Médicos paran en apoyo a la UPEA y avanza la marcha desde Patacamaya a La Paz
Para el Gobierno, las puertas del diálogo permanecen abiertas, aunque bajo la condición de que se levanten las medidas de presión y se acepte transparentar el manejo económico. Ayer fue promulgada la ley que asigna un presupuesto adicional de Bs 70 millones a ese centro de estudios.
Los médicos en La Paz cumplen este martes un paro de 24 horas en respaldo a la movilización de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), que mantiene un prolongado conflicto con huelgas y marchas, la última de ellas iniciada en Patacamaya. Según el Gobierno, la exigencia que plantean es «irracional» y además no es transparente.
El denominado Comité Departamental de Salud de La Paz (Codesa) convocó al paro a sus afilados del sector público y de la seguridad social en apoyo a la demanda universitaria. En la mañana se reportó, por ejemplo, que en el Complejo Hospitalario de Miraflores no había atención médica, justamente en atención al instructivo.
Los médicos no solo respaldan la demanda universitaria de mayor presupuesto con el “paro movilizado”, sino también exigen el esclarecimiento de la muerte del universitario Jonathan Quispe durante un enfrentamiento con la Policía, aunque ya se identificó al policía que disparó la canica que acabó con la vida de la víctima el 24 de mayo en El Alto.
El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Arturo Alessandri, insistió este martes, en una entrevista en el programa ‘Levántate Bolivia’ de Cadena A, en que el Gobierno está dispuesto a retomar el diálogo con los movilizados, pero previa suspensión de las medidas de presión y la apertura a la transparencia en el manejo de sus cuentas.
“La solicitud de la UPEA no solo es irracional, sino no es transparente” y por eso, explicó, no pueden atenderse sus exigencias como ocurre con el resto de universidades que empezaron a negociar su presupuesto, como pasa habitualmente por estos meses. No obstante, dijo que las puertas del diálogo permanecen abiertas, pero insistió en que debe ser una conversación técnica.
Los vehículos bordean la marcha para seguir su tránsito a La Paz. Foto:Aleja Cuevas
Mientras, las movilizaciones no cesan en la ciudad de La Paz. Ayer, como ocurre ya a diario en la sede de Gobierno, marcharon por las principales arterias y muy temprano en la mañana de este martes retomaron la marcha iniciada ayer desde Patacamaya a La Paz, como parte de sus medidas de presión.
Los marchistas ocupan una las carreteras de la doble vía La Paz-Oruro en su recorrido, por lo que los choferes de los motorizados que circulan por esa carretera se dan modos para sortear la marcha por los lados de las vías.
Para el Gobierno no es posible modificar la Ley 195 porque de hacerlo, como exigen, implicaría subirles su asignación a más de Bs 700 millones restando porcentajes de asignación a otros sectores beneficiarios, entre ellos el resto de universidades. Ante esa situación se aprobó por ley adicionar de forma permanente un presupuesto extraordinario de Bs 70 millones.
Desde la casa superior de estudios se rechazó ese presupuesto porque su déficit es de Bs 152 millones. Ahora el Gobierno mantiene su posición de negociar mayor asignación pero la condiciona a que la UPEA transparente sus cuentas, más cuando se revelaran reportes de auditoría que siembran dudas sobre un buen manejo económico.
Ayer uno de los huelguistas que lleva 25 días en la extrema medida se tapió o encerró en una habitación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Nicolás Mendoza, de 53 años, asumió esa medida y se autodefinió como universitario fundador, lo que fue observado por Alessandri.
Los movilizados desayunaron en la carretera. Foto:Aleja Cuevas
Los universitarios de la UPEA respaldaron en 2017 al Colegio Médico de La Paz que lideró una serie de movilizaciones que terminaron en la anulación de la ley del Sistema de Código Penal, que incluía la figura legal de la negligencia médica. “Como médicos los apoyamos, además porque son parte del Codesa y por el respaldo que dieron a las movilizaciones de año pasado”, dijo el presidente del ente colegiado, Luis Larrea.
Organizaciones sociales de El Alto como gremiales, vecinales y la Central Obrera Regional (COR) inicialmente respaldaron a los movilizados, pero poco después se replegaron. Se los acusó de ser afines al oficialismo, aunque otros sectores vecinales y contrarios al Gobierno aseguraron que mantendrán movilizaciones, pero hasta el momento no se concretaron. (26/06/2018)
