La Fiscalía rechaza pedido de extinción de la denuncia contra el magistrado Ceballos por violencia intrafamiliar
"La decisión final la tiene ahora el juez", dijo el fiscal Departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava. El magistrado Orlando Ceballo fue denunciado por su esposa por violencia intrafamiliar
La Fiscalía Departamental de Chuquisaca rechazó este jueves extinguir la denuncia de violencia intrafamiliar contra el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Orlando Ceballos, como lo demandó la víctima, esposa de la autoridad. La definición ahora está en manos de la Justicia.
«El Ministerio Público se opone rotundamente a la excepción de extinción de la acción penal por conciliación (…) Se ha constatado de manera concreta que existe reincidencia y presión a la víctima», informó el fiscal Departamental Mauricio Nava.
El pronunciamiento se dio luego de que el juzgado que recibió la solicitud de la esposa de Ceballos notificará al Ministerio Público, instancia que ya hizo conocer su rechazo a la solicitud de archivo del caso.
«Está ahora en manos del juez. El Ministerio Público ha cumplido con el procedimiento y esperó el momento preciso para pronunciarse. Le corresponde al juez hacer prevalecer los derechos de la víctima, la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales. Hemos solicitado que se declare infundada la solicitud de extinción de la acción y se siga la investigación», insistió.
La esposa de Ceballos solicitó que se extinga la acción penal por violencia intrafamiliar abierta tras una denuncia suya en marzo pasado. El magistrado estaba con una licencia para defenderse de la denuncia, pero el martes retornó a sus funciones y desató una serie de pronunciamientos exigiendo su renuncia.
Las legisladoras del oficialista MAS y de la oposición advirtieron con iniciar un juicio de responsabilidades. Al pedido se sumó la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, y otras instituciones.
«Le exigimos, no solo en cumplimiento de la Constitución, del artículo 196 que habla de sus atribuciones específicas, del 235 que son las obligaciones que tienen los servidores y las servidoras públicas, sino por el cumplimiento de la Ley 348 que protege a las mujeres sobre hechos de violencia, le exigimos, de manera firme y contundente, que renuncie», manifestó la diputada Susana Rivero el martes. (11/04/2019)