En torno a las consideraciones del caso del “narcoenvío” a España, el ministro de Justicia, Iván Lima, llamó la atención a los medios de comunicación y periodistas sobre la información que procesa sobre la materia.

En medio de una rueda de prensa improvisada, la autoridad respondió una serie de preguntas sobre distintos temas, entre ellas el caso que alude a la empresa Boliviana de Aviación (BoA). Se trata del envío desde el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, de 478 kilos droga a Madrid, España, el 11 de febrero.

Cuatro personas fueron aprehendidas en el caso, entre ellas dos resultaron derivadas a la cárcel de Palmasola en condición de detención preventiva.

Una periodista preguntó por qué “las autoridades competentes” no investigaron del hecho cuando conocía “desde marzo” y por qué el país tuvo que “enterarse después de tantos meses”. “Todos estos testimonios tienen que ser contrastados y tomarse decisiones serias dentro de un proceso”, respondió Lima.

Juicios a tribunales

Sin embargo, el ministro consideró que “el país está molesto porque (este caso) se haya vuelto en escenario de litigio en los medios”. “Con respeto, compañeros de la prensa, los juicios se definen en los tribunales, no se definen frente a las cámaras y los micrófonos”, observó Lima.

“Algo que tiene que darnos seriedad en el país es descartar el rumor, el chisme o los trascendidos, y basarnos en pruebas, en elementos objetivos”, insistió el ministro.

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En su criterio, las investigaciones del caso se encuentran en la fase inicial. Dos funcionarios de BoA, Diego V. y Freddy C., fueron enviados con detención preventivas de seis meses en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz. Éstos fueron señalados por retirar los precintos de un contenedor para ingresar en el avión 12 cajas de cartón que contenían “ladrillos” de cocaína.

Más aprehendidos

Otros dos fueron aprehendidos en las últimas horas, según informó este martes el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

Y al mediodía de este martes BoA y Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) “separaron” y “desvincularon”, respectivamente, a sus jefes regionales en Santa Cruz, para facilitar las investigaciones.

“Estamos en un momento inicial, dejemos trabajar a la Fiscalía y al Órgano Judicial, y van a ser las sentencias y los requerimientos los que determinen la información precisa”, exhortó Lima a los periodistas.

El caso ha sido declarado en reserva. Fue descubierto por la Agencia Tributaria y de Aduana de España, que reveló la existencia de carga internacional no declarada desde Bolivia.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este martes que dos personas más fueron aprehendidas en el caso de transporte de droga a España vía Boliviana de Aviación (BoA). Suman ahora cuatro los detenidos.

La noche del lunes, la comisión de fiscales y efectivos policiales realizaron las pesquisas en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz. Eso con el fin de recolectar indicios que aporten a la investigación del envío de 478 kilos de cocaína hasta el aeropuerto de Barajas, en Madrid.

“El trabajo investigativo que está realizando tanto el Ministerio Público y la Policía ha tenido un trabajo hasta las 06.00 y han realizado la aprehensión de dos personas”, informó el ministro a los periodistas en La Paz.

Asimismo, dijo que se emitieron varias órdenes de aprehensión que están pendientes de cumplimiento por parte de la Policía.

Aprehendidos por envío de droga

El viernes, dos funcionarios de la estatal BoA, Diego V. y Freddy C., fueron aprehendidos en el marco de las investigaciones de ese caso. El sábado, luego de una audiencia cautelar, la jueza Livia Alarcón dictó la detención preventiva de ambos en la cárcel de Palmasola.

El 10 de febrero, en el aeropuerto de Viru Viru, los acusados rompieron los precintos de un contenedor para ingresar al avión, alquilado por la estatal, 12 cajas de cartón que contenían ladrillos de cocaína. Eso, según el registro de las cámaras de seguridad revisadas.

El hecho se conoció esta semana por información de la Agencia Tributaria y de Aduana de España; que reveló el hallazgo en el área de carga del vuelo del aeropuerto de Barajas.

“No es una organización que nace en nuestro país, es una mafia internacional. Es una organización que ha permeado al personal de distintas instituciones”, insistió Del Castillo.

Según informó el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, luego de la pesquisa, el caso entrará en reserva durante 10 días.

Una comisión de fiscales y un contingente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) ejecutó este lunes un allanamiento en reparticiones del aeropuerto internacional de Viru Viru de Santa Cruz, en busca de indicios relacionados al envío de un cargamento de 478 kilos de cocaína a España, a través de un vuelo que estaba bajo responsabilidad de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA).

Por este caso, la Policía identificó y aprehendió el viernes a dos funcionarios de BoA, acusados de cargar la droga en un avión de la estatal que viajó a Madrid, España.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, no descartó otros implicados y que se trate de una organización criminal. Pidió públicamente al comandante de la Policía, Álvaro José Álvarez, que retire a todos los funcionarios policiales que trabajan en el aeropuerto de Viru Viru.

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Cecilia Requena informó este lunes que no se pedirá el curul ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), tras el desconocimiento de la senadora Silvia Salame de la alianza política.

“Lo que ahora no ha ocurrido es no pedir el curul, sino desvincular a la senadora Salame. Es lo que ha ocurrido. No parece tener mucho sentido porque Comunidad Ciudadana ha intentado con otros diputados y por supuesto es el poder que está detrás de eso, el Tribunal Supremo Electoral que no da curso a este tipo de peticiones”, dijo Requena.

El vienes la directiva de CC con la firma del propio líder de la alianza, Carlos Mesa, cuestionó y desvinculó a Salame de la alianza política, tras su voto contra la censura en la Asamblea Legislativa, el miércoles, del ministro de Justicia, Iván Lima.

“A partir de la fecha de la carta, (2 de junio de 2023) respetando su voluntad pública y explícita de que no se considera parte de la alianza Comunidad Ciudadana; sus actuaciones y decisiones en el plano interno y en el externo de la ALP (Asamblea Legislativa Plurinacional), las consideramos ajenas a nuestra organización tanto en lo orgánico como en lo político”, se lee en parte de la carta.

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Agrega que, con esa actuación, usted “no se siente vinculada orgánicamente con la alianza ni con el mandato representativo que emerge de ella”.

El sábado Salame pidió a sus correligionarios a disculparse de ella por incluso haberse inmiscuido en su familia.

“Tienen que pedirme disculpas, porque quienes me han ofendido incluso metiéndose con mi familia son ellos, yo jamás los he ofendido”, afirmó la legisladora chuquisaqueña en una comparecencia ante periodistas en la plaza Murillo.

Proceso

El diputado de CC José Manuel Ormachea ratificó también la determinación del viernes e indicó que se ha actuado en concordancia y preceptos y la legalidad interna de Comunidad Ciudadana.

“Lo que nos sorprende es que (ella) nos pida someterse a un proceso interno y no acatar la decisión (y) determinación directamente de la dirección nacional, cuando ella se ha declarado independiente. Lo que queda claro es que la senadora ya no pertenece a CC, ha sido desvinculada”, dijo Ormachea.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, informó este lunes que el Ministerio Público presentó ante la Justicia la acusación formal contra de Misael Nállar por el delito de asesinato de los tres policías acribillados en el municipio de Porongo, del departamento de Santa Cruz.

Nállar es acusado del asesinato de los sargentos Eustaquio Alanes y Alfonso Chávez, además del voluntario del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip), David Candia, quienes fallecieron a unos 54 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra en junio de 2022.

Por este hecho, también fueron acusados Widen N.N., Jassir G.M., por el delito de asesinato. El Ministerio Público pide 30 años de prisión. Además, se identificó a Edgar D.M., como otros de los involucrados, quien fue declarado rebelde ante la Justicia y se emitió una notificación roja internacional por la Organización Internacional de Policía (Interpol) para dar con su paradero.

“Como Ministerio Público se colectaron todos los elementos de convicción en este caso, como la declaración de testigos, el informe de autopsia de las tres víctimas que murieron por proyectiles de armas de fuego de diferentes calibres, el muestrario fotográfico del lugar del hecho y otros que serán valorados por la autoridad jurisdiccional”, dijo Mariaca.

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La muerte de los uniformados se produjo el 21 junio de 2022, cuando la patrulla con los dos efectivos policiales y el voluntario del GACIP se dirigían a la comunidad Los Cuchis para realizar un patrullaje de rutina, pero en el camino se encontraron con una vagoneta Toyota Rush de donde descendieron varias personas armadas que los atacaron y les provocaron su muerte.

Las investigaciones dan cuenta que Misael Nállar V., junto a otras personas se encontraban en la zona del Urubó, consumiendo bebidas alcohólicas, el día que se registraron los hechos. Los dos efectivos policiales y el miembro del Gacip habrían cuestionado su actuar y producto de una discusión gasificaron a Nállar y se retiraron del lugar. El acusado enfurecido fue a buscar a los efectivos policiales y al encontrarlos les disparó provocándoles la muerte.

Nállar fue aprehendido el 22 de junio de 2022, en la zona de los Troncos, presuntamente, un informante tomó contacto con el personal policial para coordinar la entrega voluntaria del acusado que era buscado por el asesinato de las tres personas.

El 25 de junio se realizó la audiencia de medidas cautelares donde se determinó la detención preventiva para Nállar en la cárcel de máxima seguridad Chonchocoro de La Paz.