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Friday 12 Apr 2024 | Actualizado a 14:09 PM

El Procurador vincula al expresidente Sánchez de Lozada con 11 empresas offshore

El procurador del Estado, Pablo Menacho, informó que la primera de estas compañías offshore, “a través de la cual (Goni) tenía la propiedad de Comsur, se creó en la década de los 60”.

/ 26 de mayo de 2019 / 19:25

La Procuraduría General del Estado (PGE) identificó al menos 11 empresas creadas en refugios fiscales vinculadas al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada durante el proceso de privatización.

El exmandatario, conocido como Goni, utilizó “toda una estructura de compañías creadas en un paraíso fiscal: Panamá. En la investigación hemos encontrado al menos 11 empresas creadas allí que han sido vinculadas a Gonzalo Sánchez de Lozada”, informó ayer desde Santa Cruz el procurador Pablo Menacho.

La primera de estas compañías offshore, “a través de la cual (Goni) tenía la propiedad de Comsur, se creó en la década de los 60”. “Entonces, esto es lo que la empresa suiza (Glencore) compra, las empresas panameñas a través de las cuales Gonzalo Sánchez de Lozada era dueño de Comsur”, que a su vez adquirió “de manera ilegal”, las fundiciones de antimonio y estaño de Vinto, así como el arrendamiento del centro minero de Colquiri, detalló la autoridad a medios estatales sin dar más explicaciones.

Glencore le exige a Bolivia un pago de $us 675,7 millones por la expropiación de los bienes citados y de la supuesta apropiación de 161 toneladas de concentrados de estaño procesado.

La polémica por el uso de paraísos fiscales en las economías cobró mayor fuerza en abril de 2016 luego de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación revelara información de más de 214.000 empresas offshore o extraterritoriales que se presume evadieron el control fiscal en más de 200 países. En la lista de los Papeles de Panamá figura Bolivia con 95 empresas, 18 clientes, 8 beneficiarios y 35 accionistas.

Producto de este escándalo, la Asamblea Legislativa aprobó el 12 de diciembre de 2017 el informe final de la comisión especial mixta que investigó la evasión fiscal en territorio nacional, el cual calcula que en 2016 se transfirieron de Bolivia hacia paraísos fiscales unos $us 989 millones, lo que representaría una evasión impositiva de $us 662,6 millones.

Sánchez de Lozada se encuentra desde 2003 en Estados Unidos, a donde huyó tras los luctuosos hechos de octubre de ese año.

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INRA considera que la consolidación de tierras de Marinkovic está en statu quo

El director del INRA, Eulogio Núñez, cuestiona la notificación tardía de las sentencias que conceden la tutela de de 34.003 hectáreas de tierras a la familia de Branko Marinkovic.

El director del INRA, Eulogio Núñez.

/ 12 de abril de 2024 / 14:00

La cuestionada consolidación de las tierras a favor de Branko Marinkovic está en statu quo. El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, explicó que existen recursos y procedimientos judiciales pendientes.

En entrevista con La Razón Radio, el funcionario lamentó que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) haya incurrido en contradicción el emitir una sentencia sobre otra sentencia que resguarda la Constitución respecto de la propiedad limitada de tierras.

En los últimos días, se dio a conocer que el TCP falló en favor de la familia Marinkovic y le concedió en total la tutela de más de 33.000 hectáreas (ha) de tierra en dos predios: la Laguna Corazón, en la provincia Guarayos, y Tierras Bajas del Norte en la Chiquitanía, ambos en Santa Cruz.

En realidad, se trata de las sentencias 187/2023, del 28 de abril de 2023, y 1016/2023, del 28 de diciembre de 2023. La primera otorga la tutela a favor de la familia Marinkovic 12.483 hectáreas en la Laguna Corazón y la segunda, la propiedad Tierras Bajas del Norte, cuya extensión es de 21.523 hectáreas.

Núñez explicó que las dos sentencias contradictorias de una misma sala son la 187/2023 y 930-S4, de 2019. Esta última está vigente y establece, sobre el mismo caso de Marinkovic resuelto en 2019, que no se puede titular más de 5.000 hectáreas a favor de una persona.

Insistió en que la sentencia 930/2019-S4 sigue “plenamente vigente” y que cualquier norma posterior está sujeta a ella. “Estos magistrados resolvieron que el Estado no puede titular más de 5.000 hectáreas”, aclaró.

Además, Núñez cuestionó que el TCP no haya notificado las dos sentencias en su momento. Informó que, en el caso de la Sentencia 187/2023, el TCP la notificó el 2 de abril, más de un año después de la notificación.

Sin embargo, dijo que su despacho pudo plantear enmiendas, complementación y la pregunta de por qué dicha sentencia se sobrepone a la 930-S4 de 2019 en el plazo de dos días que otorgó el TCP. Ahora, ese tribunal debe responder a ese requerimiento, afirmó.

En su criterio, el INRA no puede titular la Laguna Corazón a sabiendas de que la sentencia del TCP de 2019 reivindica la Constitución respecto del límite de 5.000 hectáreas. Además, los predios se encuentran en una reserva, los expedientes corresponden a áreas fuera del predio y la laguna es de acceso ancestral de las comunidades guarayas.

Sobre la Sentencia 1016/2023, Núñez afirmó que nunca el TCP la notificó. Contó que funcionarios del INRA, que habitualmente hacen seguimiento a las disposiciones de ese tribunal, vieron que el fallo fue subido a la página web del TCP el 5 de abril reciente, casi cuatro meses después de la sentencia.

Se trata de un caso de “posesión legal”. Si bien el TCP anula varios actuales, pide al Tribunal Agroambiental emitir otra sentencia. Confiamos en que, como pasó antes, ese tribunal otorgue razón al Estado, dijo.

Sumados los dos predios, Laguna Corazón y Tierras Bajas del Norte, la extensión a favor de los Marinkovic alcanza a 34.003 hectáreas, precisó Núñez.

¿Por qué nos notificaron ese año? ¿Qué es lo que está pasando?, cuestionó, no obstante, el director del INRA.

Informó que tampoco fueron notificados, en ambos casos, el Viceministerio de Tierras, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y la Procuraduría General del Estado.

En su criterio, las sentencias son inaplicables debido a que vulneran el artículo 398 de la Constitución Política del Estado (CPE) y que además la Laguna Corazón está dentro de una reserva forestal.

Dicho artículo “prohíbe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país. Se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra; la tierra que no cumpla la función económica social; la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la ley. La superficie máxima en ningún caso podrá exceder 5.000 hectáreas”.

“El INRA no puede reconocer esa sentencia”, aseguró Núñez.

 “Al parecer (los magistrados) no redactaron esta sentencia, pareciera que hubiera sido elaborado en un bufete de abogados de la familia Marinkovic”, dijo respecto de la Sentencia 187/2023. 

“Desde mi punto de vista, está en una total irracionalidad”, explicó.

Asimismo, ratificó que no su oficina aplicará la sentencia y, por el contrario, consultará al TCP a qué sentencia deben responder y dar cumplimiento. 

En 2020, durante el gobierno de Jeanine Añez, mientras Marinkovic ocupaba el cargo de ministro, la familia obtuvo del INRA una resolución de conclusión del proceso de saneamiento que les otorgaba la propiedad.

Meses después, ya durante el gobierno de Luis Arce, a través del viceministro de Tierras, Ramiro Guerrero, se inició un proceso para anular esa resolución y revertir las tierras al Estado. La familia Marinkovic apeló al Tribunal Agroambiental, que ratificó la resolución que los despojaba de la propiedad.

Sin embargo, en 2023, el TCP volvió a conceder a la familia las tierras, en respuesta de un amparo presentado por los Marinkovic.

Lea también: Torrez afirma que la sentencia ‘funesta’ de ‘autoprorrogados’ del TCP beneficia a Marinkovic

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Siles dice que Murillo puede ser extraditado en febrero de 2026, al terminar su condena en EEUU

El procurador del Estado, César Siles, confirmó que se tramita la repatriación de $us 2 millones que fueron confiscados a implicados en el caso Gases lacrimógenos.

Arturo Murillo, cuando, junto a Luis Fernando López, advirtió con detener a Evo Morales en 2020.

/ 12 de abril de 2024 / 12:11

El procurador general del Estado, César Siles, explicó que el exministro de Gobierno Arturo Murillo puede ser extraditado al país luego de cumplir su condena de 70 meses, en febrero de 2026.

Sin embargo, aclaró que está vigente una solicitud de extradición al acusado en el caso Gases lacrimógenos desde enero de 2022.

“La extradición (de Murillo) está en trámite y vamos a hacer el seguimiento hasta que (las autoridades estadounidenses) nos concedan la extradición. La normativa norteamericana involucra que, una vez cumplida su condena, (el exministro) tenga que pasar a Migración y tenga que ser deportado”, dijo en una conferencia de prensa en Santa Cruz.

Murillo, culpable y condenado por un caso de soborno lavado de dinero en Estados Unidos, recientemente fue sentenciado en ese país en un segundo juicio, ahora civil, que le obliga a indemnizar a Bolivia con $us 6,2 millones.

A instancias de Bolivia, la sanción esta vinculada al sobreprecio, de $us 2,3 millones, en la compra de gases lacrimógenos en 2019; entonces era ministro de Gobierno de la gestión de Jeanine Áñez.

Arturo Murillo

“Lo que pretendemos es que las personas responsables de graves hechos de corrupción, primero, rindan cuentas de sus actos; después, recuperar los daños económicos al Estado”, remarcó Siles.

Además, afirmó que, aparte de los procesos y su condena en Estados Unidos, Murillo tiene otros casos que debe enfrentar cuando llegue al país.

Por otra parte, Siles confirmó que está en trámite la solicitud de $us 2 millones que fueron confiscados a los otros involucrados en ese caso.

Se trata del exjefe de gabinete de Murillo Sergio Méndez, además de Philip Lichtenfeld, y Bryan y Luis Berkman, todos con sentencia.

Además de esa lista, el exministro de Defensa Luis Fernando López Julio, que se encuentra en calidad de refugiado en Paraguay, está investigado.

En el caso de Méndez, luego de cumplir su condena en Estados Unidos, fue deportado a Bolivia el 3 de abril y desde el 4; está detenido preventivamente en el penal de San Pedro, en La Paz.

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Arce demanda trabajo a los legisladores en vez de ir a ‘pasear o a los partidos de fútbol’

El Presidente hizo alusión al viaje del senador Leonardo Loza a España, donde se fue a ver un partido de la Champions League.

El presidente Luis Arce entregó varias obras en Tarija. Foto: LuchoXBolivia

/ 11 de abril de 2024 / 23:26

En alusión el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), ala evista, Leonardo Loza, el presidente Luis Arce demandó este jueves a los legisladores a “trabajar de una vez por todas” en la aprobación de leyes en vez de irse de viaje o a presenciar partidos de fútbol internacional.

“En lugar de pasearse, de irse a los partidos de fútbol internacionales, hay necesidad del pueblo boliviano que no espera un partido de fútbol internacional, aquí necesitamos que esos asambleístas, en la Cámara de Senadores, trabajen de una vez por todas”, dijo.

El senador Loza aprovechó una visita oficial a España, a invitación de una fundación cultural, para ir el martes por la noche al estadio Santiago Bernabéu y presenciar el primer partido de los cuartos de final de la Champions League entre el Real Madrid y Manchester City.

En un acto de entrega de obras en Tarija, el Presidente recordó que en el Senado está “bloqueada” la aprobación de créditos por $us 800 millones.

Lea más: Arce fustiga el ‘boicot’, por ‘intereses personales’, a la aprobación de créditos en el Senado

Arce en Tarija

Dijo que es “una restricción enorme que no nos deja avanzar a la velocidad que quisiéramos”; y que se trata de un “boicot” de algunos legisladores.

“Tenemos más de 900 millones de dólares bloqueados ahí (en Legislativo), esperando la aprobación. Más de 800 millones en la Cámara de Senadores. No les da la gana de aprobar esos proyectos; que no son para el bolsillo del presidente ni de nuestros ministros, es para hacer obras como las que estamos haciendo”, afirmó.

Asimismo, Arce aseguró que, pese a todo, el Gobierno sigue trabajando y cumpliendo con el pueblo, “para nosotros cuentan los hechos, no las palabras ni cualquier acción política”.

Este jueves, en Tarija, el Presidente entregó 1.153 títulos agrarios, que consolidan el derecho propietario sobre la tierra, y demandó trabajar los predios para garantizar la producción y la soberanía alimentaria.

Además, entregó un paquete de 14 obras con una inversión superior a los Bs 54 millones.

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Según informe Delphi la postulación de Morales ‘polariza’ y la economía ‘entra en crisis’

El 80,9% de los encuestados por la fundación alemana Friedrich Ebert Stiftung (FES-Bolivia) consideró que Bolivia “va por mal camino”.

El expresidente Evo Morales en el ampliado de Cuatro Cañadas, en Santa Cruz, la tarde del sábado.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 11 de abril de 2024 / 17:21

Un informe Delphi de la fundación alemana Friedrich Ebert Stiftung (FES-Bolivia) develó que la posible postulación del jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, “polariza” al país y que la economía en Bolivia “empeorará”.

El punto 12 de dicho documento, denominado “Temas que Polarizan”, pregunta ¿cuáles son los temas que actualmente más polarizan en el país?

Una de las opciones, la posible candidatura de Evo Morales, tuvo el 45% de votación, mientras que la división interna en el MAS-IPSP obtuvo el 33,1%. En tercer lugar, los consultados marcaron la prórroga de magistrados y consejeros electos en 2017 como otro facto de polarización.

El resto se distribuyó en otras siete opciones con menor votación.

En cuanto a la consulta sobre la “futura situación política”, el punto 14 del documento devela que el 51,9% de los consultados prevé que la situación política del país “empeorará algo”, mientras que el 26,7%consideró que “empeorará mucho”.

Otro de los aspectos relevantes del informe, cuyos datos fueron recolectados entre el 15 de marzo al 7 de abril de este año, está vinculado a la economía nacional.

Informe

“En su criterio, considerando la situación económica, ¿en qué escenario estamos en el país en este momento?” plantea el documento y la respuesta que alcanzó el 55,1% fue “estamos ingresando a una crisis económica”.

La mayoría, el 52,8%, atribuyó esa situación al agotamiento y/o fracaso del actual modelo económico. En la lista le sigue el contexto internacional adverso (37%) y la “mala gestión del presidente Luis Arce” (36,2%).

Consultados por cómo estará la economía boliviana en los siguientes meses, el 51,9% de los 131 entrevistados -entre actores políticos, analistas, periodistas y especialistas en distintos ámbitos- consideró que “empeorará algo”, respecto del 26,7% que dijo que “empeorará mucho”.

Sobre la situación general del país, el 80,9% consideró que Bolivia “va por mal camino”, frente a un 11,5% que considera que va por “buen camino” y un 7,6% “no sabe”.

Asimismo, la valoración a la situación política develó que la mayoría (45%) la percibe “mala”, respeto del 30,5% que la ve “regular” y un 19,1% “muy mala. Solo el 5,3% calificó de “buena” la coyuntura política.

En la metodología de los datos, el estudio se realizó vía online mediante la plataforma especializada SurveyMonkey. Se siguieron criterios de diversidad y pluralismo en posicionamiento político, género, región y edad.

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Caso fraude: Costas culpa a la OEA de haber generado la crisis poselectoral en 2019

El exvocal Antonio Costas lamenta que en 2019 hubo información tergiversada sobre las elecciones. “Las denuncias no coincidían con los datos reales y tampoco hubo fraude monumental”.

César Navarro, Claudia Benavente y Antonio Costas en el set de Piedra, Papel y Tinta. Foto: Ruben Atahuichi

/ 11 de abril de 2024 / 15:14

El exvicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Antonio Costas responsabilizó a la Organización de Estados Americanos (OEA) de instalar la idea de «fraude» electoral en Bolivia, que, en su criterio, amplió la brecha de polarización en la población.

La narrativa del fraude electoral en el país fue un tema de debate que terminó de quebrar a la sociedad y que tuvo consecuencias “violentas y dramáticas”. Las consideraciones fueron expuestas por el exministro de Minería César Navarro y Costas en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

Costas lamentó que, si bien los bolivianos ya estaban polarizados en 2019, la OEA provocó la polarización con su teoría del fraude respaldada por dos informes “contradictorios” con datos “inconsistentes e imprecisos”.

La OEA emitió un informe preliminar sobre las elecciones generales de 2019, en el que establece que se hubo “manipulación dolosa”, que desató grandes manifestaciones y conflictos entre los ciudadanos. Sin embargo, según el reglamento de la OEA, el organismo internacional debió emitir el informe el 13 de noviembre y no antes, el 10, como ocurrió en 2019.

“Los datos que encontró la OEA eran tan contradictorios a la teoría del fraude, que se inventan problemas de los sistemas de la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) y del cómputo. Ahí está la pobreza del trabajo de la OEA», cuestionó Costas, que, por ese caso, fue detenido y encarcelado más de tres meses, como sus colegas vocales de entonces.

Sin embargo, afirmó que el “fraude” que derivó en una profunda polarización social es un tema pendiente que la población debe entender y resolver de forma técnica. “No se debe entrar al análisis político”, sugirió

En discrepancia, Navarro hizo una lectura política y aseguró que en 2019 se construyó una idea de un fraude electoral supuestamente propiciado por el Órgano Ejecutivo y el TSE. “Por eso las principales autoridades del TSE fueron aprehendidas”, recordó.

Afirmó que la tesis de «fraude» fue montándose desde antes de las elecciones generales, cuando en octubre 2018 renunciaron dos vocales del TSE. A partir de ello, algunos medios de comunicación masivos dieron a conocer que se «orquestaba» un fraude.

Recordó que el desaparecido periódico Página Siete tituló una nota “Según la encuesta, el 68% cree que habrá fraude electoral”, tres semanas antes de las elecciones generales de 2019.

Eso —según dijo— obligó a que, “inmediatamente”, los comités cívicos de Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca emitieran resoluciones para manifestar que no reconocerán el triunfo de Evo Morales con el argumento de los comicios iban a ser fraudulentos.

“Ellos van construyendo la idea política del fraude que, posteriormente, se asentó como un hecho político dado”, añadió.

Costas insistió que no se debe entrar en el detalle y el análisis político, sino, por el contrario, hacer un análisis técnico y cuestionar, fundamentalmente, el rol de la OEA, el equipo de auditoría y al secretario general de ese organismo, Luis Almagro, a quien llama “presidente” de la OEA, debido a que —en criterio— él toma la totalidad de las decisiones en esa institución.

“La actuación de la OEA fue la que dirimió. ¿Quién comprobó que hubo fraude?, nadie. Fue la OEA que indicó que hubo fraude, no la construcción de la idea política”, argumentó.

Explicó que Irfan Nooruddin, un politólogo de la Universidad de Georgetown en Washington, a quien la OEA había contratado para analizar los resultados de las elecciones en Bolivia, hizo un análisis y comparó los datos del TREP y del cómputo.

Encontró, en su análisis, que las coincidencias de datos del TREP y el cómputo final respecto de los resultados que obtuvo Comunidad Ciudadana (CC) fueron del 99,498% y para el Movimiento Al Socialismo (MAS), 99,468%.

“Con eso, él ya está demostrando que no hubo manipulación dolosa, como indicaba el informe de la OEA”, concluyó Costas.

A su vez, Navarro indicó que el informe de la OEA no consignó el trabajo de campo en Cochabamba, que debía desarrollarse el 8 de noviembre, en plena convulsión contra Morales. “La misión de auditores no pudo hacer su trabajo por el clima de violencia”.

El 9 de noviembre, el equipo debió hacer trabajo de campo en Potosí, Chuquisaca, Oruro y Santa Cruz, pero no pudo viajar por el clima de violencia; así que hicieron el trabajo de campo solo en La Paz, Beni, Pando y Tarija, en cuatro de los nueve departamentos.

Según el informe, el 9 de noviembre, la OEA estableció que “hubo fraude” con base en la revisión de cuatro departamentos. “No encontraron ningún acta adulterada en Beni, Pando y Tarija. Los tres departamentos no representan más allá del 7% del padrón electoral”.

A su vez, reclamó que el informe se presentó la madrugada del 10 de noviembre. “La auditoría debió durar 12 días; empezó el 1 de noviembre se presentó el 9. No terminó el 12”, como señalaba el acuerdo entre la OEA y el Estado boliviano.

Costas lamentó la “inconsistencia” de los datos de la OEA, aunque no cree que los auditores hayan incurrido en la falta de profesionalismo, sino que considera que las imprecisiones se dieron en la elaboración del informe.

El exvocal espera que cuando Almagro ya no esté en la OEA se desclasificarán los informes y se verá y valorará el trabajo de campo de la auditoría. “Hubo auditores de Argentina que les representaron sus diferencias respecto a las conclusiones del informe”.

“Ojalá el próximo año (en las elecciones de 2025), Almagro no nos mande otra delegación como la de 2019, (encabezada por Manuel Gonzáles)”, auguró.

Recordó que, en el libro Luis Almagro no pide perdón, de los periodistas uruguayos Gonzalo Ferreira, Martín Natalevich, el secretario general de la OEA confiesa su interés en las elecciones de 2019: tenía tres opciones para impedir la victoria de Morales.

De todas maneras, dijo que, al término del mandato del excanciller uruguayo, los documentos del informe de la OEA de 2019 sean desclasificados.

En su criterio, el trabajo del TSE de entonces fue eficiente, sobre todo en la gestión del TREP y el cómputo final. Consideró necesario abordar el caso de manera técnica, porque hay una confusión de datos generado por distintas denuncias.

Las denuncias no coincidían con los datos reales y tampoco hubo “fraude monumental”, afirmó, cuando parafraseó a Carlos Mesa, entonces candidato presidencial de CC.

Lea también: Fiscalía aclara que pericia internacional descartó manipulación de datos en comicios de 2019

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