El agente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Eduardo Rodríguez Veltzé, consideró que la gestión de los recursos económicos empleados durante el litigio que buscó establecer las obligaciones de Chile de negociar una salida al mar fue “eficiente y transparente”.
“Considero que la gestión de esos recursos por la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar) fue eficiente y transparente en tanto está sujeta al sistema de control gubernamental a través de las auditorías correspondientes. Litigar en tribunales internacionales es oneroso para todos los países que deciden así hacerlo”, dijo el agente en una entrevista que se publicó en la edición impresa de La Razón.
La Cancillería informó la pasada semana que gastó 14.018.000 millones de dólares en el juicio contra Chile. El monto refleja la gestión de los recursos desde 2011, cuando comenzó a prepararse el litigio
“Como Agente, no tuve a mi cargo la gestión financiera de la causa marítima. Entiendo que el dato de los 14 millones corresponde a un período de aproximadamente siete años desde que el gobierno conformó los equipos y se extendió hasta la conclusión del proceso”, remarcó Rodríguez Veltzé.
Según el reporte de la Cancillería estas asignaciones están respaldadas por decretos y varias normativas nacionales. El informe no desmenuza el monto que cobraron los abogados ni los recursos que se dispusieron para los viajes de autoridades entre La Paz y La Haya (Holanda), donde se encuentra la sede de la CIJ.
En 2013, Bolivia demandó a Chile ante la CIJ para que este tribunal declare que existe la obligación de negociar una salida al mar en su favor y en mérito a compromisos asumidos a lo largo la historia bilateral.
La Corte no halló evidencia de esas obligaciones en el fallo del 1 de octubre, pero consideró que ambas partes pueden dialogar “con voluntad” y en el marco de un espíritu de “buena vecindad”. (20/10/2019)