Luego que el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, confirmara la citación al jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales para que declare por los supuestos de estupro y tráfico de personas, la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba no descartó una “convulsión e insurgencia” si detienen al líder cocalero.

“Lo que a suceder es grave en Bolivia. No garantizamos nada, estamos sosteniendo a las bases, (será) responsabilidad del Gobierno que haya insurgencia y convulsión. No vamos a permitir que toquen, peor que encarcelen a Evo”, advirtió Dieter Mendoza, dirigente de la Federación Bulo Bulo a Cadena A.

El cocalero indicó que “cualquier” cosa que suceda en Bolivia será responsabilidad de los jueces y fiscales; “corruptos y del Gobierno traidor”, además de los vocales de justicia que se “corrompieron”.

Fiscal

Lanchipa aseguró este lunes que Morales fue citado a declarar por una comisión de fiscales conformada desde la Fiscalía General del Estado. 

“La comisión ha dispuesto la citación de las tres personas indicadas en este caso; entre ellos el Evo Morales Ayma, para que se presenten a la oficina de la Fiscalía Departamental de Tarija el jueves 10 de octubre de este año 2024”, señaló Lanchipa.

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Luego que la Justicia anulara la orden de aprehensión contra Morales, se conoció una investigación que le sigue el Ministerio Público por una denuncia de estupro y trata de personas que data de 2019. El líder cocalero es acusado de abusar de una menor de 15 años y además tener una hija con ella.

Mendoza también denunció que se busca “cualquier” excusa para encarcelar a Morales, por lo que ya “no se cree” en la justicia que “está corrompida” y lo único que se busca es encarcelamiento.

Acusación

“Lo han acusado desde hace décadas de terroristas, de narcotraficante, corrupción, pero ¿han encontrado algo?, no y no lo van a encontrar porque es un líder que ha trabajado desde la transparencia”, justificó el dirigente.

Indicó que “ahora” se inventan este proceso, al cual lo calificó de “guerra sucia”, sin ninguna prueba. “El caso estaba cerrado, pero como hoy manipulan, como hay una injerencia en el sistema judicial buscan cualquier excusa para desprestigiarlo y tratar de encarcelarlo”.

El Gobierno y el Gabinete Social se reunirán este martes en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz, para analizar el incremento de precios en varios productos de la canasta familiar y los incendios forestales, entre otros temas.

El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, convocó este lunes al encuentro.

“Nosotros tenemos que estar en permanente contacto con los movimientos sociales, con las organizaciones sociales. Por eso se implementa un gabinete social y mañana (martes) tenemos el Gabinete Social; un gabinete ampliado donde están los líderes de las organizaciones sociales más los ministros”, dijo Choquehuanca; durante el acto de aniversario de la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia.

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Al respecto, el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Juan Villca, dijo que en el encuentro se analizará la situación económica del país; el incremento en los precios de varios productos de la canasta familia, los incendios forestales y sus consecuencias.

El 13 de agosto, se instaló el Gabinete Social que analizó la coyuntura política y social del país; y le expresó su apoyo al Gobierno y el presidente Luis Arce. Además, pidió mayor control al ingreso y salida de divisas de las exportaciones; incentivos al ahorro en dólares y rechazó el agio y especulación.

El Gabinete Social de la Revolución Democrática y Cultural del Estado fue constituido este año por mandato del Gran Cabildo del Pueblo, celebrado el 17 de octubre de 2023, en la ciudad de El Alto; con el objetivo de “avanzar en la profundización del Proceso de Cambio”.

Este gabinete está conformado por una treintena de dirigentes de las organizaciones sociales y los ministros de Estado; y es presidido por el presidente Luis Arce.

Tras la restitución de Sandra Gutiérrez en el cargo de fiscal departamental de Tarija, el equipo jurídico del Movimiento Al Socialismo (MAS) denunció este lunes que la resolución del juez Iván Córdoba es un favor al ministro de Justicia, César Siles, luego que éste haya ejercido como subprocurador en la Procuraduría General del Estado.

“Iván Córdoba ha sido subprocurador de César Siles y después de una serie de denuncias por corrupción ha sido director de Asuntos Jurídicos en la Procuraduría General del Estado hasta hace poco tiempo”, denunció la abogada Cecilia Urquieta.

La jurista argumentó también que quien llevó el proceso de esta acción de libertad en favor de Gutiérrez fue el abogado Vacaflor; también exdirector de la Procuraduría en la gestión de Siles. 

Amistad

“Estas personas son muy allegadas a César Siles, son amigos de Siles; y casualmente ahora de forma irregular ha caído en este juzgado y ha salido esta resolución con justificaciones legales que desconocemos”.

El domingo, la Justicia determinó la restitución de Gutiérrez al cargo de fiscal departamental de Tarija, luego que fuera destituida por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, tras emitir una orden de aprehensión contra Evo Morales por los delitos de estupro y trata y tráfico de personas.

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Uquieta también denunció que el juez Córdoba está postulando para el cargo de Fiscal General del Estado; pero además es candidato para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “Está en las dos listas en este momento”.

“Esta persona con estas irregularidades, con este tipo de denuncias y que justamente ahora parecería que estaría cumpliendo algunos favores para el ministro de Justicia. Nos sorprende que justo ahora caiga en la sala (de garantías) de este señor que ha sido hasta principios de este año subprocurador o ha trabajado en la Procuraduría General del Estado”.

Fallo del juez

El domingo, el juez Córdoba justificó su decisión al considerar la destitución de “arbitraria” y que afecta la integridad personal de Gutiérrez. 

“Lo que convierte el acto en arbitrario y al ser arbitrario, entonces, consecuente con el antecedente de la presión que se habría ejercido por parte del jefe de Recursos Humanos; se convierte en un acto que afecta la integridad personal de esta ciudadana; particularmente en lo que tiene que ver con su circunstancia o aspecto psicológico vinculados con el derecho a la vida”, indicó a Unitel.

Luego de que el expresidente Evo Morales advirtió de la presencia de militares en el Chapare, Cochabamba, el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que hay cosas que no dejan dormir al exmandatario.

Sobre esa declaración, la autoridad sostuvo que Morales “está acostumbrado a mentir” y explicó que el despliegue de militares “no ha sido hacia el departamento Cochabamba, sino al departamento de Santa Cruz”.

“Lamentablemente hay otros elementos que no lo dejan dormir tranquilo al señor Morales”, dijo en una improvisada conferencia de prensa en puertas del Palacio de Gobierno, en La Paz.

Eduardo del Castillo

La denuncia de Morales fue lanzada en su programa dominical de Kawsachun Coca.

“Desde esta mañana nos dijeron que, por (las localidades de) Melga, Colomi y ahora por Cañadón están entrando militares en 50 movilidades, en este momento. Informan los mismos compañeros que están viniendo ahí, militares nos informan, no saben para qué es”, señaló.

La denuncia de Morales motivó que el Comando General del Ejército emitiera un comunicado aclarando el operativo.

“A partir de la fecha, el Ejército realizará movimiento de vehículos y personal a fin de participar en las operaciones que realiza el Ejército en la sofocación de incendios en el oriente boliviano. Pidiendo a la población no alarmarse y evitar cualquier tipo de especulación o mala interpretación», dice el comunicado compartido en sus redes sociales.

Chapare

Al respecto, Del Castillo agregó: “Hay un compromiso de militarizar la zona de la Chuiquitania, en atención a que necesitamos seguir deteniendo a los pirómanos que generan incendios en el departamento de Santa Cruz”.

Precisamente los incendios afectaron a los departamentos de Santa Cruz Beni y Pando y, hasta el momento, las hectáreas afectadas por el fuego superaron los 7 millones.

En el aniversario de los fabriles, el vicepresidente David Choquehuanca pidió este lunes cuidar la democracia y el Gobierno, y reprochó a gobernantes que “utilizan” al pueblo.

“Necesitamos cuidar nuestra democracia y nuestro Gobierno, porque somos el único Gobierno que no ha tenido muertes”, dijo en el acto en el acto en conmemoración de los 73 de años de la Confederación General de Trabajadores Fabriles, en La Paz.

Choquehuanca hizo esa declaración ante una serie de hechos que el Gobierno calificó como “amenazas” e intentos de “golpe de Estado” contra la administración del presidente Luis Arce.

David Choquehuanca

Por ejemplo, uno de los últimos sucesos fue la marcha evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), entre el 17 y el 23 de septiembre. Entonces, miembros de esa facción marcharon desde Caracollo, Oruro, hasta La Paz, con un pliego de 16 puntos.

Entonces, los dirigentes campesinos afines al expresidente Evo Morales advirtieron que, si el Gobierno no atendía su demanda, impulsarían el acortamiento de mandato de Arce.

Al respecto, Choquehuanca defendió: “El proceso de cambio no es de nadie, no es de de una persona; es patrimonio de fabriles, mineros campesinos y del pueblo boliviano”.

Asimismo, volvió a calificar los conflictos poselectorales de 2019 –que derivaron en la renuncia del entonces presidente Morales y la cuestionada asunción de Jeanine Áñez al poder– como un “golpe a la democracia”.

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Democracia

“El pueblo tiene experiencia, conciencia política despierta. Ya no vamos a dejar que nos sigan engañando y nos sigan dividiendo. El pueblo dice: ‘ya no más políticos que solo han aprendido a dividir al pueblo y servirse del Estado. Ya no más a esos políticos de la élite que ha utilizado a nuestros pueblos para encumbrarse en el poder y luego olvidarse de ellos’”, enfatizó.

Esta semana, el 10 de octubre, se cumplen 42 años de la recuperación de la democracia y el fin de las dictaduras militares en Bolivia Choquehuanca relievó el rol del sector trabajador, principalmente fabriles, en la “lucha” para restablecer el orden político.