El expresidente Evo Morales denunció que el presidente Luis Arce traslada a “barras bravas” de equipos de fútbol para emboscar la marcha y generar violencia.

“Hacemos una gravísima denuncia ante el pueblo boliviano y la comunidad internacional: el gobierno de Luis Arce está trasladando a funcionarios, barras bravas de equipos de fútbol y delincuentes en aviones Hércules de la Fuerza Aérea”, escribió el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Señaló que el objetivo del Gobierno es causar violencia y emboscar a la marcha “que pacíficamente se dirige a La Paz y luego utilizar a la policía para intentar desbaratarla”.

Afirmó que llegará gente armada “que quiere generar caos y luto. Esta es una medida fascista y antidemocrática”, acotó Morales y acompañó su post con dos videos donde se ve a gente dentro de una aeronave.

MARCHA

En su tercer día, la “Marcha para salvar Bolivia” llegó este jueves hasta Patacamaya. Evo Morales regresó a la caminata por pedido de sus bases.

El miércoles, Ponciano Santos, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), afín a Morales, indicó que el objetivo de la marcha es que el presidente Luis Arce atienda el pliego petitorio que presentaron el 3 de septiembre en el ampliado de Villa Tunari, Cochabamba.

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El dirigente reiteró que está marcha es “pacífica” y que llegará a la sede de gobierno. “Se determinó también que esta marcha se va a masificar. Están llegando nuestros hermanos para masificar”, dijo Santos.

Por su parte, para contrarrestar la marcha evista, el Pacto de Unidad convocó a una concentración en El Alto para el domingo.

Para contrarrestar marcha evista, el Pacto de Unidad la cabeza de los campesinos, interculturales y bartolinas, convocó a la “gran concentración en defensa de la democracia”. La cita es para el domingo, a las 07.00, en la zona de Cruce Ventilla de la ciudad de El Alto.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, alertó este jueves de un autoatentado del expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, en la marcha que viene dirigiendo hacia La Paz con el fin de sumar “apoyo”; sin embargo, reiteró la convocatoria al diálogo para las 18.00 en el Ministerio de Educación.

La autoridad señaló que durante “estos días” se reiteró la convocatoria al diálogo, sin embargo, “una vez más se le invita” al expresidente con el fin de que “deje de seguir llevando” a parte de la militancia del MAS y al pueblo “a un enfrentamiento” y convulsión, el mismo “que puede terminar con la pérdida de vidas” de bolivianos.

“Hago, (la invitación) a través de este medio, y formalizaremos la invitación para que luego no se nieguen como acostumbran a hacerlo y lo hicieron también recientemente con el pliego (petitorio). La vida del pueblo es y debe ser el bien mayor a cuidar y como Gobierno vamos a defender nuestra democracia y actuaremos de acuerdo a lo que manda nuestra Constitución”.

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Prada también advirtió que el objetivo de la marcha y las amenazas es “derramar sangre” en las calles, “como ya lo hicieron con esas golpizas” que se registraron en la localidad de Vila Vila. Esto con el único fin de “imponer la candidatura de Evo Morales.”

“Evo dice que no van a matar la candidatura de Evo Morales, pero el pueblo es sabio y se da cuenta de lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Incluso, pueden estar planificando un atentado mañana u otro día durante el trayecto de la marcha para buscar culpar al Gobierno en este su intento desesperado de ganar apoyo”, observó.

La titular de la cartera de Presidencia también señaló que el pueblo rechaza esta movilización por “una candidatura” y sabe “cuál es su objetivo”. Enfatizó que esta marcha no es por la vida ni la democracia o la economía, sino para “imponer una vez más pisoteando la Constitución la candidatura de Morales”.

En el tercer día de movilización, centenares de militantes y organizaciones sociales, a la cabeza de Morales, llegaron hasta el municipio paceño de Patacamaya a descansar y pasar la noche. El destino final es llegar a la sede de gobierno, distante a 98 kilómetros de la sede de Gobierno.

La demanda de los movilizados es un pliego de 18 puntos, entre ellos, la provisión de dólares, combustibles, además de ratificar el congreso de Lauca Ñ, Cochabamba, que determinó que Morales es el único candidato para las elecciones generales de 2025.

Prada indicó que esta demanda a su pliego petitorio ya fue respondida el 15 de agosto de manera pública, la cual se dio a conocer a través de los medios de comunicación. Incluso dijo que el 17 de agosto, cuando inició, la marcha una comisión se trasladó al lugar para decirle a Morales que su pliego «fue respondido».

“Él (Morales) estaba mintiendo una vez más, señalando que nuestro Gobierno no había respondido al pliego petitorio y que por eso estaban iniciando la marcha. Asimismo, notificamos con las respuestas mediante un notario de Fe Pública para que no se niegue que no fue respondido su pliego. Durante estos días, hemos reiterado además la convocatoria al diálogo a Evo Morales”, indicó.

La ministra además reportó que la movilización evista ya dejó 38 heridos hasta este jueves e incluso denunció de la agresión a trabajadores de la prensa que hacia la cobertura al recorrido de la marcha.

Ante la denuncia del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en sentido de que el expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, usa un vehículo de una mujer sentenciada por narcotráfico, el líder cocalero señaló que se sorprendió con la información, debido a que “hace dos o tres días era golpista, ahora insinúa que soy narcotraficante”.

Indicó que las acusaciones del Gobierno solo son “para perjudicar la marcha”. El expresidente señaló que no tiene movilidades, pero sí admitió que recibe ayuda. “(Desde) el primer momento sabe el Gobierno”.

“Sabe el presidente (Luis Arce), que diga la verdad de donde tengo apoyo. El Ministro de Gobierno, en cada tranca saca foto a las movilidades y sabe de quién son las movilidades. Que diga el Ministro de Gobierno quién está apoyando. Si son responsables”.

La mañana de este jueves, Del Castillo indicó que el vehículo en el que se desplaza Morales está valuado en $us 90.000 y la propietaria fue identificada como Tania N. Y., de 21 años.

“Qué joven tiene la capacidad adquisitiva de tener una vagoneta del año 2024 tan solo teniendo 21 años de edad. La única forma es dedicarse a actividades ilícitas y la otra es que los padres la hubiesen comprado”, dijo la autoridad en conferencia de prensa.

A raíz de eso, explicó Del Castillo, se investigó a los padres de la joven. Se indagó que la madre de la joven, a la que identificaron como Alicia Y. Ch., tiene oficio de costurera. “Sin embargo, si vemos sus antecedentes, sería una persona que ha sido sentenciada por tráfico de sustancias controladas”.

Un centenar de militantes y organizaciones sociales, a la cabeza de Morales, en el tercer día de su movilización arribaron al municipio de Patacamaya, del departamento de La Paz.

El evismo demanda un pliego de 18 puntos, entre ellos, la provisión de dólares, combustibles, además de ratificar el congreso de Lauca Ñ, Cochabamba, de 2023, que determinó que Morales es el único candidato para las elecciones generales de 2025.

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Según el Gobierno, esta demanda a su pliego petitorio ya fue respondida el domingo, e incluso, el martes, el viceministro de Cooperativas Mineras, Mauricio Guzmán, realizó la invitación a un diálogo a Morales.

Ponciano Santos, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), afín a Morales, señaló que el presidente Arce tiene cuatro días para convocar al diálogo.

Advirtió que si no convoca al diálogo, “obligatoriamente vamos a ir al bloqueo nacional de caminos. En este momento denunciamos a la comunidad internacional, si nos intervienen en la ciudad, ese va a ser el peor dictador”.

La Defensoría del Pueblo exhortó nuevamente a las personas con “liderazgo social, político y a los servidores públicos” a moderar sus discursos, especialmente, en contextos de conflictividad y también a frenar la incitación al odio.

La entidad recordó que el informe “Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia” presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo de este año refiere que los “discursos de personas con liderazgo social, funcionarios públicos y con liderazgos políticos, contribuyeron a generar un entorno general adverso a la participación ciudadana y al ambiente de diálogo”.

“Exigimos a todos los actores involucrados en la conflictividad que cesen inmediatamente con las acciones y declaraciones que agravan la situación. La adjetivación despectiva y la estigmatización no tienen cabida en una sociedad democrática. Es hora de priorizar la búsqueda de soluciones pacíficas y el respeto a los derechos humanos”.

La institución demandó la búsqueda de soluciones pacíficas y el respeto a los derechos humanos de todos los bolivianos. Señaló que la “incitación al odio y los discursos que promueven la violencia son contrarios a los principios democráticos y los derechos humanos”.

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Indicó además que “urge un diálogo inclusivo y respetuoso para superar la actual situación de conflictividad”.

Recordó también que la CIDH y la Corte IDH señalaron que los líderes políticos, sociales y servidores públicos tienen un papel crucial en el debate público, aunque sus acciones pueden tanto fomentar como deteriorar este diálogo.

“En situaciones de conflicto, desorden o polarización, estos líderes deben ser especialmente cautelosos con sus declaraciones, ya que sus palabras pueden tener un impacto significativo en la sociedad y generar riesgos para ciertos grupos o individuos”, indicó.

Ante la actual situación de conflictividad, la Defensoría indicó que es necesario remarcar la observación de la CIDH respecto a que “las personas con liderazgo político deben tomar distancia de cualquier discurso que envíe mensajes permisivos a la violencia, incluyendo los que activen, fomenten, acentúen o exacerben situaciones de discriminación, hostilidad, intolerancia o animadversión” y que, “dichas personas también están llamadas a contrarrestar la intolerancia y discriminación, así como a promover el entendimiento cultural y el respeto a la diversidad,(…)”.

En el marco del calendario electoral para las elecciones judiciales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sorteará el viernes la ubicación de las candidaturas a los cargos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justica (TSJ), Tribunal Agroambiental (TA) y Consejo de la Magistratura (CM).

La actividad 15 forma parte del calendario electoral que fue puesto en vigencia el 13 de agosto con 62 actividades para este proceso electoral.

“El viernes vamos a realizar un acto público, que es el sorteo de la ubicación de las candidaturas en las papeletas de sufragio. Esto será en el marco de la actividad prevista en el calendario electoral. Será en una sesión pública y estamos cursando invitación a todos esos ciudadanos, que son candidatos, que puedan participar, en el que (se) definirá dónde van a estar ubicados”, dijo el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas.

Informó también que para este proceso electoral se utilizarán dos papeletas de sufragio, una correspondiente a la circunscripción nacional para candidatos TA y CM, y otra de circunscripción departamental para el TSJ y el TCP.

“El proceso electoral se está llevando adelante y se está cumpliendo la ejecución del calendario electoral. Hace un día hemos hecho la publicación de las listas de los medios de comunicación habilitados para realizar la difusión de méritos de los candidatos. Esta difusión va a iniciar 40 días antes de la difusión y se ejecutará una campaña nacional”, dijo Vargas.

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Según el TSE, ambas papeletas tendrán dos franjas, en cada una de ellas se consignará el título: “Candidatas y candidatos”, seguido de la instancia de elección correspondiente. Las franjas a su vez contendrán los espacios de votación, en idénticas proporciones y características para cada una de las candidaturas en cada franja.

La franja destinada a los candidatos del TA contendrá un mínimo de 14 espacios de votación, mientras que para el Consejo de la Magistratura la franja contendrá un mínimo de 10 espacios de votación.

Respecto a las franjas destinadas al TSJ, se tendrá mínimo de cuatro espacios; los primeros dos o más espacios, para cada una de las candidatas mujeres, y los siguientes dos o más espacios, por separado, para cada uno de los candidatos varones.

La franja destinada a las candidatas y a los candidatos del TCP contendrá mínimamente cuatro espacios de votación.

El 1 de diciembre, los bolivianos elegirán 23 magistrados de los tribunales Supremo de Justicia, Agroambiental y Constitucional Plurinacional, y tres miembros del Consejo de la Magistratura. Serán, en total, 52 autoridades electas, entre titulares y suplentes.

Será la tercera vez que los bolivianos acudan a este tipo de comicios. Las primeras elecciones judiciales se llevaron a cabo el 16 de octubre de 2011, y la segunda, el 3 de diciembre de 2017.

Los elegidos en la última votación debían terminar su mandato en diciembre de 2023, pero fueron prorrogados sin fecha.