Los ministros Héctor Arce y César Navarro, de Justicia y Minería, respectivamente, recibieron este miércoles por la tarde el voto de confianza de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en su mayoría oficialista, tras ser interpelados por el caso Quiborax, por el cual Bolivia pagó a esa empresa una indemnización de $us 42,6 millones por su expulsión en 2004.
Ambas autoridades, a su turno, ratificaron que el principal responsable para que el Estado haya pagado una millonaria indemnización fue el expresidente Carlos Mesa, en cuya gestión se firmó el Decreto Supremo Decreto Nro. 27589, de 23 de junio de 2004, para la expulsión de la empresa con capitales chilenos del Salar de Uyuni, departamento de Potosí, donde poseía 11 concesiones para la explotación de ulexita.
«El Decreto Supremo es la madre del cordero donde se coloca la revocatoria y no la nulidad, que establecía la Ley 2564; no la nulidad que establecía el Código de Minería», recalcó Arce, en su intervención ante el pleno legislativo, donde la bancada de oposición protestó ante una llamada «autointerpelación» por parte del partido gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).
«#Autointerpelación que demuestra el nerviosismo del gobierno masista que busca la protección de su bancada en un caso que se les ha vuelto en contra, quedando develado el daño causado al Estado por la mala defensa del #CasoQuiborax», escribió en su cuenta de Twitter el senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortíz.
Arce remarcó a la conclusión de la interpelación que se aclaró de manera «categórica, final, definitiva e inamovible» lo que ocurrió con los procesos de negociación con Quiboraz, procesos por los cuales se pretendía «de manera canallesca» sembrar dudas.
Navarro, entre tanto, recordó que un informe de Cancillería, en la gestión de Mesa, dice que la revocación de las concesiones mineras no están en el Código de Minería y que por lo tanto del DS Nro. 27589 «adolece de serios problemas jurídicos».
Mencionó también que la ley ordenaba la realización de auditorías en un plazo de 60 días, pero que éstas no se hicieron efectivas en el plazo estipulado, sino en tan sólo 13 días, argumento que también fue utilizado en el juicio que la empresa chilena llevó a cabo en contra de Bolivia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
Arce y Navarro respondieron a 12 preguntas formuladas por los diputados Víctor Borda y Betty Yañíquez, ambos del MAS, durante una sesión que duró cerca de cinco horas y que fue transmitida por Bolivia Tv.
«Realmente (Mesa) ha actuado con absoluta irresponsabilidad, pero hay un momento especial que sus propios ministros y canciller le dicen que el Decreto Supremo está mal poque no esta en el marco de la Ley. ¿Y que hace Mesa? !No hace nada¡», sostuvo Yañiquez.
El 24 de mayo pasado, el CIADI ratificó el laudo arbitral contra Bolivia y ordenó el pago de una indemnización de $us 48,6 millones. El montó bajó a $us 42,6 millones y se pagó el 7 de junio.
La institución concluyó que la medida adoptada por Mesa, «no cumpió con los estándares mínimos del debido proceso y no se llevó a cabo de conformidad con la Ley, por lo que declaró que la expropiación fue ilícita, discriminatoria y violó el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones». (04/07/2018)