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Thursday 21 Sep 2023 | Actualizado a 07:35 AM

Desarticulan grupos de poder en la cárcel de Cochabamba dedicados a la extorsión y cobro de seguros de vida

La Policía ejecutó un megaoperativo que también permitió el decomiso de 206 televisores; 123 radios; 97 parlantes de música; 159 equipos reproductores de vídeos; armas blancas y droga

/ 19 de octubre de 2018 / 21:39

Un megaoperativo policial en el penal de máxima seguridad de El Abra, en Cochabamba, desarticuló redes de poder dedicadas a la extorsión, pero además permitió la incautación de armas blancas, droga, celulares, equipos de música y una gran cantidad de televisores. Más de 500 efectivos participaron de la acción que comenzó a las 06.00.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, detalló en horas de la tarde que fueron desarticuladas «estructuras de poder» que se dedicaban al cobro de seguros de vida, servicios, internación de alcohol, droga y teléfonos, como a vejámenes a los internos.

«Este tipo de operativos son importantes para sentar autoridad e identificar zonas rojas para luego neutralizarlas, pero sobre todo para identificar a las estructuras organizadas de coacción, de extorsión y de prácticas delictivas al interior del recinto; es un mensaje que la Policía seguirá actuando con severidad en otros recintos del país», sostuvo en conferencia de prensa.

Más de 500 policías participaron. El comandante de la Policía Boliviana, general Faustino Mendoza, detalló que una requisa minuciosa tuvo lugar en los bloques A y B del penal, que alberga a más de 700 reos con condenas y detención preventiva, con vigilancia de los perímetros interno y externo.

«Es importante informar que fruto del trabajo de Inteligencia se estableció la existencia de una organización vinculado a hechos delincuenciales a cargo del interno Marco Alejandro Carrillo Gil, alias el Carrillo, y otros ocho más que han sido aislados. Por un lado había un grupo que se dedicaba a la venta de alcohol y otro grupo a la extorsión y cobros ilegales», explicó Mendoza.

En el megaoperativo, la Policía incautó 206 televisores; 123 radios; 97 parlantes de música; 159 equipos reproductores de vídeos; 1.270 películas en discos compactos; una laptop; 20 sumidoras; 20 celulares y otros objetos como refrigeradores y botellas con bebidas alcohólicas.

También se confiscó 715 gramos de marihuana y 96 gramos de cocaína en sobres. Mendoza aseveró que los internos identificados como pertenecientes a una estructura de poder serán cambiados de penal. (19/10/2018)

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De Suárez y ‘Oso’ Chavarría, el narco en el poder político

Roberto Suárez propuso pagar sin éxito la deuda externa de Bolivia ($us 3.500 millones) en caso de que lograra la liberación de su hijo Roby, encarcelado en EEUU

Portada. La edición de La Razón del 13 de enero 1996 sorprendía con este titular

/ 21 de septiembre de 2023 / 07:31

“EEUU le retira la visa a Jaime Paz”, titulaba en primera plana La Razón el sábado 13 de enero de 1996. La noticia causaba escándalo político, que el diario consideraba en su portada que “esto no le pasó nunca a un expresidente de la nación”.

Entonces gobernaba el país Gonzalo Sánchez de Lozada, cuya reacción fue: “Fue una medida unilateral del gobierno de Estados Unidos de América y yo lamento profundamente, como boliviano, que un expresidente sea sometido a una medida de este tipo”.

Cinco días después, Paz Zamora, que presidió el país entre 1989 y 1993, dijo que Estados Unidos tiene derecho de tomar una decisión de ese tipo. “A mí me importan más los votos del pueblo boliviano que los vetos de los Estados Unidos”, admitió, no obstante, en entrevista con radio Fides.

Paz Zamora, sus hermanas y la cúpula del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) —su partido— habían sido involucrados en el caso Narcovínculos por su relación con los capos del narcotráfico Isaac “Oso” Chavarría y Carmelo “Meco” Domínguez.

Lea también: El caso Marset ya tiene un condenado por asociación delictuosa y organización criminal

Poder político

Quien pagó más las culpas fue el lugarteniente del líder mirista, Óscar Eid Franco. Detenido en una operación comando el 26 de diciembre de 1994, aquel fue sentenciado a cuatro años de prisión por delitos de narcotráfico consignados en la Ley 1008. El ideólogo del MIR cumplió prisión en la cárcel de San Pedro de La Paz hasta finales de diciembre de 1998.

El sábado, sobre la “descertificación” de Estados Unidos a la lucha antidroga en Bolivia, el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) afirmó que, mientras el Movimiento Al Socialismo (MAS) siga gobernando, “el narcotráfico va a seguir creciendo sin control, con protección e impunidad”.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, salió al cruce. “Llamativas palabras del expresidente, sabiendo que, en su corta gestión previa a su renuncia, las mafias vinculadas al narcotráfico hicieron volar por los aires el vehículo de la fiscal Mónica von Borries, acabando con su vida”, escribió en Twitter.

Se refirió al asesinato, en un coche-bomba, de la autoridad ocurrido el 27 de febrero de 2004, durante el gobierno de Mesa. La Policía Boliviana involucró en el atentado al narcotrafricante Marco Marino Diodato, a quien la fiscal había investigado por lavado de dinero, tráfico de armas, espionaje telefónico y gestión de casas de juego ilegales para su posterior detención en 1999.

Semanas antes del atentado dinamitero, entre el 30 y el 31 de enero, el italiano huyó de la clínica Bilbao, adonde había sido trasladado desde Palmasola.

Sin embargo, los antecedentes de Diodato datan de mucho antes de 1999. Casado con una sobrina de Yolanda Prada, viuda fallecida del extinto expresidente Hugo Banzer (1971-1978, dictador, y 1997-2001, elegido), incluso se supo que apoyó a la campaña del partido del exmandatario, Acción Democrática Nacionalista (ADN). Es célebre su historia de haberse lanzado en un paracaídas con la inscripción de “vote por ADN”.

A 10 años de la huida de Diodato, en 2014, el diario El Deber abordó al exministro de Gobierno Wálter Guiteras, quien esgrimió la cercanía del italiano con el expresidente. “Banzer fue frío, dijo que yo haga todo lo que vea conveniente y que, si tenía todas las pruebas, él se iba a excluir”, contó en relación al juicio a Diodato.

El 6 de agosto reciente, en su mensaje a la nación, el presidente Luis Arce afirmó que el narcotráfico y su relación con la política “es un problema de larga data”, Describió una a una las vinculaciones de los gobiernos de Sánchez de Lozada, Paz Zamora y la dictadura de Luis García Meza y Luis Arce Gómez con el ilícito.

Se refirió así el mandatario a las críticas sobre la fuga de otro narcotraficante, el uruguayo Sebastián Marset, buscado en su país, Paraguay y Brasil. En un video, este capo dijo que un director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) le ayudó a escapar el 29 de julio.

Narcoestado

En su libro El rey de la cocaína. Mi vida con Roberto Suárez Gómez y el nacimiento del primer narco Estado (Debate, 2012), Ayda Levy, esposa ahora fallecida del narcotraficante Roberto Suárez Gómez, contó detalles de la relación de éste con García Meza, Arce Gómez y el golpe de Estado contra Lidia Gueiler.

El capo contribuyó incluso con una “friolera” de $us 5 millones a la asonada. “Para garantizar el éxito del sedicioso plan, Roberto estaba dispuesto a pagar cualquier precio”, contó Levy.

Entonces, había formado “La Corporación”, llamada así el negocio de Suárez Gómez por la red de protección y silencio que había logrado de parte del Gobierno, jefes militares, jueces, fiscales y hasta monjas y curas en todo el país.

La “General Motors del narcotráfico”, calificó Estados Unidos.

Había nacido “el primer narcoestado”, describió Levy.

Su vínculo con el poder había comenzado en una cena a la que la pareja había sido invitada por el general Alberto Natusch Busch, una noche de octubre de 1979 y días antes del golpe de Estado de éste contra Wálter Guevara.

En la comida, alguien abordó al matrimonio, era Klaus Altmann (así lo cita Levy a Klaus Barbie). Éste se había convertido en el nexo de Suárez Gómez con la naciente narcodictadura.

Luego, el Rey de la Cocaína trascendió a casi todos los gobiernos hasta 2000, el año de su muerte. Levy contó que el presidente Hernán Siles Zuazo buscó a su esposo para concertar una reunión “lo más antes posible”. Que mandó a buscarlo con su ministro antidroga Rafael Otazo, de quien dijo que fue llevado de El Alto hacia una hacienda en Beni con los ojos vendados.

“Desafortunadamente, los índices inflacionarios estaban fuera de control. Los más de 150 millones de dólares no reembolsables, erogados por Roberto durante los 12 meses siguientes, no sirvieron más que para equilibrar una pequeña parte de la balanza fiscal”.

En 1962, en el segundo periodo de gobierno de Víctor Paz Estenssoro, Suárez Gómez había sido subprefecto de la provincia Yacuma, Beni. Ya en el cuarto gobierno del líder del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), en 1985, al narcotraficante buscó un “pacto de agresión”, y la condición del mandatario fue que éste “no vuelva ni siquiera a mirar un gramo de cocaína”.

Sin embargo, en 1988, el hombre se entregó en El Sujo (Beni), donde “esperaba con chocolate caliente” a los policías.

También contribuyó a la campaña de Banzer. Levy recordó sus reuniones con los dirigentes de ADN Alfredo Arce Carpio y Mario Vargas Salinas. En el libro El dictador elegido, el periodista Martín Sivak citó $us 200.000.

Y el MIR impidió la salida del recluso Suárez Gómez a una clínica privada “por temor a que el Rey hablara con la prensa”.

En 1986, el último gobierno de Paz Estenssoro fue manchado también por el “escándalo Huanchaca” con el asesinato del científico Noel Kempff Mercado.

Ese mismo año fue asesinado el diputado Edmundo Salazar Terceros, que investigaba el caso.

Narcoavión

En 1993, en el primer gobierno de Sánchez de Lozada fue descubierto el “narcoavión”, un avión interceptado en el aeropuerto de Lima con 4.100 kilos de cocaína. Entonces, algunos funcionarios del gobierno, entre ellos el ministro Carlos Sánchez Berzaín, fueron señalados de facilitar el transporte de la mercancía.

Fue señalado Luis Amado Pacheco, alias el “Barbaschocas”.

Afectado por escándalos de narcotráfico en su entorno político, como el de las hermanas Juana y Elba Terán, en 2010, el entonces presidente Evo Morales admitió la penetración del flagelo en instituciones del Estado. “No creía que era tan grande el narcotráfico, no pensaba que el narcotráfico tenía tanto poder económico; pero también siento que se infiltra en los poderes, en las estructuras del Estado, no solamente de Bolivia”, admitió en un acto militar.

A finales de enero de 2020, en el gobierno de Jeanine Áñez, un avión con un cargamento de droga fue interceptado en la isla Cozumel, México. Había partido de Guayaramerín, en Beni.

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El TSJ rechaza el proyecto de ley de las judiciales aprobada por el Senado

La disposición adicional y el artículo 2 del proyecto de ley de las judiciales fueron enviados por el TSJ a una consulta de control previo de constitucionalidad ante Tribunal Constitucional Plurinacional.

/ 20 de septiembre de 2023 / 23:26

Ante la consulta de la Cámara Diputados sobre el proyecto de ley para las judiciales, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo rechazó ante “una duda razonable” de inconstitucionalidad, sobre todo en cuanto a que subalternos asuman labores de magistrados.

“Existe duda razonable que el referido proyecto de Ley Nº 44/2023-2024, en cuanto hace especialmente a lo previsto en el artículo 2 y la Disposición Adicional Sexta del referido instrumento legal es contrario a lo previsto en los artículos 7, 9, 4, 12, 178 de la Constitución Política del Estado” (sic), señala el presidente del TSJ, Ricardo Torres, en la nota enviada al presidente de la Cámara Baja, Jerges Mercado (MAS), publicada por el diario Correo del Sur.

El 6 de septiembre, Mercado remitió a consultas el proyecto que apunta a destrabar la realización de los comicios judiciales, tras su aprobación en la Cámara de Senadores. Se decidió ello debido a que el documento tiene “inconsistencias” que deben ser objeto de “explicación” y “ajuste” para comenzar su tratamiento.

Las consultas fueron enviadas a los ministerios de Justicia, de Planificación del Desarrollo y de Economía y Finanzas Públicas, como parte del Órgano Ejecutivo; además del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el TSJ y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Lea más: La situación se enreda en las judiciales, ahora el TSJ consulta al TCP la consulta de Diputados

La nota de Torres (PRES-TSJ Nº 269/2023) fue remitida el 18 de septiembre. Agrega que “de la lectura del artículo 7 de la Constitución Política del Estado, concordado con el artículo 178.I del mismo cuerpo normativo se asume que la función que cumplen el Órgano Judicial, fue directamente delegada por el soberano, es inalienable e imprescriptible, lo que implica que estas funciones no pueden ser suspendidas por el Poder Constituido, siendo que estas tienen su origen en el Poder Constituyente” (sic), indica el punto 1. 

El proyecto de ley establece, en su disposición adicional sexta, que “desde el 2 de enero de 2024 hasta el día de posesión de las Magistradas y Magistrados, Consejeras y Consejeros electos por el voto popular, el personal subalterno de estas instituciones, en las diferentes áreas de trabajo, implementarán una transición eficiente y ordenada para que las nuevas autoridades elegidas asuman sus despachos en condiciones adecuadas” (sic).

Además, subraya que “de manera excepcional, a partir del 2 de enero de 2024, quedan suspendidos todos los plazos procesales para todas las causas que se encuentren en trámite, en los despachos de las Magistradas y Magistrados salientes del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y despacho de Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura, hasta la posesión de las nuevas autoridades, por ser esta una Ley transitoria y excepcional” (sic).

Por ello, esta disposición adicional y el artículo 2 del proyecto de ley fueron enviados por el TSJ a una consulta de control previo de constitucionalidad ante TCP. En ese marco, el TSJ demanda que se notifique a la Asamblea Legislativa “la suspensión en el tratamiento de cualquier proyecto de ley que tenga por finalidad regular la preselección de altas autoridades”.

“El proyecto de ley carece de legitimidad material debido a la falta de un proceso de preselección de altas autoridades judiciales adecuado. En efecto, este proyecto de ley acorta el proceso de preselección y no valora el mérito de los candidatos, lo que va en contra de los argumentos presentados en la ratio decidendi de la sentencia constitucional 0060/2023”.

Independencia

En el punto 2 de su nota de respuesta, Torres hace notar que el artículo 12 de la CPE establece que “la organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación y coordinación de estos órganos”, por lo que “las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí”.

“Entiendo en consecuencia que no se pueden suspender el funcionamiento de ninguno de estos órganos del nivel central”, añade. Así, los vientos en contra vuelven a poner en vilo a los comicios judiciales.

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El Pacto de Unidad arcista convoca a Arce, Morales y Choquehuanca a un ampliado por la unidad

La invitación al encuentro es para el lunes 25 de septiembre en la sede de los fabriles en la ciudad de La Paz a horas 10.00.

La dirigencia del Pacto de Unidad brinda una conferencia de prensa en puertas del Tribunal Electoral.

Por Boris Góngora

/ 20 de septiembre de 2023 / 17:30

La dirigencia del Pacto de Unidad remitió cartas al presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y al expresidente y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, donde les piden asistir a un ampliado para mantener la unidad de las organizaciones sociales y pueblos originarios campesinos.

La invitación al encuentro es para el lunes 25 de septiembre en la sede de los fabriles en la ciudad de La Paz a horas 10.00.

El documento fue firmado por la secretaria ejecutiva de las Bartolinas, Guillermina Kuno; Esteban Alavi, ejecutivo de los Interculturales; Eddy Enríquez, secretario de recursos de la CIDOB y Lucio Quispe, ejecutivo de la CSUTCB.

El Pacto de Unidad está conformada por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (Csciob), la Confederación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia ‘Bartolinas Sisa’ y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y otras organizaciones sociales.

Tres de las cinco organizaciones que conforman el Pacto de Unidad están fracturadas. La CSUTCB está dividida y tiene ahora dos dirigencias paralelas, una reconocida por el presidente Luis Arce y la otra por Evo Morales.

Similar situación ocurre con los Interculturales que también tiene dos dirigencias. En el caso de las Bartolinas antes de la elección de su nueva dirigencia ―marzo― se registraron acusaciones entre la facción ‘arcista’ y ‘evista’ de “divisionistas”.

Lea más: La CSUTCB evista garantiza su presencia en el congreso del MAS

Lucio Quispe, ejecutivo de la CSUTCB afín al Gobierno, indicó que se ha invitado a los líderes nacionales del Movimiento Al Socialismo y del Gobierno en busca de la unidad.

“No podemos estar peleando como aymaras y quechuas. Tenemos que unificarnos y como padre de la organización matriz voy a invitarle (a Evo Morales) como Pacto de Unidad. Los invitaremos (y les preguntaremos) por qué estas divisiones. Por eso quiero que lleguen, ahí hablaremos, nos sentaremos y dialogaremos”, dijo Quispe.

El lunes, el Comité Ejecutivo Nacional de la CSUTCB ‘arcista’ determinó rechazar su asistencia al congreso del MAS en Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, del 3 al 5 de octubre.

Esta medida se debe a la “irregular e ilegítima convocatoria del MAS”.

La CSUTCB ‘arcista’ anunció también la deliberación para la convocatoria a un cabildo nacional, con la participación de todas las organizaciones sociales, para determinar el “rumbo” del proceso de cambio y del instrumento político.

El martes, la CSUTCB ‘evista’ garantizó su participación en el congreso del MAS, luego de que el bloque vinculado al gobierno de Luis Arce anunciara que no participará en ese encuentro.

Ponciano Santos, ejecutivo del bloque paralelo de la CSUTCB indicó que como confederación estarán participando al menos 600 titulares en el congreso masista. A principios de mes, la dirigencia de los Interculturales denunció que se redujo la participación de los delegados de las organizaciones sociales de 200 a cinco.

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Arce firma en Nueva York un acuerdo sobre conservación de la biodiversidad marina

El presidente Luis Arce planteó el martes siete puntos para la implementación de un “nuevo orden mundial”, en su participación ante la Asamblea General de la ONU.

El presidente Luis Arce en la firma del Acuerdo en Nueva York.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 20 de septiembre de 2023 / 15:13

El presidente Luis Arce firmó este miércoles en Nueva York el Acuerdo Sobre la Conservación y Utilización Sostenible de la Biodiversidad Biológica Marina de las Zonas Fuera de la Jurisdicción Nacional.

Dicho documento fue suscrito por en el marco del 78° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que participa junto al canciller Rogelio Mayta, con el que lidera la delegación boliviana que es parte de los encuentros de alto nivel.

Lea también: Cambio climático y seguridad, el debate y la participación de Arce en la Asamblea de la ONU

El texto establece las reglas de control para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en aguas internacionales que no están bajo la soberanía de ningún país en particular.

Estas áreas, según una nota de la Cancillería de Bolivia, incluyen el océano abierto y las regiones marítimas que están fuera de las fronteras nacionales, pero que son de interés global, debido a su importancia para la biodiversidad y la salud del océano.

“Este marco legal promueve, además, la transferencia de tecnología y la cooperación científica para abordar los desafíos ambientales y la preservación de la biodiversidad marina a nivel global”, señala el documento, publicado en su página web.

La tarde del martes, el mandatario boliviano expuso ante la Asamblea de la ONU siete puntos para la implementación de un “nuevo orden mundial”, en el que se priorice la solidaridad, la complementación y la colaboración entre países, por encima del egoísmo y la mezquindad.

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La situación se enreda en las judiciales, ahora el TSJ consulta al TCP la consulta de Diputados

El presidente del TSJ, Ricardo Torres, presentó una consulta a la Comisión de Admisión del TCP, cuya respuesta alargará la espera por las elecciones judiciales.

Foto: Unitel

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 20 de septiembre de 2023 / 14:57

La situación de las elecciones judiciales se enreda. La mañana de este miércoles se conoció que el Tribunal Supremo de Justicia (TS) envió una consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TC) sobre la misma consulta que el 6 de septiembre remitió la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

El 31 de agosto, la Cámara de Senadores aprobó la ley que prevé comicios judiciales para la primera quincena de enero de 2024 y la posesión de magistrados y consejeros electos un mes después. Las elecciones judiciales deberían haberse llevado a cabo este 2023, pero, por una serie de desencuentros, plazos e irregularidades, fue postergada para 2024.

Los actuales magistrados y consejeros terminan su mandato de seis años el 2 de enero, máximo, debido a que asumieron sus funciones el 3 de enero de 2018.

El presidente del TSJ, Ricardo Torres, citado en una nota del diario sucrense Correo del Sur, presentó el documento en las oficinas del TCP poco después de las 11.30 de este miércoles.

Presentada la consulta, la Comisión de Admisión del TCP tiene un plazo de dos días para admitir o rechazar la consulta. En caso de no cumplir los requisitos, el TSJ deberá ajustar las eventuales observaciones del documento en cinco días.

Sin embargo, de ser admitida la consulta, el tratamiento del proyecto de la ley transitoria para las judiciales será suspendido, mientras la consulta se resuelve, hasta 30 días hábiles.

Sobre el caso, la Ley 254 describe posibles escenarios.

El parágrafo I del artículo 115 de la mencionada norma establece: “El TCP declarará la constitucionalidad o inconstitucionalidad del proyecto de ley consultado. Esta declaración será de cumplimiento obligatorio para el Órgano Legislativo”.

Mientras que el parágrafo II señala: “Si el TCP establece la declaración de constitucionalidad del proyecto de ley, ya no podrá interponerse otra consulta o recurso posterior sobre las cuestiones consideradas y absueltas por el Tribunal”.

Finalmente, el parágrafo III de esa ley determina que “la declaración de inconstitucionalidad del proyecto de ley obligará al Órgano Legislativo adecuar o eliminar las normas observadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional”.

Recibida la ley aprobada en la Cámara de Senadores, la Comisión de Constitución de Diputados comenzó a considerarla y decidió derivarla a siete instituciones del Estado, de las cuales tres corresponden al Órgano Ejecutivo. Además, la consulta llegó a los tribunales Electoral, Supremo y Agroambiental, también al Consejo de la Magistratura.

El presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jáuregui, advirtió al menos cinco “inconsistencias” en el contenido del proyecto de ley, cuya aprobación calificó de “improvisada” y que priorizó los pactos políticos.

Las observaciones tienen que ver con el presupuesto para la realización de los comicios, cuyos recursos estaban previstos para diciembre de este año y, como la propuesta refiere la votación la segunda o tercera semana de enero, “requiere de una nueva partida presupuestaria”.

Otra observación es la paridad de género que exige la Ley 929, de Organizaciones Políticas, además de la meritocracia referida en la misma norma.

Además, el legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS) advirtió que la norma no define acciones para cubrir la “vacancia” de autoridades, emergente del desarrollo de los comicios después del 2 de enero de 2024, cuando los actuales magistrados y consejeros terminen su mandato de seis años.

La consulta del TSJ significa que la Asamblea Legislativa aún no puede realizar acción alguna para reencaminar el proceso.

Precisamente, Jáuregui dijo que su comisión no consignó la consulta al TCP debido a que éste resultaría “juez y parte”. Fue el TPC el que, luego de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el diputado de Creemos Leonardo Ayala, anuló todo el proceso previo.

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