La denuncia presentada por el expresidente Carlos Mesa en contra de cuatro funcionarios del Gobierno que defendieron al Estado en el juicio interpuesto por la empresa chilena Quiborax llegó a la Fiscalía Departamental de La Paz, instancia que comenzó con su análisis respectivo.
En la demanda se encuentran el actual Procurador, Pablo Menacho; los ministros de Minería, César Navarro, de Justicia, Héctor Arce; y Elizabeth Arismendi, exministra de Defensa Legal del Estado. Todos son acusados por la presunta comisión de los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
“La denuncia ha sido remitida al departamento de La Paz, la cual ya está en análisis del Ministerio Público, la misma ya está siendo procesada como cualquier otra denuncia y seguramente en cualquier momento va a ver un pronunciamiento del fiscal analista al respecto”, afirmó el fiscal Departamental, Edwin Blanco.
El proceso fue solicitado inicialmente por el procurador General del Estado Pablo Menacho, quien acusa a Mesa de la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; incumplimiento de deberes; y conducta antieconómica.
Sin embargo, a través de un tercer memorial, el exmandatario pide a la Fiscalía pueda incluir en el proceso iniciado en su contra a las autoridades del Ejecutivo por la reversión, durante su gobierno, de concesiones mineras a la transnacional chilena que luego le costó al país el pago de una indemnización de $us 42,6 millones tras un laudo arbitral.
Los exministros Gustavo Pedraza, de Desarrollo Sostenible, y Luis Fernández Fajalde, de Trabajo, se sumaron a la denuncia de Mesa.
Para el Gobierno, el problema de origen fue el Decreto Supremo 2564 que rubricó Mesa para expulsar a Quiborax y que no se enmarca en la normativa boliviana, lo que provocó la pérdida del laudo arbitral. (11/07/2018)