Nacional

domingo 25 jul 2021 | Actualizado a 01:53

Montenegro enfrenta tres procesos; su extradición queda en el limbo

En Sucre, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, indicó que aún no existe una formalización de extradición contra Montenegro

Montenegro ingresa a los juzgados de Santa Cruz para declarar por los casos en su contra. Foto: APG

/ 14 de mayo de 2019 / 09:12

Luego de que el narcotraficante Pedro Montenegro se entregara a la Policía, su extradición a Brasil está en el limbo; el acusado, que logró influencia en jefes regionales de la Policía, enfrenta al menos tres procesos ante la Justicia boliviana y por eso ayer fue remitido a Palmasola.

“En el 2015, Bolivia recibió una solicitud de detención preventiva con fines de extradición, sin embargo, a la fecha el país no recibió ningún comunicado oficial de Brasil solicitando la extradición de este ciudadano (Pedro Montenegro)”, afirmó ayer el ministro de Relaciones Exteriores, Diego Pary.

El canciller explicó que este caso se está tratando ahora en el marco de la Justicia boliviana en la que el Ministerio Público y las instituciones competentes desarrollan las investigaciones y trámites correspondientes.

La detención de Pedro Montenegro fue requerida por autoridades brasileñas, debido a que el sospechoso apareció como responsable de enviar 120 kilos de cocaína a Sao Paulo. El alijo fue descubierto durante un operativo ejecutado en el vecino país.

En Sucre, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, indicó que aún no existe una formalización de extradición contra Montenegro. “El procedimiento es indistinto, pues para la extradición se solicita la detención preventiva (…) y eso el Tribunal lo resolvió en 2015, y cuando está ya detenido el requerimiento de extradición se debe formalizar, pero eso no hay todavía”.

El Artículo 18 del Acuerdo sobre extradición entre los países del Mercosur con Bolivia y Chile indica: “La  solicitud de extradición será transmitida por vía diplomática.

Su diligenciamiento será regulado por la legislación del Estado Parte requerido”, en este caso, la normativa vigente en Bolivia. 

El fiscal departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero, informó ayer a La Razón que Montenegro tiene tres procesos penales en su contra. “Como Bolivia, hemos iniciado procesos en contra de Montenegro por legitimación de ganancias ilícitas; falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado (por usar doble identidad); y también por tráfico de sustancias controladas”, señaló.

Ayer, la jueza Marialena Salazar dispuso en Santa Cruz la detención preventiva de Montenegro en el penal de Palmasola por falsedad material.

Hasta esa misma cárcel pública serán trasladados, en las próximas horas, el excoronel Gonzalo Medina y el excapitán Fernando Moreira. Ambos expolicías fueron parte de la organización que permitió el envío de droga a Bahamas, México y Panamá, según los resultados preliminares de una investigación de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN). 

Este reporte deja evidencia de que Montenegro logró coludirse con efectivos de al menos cinco unidades policiales de Santa Cruz. También recibía ayuda con información clave para que sus “operaciones” no sean descubiertas y él no sea finalmente capturado.

El caso estalló a finales de marzo, cuando se filtró un audio sobre las investigaciones y fotografías de policías con Montenegro en Cartagena.

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El secretario del GIEI ratifica que su informe incluirá un plan de investigación y de reparación

El secretario ejecutivo del GIEI-Bolivia, Jaime Vidal, informó en Twitter que, tal como establece el acuerdo, “el GIEI brindará al Gobierno de Bolivia un plazo mínimo de 10 días para comentarios antes de la publicación de los informes parciales y finales de su trabajo”.

Operativo militar-policial en Sacaba, Cochabamba, el 15 de noviembre de 2019.

/ 24 de julio de 2021 / 12:08

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregó al gobierno de Luis Arce, el viernes, el “borrador” de su informe sobre la crisis y la violencia entre septiembre y diciembre de 2019 en Bolivia, y ratificó que incluirá un plan de investigación y otro de reparación para las víctimas.

Fuentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmaron a La Razón que el documento fue entregado a la misión de Bolivia en la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, al mando del embajador Héctor Arce. Ahora, el Gobierno tiene 10 días para revisarlo.

El secretario ejecutivo del GIEI-Bolivia, Jaime Vidal, informó este sábado en Twitter que: “El #GIEIBolivia entregó ayer, 23 de julio, su informe final al Estado Plurinacional de Bolivia. Según el Acuerdo firmado entre la @CIDH y el Estado, el informe del GIEI debe investigar los hechos de violencia y vulneración a derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. El GIEI debe incluir un plan de investigación y un plan de reparación integral a las víctimas”.

“Ya entregado el informe al Estado, el Protocolo de Actuación anexo al Acuerdo señala que: ‘El GIEI brindará al Gobierno de Bolivia un plazo mínimo de 10 días para comentarios antes de la publicación de los informes parciales y finales de su trabajo’”, complementó. “Transcurrido ese periodo, el GIEI hará público su informe final, dando a conocer al conjunto de la sociedad boliviana sus hallazgos sobre los hechos ocurridos en 2019”.

El ministro de Justicia, Iván Lima, adelantó el viernes que el contenido del documento será público recién en agosto. “A partir de la entrega, el Gobierno de Bolivia tiene 10 días hábiles para revisarlo. Esa revisión no implica que se pueda hacer algún cambio, es simplemente tomar conocimiento y poder precisar si hay alguna información o alguna precisión que tengamos que hacer como gobierno”.

Según Lima, en esos 10 días el gobierno comunicará a la CIDH su postura acerca del informe y “ellos podrían aceptar o negar las precisiones que realicemos y una vez que nos contesten recién tendríamos un documento oficial a publicar, estimo que eso pasaría alrededor del 5 de agosto”.

Consultado sobre si el informe será vinculante o no, Lima respondió que “en algunas partes” es vinculante y en otras tiene carácter de recomendación. “Por ejemplo, es vinculante la reparación integral del daño a las víctimas, es algo que nosotros hemos aceptado que tengamos que hacer una reparación a las víctimas y hay otros aspectos que van a ser a título de reparación, entenderán que una reparación no es una sentencia, por eso cuando hay una sentencia, opinión consultiva, un instrumento jurídico de otra naturaleza puede hablarse de vinculatoriedad, pero si hay una recomendación ésta es sujeta a evaluación por el Estado y aplicación en los tiempos que vea necesario el Estado cumplir”.

El GIEI comenzó su trabajo en noviembre del año pasado, consistente en la investigación de los hechos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019, entre ellos los conflictos que derivaron en una veintena de muertos y decenas de heridos de bala en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) tras la intervención de policías y militares en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

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El Gobierno ya recibió en Washington el ‘borrador’ del informe del GIEI y ahora tiene 10 días para su revisión

La misión de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), al mando del embajador Héctor Arce, recibió el documento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la crisis y violencia de entre septiembre y diciembre de 2019.

Los miembros del GIEI-Bolivia que investiga los hechos violentos de 2019. Foto: Álvaro Valero

/ 24 de julio de 2021 / 10:03

La misión de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, al mando del embajador Héctor Arce, recibió ya el “borrador” del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y ahora el Gobierno tiene 10 días para revisarlo.

Fuentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que acordó con el Gobierno boliviano la llegada de este equipo a Bolivia para averiguar los conflictos y la violencia de entre septiembre y diciembre de 2019, confirmaron la entrega.

El secretario ejecutivo del GIEI-Bolivia, Jaime Vidal, también informó este sábado sobre la entrega, mediante su cuenta de Twitter: «El #GIEIBolivia entregó ayer, 23 de julio, su informe final al Estado Plurinacional de Bolivia. Según el Acuerdo firmado entre la @CIDH y el Estado, el informe del GIEI debe investigar los hechos de violencia y vulneración a derechos humanos» (sic)

«Ya entregado el informe al Estado, el Protocolo de Actuación anexo al Acuerdo señala que: ‘El GIEI brindará al Gobierno de Bolivia un plazo mínimo de 10 días para comentarios antes de la publicación de los informes parciales y finales de su trabajo'», complementó. «Transcurrido ese periodo, el GIEI hará público su informe final, dando a conocer al conjunto de la sociedad boliviana sus hallazgos sobre los hechos ocurridos en 2019», finalizó.

El ministro de Justicia, Iván Lima, adelantó el viernes que el contenido del documento será público recién en agosto. “A partir de la entrega, el Gobierno de Bolivia tiene 10 días hábiles para revisarlo. Esa revisión no implica que se pueda hacer algún cambio, es simplemente tomar conocimiento y poder precisar si hay alguna información o alguna precisión que tengamos que hacer como gobierno”.

Según Lima, en esos 10 días el gobierno comunicará a la CIDH su postura acerca del informe y “ellos podrían aceptar o negar las precisiones que realicemos y una vez que nos contesten recién tendríamos un documento oficial a publicar, estimo que eso pasaría alrededor del 5 de agosto”.

Consultado sobre si el informe será vinculante o no, Lima respondió que “en algunas partes” es vinculante y en otras tiene carácter de recomendación. “Por ejemplo, es vinculante la reparación integral del daño a las víctimas, es algo que nosotros hemos aceptado que tengamos que hacer una reparación a las víctimas y hay otros aspectos que van a ser a título de reparación, entenderán que una reparación no es una sentencia, por eso cuando hay una sentencia, opinión consultiva, un instrumento jurídico de otra naturaleza puede hablarse de vinculatoriedad, pero si hay una recomendación ésta es sujeta a evaluación por el Estado y aplicación en los tiempos que vea necesario el Estado cumplir”.

El GIEI comenzó su trabajo en noviembre del año pasado, consistente en la investigación de los hechos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019, entre ellos los conflictos que derivaron en una veintena de muertos y decenas de heridos de bala en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) tras la intervención de policías y militares en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

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Relator de la ONU expresa preocupación por cambios en los TED de los vocales designados por el Ejecutivo

"Son preocupantes los actos que vienen afectando la integridad de los tribunales electorales en Bolivia. Esto es grave para el Estado de Derecho", posteó el relator Especial.

El relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados Diego García Saya

/ 23 de julio de 2021 / 22:33

El relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados Diego García Saya expresó su preocupación por la remoción de autoridades electorales y advirtió que la “remoción abrupta” es “grave” para el Estado de Derecho.

“Bolivia: Son preocupantes los actos que vienen afectando la integridad de los tribunales electorales en Bolivia. Esto es grave para el Estado de Derecho. Sigo con atención acciones que podrían socavar la esencial independencia de estos órganos judiciales”, escribió.

El 30 de junio, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, posesionó a ocho nuevos vocales electorales departamentales designados por el presidente Luis Arce. Reemplazaron a los que designó la expresidenta Jeanine Áñez.

Según la normativa legal, el Ejecutivo designa delegados en los TED y en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Dina Chuquimia representa al Ejecutivo en el TSE.

Asimismo, García Sayan consideró: “La remoción abrupta de vocales de tribunales electorales afectan garantías jurídicas y democráticas. Sus integrantes fueron designados a partir de un mandato para renovar las autoridades electorales que había sido establecido por unanimidad en la Asamblea Legislativa el 2020”.

En el Legislativo se eligió a vocales electorales del TSE, quienes permanecen en sus cargos. Se posesionó a Chuquimia en reemplazo de Salvador Romero, quien fue designado por Áñez.

Según García Saya, los principios de inamovilidad, así como de debido proceso son esenciales para proteger las instituciones judiciales.
“Se debe garantizar un clima propicio para que los integrantes de los tribunales electorales desarrollen su labor con las debidas garantías”, siguió.

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Arce participará del acto de posesión del electo presidente peruano Pedro Castillo

El electo presidente Pedro Castillo invitó al mandatario Luis Arce a participar del acto de posesión fijado para el 28 de julio

El presidente Luis Arce en el congreso de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIOB) en Cochabamba

/ 23 de julio de 2021 / 22:06

El presidente Luis Arce confirmó este viernes que asistirá el 28 de julio a la posesión del electo presidente de Perú Pedro Castillo, luego de haberse oficializado la invitación.

“Agradecemos al Presidente electo de #Perú, hermano @PedroCastilloTe, por la invitación para participar en su asunción de mando el 28 de julio en Lima. Será grato acompañarle en esta fecha histórica, en la que el pueblo hermano también celebra el Bicentenario de su independencia”, informó en un mensaje en su cuenta en Twitter.

Arce acompañó su mensaje con la carta enviada y firmada por Castillo.

“La representación del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de su persona, realzará dicho acto y redundará en el estrechamiento de los vínculos entre nuestros pueblos, que han confirmado con su voto democrático y masivo el profundo deseo de cambio en ambos países”, refiere el presidente electo en parte de su misiva.

Castillo ganó en segunda vuelta a la candidata Keiko Fujimori, quien denunció irregularidades en las elecciones.

El expresidente Evo Morales también confirmó que fue invitado a la posesión del electo presidente peruano.

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Por el caso Senkata, la Fiscalía aprehende al exjefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas

El exjefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Pablo Arturo Guerra Camacho fue detenido este viernes en la ciudad de La Paz. Tras ser llevado a su audiencia fiscal, fue aprehendido

El exjefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Pablo Arturo Guerra Camacho. Foto: APG

/ 23 de julio de 2021 / 21:22

El exjefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Pablo Arturo Guerra Camacho fue aprehendido la tarde de este viernes y será llevado a una audiencia de medidas cautelares en la que se definirá si se defiende en libertad o desde la cárcel en el proceso abierto por los hechos de violencia y muerte en Senkata, en noviembre de 2019.

Guerra Camacho se convierte en el cuarto procesado por el caso Senkata, luego del excomandante de la División Mecanizada del Ejército general Franko Suárez Gonzale, del exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) general Luis Fernando Valverde, y del excomandante del Ejército Iván Patricio Inchauste Rioja.

El domicilio del general de División Aérea fue allanado por un grupo de efectivos del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) en cumplimiento a una orden del Ministerio Público. Ahora se encuentra en celdas policiales a la espera de su audiencia cautelar.

Militares y policías intervinieron las protestas en apoyo al renunciante Evo Morales en Senkata, lo que derivó en la muerte de 10 personas y decenas de heridos por impactos de bala. Antes, la expresidenta Jeanine Áñez y su gabinete aprobaron un decreto que eximía de responsabilidad penal a los militares que participen de acciones de restablecimiento del orden.

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