“Con ese apoyo que recibimos del pueblo boliviano, no va a haber revocatorio que nos aguante”, afirmó este martes el presidente Luis Arce en un acto público en El Puente, Santa Cruz.

El mandatario se refirió así al trámite autorizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), a solicitud del Mauro Mamani.

“¡Estamos dispuestos a ir al revocatorio, hermanos, ningún problema!”, arengó el mandatario en su discurso de entrega de obras, 69 viviendas sociales con una inversión de Bs 8,5 millones, en ese municipio de la provincia Guarayos de Santa Cruz.

Justificó su fuerza en el respaldo ciudadano y su gestión. «El gobierno nacional, lo único que hace es trabajar, y ése el respaldo y la garantía. Por lo tanto, el pueblo es sabio y sabe valorar a quienes damos todo de nosotros».

Chuquimia

El jueves, la vocal del TSE Dina Chuquimia confirmó a La Razón la existencia de ese trámite. “(La recolección de firmas) está en curso y (el impulsor) tiene plazo para presentar los libros (con las respectivas firmas) hasta el 7 de diciembre”, advirtió.

El revocatorio es un mecanismo democrático de destitución de autoridades previo referéndum local, departamental o nacional consignado en la Constitución Política del Estado (CPE).

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Su aplicación está regida en la Ley 026, de Régimen Electoral.

Quien lo promueva, debe reunir firmas y huellas dactilares equivalentes al 25% del padrón nacional. En las últimas elecciones nacionales, las subnacionales de 2021, el Padrón Electoral consignó 7.131.075 habilitados.

Votación

De ese número, el 25% corresponde a 1.782.768 personas, porcentaje necesario para plantear el referéndum revocatorio.

El artículo 31 de la Ley 026 dispone dos condiciones: a) el número de votos válidos emitidos a favor del Sí a la revocatoria deberá ser superior al número de votos válidos emitidos en contra del No, y b) el número y el porcentaje de votos válidos a favor del Sí deberá ser superior al número y el porcentaje de votos válidos con los que fue elegida la autoridad.

En las elecciones generales del 18 de octubre de 2020, Arce, candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), logró una votación del 55,1%, equivalente a 3.394.052 votos válidos. 

Según la Ley 026, una eventual revocatoria del mandatario deberá superar ese porcentaje y ese número de votantes.

El presidente Luis Arce viajará la siguiente semana a Río de Janeiro, en Brasil, para participar en la cumbre de los países miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur).

La información fue confirmada por la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.

“El presidente estaría (de viaje) la siguiente semana. Estamos ajustando la agenda de los temas pendientes en el país y también el viaje, para que presidente participe en la cumbre del Mercosur, en Río de Janeiro”, dijo a los periodistas en La Paz.

Brasil tiene, actualmente, la presidencia por témpore de ese bloque regional.

Recientemente, el Congreso brasileño aprobó la adhesión de Bolivia al organismo compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Se espera que, en los siguientes días, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgue una ley.

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Antes de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay habían dado luz verde al ingreso de Bolivia a ese bloque, en el que tiene vigencia, actualmente, como país asociado.

El 29 de noviembre, el presidente Arce agradeció a su par brasileño y al Congreso de ese país el “apoyo” para la inclusión de Bolivia.

“El Pleno del Senado de #Brasil aprobó el Proyecto de Decreto para la adhesión plena de #Bolivia al #Mercosur. Agradecemos las gestiones del hermano presidente @LulaOficial y al pueblo brasilero por este hito histórico en la integración latinoamericana”, escribió el mandatario en X.

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El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, pidió a los países que buscan al capo uruguayo del narcotráfico Sebastián Marset sancionar a quienes hayan favorecido al delincuente.

“Esperemos que, como lo hicimos en Bolivia, se pueda sancionar a las personas responsables de favorecer a esta organización transnacional vinculada al narcotráfico”, dijo a los periodistas en una improvisada conferencia de prensa en Cochabamba.

Del Castillo se refirió a los procesos investigativos y judiciales que involucran al menos a 54 personas por supuestos vínculos con el narcotraficante más buscado en Bolivia.

En ese afán, y luego de allanamientos a varios inmuebles en Santa Cruz, principalmente, la Policía Boliviana logró dar con al menos cuatro personas del entorno de Marset, entre ellos, una mujer, que ahora guardan detención preventiva.

Las investigaciones también alcanzaron a funcionarios que, de una u otra forma, se vieron envueltos en el escándalo que detonó el 29 de julio, cuando el capo uruguayo escapó de un megaoperativo policial junto con su esposa, sus hijos y su equipo armado de seguridad.

Entre los investigados están algunos funcionarios del Servicio General de Identificación Personal (Segip), que supuestamente tienen participación en la obtención de la identidad falsa que Marset usaba en Bolivia.

“Aquí (en Bolivia) tenemos múltiples personas con detención preventiva en Santa Cruz, Cochabamba, Beni y La Paz”, añadió la autoridad.

Atribuyó al trabajo policial, de las autoridades judiciales y del Gobierno la “desarticulación” de la organización criminal que el uruguayo lideraba en el país.

Incluso, Del Castillo dijo que, por las tareas de coordinación con autoridades policiales de otros cinco países donde también buscan a Marset, el narcotraficante “se siente asfixiado”.

En su mensaje mañanero en redes sociales, el expresidente Evo Morales persuadió este viernes a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a no sacrificar su antigüedad al servicio del país, en el marco de la elección de nuevas autoridades judiciales.

“Mi recomendación a los hermanos magistrados es que no sacrifiquen tantos años de servicio al pueblo y su prestigio profesional dejándose utilizar por la angurria de poder del gobierno”, posteó el exmandatario.

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Primero hacen fracasar la elección de magistrados, ahora el gobierno dice que la continuidad de esas autoridades será inconstitucional. Boicotean al Legislativo para que sea el mismo TCP que decida su autoprorroga a cambio de inhabilitarnos.

Mi recomendación a hermanos…

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 1, 2023

Magistrados

Además, el líder del Movimiento al Socialismo (MAS) apuntó al gobierno de Luis Arce de “boicotear” al Órgano Legislativo. Todo en torno a la continuidad de magistrados.

“Primero hacen fracasar la elección de magistrados, ahora el gobierno dice que la continuidad de esas autoridades será inconstitucional. Boicotean al Legislativo para que sea el mismo TCP que decida su autoprórroga a cambio de inhabilitarnos”, prosiguió Morales.

También alertó a las autoridades del TCP a tener cuidado en caso de una autoprórroga, tomando como ejemplo la autoproclamación de Jeaninne Áñez.

(01/12/2023)

En la crisis poselectoral de 2019 que terminó con la renuncia del presidente Evo Morales, el entonces Comité pro Santa Cruz y su líder, Luis Fernando Camacho, movieron al menos Bs 7,8 millones, según las investigaciones del caso Golpe de Estado I.

Esos fondos fueron utilizados entre el 5 de septiembre y 30 de noviembre para sueldos de la organización cívica, gastos de oficina, pasajes a La Paz, “pasajes Vivi” y “poleras Tarija”, entre otros ítems, según las pruebas presentadas en el caso por el Ministerio de Gobierno —de la parte querellante— a las que accedió La Razón.

En ese lapso se hicieron 18 transferencias desde la cuenta Camacho en el Banco Ganadero —1051-256626— al Comité pro Santa Cruz. En total, los importes suman Bs 7.862.265.

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Camacho y Comité

De esos fondos, el 27 de octubre fueron dispuesto Bs 76.329,57 para “pasajes”. Coincidentemente, al día siguiente (28), Camacho y su lugarteniente Luis Fernando López arribaron a El Alto, pero fueron impedidos de ingresar a La Paz, como cita el documento.

Ese día, a través de dos llamadas (12.14’40 y 19.25’55) López se comunicó con el comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, a través del celular (70057000) del ayudante de órdenes del jefe militar, José Luis Torrico Andrade. Para entonces, el Comité pro Santa Cruz propiciaba una semana de paro en protesta por un presunto fraude en las elecciones del 20 de octubre.

Semanas después, el 10 de noviembre, López y Kaliman sostuvieron un intenso flujo de llamadas telefónicas y una reunión en el Comando de las Fuerzas Armadas horas antes de la renuncia del presidente Morales.

Si bien días antes el flujo de transferencias no pasaba los Bs 100.000, el 5 de noviembre fueron transferidos desde la cuenta de Camacho Bs 210.879,57.

El depósito coincidió con la llegada a La Paz de Camacho, día desde que instaló su cuartel de operaciones en el hotel Casa Grande, de la zona de Calacoto. Era su tercera es la vencida después de dos intentos fallidos.

Carta

Por “mandato” del cabildo del Cristo Redentor del 4 de noviembre, su propósito era entregarle un borrador de carta de renuncia a Morales para que la firme. El 2 de noviembre, en otro cabildo, Camacho había anunciado el “punto final” del mandatario.

A partir del 5 de noviembre, las transferencias fueron más elevadas: Bs 955.868,25 el 19 de noviembre; 877.418.25 el 20; Bs 759.761,65 y Bs 710.861,65 el 27; y Bs 656.899.97 y Bs 564.799,97 el 30.

Al menos 57 personas fueron hospedadas en ambos hoteles entre el 6 y 29 de noviembre.

De acuerdo con notas de descargo, actas y documentación secuestrada, el Comité pro Santa Cruz y Miguel Ángel Navarro, conocido brazo derecho de Camacho, pagaron cinco facturas por un total de Bs 367.207 entre el 18 y 28 de noviembre, de los cuales Bs 10.419 correspondían al hotel Calacoto. Los registros citan como hospedados en este último hotel a los entonces senadores Óscar Ortiz y Arturo Murillo, quienes después se convirtieron en los ministros del régimen proclamado de Jeanine Áñez.

En la lista de hospedados aparecen López, Jerjes Justiniano, Nadia Beller y Marco Pumari, entonces presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), con quien Camacho coordinó las movilizaciones en La Paz. (También aparecen en la lista Gustavo Pedraza y José Antonio Quiroga).

También están incluidos entre los huéspedes Marco Antonio Serrate y el excoronel de Policía Luis Castro López, contratados para la seguridad de Camacho, y Diego Taboada Suárez, chofer.

Pagos

En las investigaciones, Castro López afirma que entre el 20 y 21 de noviembre, a través de Javier Salqui, dueño de la empresa de seguridad, cobró $us 1.500.

“A mí me pagó Miguel Navarro y Lola Producciones 100.000 bolivianos por los servicios prestados”, afirma, por su parte, Serrate.

“Me pagaban 200 bolivianos por día, me pagó Carlos Ortiz”, dice en su declaración Taboada.

“Al momento de retirarnos del hotel, pregunto por caja sobre la cuenta de mi estadía y éste me dice que ya todo está cancelado y que mi consumo fue de Bs 3.000.  Yo ganaba Bs 5.000”, devela Roger Wilfredo Vargas Barba.

El 4 de enero de 2023, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, develó movimientos de dinero de Camacho —entre el 5 de noviembre y 7 de diciembre de 2019— por Bs 4,5 millones, de los cuales Bs 2,1 millones fueron depositados en su cuenta del Banco Ganadero y Bs 2,4 millones a cuentas particulares.

El padre y la hermana de Camacho, además de Navarro y el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) general Gonzalo Terceros, figuran en la lista de destinatarios de esos fondos.

Se trata de solo “una parte del financiamiento al golpe de Estado”, dijo entonces el ministro.

Camacho es señalado también por cohecho y seducción de tropas en el caso Golpe de Estado I, que investiga hechos precedentes a la renuncia de Morales en 2019.