Nacional

viernes 26 nov 2021 | Actualizado a 19:08

Montenegro enfrenta tres procesos; su extradición queda en el limbo

En Sucre, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, indicó que aún no existe una formalización de extradición contra Montenegro

Montenegro ingresa a los juzgados de Santa Cruz para declarar por los casos en su contra. Foto: APG

/ 14 de mayo de 2019 / 09:12

Luego de que el narcotraficante Pedro Montenegro se entregara a la Policía, su extradición a Brasil está en el limbo; el acusado, que logró influencia en jefes regionales de la Policía, enfrenta al menos tres procesos ante la Justicia boliviana y por eso ayer fue remitido a Palmasola.

“En el 2015, Bolivia recibió una solicitud de detención preventiva con fines de extradición, sin embargo, a la fecha el país no recibió ningún comunicado oficial de Brasil solicitando la extradición de este ciudadano (Pedro Montenegro)”, afirmó ayer el ministro de Relaciones Exteriores, Diego Pary.

El canciller explicó que este caso se está tratando ahora en el marco de la Justicia boliviana en la que el Ministerio Público y las instituciones competentes desarrollan las investigaciones y trámites correspondientes.

La detención de Pedro Montenegro fue requerida por autoridades brasileñas, debido a que el sospechoso apareció como responsable de enviar 120 kilos de cocaína a Sao Paulo. El alijo fue descubierto durante un operativo ejecutado en el vecino país.

En Sucre, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, indicó que aún no existe una formalización de extradición contra Montenegro. “El procedimiento es indistinto, pues para la extradición se solicita la detención preventiva (…) y eso el Tribunal lo resolvió en 2015, y cuando está ya detenido el requerimiento de extradición se debe formalizar, pero eso no hay todavía”.

El Artículo 18 del Acuerdo sobre extradición entre los países del Mercosur con Bolivia y Chile indica: “La  solicitud de extradición será transmitida por vía diplomática.

Su diligenciamiento será regulado por la legislación del Estado Parte requerido”, en este caso, la normativa vigente en Bolivia. 

El fiscal departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero, informó ayer a La Razón que Montenegro tiene tres procesos penales en su contra. “Como Bolivia, hemos iniciado procesos en contra de Montenegro por legitimación de ganancias ilícitas; falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado (por usar doble identidad); y también por tráfico de sustancias controladas”, señaló.

Ayer, la jueza Marialena Salazar dispuso en Santa Cruz la detención preventiva de Montenegro en el penal de Palmasola por falsedad material.

Hasta esa misma cárcel pública serán trasladados, en las próximas horas, el excoronel Gonzalo Medina y el excapitán Fernando Moreira. Ambos expolicías fueron parte de la organización que permitió el envío de droga a Bahamas, México y Panamá, según los resultados preliminares de una investigación de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN). 

Este reporte deja evidencia de que Montenegro logró coludirse con efectivos de al menos cinco unidades policiales de Santa Cruz. También recibía ayuda con información clave para que sus “operaciones” no sean descubiertas y él no sea finalmente capturado.

El caso estalló a finales de marzo, cuando se filtró un audio sobre las investigaciones y fotografías de policías con Montenegro en Cartagena.

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Quelca denuncia a la fiscal que lo investigó e imputó por el caso ‘tráfico de exámenes’

Mary Carrasco, abogada del exministro Adrián Quelca, pidió a las autoridades judiciales hacer un “seguimiento estricto” al proceso “ante tantas irregularidades”.

La abogada Mary Carrasco junto al exministro Quelca durante la conferencia de prensa de este viernes.

Por Mauricio Diaz

/ 26 de noviembre de 2021 / 18:02

El exministro de Educación Adrián Quelca denunció por el delito de prevaricato a la fiscal Jhaneth Feraudi, quien lo imputó por el caso tráfico de cargos.

“El profesor Adrián Quelca ha presentado la denuncia penal en contra de la fiscal Janet Feraudi por el delito de prevaricato de fiscal, por haber emitido una imputación falsa (…) La fiscal lo imputa por el delito de incumplimiento de deberes, (pero) no dice cuál deber no cumplió, pero sobre todas las cosas, respecto al tipo penal de incumplimiento de deberes, ha sido derogado”, informó la abogada de la exautoridad Mary Carrasco.

Además, la abogada afirmó que en el proceso de investigación contra su defendido se presentaron “una serie de irregularidades: desde falsificación de pruebas hasta mutilación de información”, incluso –explicó- su defendido se presentó a las audiencias convocadas por la Fiscalía “sin ser notificado y (tras) enterarse por los medios de comunicación”.

Pidió a las autoridades judiciales se haga un “seguimiento estricto” a este proceso “ante tantas irregularidades”.

En julio, la viceministra de Educación Superior, Aurea Balderrama, formalizó una denuncia penal contra Quelca y el exdirector de Educación Superior Técnica Tecnológica Lingüística y Artística Agustín Tarifa, por tráfico de influencias, direccionar y manipular el proceso de institucionalización de cargos directivos del sistema educativo.

El 12 de noviembre, Quelca renunció al cargo de ministro de Educación después de que el Ministerio Público lo imputara por el delito de incumplimiento de deberes.

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¿Qué dijo exactamente el CAT sobre el DS 4078 y las acusaciones por sedición y terrorismo?

Los tipos penales terrorismo y sedición “resultan vagos y abstractos y no se adecúan al principio de la legalidad”, dijo Chairperson Heller.

Chairperson Heller. Foto: Captura.

/ 26 de noviembre de 2021 / 17:41

Durante una sesión realizada el jueves en Ginebra, Suiza, el relator del Comité Contra la Tortura (CAT por sus siglas en inglés), Chairperson Heller, habló de la crisis de 2019 en Bolivia.

Y sus declaraciones, principalmente sobre el polémico Decreto Supremo 4078 y las acusaciones por sedición y terrorismo, generaron una serie de interpretaciones entre los actores políticos y algunos medios de comunicación.

A continuación le presentamos la transcripción de lo que realmente dijo el Relator:

HECHOS DE VIOLENCIA

En el periodo, entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre de 2019, tuvieron lugar manifestaciones, actos de violencia y graves violaciones de los derechos humanos en el marco de la crisis política que (se originó) de la celebración de la controvertida elección presidencial, la renuncia y el exilio de Evo Morales, y la formación de un gobierno interino de Jeanine Áñez.

El 15 de noviembre de 2019, Áñez dictó un decreto supremo, 4078, que otorgó facultades discrecionales a las fuerzas militares para recurrir a la fuerza contra los manifestantes en sus labores de mantenimiento del orden público, pero eximiendo a los militares de cualquier responsabilidad penal. En ese periodo se registraron violaciones del derecho a la vida y de la seguridad de las personas.

La Defensoría del Pueblo reportó unas 36 muertes en las manifestaciones, la mayoría por parte de las fuerzas del orden, principalmente en Sacaba, Cochabamba, y Senkata, El Alto.

Fue evidente el uso excesivo de la fuerza y la utilización de letales armas de fuego para dispersar a los manifestantes y al menos 21 víctimas eran partidarias del MAS, partido del Gobierno.

Se agradecerá informar sobre las investigaciones en curso sobre estos hechos y, de ser el caso, las sanciones aplicadas a los responsables de las fuerzas del orden.

¿Se ha contemplado la creación de una comisión independiente que investigue todas las denuncias de tortura relacionadas con las elecciones de 2019?

Destacamos obviamente la labor realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, creado por un acuerdo entre el Gobierno y la CIDH para investigar los hechos ocurridos a lo largo de ese periodo.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, más de 1.500 personas fueron privadas de su libertad el 11 de noviembre, siendo liberadas la mayoría sin levantarse cargos.

Y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos documentó el caso de 28 personas arrestadas en El Alto, que fueron sometidas a torturas y otras formas de malos tratos, incluyendo amenazas de muerte, electrocuciones, asfixias con bolsas de plástico, golpes con culatas de armas, privación de alimentos y agua, abusos sexuales y simulaciones de ejecuciones.

Se agradecerá proporcionar datos estadísticos actualizados sobre el número de denuncias de tortura, malos tratos, incluyendo la violencia sexual y el uso excesivo de la fuerza que llevaron incluso a la muerte de manifestantes. 

Y se agradecerá informar sobre investigaciones realizadas y los procesos judiciales de las personas implicadas incluyendo sanciones penales o disciplinarias impuestas, precisar si en el caso de militares se excluye la jurisdicción militar.

También se agradecerá informar si se han realizado avances para el establecimiento para el funcionamiento del registro oficial de detenciones para incluir todos los casos de privación de libertad, identidad del detenido, tiempo y circunstancias del arresto, la causa de la detención y el lugar de la custodia.  

(En) la actuación de las fuerzas del orden llama la atención su comportamiento errático y partidista de la Policía, en el periodo más violento, que permitieron justamente actos de grupos contrarios al gobierno de Evo Morales. Incluso el jefe de la Policía fue el que sugirió al Presidente, en una declaración pública el 10 de noviembre de 2019, a que presentara su renuncia y se presentó una situación similar en las Fuerzas Armadas. Es decir, los hechos revelan una clara manipulación durante las (disputas) políticas.

Se agradecerá informar si se han tomado medidas específicas para garantizar que la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas se rijan por criterios estrictamente profesionales subordinadas al poder civil, lo que contribuirá a garantizar la estabilidad democrática. ¿Se ha pensado en establecer controles internos y externos para supervisar su actuación?

SEDICIÓN Y TERRORISMO

En el contexto de polarización y confrontación política desde 2019, se ha recurrido a las acusaciones de delitos de sedición y terrorismo de funcionarios gubernamentales, presuntamente cometidos antes y después de la renuncia del expresidente Evo Morales.

Lo que llama mucho la atención es que la persecución judicial ha sido tendenciosa con un carácter político y de que se ha recurrido a estos cargos de sedición, terrorismo y violaciones de sus obligaciones.

El artículo 135 del Código Penal define la conducta de subvertir el orden constitucional como crimen de terrorismo. El artículo 123 concibe la figura de trastornar o turbar de cualquier modo el orden público como sedición. Estos tipos penales resultan vagos y abstractos y no se adecuan al principio de la legalidad.

La instrumentalización política del sistema de justicia vulneró su independencia. La injerencia política se tradujo en procesos abusivos en el uso de imputaciones infundadas o desproporcionadas en detenciones arbitrarias de líderes políticos.

Llama la atención que los mismos cargos, de terrorismo y de sedición, hayan sido levantados en contra de la expresidenta interina Jeanine Áñez una vez que asumió el actual gobierno electo del presidente (Luis) Arce en octubre de 2020.

…y sí, como dije, llama la atención de que la expresidenta interina Jeanine Áñez sea justamente acusada por los mismos delitos que como lo fue su predecesor el presidente (Evo) Morales, a pesar de una definición excesivamente amplia y ambigua, sin que existieran pruebas contundentes de que en ambos casos se hubieran cometido actos susceptibles de ser calificados como terrorismo.

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Diputado del MAS anuncia demanda penal contra los cruceños Calvo y Anzoátegui

El diputado Rolando Cuellar llamó “campeón nacional de los flojos” a Rómulo Calvo por supuestamente no asistir a su fuente laboral.

Rómulo Calvo y Wilfredo Anzoátegui. Fotos: Comité pro Santa Cruz y Facebook.

/ 26 de noviembre de 2021 / 09:57

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rolando Cuellar anunció este viernes que la próxima semana presentará una nueva demanda penal en contra del presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y también contra el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui.

“El día lunes vamos a presentar una demanda penal contra el señor Rómulo Calvo por los delitos de daño económico al Estado y enriquecimiento ilícito, y al señor presidente del Colegio Médico por atentar contra la salud pública”, dijo Cuellar.

Calvo es cuestionado por haber cobrado su sueldo con normalidad pese a que supuestamente no asistió a su fuente laboral en la Caja Petrolera de Salud (CPS), de donde incluso fue destituido recientemente.

Aunque su abogado Martín Camacho aseguró que Calvo sí asistió a su trabajo en la CPS y “lo único que pasó es que no marcó” el biométrico de control de asistencia porque, según su versión, tenía esa “excepción” debido a su condición de dirigente sindical de dicha institución.

También puede leer: Abogado: Calvo sí asistió a su trabajo, solo no marcó y sigue con fuero sindical.

Mientras, el presidente el ente colegiado de los médicos cruceños es cuestionado porque convocó a un paro de actividades para el próximo 30 de noviembre en defensa de Calvo y también Fernando Castedo, quien es otro profesional destituido de la CPS.

“El apoyo es incondicional a Rómulo Calvo y Fernando Castedo. El martes 30 está declarado un paro departamental de la salud, incluido el sector público, de la seguridad de corto plazo y el sector privado”, dijo Anzoátegui el jueves.

Sin embargo, “queremos decir al presidente del Colegio Médico de Santa Cruz que es la vergüenza de los cruceños por ser alcahuete del campeón nacional de los flojos, que es el señor Rómulo Calvo; es increíble que el señor Anzoátegui esté atentando contra la salud pública este 30 de noviembre yendo a un paro, cuando estamos entrando a la cuarta ola de la pandemia; (él con eso) está cometiendo el delito de genocidio”, agregó Cuellar.

También puede leer: El Colegio Médico cruceño cierra filas en torno a Calvo y convoca a un paro para el martes.

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Religiosos católicos y metodistas visitan a los marchistas en el cuarto día de la movilización

El cuarto día de la movilización comenzó desde la población de Patacamaya y su próximo destino es Ayo Ayo.

El cuarto día de la marcha. Foto: @evoespueblo.

/ 26 de noviembre de 2021 / 09:03

La marcha en defensa del gobierno de Luis Arce recorre la carretera Oruro-La Paz por cuarto día consecutivo rumbo a la sede de Gobierno y los movilizados, según informó el expresidente Evo Morales, recibieron este viernes la visita de religiosos de la Iglesia Católica y la Iglesia Metodista.

“Esta mañana temprano, bajo el cielo puro del altiplano paceño nos preparamos para iniciar la cuarta jornada de caminata de la #MarchaPorLaPatria. Recibimos agradecidos la bendición de Dios con ceremonias de la Iglesia Metodista y la Iglesia Católica. Estamos unidos y fortalecidos”, escribió Morales en su cuenta oficial en Twitter.

El también jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) lidera la movilización, que inició el martes en la población orureña de Caracollo y que prevé llegar a la ciudad de La Paz el próximo lunes.

El cuarto día de la caminata comenzó desde la población de Patacamaya y su próximo destino es Ayo Ayo.

“Al igual que otras grandes movilizaciones históricas, la #MarchaPorLaPatria reúne a miles de hermanas y hermanos en una fuerza incontenible de defensa de la democracia. Esta es una marcha pacífica que se fortalece cada día con la dignidad y unidad de nuestro pueblo”, agregó Morales.

En el inicio del cuarto día de la marcha también se observó al presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, junto al expresidente Morales.

También puede leer: El embajador argentino Basteiro se suma y respalda la marcha liderada por Morales.

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La Justicia envía a la cárcel a Sixto C., principal acusado del secuestro en Las Londras

Sixto C. deberá permanecer por seis meses en la cárcel de Montero. Es acusado por delitos como lesiones graves y leves, privación de libertad y robo agravado

Ever Sixto C. S. fue presentado por la Policía. Foto: Facebook/El Vigilante.

/ 25 de noviembre de 2021 / 23:55

La Justicia envió la noche de este jueves a la cárcel a Sixto C., uno de los principales acusados por el secuestro de periodistas, policías y civiles del 28 de octubre en la propiedad Las Londras, en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz, en medio de un conflicto por tierras.

Sixto C. fue aprehendido el miércoles como resultado de un operativo policial en San Julián, donde logró fugar una segunda persona que era buscada. Se lo identificó como Paulino C. y fue acusado de disparar un arma de fuego contra la comitiva policial y de fiscales cuando huía en un vehículo.

En la audiencia cautelar virtual, el juez de Guarayos Roberto Hurtado envió al acusado por seis meses, con detención preventiva, a la cárcel de Montero, cerca de la ciudad capital cruceña.

Se acogió a su derecho al silencio y no dio su versión sobre lo ocurrido el 28 de octubre, pero ante los medios de comunicación negó su participación.

El fiscal Roberto Ruiz participó del operativo en San Julián y relató que un fiscal estuvo a poco de ser atropellado y que Paulino C. disparó un arma de fuego cuando huía para evitar su detención.

“Cuando estábamos dando cumplimiento al mandamiento de aprehensión del señor Paulino (C.) opone resistencia, se pone a pelear con los policías y los policías para no dar mal trato evitaron uso de la fuerza y de su arma de fuego, ahí que él aprovecha y se sube a su vehículo, en su huida intenta atropellar a uno de los fiscales que tuvo que saltar al costado de la carretera”, reveló el miércoles.

Paulino C. apareció en una entrevista con la red Uno y aseguró estará dispuesto a declarar en San Julián, pero evitó referirse a lo que pasó en el operativo policial.

Sixto C. es acusado por los delitos de lesiones graves y leves, privación de libertad, robo agravado, tenencia o portación de arma de fuego, tentativa de homicidio y amenazas.

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