Mediante resolución ministerial aprobada este miércoles, el titular de Gobierno, Carlos Romero, dispuso la reestructuración plena de todas las unidades policiales dependientes del Comando Departamental de Santa Cruz y la baja del exjefe de la FELCC de esa región, coronel Gonzalo Medina Sánchez, y del exjefe de Propiedades, capitán Fernando Moreira Morón.
El anuncio lo hizo el mismo ministro durante una conferencia de prensa en Santa Cruz de la Sierra, donde dio lectura a la resolución, en la que además ordena la ampliación de la investigación administrativa y penal por el caso de los vínculos policiales con el buscado por narcotráfico Pedro Montenegro Paz contra tres policías y los directores nacionales de Interpol y directores departamentales de Interpol-Santa Cruz entre los años 2014 y 2018.
Ese periodo tiene que ver con el tiempo en que Montenegro circuló en territorio nacional no obstante a que pesaba en su contra, inicialmente una alerta roja de la Policía Internacional (Interpol) y posteriormente una orden de aprehensión con fines de extradición a Brasil emitida por la Corte Suprema de Justicia.
Los policías sobre quienes se amplía la investigación administrativa y penal en este caso son el coronel Erick Olguín Doynel, el teniente Wilder Romero López y la sargento segundo Faty Jhanet Arispe Chauca.
Romero explicó que la reestructuración de la Policía en Santa Cruz se realizará con el criterio de una rotación con permanencia no mayor a cuatro años como destino en esa capital, por lo que el Comando Nacional deberá elaborar una nueva orden de destinos para reubicar a todo el personal que esté trabajando un tiempo igual o mayor a cuatro años en ese departamento.
Pero además anunció otras medidas para combatir la corrupción en esa institución, venida a menos justamente por el caso de Medina y Moreira, quienes mantuvieron una relación cercana a Montenegro, según se constata en una serie de fotografías reveladas durante la investigación.
Espere
Dijo que se decidió incluir en el file personal de todos los policías una declaración jurada de vínculos familiares y de afinidad hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que estará a cargo de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana.
Además, dispuso la obligatoriedad de la prueba del polígrafo para los jefes de todas las unidades policiales y de manera aleatoria para todos los policías de la misma unidad.
En la resolución también se homologan las decisiones adoptadas durante la mañana en una reunión de emergencia del Alto Mando Policial, donde entre otras cosas se dispuso el reemplazo de los 150 policías que forman parte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en ese departamento y una auditoría del trabajo de Interpol –Bolivia. (24/04/2019)