La familia del estudiante de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) Jonathan Quispe, muerto en las protestas el 24 de mayo, prepara una demanda contra del ministro de Gobierno, Carlos Romero, y nueve agentes de la UTOP. El Gobierno no tiene información sobre esta acción judicial.
La querella, inicialmente, se presentó en contra de tres jefes policiales, el 25 de mayo; pero hoy esta acusación será ampliada formalmente, adelantó a La Razón Paola Barriga, abogada de la familia del universitario muerto por una canica supuestamente disparada por un subteniente de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) que estaba destinado en La Paz y no El Alto.
“La decisión fue tomada con la familia, hay muchos elementos que surgen con las declaraciones de los compañeros de Jonathan (Quispe) que estaban con él cuando sufrió el disparo que le quitó la vida. A los policías de la UTOP se les acusará de negación de auxilio e incumplimiento de deberes”, adelantó la jurista.
Desveló que los universitarios que estaban junto a Quispe el día de su muerte declararon que agentes de la UTOP no auxiliaron al estudiante luego de ser herido por la canica.
“Cuando les pidieron ayuda para Quispe no hicieron nada y se rieron”, contó. Filemón Sandoval, director jurídico del Ministerio de Gobierno, en una conferencia de prensa escueta, indicó que a la fecha no se notificó con ninguna demanda en contra de Romero. “No hay notificación formal que haya llegado a esta instancia gubernamental”.
Sobre la ampliación de querella, de los nueve policías sindicados, ocho ya emitieron su declaración ante la comisión de fiscales del caso en calidad de testigos, como parte del proceso de la investigación que comenzó el lunes, 10 días después del deceso del estudiante. Estos agentes de la UTOP participaron en el operativo para dispersar la protesta que bloqueaba los accesos al Aeropuerto Internacional de El Alto.
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