La Dirección General de Migración de Bolivia negó este lunes las versiones que circulan que el Gobierno esté entregando pasaportes bolivianos a ciudadanos iraníes. Señaló que se cuenta con estrictos procedimientos y altas medidas de seguridad para emitir estos documentos.

“Ante versiones que están circulando de que hubiese ‘ciudadanos iraníes con pasaporte boliviano’: Negamos la acusación de que se estaría otorgando pasaportes bolivianos a ciudadanos iraníes. Bolivia, desde la Dirección General de Migración, cuenta con estrictos procedimientos y altas medidas de seguridad para la otorgación y control en la emisión de los pasaportes corrientes”, señala un comunicado de Migración.

Según el diario La Nación, el domingo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se reunió con representantes de la Policía Federal, Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), más el secretario de Seguridad porteño, Waldo Wolff, y representantes de la DAIA.

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En ese cónclave, y en base a un informe de la dirección de Inteligencia Criminal de su ministerio, Bullrich adelantó el refuerzo en las fronteras; además, que se redoblarían los controles sobre pasaportes y documentos, sobre todo los provenientes de Bolivia, que tiene un acuerdo de cooperación reciente con Irán.

“Nosotros tenemos células de Hezbollah en la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay). Pero es en la frontera de Bolivia, donde nosotros vemos el máximo nivel de alerta, y seguridad del país, porque ha habido un memorándum firmado por Bolivia e Irán. Ese pacto permitió la presencia de miembros iraníes de las fuerzas Quds, que son fuerzas combatientes e integran las ramas armadas de Irán, en el territorio. Estamos investigando si hay personas que no hablan español y que tienen pasaporte boliviano”, aseguró Bullrich, según el diario La Nación.

La Dirección Nacional de Migración también recalcó que entres las gestiones 2023 y 2024 se emitieron cerca de 210.000 pasaportes a ciudadanos bolivianos que cumplieron los requisitos para la “otorgación” de dicho documento de viaje, “sin haberse otorgado ninguno a ciudadanos de otra nacionalidad”.

Ante la invitación de la Asamblea Legislativa a representantes de Naciones Unidas, la Unión Europea (UE) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que participen como veedores en el proceso de preselección con miras a las judiciales, el ministro de Justicia, Iván Lima, informó este lunes que solo la CIDH anunció su cooperación técnica.

“Las tres instituciones han informado a nuestro Vicepresidente (David Choquehuanca) su amplia disposición de trabajo con el país. Han señalado también, en el caso de la Unión Europea y Naciones Unidas, que no cuentan con mecanismos para el acompañamiento a nivel de Asamblea. Ellos tienen misiones electorales para el día de la elección y para todo lo que tiene que ver con el día de la votación de las personas, no así con el mecanismo boliviano que, como saben, es único en el mundo”, dijo la autoridad gubernamental.

Añadió que no hay otros países con la posibilidad de elegir en el Legislativo y luego llevar a voto popular a los magistrados judiciales, y “esta situación ha hecho que se excusen de presentarse en esta etapa, tanto la Unión Europea como el Sistema de Naciones Unidas. No así la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hoy ha publicado un comunicado para nuestro país, señalando la disposición del comisionado para Bolivia de visitarnos en los próximos días, (a partir) del 5 de mayo, para poder presentar el informe país”.

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La CIDH también indicó que el proceso de cooperación incluirá la elaboración y el envío de un documento de sistematización de los estándares interamericanos relevantes para el sector justicia, así como una nota técnica sobre los criterios de méritos para la valoración de candidaturas que posteriormente será objeto de diálogo con el relator de país, el comisionado José Luis Caballero.

A través de un comunicado, el vicepresidente Choquehuanca, como presidente nato de la Asamblea, señaló que se cursó invitaciones a los tres organismos internacionales para que participen en calidad de veedores en todas las etapas del proceso de preselección para la conformación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Agroambiental, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Consejo de la Magistratura.

“Estas invitaciones han sido atendidas por la ONU y la UE, quienes expresan su deferencia por la invitación y el respaldo de estos para que se desarrolle el proceso de forma objetiva y transparente. Sin embargo, aclararon que no están en condiciones de poder acompañar el proceso en la fase de preselección, pero reiteran su compromiso hacia Bolivia, de continuar con el fortalecimiento de los derechos humanos en el país, incluyendo especial atención a las elecciones judiciales”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció este lunes la cooperación técnica con la Asamblea Legislativa respecto al procedimiento de preselección de candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional y demás instancias del Órgano Judicial.

Además, el organismo señaló la visita del comisionado José Luis Caballero con el objetivo de presentar el informe país, producto de la visita in loco realizada en 2023 y publicado en 2024 “enfocándose en las recomendaciones sobre el sistema de justicia de dicho informe”.

“El proceso de cooperación incluye la elaboración y envío de un documento de sistematización de los estándares interamericanos relevantes al sector justicia, así como una nota técnica sobre los criterios de méritos para la valoración de candidaturas que posteriormente será objeto de diálogo con el Relator de País, comisionado José Luis Caballero. Para tales efectos, se reunirá con representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional y con autoridades del Poder Judicial”, señala el comunicado de prensa de la CIDH.

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El documento añade que, en el informe país, la CIDH indicó que “los procesos de selección de las personas que forman el Poder Judicial deben tener cualidades tales como la publicidad, participación, y transparencia, que contribuyen a fortalecer la certeza sobre la integridad, formación e idoneidad de las y los operadores designados y a brindar confianza a la ciudadanía sobre la objetividad del proceso”.

También el organismo llamó al Estado a “asegurar” que el nombramiento y selección, incluyendo la preselección, “no sean percibidos por la ciudadanía como decididos con base en razones de carácter político, pues esto afectaría la convicción de independencia dentro de la ciudadanía”.

“La cooperación técnica que se inicia quiere contribuir a la incorporación de las recomendaciones generadas por las CIDH en el informe país”.

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz decidió conformar una comisión especializada que investigará posibles violaciones a los derechos humanos y a la vida durante el operativo policial del hotel Las Américas del 16 de abril de 2009.

El anuncio lo hizo este lunes en Santa Cruz la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, Elizabeth Viveros, quien dio lectura al comunicado. El objetivo es “proseguir y continuar con todos los actos útiles y pertinentes que permitan el esclarecimiento de estos hechos y la imposición de las sanciones que correspondan”, justificó.

Se trata de la Comisión de Fiscales Especializados de la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal.

Proceso

La intervención policial al hotel Las Américas, en Santa Cruz. ocurrió el 16 de abril de 2009. El argumento era que una banda terrorista organizaba un plan secesionista que tenía como objetivo el asesinato de los entonces presidente Evo Morales y vicepresidente Álvaro García Linera.

La banda se encontraba armada, por lo que el operativo desembocó en un tiroteo. Tres hombres perdieron la vida: el croata-húngaro-boliviano Eduardo Rózsa, el rumano Magyarosi Arpád y el irlandés Dwayer Michael. Dos resultaron detenidos: Mario Tadic, croata-boliviano, y Elöd Tóásó, de nacionalidad húngara.

En 2015, estos dos últimos fueron condenados a cinco años de prisión en un juicio abreviado por el delito de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, en grado de complicidad.

Ambos, ahora en libertad, anunciaron la reapertura del juicio, esta vez contra quienes ordenaron la intervención. En su criterio, terminó con torturas y ejecuciones extrajudiciales.

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Investigación

El comunicado al que dio lectura Viveros aclara que no se trata de un nuevo caso, sino de la continuación de un proceso anterior. En 2020 el Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret) denunció el caso, pero ese mismo año se rechazó la denuncia. Sin embargo, la Resolución Fiscal Jerárquica RR.MM OR-054/23, del 8 de marzo de 2023, revocó la resolución del rechazo.

“En tal sentido, la investigación se encuentra en curso”, aclara el comunicado. 

Reacciones

Luego de conocerse la reapertura del caso, y debido a que se cumplen 15 años del suceso, las reacciones de los actores políticos no se dejaron esperar.

En las fuerzas opositoras se observa un pedido generalizado de llevar a la cárcel a Morales.

“Se debe alistar una cárcel para Evo (Morales). Debe ser citado y procesado por caso terrorismo”, exigió en conferencia de prensa Henry Montero, diputado de Creemos.

“Exigimos que de manera inmediata se sancione a estos delincuentes (…), sabemos que Evo Morales es un cobarde, tiene miedo, busca hacerse el parador cuando no tiene ningún poder”, criticó Luisa Nayar, diputada de Comunidad Ciudadana (CC).

El expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) denunció que el operativo del hotel Las Américas “manchó la democracia y la imagen internacional de Bolivia”. De acuerdo a la información de Quiroga, uno de los fallecidos recibió un disparo cuando se encontraba de rodillas en el suelo.

En el ala evista, el diputado Freddy López argumentó que quien ordenó el operativo fue el entonces vicepresidente García Linera. El abogado Wilfredo Chávez evadió las preguntas en conferencia de prensa y aseguró que en otra oportunidad hablará del asunto.

Si bien es cierto que Morales no estaba en el país cuando el operativo se llevó a cabo, a su llegada a Venezuela afirmó que él dio la orden.

Desafío

El domingo, el expresidente desafió a ser procesado. “Que me citen, no me voy a presentar; que me metan a la cárcel”, porfió en radio Kawsachun Coca.

El 23 de septiembre de 2020, el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció el cierre del caso Terrorismo, en razón de que su despacho, que en la gestión de Morales se convirtió en parte acusadora, desistió de la acusación.

Ahora vuelve el caso a instancias de quienes en su momento eran acusados, Tadic y Tóásó, y ahora serán los acusadores.

“El Ministerio Público reafirma una vez más su compromiso constante de lucha contra toda forma de impunidad, más aún en los hechos vinculados a graves violaciones de derechos humanos”, insiste el comunicado leído por Viveros.

En 2009, el Ministerio Público abrió una investigación por el delito de terrorismo. Importantes figuras del escenario político y económico cruceño habían sido vinculadas con la banda terrorista.

El expresidente Evo Morales insistió en que lo metan preso por el caso hotel Las Américas. Pero afirmó que en aquella ocasión se defendió a la patria, ya que, considera, había una amenaza separatista. Ahora en su criterio, el separatismo retorna de forma encubierta y acompañado del latifundismo.

“Si quieren meterme a la cárcel por defender la unidad nuestra Patria ante la amenaza separatista, financiada por la oligarquía terrateniente, que lo hagan”, afirmó en su cuenta de X, como lo dijo el domingo en radio Kawsachun Coca.

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Hotel Las Américas

El 16 de abril de 2009, la Policía Boliviana intervino el hotel Las Américas, en Santa Cruz, bajo el justificativo de que en el lugar se encontraba una ‘célula terrorista’ que tenía objetivos separatistas. Además, Morales denunciaría que buscaban asesinarlo a él y a su vicepresidente, Álvaro García Linera.

Debido a que los presentes estaban armados, se inició un tiroteo con la Policía. Finalmente, el operativo terminó con el saldo de tres fallecidos y dos detenidos. Fueron abatidos el croata-húngaro-boliviano, Eduardo Rózsa, quien estaba a cargo de la ‘banda’; el rumano Magyarosi Arpak y el irlandés Dwayer Michael Martin.

Los dos detenidos fueron el boliviano-croata Mario Tadic y Elöd Tóásó, de nacionalidad húngara. En febrero de 2015, se los condenó a cinco años de prisión en un juicio abreviado por el delito de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, en grado de complicidad.

De acusados a acusadores

Precisamente, Tadic y Tóásó anunciaron la apertura de un nuevo juicio, esta vez contra quienes ordenaron la intervención, que, en su criterio, terminó con torturas y ejecuciones extrajudiciales. Pasaron de ser acusados a acusadores.

“Ahora, los agresores a nuestra integridad territorial, los que querían dividir Bolivia, pretenden aparecer como víctimas; y, además, son ‘premiados’ con decenas de miles de hectáreas. El pueblo boliviano no luchó tanto para que se encubra el separatismo y se retorne al latifundio”, denunció Morales.

Marinkovic

El lunes se hizo pública una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a favor de la familia de Branko Marinkovic, ministro de Economía del gobierno transitorio de Jeanine Añez (2019-2020).

Con ese fallo, se le reconoce de manera legal la posesión de poco más de 34.000 hectáreas a la familia Marinkovic, en los predios de Laguna Corazón y de Tierras Bajas del Norte (Santa Cruz).

Marinkovic fue investigado cuando se abrió el caso por terrorismo. Junto a Ruben Costas, exgobernador de Santa Cruz, fueron vinculados con la ‘banda terrorista’ como principales proveedores y financiadores.

Sin embargo, el 20 de septiembre, durante el gobierno de Añez, la Fiscalía cerró el caso. Se había vinculado a importantes figuras del escenario político y económico cruceño.

Morales, además, recordó el domingo que él no estaba en el país cuando el operativo se llevó a cabo, sino que García Linera fungía como presidente en ejercicio. Sin embargo, a su llegada a Venezuela, afirmó que él dio la orden para ejecutar la intervención del hotel.