Tras conocerse el repentino deceso de Juan Carlos Montenegro, exgerente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), con una orden de aprehensión en su contra, el presidente Luis Arce lamentó su muerte y pidió que el caso no sea utilizado con “fines políticos”.

“Quiero expresar mi profundo pesar por el fallecimiento de Juan Carlos Montenegro. Envío mi más sentido pésame a la familia y seres queridos en estos momentos. Asimismo, hago un llamado para que no se instrumentalice el dolor de esta pérdida con fines políticos mezquinos”, expresó el miércoles en su cuenta de X.

Montenegro

Montenegro falleció repentinamente el miércoles, en La Paz. Estaba apuntado como uno de los responsables de las deficiencias e irregularidades que una auditoría encontró en la empresa estatal. De acuerdo a la misma, el daño económico se estima en Bs 425 millones.

Es que, el complejo industrial de piscinas de evaporación de litio jamás dio los resultados esperados. Los materiales resultaron ineficientes y, supuestamente, el complejo fue encontrado ‘en cimientos’.

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El Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra 12 de los exfuncionarios implicados, Montenegro incluido.

El exgerente, al enterarse de su posible aprehensión, dejó una carta en la que afirma que se pretende manchar su trayectoria académica y profesional. “No me prestaré a ser vejado y humillado, por la justicia amañada que se vende al poder político o al mejor postor”, se lee en la misiva.

Reacciones

Debido a este hecho, rápidamente los miembros de oposición y ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) responsabilizaron al Gobierno por la muerte de Montenegro.

“El fracaso de la industrialización del litio por parte del Gobierno Nacional no solo genera la detención ilegal y abusiva de honestos profesionales, sino la muerte de hermanos que podían seguir aportando al crecimiento de nuestra amada Bolivia”, cuestionó Evo Morales, líder del MAS.

En su carta, Montenegro también criticó la gestión del Gobierno con el recurso del litio. Afirmó que pretende ocultar planes que no lograron viabilizarse.

“Es momento de respeto y solidaridad ante el dolor de la familia”, insistió por su parte Arce.

En tanto, la defensa de Montenegro informó que, luego de tres horas de la autopsia, se determinó que la causa de la muerte fue un infarto de miocardio.

Sin embargo, la abogada aseguró que existe la posibilidad de que se haya provocado el infarto.

El presidente Luis Arce se solidarizó con su par del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en el caso de una investigación judicial contra su esposa, Begoña Gómez, por presunta corrupción. Atribuyó el caso a un “linchamiento mediático”.

“No podemos (hacer) menos que expresar nuestra sincera solidaridad con el presidente del Gobierno de España, @sanchezcastejon, su esposa y familia ante el sistemático ataque que soportan desde la ultraderecha de ese país. Detrás de ese linchamiento mediático y político, bien planificado y desarrollado, está el objetivo de generar pulsaciones antidemocráticas en la sociedad”, escribió el mandatario este jueves en su cuenta de X.

La Justicia española investiga a Gómez por una supuesta vinculación con hechos de tráfico de influencias y corrupción; eso a instancias de la organización Manos Limpias desde el 16 de abril.

Luis Arce

Ante eso, Sánchez anunció que evaluará una eventual dimisión a su mandato. “Necesito parar y reflexionar” sobre “si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor”, escribió en su cuenta de X.

Según anunció a los periodistas, su decisión se conocerá el martes 29 de abril.

Al respecto, Arce también criticó las “noticias falsas”; dijo que son utilizadas por ciertos grupos para “desacreditar y destruir gobiernos, presidentes y familias”, en una práctica “antipolítica”.

“Esta práctica alejada de toda norma ética, engaña a la población y daña estructuralmente al sistema político a niveles tan altos que potencialmente genera una tendencia fascistoide en la sociedad”, agregó el mandatario boliviano.

Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), asumió su segundo mandato ante el rey Felipe VI el 17 de noviembre de 2023.

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En la XXIII Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP), en Venezuela, el presidente Luis Arce planteó la incorporación de Palestina.

“Invitar al Estado de Palestina a incorporarse como miembro pleno de la Alba-TCP, debemos recordar que en octubre del año pasado fue uno de los primeros bloques regionales que se pronunció ante la escalada de violencia en la Franja de Gaza”, dijo el mandatario en su discurso.

Asimismo, postuló la conformación de una brigada internacional de atención en salud, para luego dar paso a una instancia similar en los temas de educación y reconstrucción. Y en su intervención no estuvo ausente la polémica irrupción policial en la embajada de México en Ecuador.

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Cumbre de la Alba

“Un hecho sin precedentes en el derecho internacional que no debe quedar en el olvido ni en la impunidad, este vergonzoso y repudiable hecho constituye una grave violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, especialmente los referido a la inviolabilidad de las sedes diplomáticas”, indicó sobre el hecho que fue condenado por los gobiernos de la región.

Paralelamente, criticó el fondo estadounidense de $us 95.000 millones para Ucrania, Israel y Taiwán. “La amenaza a la paz mundial ha aumentado al aprobar Estados Unidos 95.000 millones de dólares para apoyar a Ucrania, Israel y Taiwán, esa es una clara señal de que se seguirá buscando la desestabilización de Europa del este, del Oriente Medio y de Asia con la violencia”.

Y como expuso en otros foros internacionales, lanzó de nuevo su planteamiento de un nuevo orden mundial. “En medio de la crisis multidimensional del capitalismo y de la soberbia de un imperialismo avasallador, que actúa tan solo en función de sus intereses globales, la construcción de un nuevo orden mundial debe dejar de ser una quimera para convertirse en una realidad, la supervivencia de la humanidad y de nuestra Madre Tierra así lo demanda”, subrayó.

Cuando se presumía que todo avanzaba con llamativa normalidad, el proceso de calificación de méritos de los postulantes a las elecciones judiciales fue frenado por recursos judiciales que, otra vez, dejaron en vilo los comicios debido a los plazos.

Promulgada el 6 de febrero por el presidente Luis Arce, luego de más de más de un año de incertidumbres, la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, estableció 80 días para el trabajo de la Asamblea Legislativa de preselección de postulantes, luego candidatos, para los tribunales Supremo de Justicia (TSJ), Agroambiental (TA) y Constitucional Plurinacional (TCP), y el Consejo de la Magistratura.

Ante el freno que impuso al proceso la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, ante un amparo presentado por la postulante inhabilitada Margarita Medrano, la evaluación de méritos de 405 postulantes quedó en suspenso sin fecha, hoy mismo a 10 días del límite legal.

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Elecciones judiciales

El proceso había comenzado el 16 de febrero con la aprobación de la convocatoria y siguió el 19 de ese mismo mes con el inicio del registro de postulantes.

El trabajo de las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural había avanzado hasta la calificación de méritos, cuando el martes 16 de abril la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz notificó su suspensión ante al amparo constitucional presentado Margarita Medrano, una de las postulantes al Consejo de la Magistratura inhabilitadas.

Al instalarse la audiencia de resolución del caso el lunes 22, fue pospuesta hasta este viernes.

Los plazos corren sin ninguna decisión de la Asamblea Legislativa. El martes, la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Silvia Salame dijo a La Razón Radio que, si bien “se ha perdido” una semana en la calificación de méritos, no hay riesgo de paralización de las elecciones judiciales.

Sin embargo, advirtió de la existencia de una “mano negra” en el TPC que busca frenar los comicios judiciales suspendidos.

Entre el y 15 de abril las comisiones debían tomar examen a los postulantes. Esta fase del proceso de preselección quedó en pausa.

Dato

Se prevé que el plazo de 80 días calendario termine el 10 de mayo con la emisión de la resolución de la Asamblea Legislativa, aprobada por dos tercios de votos, de la lista de 192 candidatos. En dos días más, esa lista debería ser enviada al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que, a su vez, tendría que convocar y organizar las elecciones en un plazo de 150 días.

La situación actual de los comicios es parecida a la ocurrida en 2023, cuando el 12 de abril la Asamblea Legislativa informó de la suspensión del mismo proceso en sujeción al mandato de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, a instancias del ciudadano Miguel Ángel Balcázar.

Otro amparo constitucional, presentado por el diputado de Creemos Leonardo Ayala, derivó, el 31 de julio del año pasado, en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0060/2023 del TCP, que dejó en fojas cero los comicios.

Luego, una consulta sobre la viabilidad de una ley de excepción postergó las elecciones. El 12 de diciembre, a través de la Declaración 0049/2023, el TCP exhortó a una nueva convocatoria y prorrogó el mandato de magistrados y consejeros electos en 2017.

(25/04/2024)

El Ministerio de Relaciones Exteriores fustigó los resultados de un informe de Estados Unidos sobre derechos humanos, al cual calificó como un acto de intromisión en la política interna, además de distorsionar la realidad boliviana.

Bolivia “expresa su rechazo al informe unilateral emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos al que considera un acto de injerencia e intromisión en la política interna. El informe es un intento de afectar la credibilidad del país distorsionando la realidad boliviana”, reza el comunicado emitido el miércoles por la Cancillería.

Informe

El martes se conoció el informe, que afirma que en Bolivia se vulneran los derechos. Señala casos de presunta tortura para obtener información y la impunidad de algunos delitos.

De igual manera, el informe advierte de una falta de independencia del Órgano Judicial y las detenciones arbitrarias.

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“El uso predominante de fuentes imprecisas, o la ausencia de ellas, compromete la veracidad del contenido y omite considerar una gama más amplia de visiones dentro del espectro social y político del país”, critica al respecto la nota de la Cancillería.

Tras el informe, Luis Fernando Camacho y Jeanine Añez, detenidos en La Paz, afirmaron que los resultados son prueba de la ilegalidad de sus detenciones. Pidieron que se acuda a instancias internacionales.

Compromiso

De acuerdo con la nota de la Cancillería, el informe omite “los avances significativos en materia de derechos humanos que ha realizado el Gobierno”.

“Bolivia reitera su compromiso inquebrantable con la promoción y protección de los derechos humanos para todas y todos los bolivianos, basado en principios de soberanía, no injerencia y respeto mutuo entre los Estado”, insiste el mensaje.

El informe de Estados Unidos fue elaborado por varias organizaciones no gubernamentales. Las mismas investigaron la situación de los derechos humanos en el país a lo largo de 2023.