2003-2005).

“Sí se lo va a investigar (a Mesa) porque esa carretera sí se amarró en ese gobierno. No quiere decir que el soborno esté ahí, pero es parte de la investigación», declaró a los medios de comunicación.

Esa delegación legislativa hace su investigación sobre la base de un informe denominado Castillo de Arena que laboraron las autoridades de Brasil. En él se menciona 17 veces a Bolivia y puntualiza tres iniciales: C Morales, GG – NSC y CM. (06/06/2018)

Comparte y opina:

Un nuevo incendio se produce en Tunari, el Gobierno afirma que fue provocado

Calvimontes informó que es el sexto incendio registrado en la zona durante las últimas semanas y apunta a “personas con intereses muy marcados para generar zozobra”.

El incendio visto desde la ciudad de Cochabamba. Foto: Facebook/ Andrea Barrientos.

/ 24 de octubre de 2021 / 14:55

Un nuevo incendio se suscitó este domingo en una serranía del Parque Nacional Tunari, ubicado en el departamento de Cochabamba, y el Gobierno, en una primera evaluación, estableció que se trata de un hecho provocado.

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, dijo que a las 10.00 se recibió el reporte del incendio e inmediatamente se movilizaron los equipos de bomberos, militares, funcionarios de la Gobernación y de otras instituciones.

“En este momento (13.00) todavía se encuentran en el lugar combatiendo el incendio, que efectivamente reviste cierta gravedad, tomando en cuenta que es un área protegida y lamentablemente el fuego ha sido provocado en una zona boscosa”, afirmó.

Sin embargo, la autoridad también aclaró que, a comparación de otros incendios, como los registrados en la Chiquitanía, “éste no es de gran magnitud”.

Tampoco “en este momento hay ninguna comunidad cercana donde actualmente está el incendio, (pero) lo que llama la atención y preocupa en el Parque Tunari es que es el sexto incendio que venimos sofocando, ya las anteriores semanas se han venido suscitando incendios muy continuos”, añadió en contacto con los medios estatales.

Calvimontes indicó que todos esos incendios también fueron provocados “por personas que tienen intereses muy marcados para que se pueda generar zozobra en el país”.

Entretanto, “en toda Bolivia ya hemos sofocado y controlado 170 incendios, de los cuales 148 (fueron) en Santa Cruz, nueve en Beni, cinco en Cochabamba y ocho en toda la región amazónica”, puntualizó.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

El Gobierno calcula que existen más de 5.000 víctimas del ‘golpe’ y alista una nueva norma

El viceministro César Siles anticipó que la nueva normativa, a diferencia del Decreto Supremo 4176 de la expresidenta Jeanine Áñez, beneficiará incluso a las víctimas de 2020.

Una marcha de víctima de 2019 se acerca a La Paz. Foto: Rodwy Cazón-La Razón.

/ 24 de octubre de 2021 / 13:52

El viceministro de Justicia, César Siles, calculó este domingo que existen más de 5.000 víctimas del periodo de crisis en Bolivia, identificado por el Gobierno como un “golpe de Estado”, y anunció que se está trabajando en la redacción de una nueva normativa de alcance más amplio para la reparación de los daños.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó los hechos de violencia en Bolivia durante el último trimestre de 2019, recomendó realizar un “censo” de las víctimas conforme al principio de universalidad y Siles dijo que para eso “necesariamente primero se debe hacer una norma”.

“Esa norma va a determinar los criterios de calificación de la condición de víctimas (porque) calculamos que pueden ser más de cinco mil víctimas, pero (antes) tenemos que establecer los criterios de quiénes entran a la categoría de víctimas para ser beneficiarios de esta norma y de la reparación integral que pretendemos hacer”, afirmó.

La autoridad gubernamental, en contacto con medios estatales, agregó que esta nueva normativa ya se está trabajando con el diputado Juan José Jauregui en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

La iniciativa, “lo primero (que establece) es el alcance, (es decir) no se va a circunscribir únicamente a los hechos de Sacaba y Senkata (como el 4176 de la expresidenta Jeanine Áñez), sino a otras víctimas” más, incluso, de 2020, señaló.

Según el funcionario, en 2020, también existieron “torturados, perseguidos y heridos”, que ahora, al igual que las víctimas de 2019, igualmente exigen justicia.

Por lo que anticipó que la nueva normativa, al igual que el decreto de Áñez, también contemplará una indemnización económica, además de la búsqueda de fuentes de trabajo.

Asimismo, “en materia procesal, después de una acción penal que no ha prosperado, (tiene que) venir la reparación del costo que le causó un proceso (a una determinada persona, ya sea por) detención domiciliaria o detención preventiva, y va a tener que responder el Estado”, indicó.

Además, en la normativa, según Siles, se trabajará en “temas de educación, de salud y principalmente en el principio de no repetición”.

Porque “no pueden repetirse estos hechos por ningún motivo y por eso igual queremos hacer una casa de la memoria para que todos los que visitemos ese lugar estemos conscientes de las cosas que han sucedido en el golpe de Estado y que no pueden volver a suceder”, apuntó.

Este anuncio surge, mientras una marcha de las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata se acerca a la ciudad de La Paz en demanda de justicia.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Evo Morales defiende otra vez la continuidad de los gobiernos

El expresidente Evo Morales considera que la derecha no acepta la continuidad por “mezquindad”.

Evo Morales durante su reciente visita a México. Foto: @evoespueblo.

/ 24 de octubre de 2021 / 09:30

El expresidente Evo Morales, que en su momento fue cuestionado por buscar su cuarto mandato consecutivo pese al resultado de un referendo que le negó esa posibilidad, volvió a defender este domingo la continuidad de los gobiernos porque, según dijo, solo así se consiguen los “resultados”.    

“Se requiere pues, algunas políticas tienen que ser programas de Estado, políticas de Estado y ahí (en) nuestra experiencia ha sido importante la continuidad;  (aunque) la derecha repudia eso”, afirmó.

Morales, en su programa dominical que se emite por la radio Kawsachun Coca, remarcó que cuando cada gestión se cambia de gobernante no hay el mismo resultado que cuando existe continuidad.

“Cuando cada año se cambia, qué resultado (había), nunca había, y cuando uno continúa, por dos gestiones, tres gestiones, hay resultados y ahí se ve (como en) Alemania, (donde Angela) Merkel estuvo como 16 años de presidenta (canciller) y hay resultados, Alemania lidera toda Europa, (pero) la derecha mezquina no acepta eso”, justificó.

También puede leer: Líderes de la UE ovacionan a Merkel en su última cumbre.

El artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia establece que “el periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”.

El oficialismo impulsó una consulta ciudadana para reformar esa disposición de la CPE y se realizó un referendo el 21 de febrero de 2016, cuyo resultado negó la posibilidad de ampliar el número de mandatos consecutivos del Presidente.

Sin embargo, el oficialismo no se rindió y mediante un recurso ante el Tribunal Constitucional logró que Morales vuelva a ser habilitado como candidato, alegando que era su “derecho humano”, para las elecciones de 2019, que finalmente fueron anuladas en medio de protestas y denuncias de supuesto “fraude”.

Y en agosto de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) determinó que la reelección presidencial indefinida “no constituye un derecho” protegido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

También puede leer: La Corte-IDH define que la reelección ‘no constituye’ un derecho humano.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Víctimas de Sacaba y Senkata repudian a Carvajal, Iglesia, Creemos, CC y periodistas

A través de un pliego de 22 puntos, los marchistas de Sacaba y Senkata pidieron audiencia con el presidente Luis Arce para el lunes.

Familiares de víctimas de Sacaba y Senkata con el pliego de demandas. Foto: Rodwy Cazón

/ 23 de octubre de 2021 / 18:40

A punto de llegar la marcha de las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata a La Paz, su directorio repudió la actuación del Conade, la Iglesia Católica, Comunidad Ciudadana (CC), Creemos y medios de información, y demandaron reunión con el presidente Luis Arce.

A las 14.10 de este sábado, una comisión de la movilización que el lunes se inició en Caracollo (Oruro) presentó su pliego de 22 demandas al Gobierno, en el que plantean esencialmente justicia por la veintena de fallecidos durante la represión militar-policial de Sacaba, el 15 de noviembre de 2019, y de Senkata, el 19.

En el primer punto del comunicado de prensa de la columna, el directorio de las Víctimas de las Masacres de Sacaba y Senkata, además de activistas de derechos humanos, repudia al Comité Nacional por la Defensa de la Democracia (Conade), Amparo Carvajal, Creemos, CC y jerarquía de la Iglesia Católica “por el encubrimiento a los autores de la firma del DS 4078”.

Al amparo del decreto aludido, el entonces gobierno de Jeanine Áñez ordenó la represión de las movilizaciones en ambos puntos del país contra la administración gubernamental y en reivindicación del derrocado presidente Evo Morales.

Entonces, los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, habían justificado represión, que en criterio del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) —que investigó la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019— resultaron en masacres, en ejecuciones sumarias y uso excesivo de la fuerza.

Veinte manifestantes murieron en Sacaba y Senkata, todos con impactos de bala. El 17 de agosto, el GIEI presentó su informe y recomendó al Estado Plurinacional la reparación de daños a favor de las víctimas y justicia.

Áñez, encarcelada por el caso Golpe de Estado desde el 13 de marzo, deslindó responsabilidades. Tiene en su contra una proposición acusatoria instalada en la Asamblea Legislativa, que requiere dos tercios de votos para un eventual juicio de responsabilidades, que CC y Creemos no quieren apoyar mientras el Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido oficialista, no desarrolle antes una reforma judicial.

Carvajal, que se atribuye la presidencia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), cuestionó las investigaciones de los hechos que resultaron en la detención de jefes militares y policiales, por los que abogó y que dijo que en 2019 salieron “a defender al pueblo boliviano”.

Tanto en los sucesos luctuosos de 2019 como luego del informe del GIEI, el clero de la Iglesia Católica no se conmovió con las víctimas, aunque reivindicó la apertura de la parroquia San Francisco de Senkata a las víctimas de entonces. El párroco Gechi Rivelin Pucho fue quien de manera personal se ocupó de los heridos y los fallecidos.

El comunicado de las víctimas informó que en seis puntos del pliego describió la denominada «Alianza de las Víctimas de las Masacres de Senkata y Sacaba por Justicia».

En un tercer punto, recuerdan que pidieron una audiencia al presidente Arce, a quien le reclaman el “cumplimiento de las recomendaciones de informe de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa y del GIEI, sobre la reparación Integral”.

Exigieron dicha reunión para el lunes, con solo la asistencia de las víctimas marchistas.

Temprano, este sábado, el representante de las víctimas Roberto Jucumari lamentó que la movilización no haya sido atendida ni cubierta por los medios de información, y protesto indignado entre lágrimas. “Señores periodistas, estamos abandonados en la marcha, no hay ni un periodista que nos ayude y nos saque en la prensa; aquí (en La Paz) ahora veo (a muchos) periodistas, pero donde estamos caminando no hemos visto ni a un periodista», reclamó.

Comparte y opina:

El Gobierno convoca al diálogo a trabajadores de AASANA tras amenaza de nuevas protestas

El viceministro Israel Ticona calificó de “irresponsable” la advertencia de los trabajadores de AASANA de entrar en un “paro colectivo”.

Una pasada movilización de los trabajadores de AASANA. Foto: La Razón.

/ 23 de octubre de 2021 / 18:00

El viceministro de Transportes, Israel Ticona, convocó a los trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) al diálogo, después de que su dirigencia advirtió con volver a las protestas.

“Hago conocer que (el viernes) hemos hecho una invitación a la Federación de Trabajadores de AASANA para un diálogo abierto (el próximo martes con el fin de) abordar los 14 puntos de su pliego petitorio para encontrar una solución a este conflicto de la institución”, dijo. 

Este llamado surge después de que el Gobierno tomó conocimiento de un nuevo pronunciamiento de los trabajadores que advierten –según Ticona– con un paro colectivo inminente.

Ticona calificó de “irresponsable” esa amenaza porque, en su criterio, “si van a un paro colectivo habría incidentes y accidentes en las operaciones aéreas”.

Por tanto, “pedimos a los hermanos (trabajadores) ser un poco más serios con esta posición porque como Gobierno estamos en plena predisposición de encontrar soluciones a su pliego petitorio”, insistió. 

Arminda Choque e Israel Ticona en conferencia de prensa. Video: Roberto Guzmán-La Razón.

En la misma línea, la directora nacional de AASANA, Arminda Choque, remarcó que la “seguridad operacional es responsabilidad de todos” y lamentó se realicen ese tipo de advertencias.

Deudas

Choque agregó que, de acuerdo al pronunciamiento de los trabajadores, “supuestamente se les adeuda sueldos y salarios”.

Sin embargo, “desmiento categóricamente este tema; nosotros no debemos sueldos y salarios a la fecha, (aunque sí hay deudas) por horas extras a una parte del personal, que no fue pagada en 2020 (y los tres primeros meses de 2021)”, admitió.

No obstante, según la Directora, desde abril no se debe “un solo centavo por sueldos, salarios ni horas extras”. 

Reestructuración

También Choque dijo que los trabajadores hablan de una imposición de reestructuración. Pero “esta autoridad jamás ha ido a imponer una reestructuración”, enfatizó.

La funcionaria señaló que tras el conflicto de agosto, ella hizo en reiteradas ocasiones invitaciones a los representantes de los trabajadores para tratar este tema, pero no fue escuchada.

“Ni siquiera el cronograma que establecimos se cumplió pese a mis invitaciones”, sostuvo.

“Acoso y hostigamiento”

Choque denunció que desde el momento que asumió su actual cargo en AASANA ha sido “constantemente hostigada, acosada y hasta discriminada”.

Pero “no voy a permitir que (ahora) se me acuse de malos manejos administrativos y menos de corrupción; hice todo para ahorrar y ser lo más austera posible (…); tampoco voy a permitir que me digan falsamente que estoy despidiendo al personal”, puntualizó.

Temas Relacionados

Comparte y opina: