Luego de que el evismo dijera que existen problemas en el Gobierno, por una presunta división entre los ministros que apoyan al presidente Luis Arce y otros que se inclinan por el vicepresidente David Choquehuanca, el ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz, señaló que esto es falso y que en el gabinete no hay ninguna crisis.

“En los gabinetes lo único que hay es comentarios de trabajo, de instrucciones del presidente (Luis Arce) de que podamos agilizar la gestión. No hay ninguna crisis, he escuchado varias veces esas especulaciones, pero lo único que hay en el gabinete es la aprobación de proyectos, leyes, decretos que se van a impulsar”, afirmó la autoridad al ser consultado por los periodistas.

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Gabinete

Este domingo, el expresidente Evo Morales dijo que sabía, de primera fuente, que en el Gobierno no había “mando”, pues Arce y Choquehuanca se encuentran enemistados y los ministros tienen roces a causa de su “soberbia” e intereses.

Al respecto, Ruiz aseguró que el trato y el ambiente con sus colegas es “siempre cordial”, con mucho respeto y compromiso con el desarrollo.

En su criterio, las declaraciones de Morales son similares “al esquema de 2019”, cuando Luis Fernando Camacho, antes de la crisis social y política, afirmaba que el gabinete de ministros se encontraba dividido y en constantes discusiones.

Según el titular de Medio Ambiente, ahora el exmandatario utiliza la misma estrategia, para generar especulación y distorsionar la información, para afectar la imagen del Gobierno.

“De todo lo que dice no hay nada”, reiteró Ruiz, quien fue posesionado en el cargo hace un mes, en reemplazo de Alan Lisperguer, investigado por corrupción y ganancias ilícitas.

El ministro aseguró que ni las declaraciones de Morales ni el historial de hechos irregulares en la cartera de Medio Ambiente afectarán la gestión del Gobierno y el “compromiso de trabajar por el país”.

El expresidente Evo Morales criticó este domingo la solicitud de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de ser incluidos en la Ley 044, que establece juicios de responsabilidades para altas autoridades del Estado.

Morales interpretó esta petición como una admisión implícita de «delitos o errores» y cuestionó por qué los vocales no están dispuestos a enfrentar procesos judiciales ordinarios.

Instó al presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, y al resto de vocales a no tener miedo de ser procesados.

«Le digo a Hassenteufel y a todo el equipo de vocales: si no han cometido delitos o errores, ¿por qué tienen miedo a los procesos ordinarios? No hay por qué tener miedo, (pero) quieren sumarse al juicio de responsabilidades para no ser procesados», afirmó Morales en su programa en radio Kawsachun Coca.

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Vocales

El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, defendió la inclusión de los vocales en la Ley 044, argumentando que es necesaria para garantizar la imparcialidad del Órgano Electoral, especialmente en un año en el que se celebran las elecciones generales, con todas sus implicaciones.

Desde 2024 los vocales ciertas garantías para poder realizar sus roles sin miedo a ser amedrentados.

Sin embargo, Morales insistió en que esta solicitud es una forma de «blindaje» para evitar procesos judiciales ordinarios.

«Ya son confesos que han cometido delitos o errores. Si uno no ha cometido nada, está feliz y contento, ¿por qué tienen que meterse a juicio de responsabilidades?», cuestionó el exmandatario.

Morales también desafió a los vocales a enfrentar cualquier denuncia penal que se les presente.

«Si son denunciados penalmente, que se presenten y se defiendan», dijo, en referencia a las tensiones entre su equipo jurídico y el vocal Tahuichi, quien ha sido criticado por declaraciones que los seguidores de Morales interpretan como un intento de descalificarlo como candidato.

El vocal señaló que el exmandatario tendrá una “hermosa respuesta” cuando intente habilitar su candidatura.

El Movimiento Al Socialismo (MAS) proyecta tener listo su binomio para la presidencia y vicepresidencia para finales de marzo y comenzar la campaña electoral de cara a las elecciones generales previstas para el 17 de agosto.

“Esperemos que a finales de marzo ya tengamos el ampliado nacional de todos los sectores donde ya prácticamente tienen que entrar a la cancha las candidaturas que haya, se va a consolidar el binomio”, informó Mario Seña, secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).

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MAS

Asimismo, el dirigente detalló que en el ampliado extraordinario que se realizará el próximo 21 de febrero no se realizará ninguna proclamación, como se especulaba que podría ocurrir.

“No se va a proclamar candidato exclusivo en este evento”, afirmó Seña, pero dijo que sí se fijarán las fechas, los plazos y la metodología para ir eligiendo a los posibles candidatos del partido.

Se pedirá la realización de informes y cada departamento deberá ir proponiendo a su posible precandidato.

Recordó que en las últimas semanas se proclamó candidato único al presidente Luis Arce, como muestra de que todas las regionales están en su derecho de expresar su apoyo a quienes consideren que pueden realizar una buena gestión. Sin embargo, hasta marzo, no se realizará ninguna proclamación oficial.

Consultado sobre si en esta ocasión se analiza que el binomio, por primera vez, incluya a una mujer, Seña respondió que se trabaja en la posibilidad, para lograr mayor representatividad.

“Todo es posible, estamos en ese marco trabajando, incluso puede ser una candidata para presidenta”, afirmó, aunque no dio ningún nombre.

De todas formas, aseguró que la decisión final que se tome será en total consenso de las bases y las organizaciones sociales, no será “a dedo”, como, en su criterio, ocurría cuando Evo Morales estaba a cargo del MAS.

El expresidente Evo Morales denunció que el trato del Gobierno de Luis Arce con los “presos políticos” supera los extremos tolerables, debido a que estarían siendo obligados a trabajar sin pago e inclusive a pagar un monto de dinero para acceder a servicios básicos.

“La discriminación, el abuso y el trato inhumano a las hermanas y hermanos, presos políticos del gobierno de Luis Arce, ha llegado a extremos intolerables. No solo les obligan a trabajar sin pago alguno, sino que les cobran hasta para entrar al baño”, fustigó este domingo en su cuenta de X.

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Presos

Horas antes, Morales se había expresado de manear superficial sobre el tema, en su programa dominical en radio Kawsachun Coca, relatando las dificultades de algunos “presos políticos”, tras contar los testimonios de las familias de los detenidos.

Aproximadamente una veintena de seguidores del exmandatario se encuentran detenidos de manera preventiva, debido a su participación en los bloqueos entre octubre y noviembre de 2024.

De acuerdo con el Gobierno, los aprehendidos fueron identificados en posesión de armas, explosivos y son acusados de haber agredido a decenas de efectivos policiales que intentaban desbloquear las carreteras.

Según Morales, a muchos de ellos les inventaron pruebas materiales, colocándoles bombas y otros artefactos, cuando en realidad no tenían nada en su posesión.

Denuncia

El exmandatario también se refirió a los gastos que deben realizar los familiares de los detenidos, pues deben cubrir todos los costos del encarcelamiento. El líder cocalero señala que el único delito de los aprehendidos fue haber ejercido su derecho a la protesta en contra del gobierno de Arce.

Por ello, considera que el Gobierno ya superó todos los límites, “pero que en las dictaduras”, por lo que denunció ante la comunidad internacional la situación que atraviesan los bloqueadores, ahora recluidos en diferentes centros penitenciarios.

“Pedimos a la comunidad internacional y organismos defensores de los derechos humanos venir a Bolivia para comprobar esta violencia psicológica y denunciar al mundo estas acciones ejercidas, peor que en tiempos de dictaduras”, escribió Morales.

El Gobierno, por su parte, sostiene que los detenidos son investigados por delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, tráfico de armas, tenencia o portación ilícita de armas, instigación pública a delinquir, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, atentado contra los servicios públicos, asociación delictuosa y secuestro.

Después de cuatro años de intentos, Samuel Doria Medina informó que pudo obtener el permiso para visitar a la expresidenta Jeanine Añez y conocer de primera mano su estado de salud y ánimo en su detención.

“Después de cuatro años, por fin me dieron permiso para ver a Jeanine Añez. La visité para saber cómo está su salud y estado de ánimo”, declaró el empresario y político en sus redes sociales este domingo.

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Doria Medina

Durante el encuentro, Doria Medina enfatizó que el Gobierno continúa intentando enjuiciar a Añez por la vía ordinaria, a pesar de lo que él califica como un uso “servil” de la justicia, que considera está siendo utilizada para fines de persecución política.

“El gobierno sigue queriendo enjuiciarla por la vía ordinaria, pero incluso la justicia servil se resiste a semejante transgresión de la ley. Los oficialistas, en lugar de dedicarse a resolver los graves problemas económicos, siguen apretando la maquinaria de la persecución política”, afirmó.

El político subrayó además que este gesto de reunirse con la expresidenta no es solo una visita personal, sino un llamado a restablecer la confianza en un sistema judicial que, según él, debe dejar de ser un “mecanismo de venganza” por parte del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“En la nueva etapa que construiremos desde agosto, todos los bolivianos tendrán juicios justos y la Justicia ya no será un mecanismo de venganza. ¡Libertad para los presos políticos!”, añadió.

Añez

Añez fue detenida el 12 de marzo de 2021, acusada en el caso Golpe de Estado I; ese proceso indaga sobre los hechos previos a la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre de 2019.

Dos días después, el 12 de noviembre de ese año, la entonces senadora asumió la presidencia, en lo que calificó como una “sucesión constitucional”.

A raíz de su “autoproclamación”, el 10 de junio de 2022, Áñez fue acusada y sentenciada a 10 años de prisión, por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes, en el caso Golpe de Estado II.