El fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, informó este jueves que los familiares de los tres policías acribillados en el municipio de Porongo desistieron del proceso contra Misael Nállar Viveros, principal acusado.

“Dentro el caso CUD 701402172200943, seguido a denuncia de oficio en contra de Misael Nállar Viveros y otros por la presunta comisión de los delitos de asesinato (…) a efectos de presentar de manera libre y voluntaria el desistimiento del presente proceso penal a favor de Misael Nállar Viveros», refiere parte del acta de desistimiento que realizó la familia de los uniformados. 

Nállar es acusado del asesinato de los sargentos Eustaquio Alanes y Alfonso Chávez, ambos se encontraban patrullando la zona del Urubó en el municipio de Porongo, a unos 54 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, en junio de 2022.

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El vehículo policial en el que se transportaban, según las investigaciones, sufrió un “desperfecto” y David Candia, miembro del Grupo de Apoyo Civil a la Policía Boliviana (GACIP) los fue a auxiliar. Los tres uniformados luego fueron asesinados, según la hipótesis de la Policía, por Nállar y sus acompañantes.

Nállar se encuentra detenido preventivamente en la cárcel de Choncochoro de La Paz, al igual que su hermano Widen y el colombiano Esteban Beltrán Muñoz.

Conminatoria

Respecto a la conminatoria de cinco días que dio el juez que lleva este caso para que se presente un requerimiento o solicitud conclusiva, Mariaca indicó que la comisión de fiscales, dentro sus facultades de principio de independencia y respetando la objetividad que deben de caracterizarlos, van a emitir su resolución que crean “pertinente”.

“El Ministerio Público dentro de sus facultades y al ser un delito que se tiene que perseguir de oficio, va a resolver conforme a derecho dentro de la conminatoria en la cual se ha hecho conocer a la comisión de fiscales y dentro del plazo establecido”.

El abogado del cívico Rómulo Calvo, Martín Camacho, informó que tras la audiencia de presentación de pruebas, el Juzgado 13avo de Sentencia fijó audiencia de conclusión y sentencia contra el expresidente del Comité pro Santa Cruz por el caso Wiphala para el martes 6 de junio.  

“Lo que correspondería es que se lo absuelva a Rómulo Calvo de los tipos penales que se lo ha acusado. No ha habido elemento de prueba que hubiese adjuntado el Ministerio Público, ni testifical, ni pericial, entendiendo que no hay prueba documental”, dijo Camacho. 

Pasadas las 16.00 de este jueves se reinstaló la audiencia de juicio oral en contra de Calvo por delitos de difusión e incitación al racismo y ultraje a símbolos nacionales.

El abogado de la parte denunciante, Marcelo Aliaga, informó que están en una etapa de desfile de pruebas, es la última, para luego pasar a las conclusiones y se dicte una sentencia ya sea absolutoria o condenatoria.

“Me imagino que este va a ser el último acto del desfile de pruebas periciales, ya la próxima audiencia va a ser para las conclusiones y sentencia”, dijo Aliaga.

El agravio se dio en los actos por el aniversario departamental en la plaza 24 de septiembre de 2021. El presidente en ejercicio, David Choquehuanca, izó la wiphala, pero poco después fue retirada por un grupo de personas en medio de forcejeos y en su lugar se izó la bandera con la flor de patujú.

Ese mismo mes, en un video presentado por el ministro Iván Lima, se muestra a Calvo dando la espalda a Choquehuanca y a asambleístas departamentales del Movimiento Al Socialismo (MAS). Una vez pasaron las autoridades cerca de Calvo se desinfectó el lugar.

La Cámara de Senadores acortó más los plazos para la preselección de candidatos y la organización del proceso electoral de altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional.

Tras ser aprobado en sus estaciones en grande y detalle, el proyecto de ley dispone que para la postulación y preselección de postulantes se tendrá una duración de hasta 60 días calendario.

En tanto, la organización y realización de la votación popular será con una duración de hasta 100 días calendario.

La ley establece que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) podrá adecuar la convocatoria, el calendario y los procesos administrativos necesarios a los alcances y plazos establecidos en la presente normativa.

También se garantizará que, del total de personas preseleccionadas para el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura el cincuenta por ciento sean mujeres y se incluya candidatas y candidatos con auto identificación indígena originaria campesina.

El pasado jueves, el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, ratificó que precisa 120 días para el proceso electoral.

“El Órgano Electoral requiere 120 días para garantizar el sufragio efectivo. Es el mandato constitucional que tiene, por lo tanto, requerimos ese tiempo que es el prudente”, dijo.

El lunes el vocal del TSE Tahuichi Tahuichi Quispe advirtió que acortar los plazos a menos de 120 días para el proceso electoral va a ser un plazo político y de imposición.

“Cualquier plazo que se achicara, va a ser un plazo político y de imposición”, dijo Tahuichi.

Indicó que como Órgano Electoral Plurinacional se rigen bajo normativas y la Ley 026 de Régimen Electoral que les otorga 150 días para el proceso electoral.

“A partir de ese plazo se ha trabajado arduamente en un taller y este plazo se redujo hasta 120 días, plazo técnico y responsable”.

El 28 de abril, la Asamblea Legislativa suspendió de forma temporal el proceso de preselección de postulantes; eso, debido a un fallo del Tribunal Constitucional. El diputado de Creemos Leonardo Ayala interpuso ese recurso.

También, el 12 de abril, el proceso de preselección quedó suspendido tras un amparo constitucional interpuesto por el ciudadano Miguel Ángel Balcázar en la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni. Balcázar pidió anular el reglamento de preselección y la convocatoria.

Las elecciones judiciales deberán definir el nombramiento de 23 jueces y consejeros, titulares y suplentes, del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agrario y Consejo de la Magistratura.

La Fiscalía tramita la declaración de rebeldía de Claudia, la denominada testigo clave del caso de supuesta corrupción en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA).

La testigo declaró ante el Ministerio Publico el pasado detalles sobre cómo ocurrieron los supuestos hechos ilícitos, en los que, además, reconoció su participación.

“Estamos tramitando la declaratoria de rebeldía. Significa el Ministerio Público la ha buscado y, al no estar presente, se la ha imputado”, dijo el fiscal departamental de La Paz, William Alave.

Claudia, que dijo ser “recaudadora” del dinero que, según afirmó, era para para el entonces titular del MMAyA, Juan Santos, reveló los hechos de corrupción en una entrevista con la red DTV el 13 de mayo. En ella contó de procesos con “millonarias coimas” y la compra de al menos 30 inmuebles adquiridos con esos recursos.

Luego de eso, su abogado, Ricardo Rodríguez, solicitó “amplias garantías” para su defendida, debido a “lo delicado” de sus declaraciones.

Sin embargo, el jurista admitió que su defendida también “tiene que ser investigada por legitimación de ganancias ilícitas” por su participación en los presuntos hechos irregulares.

“La norma es benigna para las para este tipo de personas que toman valor y denuncian estos hechos de corrupción”, señaló.

Fiscalía de La Paz

El fiscal Alave, dijo que se emitió una orden de control migratorio para evitar que la testigo salga del país, y le pidió que declaré “en cualquier lugar” del territorio boliviano.

“Sabemos que está en Bolivia. Le damos las garantías suficientes para que pueda dar todos los detalles que conoce sobre este hecho”, complementó Alave.

Por ese caso, el exministro renunció a su cargo y la Fiscalía dictó su detención preventiva en el penal de San Pedro, por un tiempo de seis meses.

El avance de las investigaciones, además, derivó en la detención preventiva de dos funcionarios, Alexander S. y Viviana B., quienes presuntamente eran recaudadores de Santos. Entre ambos poseían nueve viviendas sin declaración ante la Contraloría General del Estado y la mujer llevaba Bs 630.000.

Entretanto, el presidente Luis Arce posesionó a Rubén Méndez como nuevo titular de esa cartera de Estado.

La diversidad cultural, el diálogo político y económico, entre otros, son aspectos que estrechan las relaciones entre Italia y Bolivia, afirmó el embajador italiano Francesco Tafuri en una entrevista con el programa Piedra Papel y Tinta, de La Razón.

El diplomático resaltó que la comunidad italiana ha ofrecido a Bolivia, como lo ha hecho en toda América Latina, la colaboración económica. “No se puede decir quién ha dado más, quién ha recibido más (…). La cooperación internacional, la presencia al extranjero es un dar y obtener, y siempre es algo de buena fe”

“Nuestras colonias, nuestras colectividades en el exterior, siempre de buena fe, han brindado todo lo que podían con arrojo, con corazón y generosidad a estos países y han recibido lo mismo”, dijo Tafuri.

Bolivia e Italia celebraron el 25 de mayo 159 años de relaciones bilaterales. Este viernes, ese país europeo festejará su día nacional y Tafuri lo hará en La Paz.

El diplomático informó que los residentes italianos en Bolivia preparan un libro sobre las principales realizaciones arquitectónicas que se deben a la comunidad italiana en Bolivia.

“Es un libro que debería salir este año y creo que va a ser lindo para todos ver en concreto lo que los italianos han podido realizar en Bolivia”, dijo el Embajador

Comentó que en el país residen cerca de 5.000 italianos registrados, un 50%, aproximadamente, en Santa Cruz y el resto en La Paz, Cochabamba. Varios italianos se dedican a actividades empresariales como el agro.

Recordó que los primeros italianos llegaban a Bolivia través de los puertos peruanos o argentinos. Su primera estadía era La Paz y El Alto, donde se asentaron e instalaron empresas.

“He leído un poco de historia de los extranjeros en Bolivia. Hace un siglo, o quizá un poco más, italianos y alemanes representaban comunidades de industriales, de empresarios, de importadores”, contó.

“Veíamos en Obrajes, sobre todo sus casas, sus empresas o en El Alto, como la empresa Forno que producía tejidos, Salvietti, una de las primeras empresas que había en Bolivia”, recordó Tafuri.

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DIVERSIDAD

También resaltó la diversidad que hay entre los dos países y la similitud en el ámbito cultural y en otros aspectos. “No solo cultural, en su interior de las regiones de Italia hay una variedad de riqueza, de tradiciones de cultura, de cocina de arte y de todo, así como en varias partes de Bolivia”.

Tafuri anunció los residentes italianos organizan varias actividades en el país para los siguientes meses. Una de ellas es la semana de la lengua y cultura italiana, la semana de la cocina, entre octubre y noviembre. 

También anunció su participación en la Feria Internacional del Libro en La Paz, en la Reunión Anual de Etnología, organizada por el Museo de Etnografía y Folklore (Musef).

Finalmente, la Embajada de Italia alista para septiembre una actividad con dos jóvenes bolivianos que se formaron en el área de medo ambiente en Italia y que replicarán lo aprendido con sus pares de Bolivia.