La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Cecilia Requena denunció que ingresarán 3.000 contratos mineros a la Cámara de Senadores para ser aprobados por la Comisión de Economía de esa instancia.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, lamentó que el presidente de Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, haya permitido el miércoles la aprobación de 19 contratos mineros sin estudios ambientales, de una “manera cuestionable”. 

Lamentó que el presidente de la Comisión de Economía, Miguel Pérez, haya convocado “rápidamente” a una sesión, donde aprobaron los 19 contratos “embolsados” en una ley. “A los senadores les pareció fantástico”.

Develó como primicia que, tras aprobar los 19 contratos, vienen otros 3.000 contratos mineros detrás. “Ese dato han dado ayer (miércoles) y los van a aprobar de esta misma forma (a través de la Comisión de Economía).

La directora de La Razón, Claudia Benavente, pregunto: ¿Quién dijo eso?

“El minero de la (Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia) Fencomin. Creo que es Fencomin no lo puedo asegurar, pero había tres mineros sentados en la comisión”, respondió Requena.

Denunció que Rodríguez, “junto con el evismo y arcismo” están unidos en la aprobación de contratos ilegales. “Han decidido darles a los mineros todo lo que pidan. Imagínense estamos hablando de agua”.

Requena consideró que el Senado cumple todos los requerimientos de los mineros, debido a que Pérez y Rodríguez “tienen miedo” de que hagan una movilización y que rodeen la Asamblea Legislativa. “No es que el Estado está contra los mineros, porque los mineros están metidos en el Gobierno y el negocio funciona así”.

Denunció que el Estado está funcionando como un facilitador, a través de las cámaras, en negocios privados e ilegales. “Están legalizando contratos a la fuerza y de manera escandalosa”. 

Indicó que los miembros del Estado los respaldan para garantizar el apoyo de su base social, “que es tanto la base social del arcismo como del evismo y como, en su momento, fue la base de Áñez”.

Reveló que la exmandataria les dio una cantidad de facilidades porque tenían un viceministro que era del sector cooperativista. “(Los mineros) son muy pragmáticos, no se van a hacer problemas y le ofrecen a todo el mundo mucha plata”, añadió.

Con el dinero que se está haciendo de la minería, según Requena, se están comprando conciencias de las autoridades y de la población. “Cuando no pueden comprar conciencias, proceden a la violencia”, amenazas y amedrentamiento de mujeres indígenas, que son quienes, principalmente, denuncian la explotación ilegal.

“Hay desplazamiento interno en Bolivia por la minería”. Contó que hay muchos casos de mujeres que fueron amedrentadas por mineros y, producto de ello, se ven forzadas a abandonar sus comunidades.

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Luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazara el pedido para hacer seguimiento a los congresos de las dos facciones del Movimiento Al Socialismo (MAS), el líder del partido y del ala evista, Evo Morales, consideró que la resolución del TSE afirma que la convocatoria se cumplió ‘parcialmente’ y que las observaciones deben resolverse hasta el próximo lunes.

“El Tribunal Supremo Electoral ha notificado al MAS-IPSP con una nueva Resolución, en la que señala que la subsanación de observaciones a nuestra convocatoria al X Congreso ha sido cumplida parcialmente y que deben ser resueltas en el plazo vigente hasta el 22 de abril del presente año”, escribió Morales en su cuenta de X.

La noche del miércoles, el TSE rechazó la convocatoria de las dos facciones del MAS. Debido a que ambas incumplían con el reglamento para la supervisión de organizaciones políticas y con el estatuto del partido.

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Observaciones

El 10 de abril, el TSE ya había notificado al ala evista con cuatro de observaciones, relacionadas con la falta de firmas del total de la directiva y la falta de consenso de las organizaciones sociales. El 12 de abril, los delegados presentaron las observaciones ‘subsanadas’.

Sin embargo, de acuerdo a la resolución 141/2024, mediante la cual el TSE desahucia el congreso evista, la convocatoria no cumple con los artículos 8, 10, 12 y 13 del estatuto del partido. Los mismos hacen énfasis en que los congresos ordinarios y nacionales deben coordinarse entre las organizaciones sociales matrices y la directiva del partido.

El evismo tiene a su favor los artículos 26 y 27 del estatuto del MAS, los cuales establecen que la directiva vigente es la que tiene la facultad exclusiva de convocar y constituir los congresos nacionales.

Las organizaciones sociales fundadoras del partido (confederaciones de campesinos, interculturales y Bartolina Sisa) se encuentran del lado arcista. Mientras que la directiva, con Morales a la cabeza, se mantiene en el ala evista. Esto provoca que ninguna convocatoria sea legal de acuerdo a lo que establece el estatuto interno del MAS.

Tras conocerse la postura del TSE, ambas facciones defienden la legalidad y legitimidad de sus respectivos congresos. En caso de no renovar su directiva, el MAS corre el riesgo de perder su personería jurídica.

El ala evista adelantó que el lunes se llevará una cabo una reunión para definir una solución a la resolución del TSE.

El equipo jurídico del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) acusó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de “desinstitucionalizar” al Órgano Electoral, luego del rechazo a la solicitud de supervisión al congreso convocado por esa facción para junio de este año.

La noche del miércoles, se conoció la decisión del TSE y el rechazo a esa solicitud y también a la planteada por el Pacto de Unidad afín al presidente Luis Arce.

Defendió que la convocatoria a congreso solo puede ser tramitado por las personas acreditadas por ese partido ante el TSE y que la otra llamada por el Pacto de Unidad, afín al presidente Luis Arce, “ha nacido muerta” porque “solo hizo un trámite”.

“Lo que está haciendo el TSE es desconocer la ley electoral. Solo el delegado puede solicitar supervisiones a eventos políticos; lo dice la ley electoral y el estatuto del MAS. Los vocales deciden tramitar cosas distintas y resulta que ahora cualquier ciudadano puede solicitar cualquier trámite ante el Órgano Electoral. Eso se llama desinstitucionalizar un poder del Estado y es un juego muy complicado al que nos están llevando, es muy delicado”, dijo Jiménez en una conferencia de prensa en La Paz.

Congreso

La noche del miércoles, el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, informó que se notificó a los solicitantes con las resoluciones.

Además, ratificó que el MAS tiene un plazo de 25 días, que finaliza el lunes 22 de abril, para convocar a un nuevo cónclave en coordinación con las organizaciones matrices y fundadoras del partido, en cumplimiento de su estatuto interno.

“Actitud arbitraria y política del TSE. El TSE ha actuado mal desde el inicio, la convocatoria del Pacto (de Unidad) nunca debió aceptarla”, protestó Jiménez.

El 10 de abril, la Secretaría de Cámara del TSE hizo cuatro observaciones a la convocatoria del MAS evista. La primera, otra vez, señala que no cumplió con el consenso previo con organizaciones sociales. La segunda tiene que ver con que el documento está firmado solo por ocho de los 14 miembros de la dirección nacional del MAS.

“La convocatoria está suscrita por ciudadanos que no son parte de la dirección nacional del MAS-IPSP. No se demuestra que la convocatoria haya sido publicada o difundida en medios de comunicación”, dice parte del documento publicado en redes sociales.

Si bien existe el rechazo por parte del TSE, el MAS aún tiene plazo para presentar su convocatoria hasta el 22 de abril.

“El TSE quiere eliminar al MAS”, complementó Jiménez.

Mientras Bolivia exige a la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, que se retracte de sus declaraciones sobre una supuesta presencia de 700 militares iraníes en territorio nacional, la funcionaria argentina se disculpó anoche con el gobierno chileno por sus dichos “sobre la presencia de Hezbollah en Iquique, Chile”.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, publicó anoche en su cuenta de X, antes Twitter, un comunicado de prensa del Ministerio de Seguridad de la República Argentina con las disculpas de Bullrich y dio “por superado” el impasse con el país vecino.

“Si una autoridad de otro país tuviera antecedentes sobre actividades ilícitas en el nuestro, lo que corresponde es que lo plantee vía diplomática, no por la prensa (…) Disculpas aceptadas y damos el asunto por superado”, escribió Boric.

En el comunicado de prensa, Bullrich dice haber sostenido una conversación con la ministra del Interior y Seguridad Pública de Chile, Carolina Tohá, “con el propósito de trasmitir disculpas con respecto a sus recientes declaraciones sobre la presencia de Hezbollah” en la ciudad chilena de Iquique, en el norte de ese país.

En medio del malestar que provocaron en Chile las declaraciones de Bullrich, el presidente del país vecino había anunciado el martes que enviaría una nota de protesta a la Argentina por las afirmaciones de la ministra.

ANTECEDENTES Y DESENLACE

Luego de que Argentina manifestara su apoyo a Israel tras el ataque perpetrado por Irán a su territorio, el sábado 13 de abril, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló el lunes sobre “represalias” que el país podría afrontar a raíz del posicionamiento del gobierno de Javier Milei.

Consultada por el periodista Eduardo Feinmann de La Nación Más (LN+) sobre la posibilidad de un atentado en territorio argentino, la excandidata a presidente de Juntos por el Cambio no negó que pudiera ocurrir y alertó sobre la existencia de células iraníes en países limítrofes.

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“Nosotros tenemos células de Hezbollah en la Triple Frontera [Argentina, Brasil y Paraguay]. Pero es en la frontera de Bolivia donde nosotros vemos el máximo nivel de alerta y seguridad del país, porque ha habido un memorándum firmado por Bolivia e Irán”.

Y añadió: “Ese pacto permitió la presencia de miembros iraníes de las fuerzas Quds, que son fuerzas combatientes e integran las ramas armadas de Irán, en el territorio. Estamos investigando si hay personas que no hablan español y que tienen pasaporte boliviano”.

‘PRESENCIA ACTIVA’ EN LA REGIÓN

En entrevista con otro medio argentino, Todo Noticias (TN), Bullrich sostuvo que Chile está en una zona donde existe la “presencia activa” de dos fuerzas que son aliadas. La primera es Hezbollah, la cual está, según Bullrich, en la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, y “en el último tiempo” se le he visto en Iquique y hace pocas semanas en Perú.

También precisó que la segunda “fuerza aliada” tiene relación con el acuerdo de seguridad y defensa que firmaron en 2024 los gobiernos de Bolivia e Irán. Esto ha permitido, según la ministra argentina, “la instalación de 700 miembros iraníes en Bolivia, que nosotros consideramos que son miembros de la Guardia Quds, que es una guardia, ‘llamada revolucionaria’, y es como un brazo armado también del Estado Islámico iraní”.

BOLIVIA PIDE UNA RETRACTACIÓN

La Cancillería de Bolivia pidió anoche a la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, que se retracte de las declaraciones que dio sobre la supuesta presencia de 700 militares iraníes en territorio nacional.

Fue el encargado interino de Negocios de la Embajada de Argentina en Bolivia, Lucas Ezequiel Demaria, que recibió la solicitud por parte del viceministro de Gestión Consular e Institucional, Fernando Pérez Cárdenas.

“En la reunión rechazamos enfáticamente que exista la presencia de 700 miembros de las Fuerzas Armadas de Irán o de cualquier otro país. Y, por ende, solicitamos que la ministra de Seguridad de la Nación de la República Argentina, Patricia Bullrich, se retracte de las declaraciones vertidas en medios de prensa”, dijo Pérez, luego de una reunión con el diplomático argentino.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, reprochó las críticas de la oposición que responsabilizan al Gobierno por la paralización de las judiciales, luego de que un amparo constitucional frenó las evaluaciones orales y escritas.

La funcionaria aseguró que el Gobierno no tiene competencia en este proceso y no se debe culparlo.

«Ya basta de responsabilizar el Gobierno por temas que no están en sus acciones o en su competencia. Necesitamos que este proceso sea transparente (…), no está el Gobierno en la Comisión Mixta. El Gobierno no está participando de este proceso (…), basta de responsabilizar al Gobierno de acciones en las que no tenemos juicio», fustigó en conferencia de prensa.

El martes, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz admitió un amparo constitucional de una postulante inhabilitada. Como medida cautelar, se ordenó paralizar la evaluación oral y escrita de los postulantes, que debía comenzar el miércoles. Se estima que el proceso se retrasará hasta el 22 de abril.

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Oposición

Cuando se conoció este hecho, las reacciones en la oposición no se dejaron esperar. Carlos Mesa y varios diputados de su partido, Comunidad Ciudadana, responsabilizaron y señalaron al Gobierno.

«Es cada vez más evidente el complot entre los autoprorrogados y el gobierno de (Luis) Arce para impedir la realización de las elecciones, en base a la aceptación de todos los recursos que presenten sus candidatos y a la dilación de todo el proceso”, criticó Mesa en su cuenta de X.

Los diputados Carlos Alarcón, Luis Nayar y José Ormachea, entre otros, afirmaron que la paralización de las judiciales prueba que el Gobierno nunca tuvo interés real en llevarlas a cabo.

“Dejemos de politizar, de culpar al Gobierno. Es un proceso que compete a la Asamblea Legislativa”, pidió Alcón en relación a las respuestas de la oposición. Recalcó que el presidente Luis Arce hizo lo posible para sacar adelante el proceso.

Alcón aclaró que, si un postulante siente que las comisiones de revisión están siendo arbitrarias o perjudicando al proceso, tiene el derecho de presentar un amparo constitucional.

“Creo que hay una costumbre de responsabilizar al Gobierno, al Ejecutivo por todas las acciones, problemas, dificultades que se vayan a registrar y eso es completamente falso”, insistió la viceministra.

Las comisiones encargadas del proceso de selección de postulantes se declararon en cuarto intermedio indefinido, hasta que una audiencia trate los amparos constitucionales presentados. El proceso se encontraba en la etapa de evaluación oral y escrita de los postulantes; la última antes de seleccionar a los candidatos para las judiciales.