El expresidente y vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, aseguró que el Gobierno del presidente Evo Morales busca “enterrar su irresponsabilidad” con un proceso en su contra en la Justicia boliviana, luego que el Estado perdió en un proceso internacional contra la empresa Quiborax.
El expresidente escribió un artículo en su blog en el describe, en ocho puntos, una relación de las acciones que, en su criterio, derivaron en el laudo que obliga a pagar al Estado $us 42.6 millones a una firma chilena.
“Haciendo honor a su modo habitual de proceder, el gobierno quiere enterrar su irresponsabilidad endilgándome a mí el ‘muerto’. Busca así un doble resultado: eximir su daño al Estado y eliminar a una figura política relevante en un escenario electoral ficticio, que se basa en la ilegal postulación del primer mandatario a un cuarto periodo presidencial”, escribió el exmandatario.
Mesa describe al caso Quiborax como un “emblema de la forma autoritaria e irresponsable de cómo funciona el gobierno del Presidente Evo Morales”, señala en el artículo titulado “Quiborax. El Gobierno al Desnudo”
Mesa argumenta que los supuestos delitos son “inconducentes” porque han prescrito por una Resolución Administrativa de la Superintendencia de Minas (SM) y un Decreto Supremo del expresidente Eduardo Rodríguez.
Agregó que antes de iniciar formalmente el proceso arbitral en el CIADI, Bolivia y NMM-Quiborax habían llegado en 2008 a un acuerdo de conciliación por el que Bolivia se comprometió a pagar $us 3 millones del que Bolivia “se había retractado” y se generó una pérdida de 39, 6 millones de dólares.
Detalló la “falsificación” de un acta de constitución de la empresa que “contaminó de nulidad absoluta todo el proceso arbitral”, pero a pesar de ese argumento “Bolivia no logró la extinción de este proceso viciado”. “De manera increíble, cuando pierde el juicio por una pésima defensa, la Procuraduría dice que lo que defendía como legal, ahora lo considera ilegal y presenta una acusación en mi contra”.
Denunció además que autoridades de la Subprocuraduría y abogados y funcionarios chilenos de Quiborax, negociaron y redactaron un desistimiento de la Fiscalía boliviana al juicio penal por la citada falsificación del Acta constitutiva de NMM. “una potestad exclusiva del Órgano Judicial”.
“Nótese que de acuerdo a la fraudulenta composición de NMM, ¡el falsificador confeso David Moscoso es dueño del 49% de sus acciones, por lo que recibirá 20,8 millones de dólares del Estado que lo condenó a dos años de cárcel!”. (25/06/2018)