Raúl García Linera develó que el grupo de “mercenarios” abatido en el hotel Las Américas, en Santa Cruz, el 16 de abril de 2009, planificaba un operativo separatista con 8.000 muertos y más de 30.000 heridos.

En 2009, se llevó adelante un operativo policial en dicho hotel, que terminó con tres extranjeros abatidos, entre ellos Eduardo Rózsa, identificado como el líder de esa “célula irregular”. Junto a él cayeron Michael Dwyer (irlandés) y Magyarosi Árpád (húngaro).

Tras la intervención, salieron con vida Mario Tadic (boliviano) y Elôt Tóásó (húngaro), quienes se sometieron a un juicio abreviado y admitieron su culpa por los delitos.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, García indicó que, según el informe de la investigación de la Comisión Especial Multipartidaria de la Cámara de Diputados, el grupo de Rózsa solicitó ametralladoras 7,62; ametralladoras 50, morteros 60, morteros 82, cañones sin retroceso, lanzadores, granadas RPG-7, granadas 40 mm, lanzagases y otras municiones de guerra.

Todo ello —según García— con el fin de generar una guerra civil en el país para consolidar la “independencia de Santa Cruz” y la separación de ese departamento con el resto de Bolivia, Además, forzar una intervención extranjera.

“No era un juego, no era una represión. Era una guerra”, dijo.

Recordó las declaraciones de Carlos Subirana, quien, en una entrevista, acusó a las familias Matkovic, Foianini y otras de la elite cruceña de planificar una guerra civil.

“¿Quieren que empiece cuando sacaron el arsenal de armas en Cotas? ¿Quieren que empiece cuando tenían programada una guerra civil? (…). Esteban Foianini, dueño de la clínica Foianini, tenía previstos siete centros hospitalarios para 30.000 heridos. Había que pedir 8.000 bolsas de cadáveres”, afirmó el abogado.

García recordó que se calcularon bolsas de cadáveres que iban a ser producto de su planificada guerra civil. “Subirana habla de un doctor Foianini que tiene que comprar 8.000 bolsas de cadáveres, eso a mí me espanta”, admitió.

Afirmó que los bolivianos “no tenemos idea” de una guerra con esa cantidad de muertos y heridos en tres o cuatro meses (tiempo previsto según lo planificado). “Solo lo puede calcular con la Guerra del Chaco”.

“No tenemos idea, pero esa era la voluntad dispuesta para hacer una acción separatista era de esta dimensión”, insistió.

En su criterio, en 2009 hubo un intento de separatismo, “latente en un esquema de la dirección política” de Santa Cruz. Explicó que el entonces gobernador Rubén Costas lo confirmó cuando dijo en un cabildo: “Si los indios quieren un presidente indio, que lo tengan; nosotros queremos nuestro propio presidente”. 

“Esa afirmación resume la voluntad y una tendencia separatista”, añadió García.

Contó que Rózsa llegó a Bolivia con un grupo de “mercenarios” para lograr una intervención de la Organización de Naciones Unidas para que permitan la separación de Santa Cruz, pero, para ello, había que provocar una guerra civil.

“¿A quién se le ocurre que el separatismo es un tema secundario? Es mucho más que un delito penal”, reclamó.

La Razón recordó este martes en su edición impresa que Rósza apostaba por conformar “urgentemente” un “núcleo”. Será “dentro de la nada el núcleo de lo que en el futuro convertirá en milicia, cuya tarea principal será la autodefensa” y señalar la “fuerza”. No obstante, Rózsa aclaró: “Pues no se trata de que los chicos vayan marchando en las calles con banderas y barras de bambú, sino que hacen falta armas”.

El extranjero declaró todo ello en una entrevista con el periodista András Kepes, en 2008.

Por ello, García denunció que, en este caso, el intento de separatismo pasaba por un esquema genocida. El grupo planteó zonas de aislamiento, cordones sanitarios (guetos al estilo de la Alemania Nazi) y una estructura para condicionar una intervención extranjera luego de una guerra civil.

Los mercenarios contaban con mapas en sus computadores de cómo iban a ser distribuidas las zonas de aislamiento para las personas. “Son lugares donde aíslas a la gente, donde pueden ser eliminados”.

“Era la documentación que se encontró en la computadora de los abatidos”, dijo.

Contó que buscaban ejecutar el plan bajo el separatismo y el lema de “el colla es tu enemigo, el indio es tu enemigo”.

“Ellos decían: ‘generamos un combate, resistimos y la indiada bajando de la parte alta y logramos que intervenga Naciones Unidas y logramos la independencia’, lo dice Rósza cuando lo entrevistan en el extranjero”, dijo.

Luego del operativo policial, autorizado por el entonces presidente Evo Morales y su gobierno, se abrió una investigación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por tortura y ejecuciones extrajudiciales contra el grupo de extranjeros.

En 2022, la CIDH concluyó que en el operativo en el hotel Las Américas se produjeron ejecuciones extrajudiciales y torturas. El organismo instó al Estado boliviano a investigar a la administración de Morales por las muertes en el operativo para evitar un juicio internacional.

El informe identificó a más de una decena de personas, incluyendo a Evo Morales y a Álvaro García Linera, que deberían ser investigadas por las “graves violaciones” a los derechos humanos en el caso de «terrorismo».

Al respecto, Raúl García admitió que la intervención fue un acto estatal altamente riesgoso, pero aseguró que la situación en el hotel no era nada tranquila. “Yo me pongo en sus zapatos (de la Policía)”.

Dijo que nadie hubiera deseado que haya muertos en el operativo, pero cuestionó: ¿cómo tocas las puertas de una persona que duerme armada?

“Si ellos hubieran entrado disparando, todo hubieran muerto, no hubiera habido ningún sobreviviente como hubo”, añadió.

Asimismo, descartó la figura de tortura en el operativo, debido a que en todo momento estuvo presente la prensa. Desde que los extranjeros salieron del hotel hasta que llegaron a La Paz. Indicó que el único lugar donde estaban sin cámaras fue en el vuelo.

“Tortura es estar cinco o 17 días desparecido, no cuatro horas. Suena ridículo”, cuestionó. 

Proceso

García lamentó que en 11 años no se haya establecido una sentencia para los acusados sobrevivientes y que ni siquiera se haya avanzado en el proceso. “Es tan abundante la prueba que uno no entiende como es que no hubo sentencia”.

Reclamó que a Arturo Murillo (ministro de Gobierno durante el gobierno de Jeanine Áñez) se le puede entender que haya desistido en el caso Terrorismo, pero no al fiscal general, Juan Lanchipa.

En 2020, Murillo cerró el caso Terrorismo I y II sobre de la irrupción Rózsa en el país. Lo hizo al desistir del proceso como institución estatal del Ministerio de Gobierno, que en el gobierno de Morales era la parte acusadora.

“Como se dio el lujo Murillo de desistir de la acusación. No puedes esperar mucho de él, pero el fiscal no pudo desistir de la acusación”, reclamó García.

Explicó que más allá de que el Ministerio de Gobierno haya retirado la denuncia, la Fiscalía debió seguir la investigación de oficio. “De 2009 a 2020, son 11 años de juicios donde nunca prosperó el proceso”.

“Hubo un manejo perverso de la justicia”, insistió.

Apuntó a los fiscales, encargados del caso, de trabar e imposibilitar el avance del caso, cuando se tenían casi todos los elementos. “En un año o dos tenía que haber una sentencia y no hubo, ni quiera en primer grado”.

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El presidente Luis Arce anunció este martes ante la Cumbre de la Celac que Bolivia se adhiere a la demanda planteada por el gobierno de México contra Ecuador por el asalto a su embajada en Quito y que derivó en la captura del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.

“Como país, no solo nos solidarizamos con el pueblo mexicano; vamos a acompañar en los estrados judiciales internacionales esta demanda que nos parece correcta para sentar un precedente para que esto no vuelva a repetirse nunca más”, sostuvo el mandatario en el foro de la Comunidad de Estadols Latinoamericanos y del Caribe (Celac).

Dijo que el país respalda la visión mexicana de hacer respetar la defensa del derecho al asilo que abrió las puertas a muchos latinoamericanos. “Quiero expresar nuestra total solidaridad con el pueblo de México y su presidente (Andrés Manuel López Obrador) y nuestra hermana Alicia Bárcena en defensa del derecho de asilo que nos abrió las puertas a nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos, entre ellos yo mismo”, acotó.

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Juicio contra Ecuador

A primera hora, López Obrador pidió a sus pares de la Celac suscribir la denuncia que su país presentó contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), por el asalto de la Embajada mexicana en Quito,

«Queremos también proponerles, si lo consideran viable, factible, que nos acompañen suscribiendo la denuncia en el Tribunal de Justicia Internacional», dijo López Obrador en la reunión extraordinaria convocada por el organismo para tratar esa irrupción.

La reunión extraordinaria se llevó a cabo de manera virtual y fue convocada por la presidenta protempore del organismo regional y de Honduras, Xiomara Castro, para abordar solo ese tema. Que ocasionó la ruptura de relaciones diplomáticas de México con Ecuador y la denuncia mexicana ante la CIJ.

El mandatario mexicano explicó que con esa demanda busca que el país andino sea suspendido de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hasta tanto se pronuncie por la no repetición de este hecho

Además, para que se establezca un procedimiento para que, si otro Estado actúa de manera similar. Violentando alguna sede diplomática, la corte presente a la Asamblea General de Naciones Unidas una resolución de expulsión.

El 6 de abril, un grupo de seguridad de élite de Ecuador irrumpió en la Embajada de México en Quito para detener a Glas. Sentenciado por casos de corrupción y entonces asilado en esa legación.

El operativo fue ordenado por el presidente Daniel Noboa, quien, luego, justificó la acción señalando que México incumplió el espíritu del asilo.

Días después, el 13 de abril, un tribunal ecuatoriano declaró ilegal la violenta detención de Glas en la Embajada de México.

(16/04/2024)

La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, lamentó que ahora los padres les quitan la vida a sus hijos “a modo de castigar” a las madres con el dolor por perder a sus seres más queridos. “Uno de estos móviles es la violencia vicaria”.

La violencia vicaria es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos y, especialmente, de sus hijas e hijos. El padre ejerce una violencia extrema contra sus hijos y utiliza recursos de particular crueldad.

El asesinato de las hijas o hijos es la parte más visible de esta forma de violencia extrema que destruye a las mujeres.

En entrevista con La Razón Radio, Cruz explicó que los agresores ya no recurren a los feminicidios, sino que ahora optan por cometer infanticidio “como una forma de castigar a la madre sobreviviente”.

“Es una corriente que la hemos notado en esta gestión, pero que está viniendo de otras olas. En España se ha identificado y en otra parte de la región y ahora en Bolivia”, comentó la viceministra.

Confirmó que hubo una reducción de casos de feminicidios, pero los infanticidios han ascendido. “Hemos evidenciado que sí corresponde a la violencia vicaria”.

Puso como ejemplo el caso del infanticidio ocurrido el 5 de marzo en la zona de Villa Satélite, en El Alto. Un hombre, sentenciado luego a 30 años de prisión, mató a cuchilladas a sus dos hijos en medio de un conflicto marital.

Cruz lamentó que existe un “ascenso preocupante” de infanticidios que, hasta la fecha, la cifra ala cazó 14 casos en los primeros cuatro meses de gestión. “Hay un ascenso preocupante principalmente entre 2023 y 2024”, dijo.

Informó que no solo las cifras de infanticidio son alarmantes, sino también los casos de abuso sexual y violación contra niños y adolescentes. Hasta el momento, se han reportado más de 800 casos en el país.

Cruz aseguró que se necesita endurecer las penas, generar protocolos de prevención e investigar con perspectiva de género, además de realizar proyectos específicos para la niñez.

“Es urgente fortalecer el sistema de protección en el ámbito municipal y educativo”, exhortó la viceministra.

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La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, develó que la Asamblea Legislativa decidió fusionar tres proyectos de ley sobre la imprescriptibilidad de delitos sexuales contra infantes, niños, niñas y adolescentes.

Se trata de una “buena combinación”, dijo a La Razón Radio la funcionaria respecto de la unificación de los proyectos presentados por el presidente Luis Arce, la Cámara de Senadores y la ministra de la Presidencia, María Nela Prada. 

La viceministra destacó el trabajo, de la semana pasada, y dijo que el objetivo es garantizar el acceso a la justicia a víctimas de los delitos de infanticidio y violencia sexual.

Cruz afirmó que del debate y fusión del documento participaron las las tres principales fuerzas políticas: Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.

El primer proyecto fue presentado por Prada, en mayo de 2023, luego de revelarse el diario del fallecido jesuita Alfonso Pedrajas (+), en el que confiesa que violó a 85 menores.

Se trataba de la Ley de Lucha Contra la Impunidad en Delitos Sexuales Contra Infantes, Niñas, Niños y Adolescentes. El proyecto fue rechazado por la Cámara de Diputados debido a una pugna política entre las bancadas.

El segundo proyecto fue presentado por Arce en marzo reciente. El documento declara la imprescriptibilidad de los delitos contra menores de edad en los casos de infanticidio, violencia y abuso sexual, con el fin de “reforzar” los castigos en contra de los agresores.

El tercer proyecto, que se adjuntó al documento final, fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores, también está relacionado con los delitos de violencia sexual e imprescriptibilidad.

“La Comisión de Derechos Humanos ha tomado una decisión de fusionar los proyectos para aminorar el trámite de observaciones en las cámaras de Diputados y Senadores”, informó Cruz.

Explicó que en la ley se mantiene la imprescriptibilidad de la acción y de la pena de infanticidio y violencia sexual. “Se ha establecido el derecho a la verdad en el ámbito judicial para que los casos que hayan prescrito, puedan ir al sistema judicial”.

El derecho a la verdad está orientado a los graves delitos y graves afectaciones contra menores. Si bien no se podrá generar sanciones penales contra los agresores, se podrá abrir una investigación de casos prescritos.

“Se puede investigar y hacer establecimiento de los hechos. En materia de derechos humanos puede constituirse una medida de reparación para esclarecer los hechos”, añadió.

También, la ley comprende la obligatoriedad de asistencia integral a las víctimas, desde la atención psicológica, psiquiátrica, legal y médica. Además, se generó un fortalecimiento a los siete más de información para que las víctimas puedan seguir sus casos.

Cruz destacó que es un proyecto fusionado, consolidado y cuenta con el apoyo de las fuerzas políticas. Espera que puede ser aprobado sin mayores problemas.

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El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que la construcción dentro de la cárcel de San Pedro estará destinada a aulas educativas, celdas, talleres, espacios comunes y, además, a paliar el hacinamiento en el centro penitenciario.

En los últimos días, llamó la atención de los vecinos el levantamiento de una edificación en el penal, que ya sobrepasó la altura del muro perimetral. Limpias aseguró que la nueva infraestructura servirá para generar distintos espacios para los presos.

“Está ubicada en la sección Guanay, una de las nueve secciones que tenemos en la cárcel”, dijo en entrevista con La Razón Radio.

Limpias prevé que la construcción concluya en un mes a dos, debido a que no existe recursos suficientes y la obra depende de las donaciones de material. “En un mes a dos, irán acabando porque no hay muchos recursos”.

El funcionario explicó que ya había hacinamiento em cuando contaban con 2.700 privados de libertad, en 2022. Este 2024, existen más 4.000, por lo que, el problema resultó insostenible.

“Nos daba para edificar algo que pueda resolver el tema del hacinamiento”, justificó. 

Aseguró además que la construcción tiene autorización, aprobación arquitectónica y garantizó que no se vulnerará la seguridad del centro penitenciario.

Según explicó, la construcción tendrá tres niveles y el último piso estará destinado a la seguridad, mientras que en los otros se construirán aulas para quienes desean continuar con sus estudios a nivel licenciatura. “Hay universidades como la UMSA y la UPEA que quieren trabajar, pero nos piden espacios”.

“Tenemos una demanda los privados que salen bachiller y algunos quieren continuar con la educación y seguir formándose”, añadió.

También se instalarán talleres para que los reclusos puedan fabricar sus miniaturas para la feria de la Alasita. Indicó que Régimen Penitenciario continúa trabajando con centros productivos e ir más allá de producción de miniaturas.

Informó que en enero de 2022 se registraron 18.000 privados de libertad, mientras que, a abril de 2024, existen 30.138 presos en todo el país. “Para nosotros es importante resolver este problema de crecimiento de población penitenciaria”, afirmó Limpias.

La cárcel de San Pedro fue abierta en 1895 con una capacidad para 300 privados de libertad, luego se amplió para 600. Y, actualmente, se ha convertido en una pequeña ciudadela que alberga a más de 4.000 reos.

Asimismo, Limpias anunció que el Régimen Penitenciario está trabajando en la ampliación de diferentes centros penitenciarios. “Hemos edificado los últimos años, varios espacios comunes”.

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