La presencia fiscal en municipios del país llega a un 31%, es decir que el Ministerio Público está presente en 107 de los 339 municipios de Bolivia. Por ello, el fiscal general Juan Lanchipa solicitó aumentar el presupuesto de esta institución del Estado.
“Nosotros estamos solicitando el incremento del presupuesto al Tesoro General de la Nación para la aplicación, particularmente, de la Ley de Abreviación Procesal Penal. Es urgente contar con mayores recursos para la incorporación de más fiscales”, expresó Lanchipa.
La primera autoridad del Ministerio Público explicó que la nueva Ley de Abreviación Procesal Penal, actualmente en manos de la Asamblea Legislativa, propone la desaparición de los tribunales de sentencia en materia penal y da paso a la conformación de juzgados unipersonales que ayudan a terminar con la mora procesal fiscal que existe.
Esos tribunales colegiados están integrados por tres miembros y ahora, con la nueva propuesta, se desdoblan a juzgados unipersonales. Advirtió que ahora deben existir fiscales en cada uno de esos juzgados para atender cada uno de los juicios. Por esta razón, Lanchipa dijo que se solicitó el incremento de su presupuesto.
Proceso. La carga fiscal per cápita en el eje central del país se mantiene desde 2013 con cerca de 640 casos que debe atender cada autoridad fiscal de materia, en los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.
“Se pudo advertir que el número de casos asignados a cada uno de los fiscales dentro del eje central es enorme. Son causas que tiene que atender cada uno de los representantes del Ministerio Público dentro del eje central”, explicó el fiscal Juan Lanchipa.
Detalló que 312 fiscales de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba atendieron199.829 casos abiertos durante el año pasado.
Lanchipa anticipó que para superar ese déficit su despacho realiza un fortalecimiento institucional y gestión administrativa, además de gestionar mayor presupuesto, en el marco del Nuevo Modelo de Gestión Fiscal.
Según información de la Fiscalía General, existe actualmente una mora procesal de más de 236.000 causas pendientes, de las cuales el 82% corresponde a La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
En Santa Cruz, por ejemplo, en promedio un fiscal atiende 777 sumarios; en La Paz administra 637; mientras que en Cochabamba 294 procesos. “Esto es bastante preocupante, por eso se lleva adelante una reorganización para el manejo de esta carga fiscal existente”, sostuvo Lanchipa.
En el marco de la lucha contra la retardación de justicia, la comisión de seguimiento de los resultados de la Cumbre de Justicia presentó el proyecto de Ley de Abreviación Procesal Penal, que tiene como objetivo mejorar la administración de justicia a través de la regulación de los procedimientos que se siguen en un juicio dentro de un proceso penal.
Entre los principales aspectos de esta normativa se aumentan las causales de improcedencia de detención preventiva en los siguientes casos: cuando la persona sea mayor de 65 años, que la pena sea menor a cuatro años, delitos de contenido patrimonial, en el caso de una mujer embarazada y de cualquier persona que tenga la custodia única de un menor.
En el caso de solicitud de detención preventiva, el fiscal deberá dar a conocer el plazo del mismo. Por ello la Fiscalía inició trabajos en las cárceles del país con la perspectiva de reducir el elevado hacinamiento que alcanza hasta el 200% en los centros penitenciarios del país.
(06/03/2019)