El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó este jueves que el Gobierno no tiene culpa alguna de que el expresidente Carlos Mesa no haya sido bien asesorado en el caso Quiborax. Aseguró que el juicio de responsabilidades que se tramita en su contra no fue planificado.
“Lamentablemente no tenemos nosotros la culpa de que no lo hayan asesorado bien en su momento. Es una confiscación lo que se hizo sin aplicar el procedimiento legal y en eso, pues, no tenemos ninguna responsabilidad, ése no es un hecho político, no es una persecución política ni nada que se parezca”, señaló este jueves en una rueda de prensa en Cochabamba.
El TSJ decidió ayer solicitar a la Asamblea Legislativa Plurinacional la autorización para el inicio de un juicio de responsabilidades contra el exmandatario, acusado de emitir resoluciones contrarias a la ley, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes por la reversión “irregular” de las concesiones mineras en el salar de Uyuni a la chileno-boliviana Quiborax.
El Gobierno considera que el arbitraje internacional que devino de ese hecho contra Bolivia y que impuso el pago de una indemnización de $us 42,6 millones es responsabilidad de Mesa por ejecutar un procedimiento alejado de la legalidad.
“No es algo que se haya planificado premeditadamente, que se haya armado ni nada que se parezca”, insistió Romero. El exmandatario, en contrapartida, asegura ser inocente y que sus actos fueron legales e inclusive refrendados por su sucesor, Eduardo Rodríguez Veltzé.
Mesa está a un paso del estrado. El Legislativo puede rechazar el pedido o autorizarlo, pero para este último caso debe hacerlo por dos tercios del pleno. El gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) cumple por demás con ese requisito.
(26/07/2018)