Nacional

jueves 5 ago 2021 | Actualizado a 15:59

La Fiscalía recibe tres años después el fallo contra Montenegro

En abril de 2016, un juez de Chuquisaca expidió el mandamiento contra el encausado, pero meses después el ahora exjuez de Cotoca Federico Jiménez, otorgó la tutela a Montenegro y, de esa manera, evitó su detención y con ello se frenó su extradición a Brasil.

Santa Cruz. El narcotraficante Pedro Montenegro, ingresando a una audiencia cautelar por falsedad. Foto: APG- archivo

/ 30 de mayo de 2019 / 09:57

El fallo que ratificó la orden para que el acusado de narcotráfico Pedro Montenegro sea capturado, tardó tres años en llegar a la Fiscalía, que ahora apunta a autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por delitos de incumplimiento y falsedad. 

“El Ministerio Público fue notificado recién con la sentencia constitucional 711 de 2016. Por eso, bajo el principio de celeridad, la Fiscalía activó de oficio un proceso contra autor y autores, por los delitos de incumplimiento de deberes y falsedad ideológica. Ya se convocó a varios funcionarios del TSJ”, informó ayer el fiscal de Chuquisaca, Mauricio Nava.

La orden de captura contra Montenegro, quien se entregó el 11 de mayo a la Policía, fue tramitada por Brasil en 2015 para que sea extraditado. Este boliviano es requerido en el vecino país por llevar algo más de 100 kilos de cocaína al estado de Sao Paulo. Por efecto de estas irregularidades, el delincuente no fue atrapado en el país, pues también fue protegido por jefes de la Policía, según resultados preliminares de las pesquisas.

¿Cuándo comenzaron las irregularidades? El 21 de julio de 2015 la Sala Plena del TSJ ordenó la detención preventiva con fines de extradición de Montenegro, pero también apareció otra orden que omitió la orden de captura.

En abril de 2016, un juez de Chuquisaca expidió el mandamiento contra el encausado, pero meses después el ahora exjuez de Cotoca Federico Jiménez, otorgó la tutela a Montenegro y, de esa manera, evitó su detención y con ello se frenó su extradición a Brasil.

Esa decisión judicial fue revisada en Sucre, el 6 de julio del 2016, por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que ratificó la aprehensión de Montenegro, pero además solicitó a la Fiscalía de Chuquisaca y al Tribunal Supremo de Justicia investigar la existencia de dos sentencias sobre este polémico caso.

Nava confirmó ayer que el Ministerio Público evidenció la existencia de un auto supremo que no coincide con el original; por ello, la Sala Plena del TCP instó a que el TSJ, como el Ministerio Público, inicien la investigación. “Se vio en el TSJ posiblemente una falsedad en un auto supremo, y también se investiga por qué recién se notificó al Ministerio Público con esta resolución de 2016”.

De hecho, la retahíla de irregularidades emergió desde el 11 de mayo, cuando Montenegro finalmente se entregó a la Policía tras semanas de intensa búsqueda.

El Fiscal de Chuquisaca informó que se ha conformado una comisión de fiscales que ya comenzó con las pesquisas correspondientes “de manera objetiva” y por ello “ya elaboran requerimientos al TSJ y el TCP”.

El 15 de mayo, el presidente del TSJ, José Antonio Revilla, admitió que se pudo haber modificado un fallo por el cual se disponía la aprehensión de Montenegro, puesto que hubo una manipulación en ese documento judicial. Instruyó internamente una investigación para establecer la participación de ex y actuales funcionarios, incluso exmagistrados.

Pero Montenegro también llegó a coludirse con jefes policiales y ya existen 32 personas implicadas. Entre ellos el excoronel Gonzalo Medina y el excapitán Fernando Moreira. Uno de los juicios contra el narco es por falsedad material, en el cual admitió su culpa y pidió someterse a juicio abreviado.

El abogado del Ministerio de Gobierno, Filemón Sandoval, informó que aceptarían el pedido si la condena es de seis años.

Comparte y opina:

El GIEI anuncia que publicará su informe sobre la crisis de 2019 del 16 al 20 de agosto

Actualmente el GIEI realiza la edición y corrección de estilo del informe para su difusión.

Una de las "masacres" de 2019. Foto de archivo: La Razón.

/ 5 de agosto de 2021 / 13:46

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, informó este jueves que realizará el “lanzamiento público” de su informe “la semana del 16 al 20 de agosto” en diversas ciudades del país.

El GIEI —que es una entidad independiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— entregó su informe final al Gobierno boliviano el pasado 23 de julio.

Sin embargo, el Protocolo de Actuación, anexo al acuerdo que suscribieron la CIDH y el Estado Plurinacional para la investigación sobre la crisis de 2019, señala que “el GIEI brindará al Gobierno de Bolivia un plazo mínimo de 10 días para comentarios antes de la publicación de los informes parciales y finales de su trabajo”.

Por tanto, “finalizado el plazo mencionado, actualmente el GIEI está realizando la edición y corrección de estilo del informe para su publicación y difusión, así como, organizando los aspectos logísticos para llevar a cabo el lanzamiento público del informe en Bolivia la semana del 16 al 20 de agosto”, cita un comunicado publicado por Jaime Vidal Melero, secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario, en su cuenta en Twitter.

Es así que en el mismo documento se precisa que, además de La Paz, el GIEI visitará otras ciudades y localidades para dar a conocer su “informe y los hallazgos sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019”.

El pasado 22 de julio, el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que el informe “en algunas partes” será vinculante y en otras tendrá carácter de recomendación.

“Por ejemplo, será vinculante (en cuanto a) la reparación integral del daño a las víctimas, es algo que nosotros hemos aceptado que tengamos que hacer una reparación a las víctimas”, sostuvo entonces la autoridad gubernamental.

Comparte y opina:

El Gobierno garantiza ‘protestas pacíficas’ y asegura que no hace ‘ninguna persecución’

A solo horas de que Bolivia conmemore sus 196 años de independencia, se realizaron una serie de convocatorias para manifestaciones en distintas ciudades del país.

La viceministra Gabriela Alcón en conferencia de prensa. Foto: Roberto Guzmán-La Razón.

/ 5 de agosto de 2021 / 13:12

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó este jueves que están garantizadas las manifestaciones pacíficas en el país y convocó a trabajar de manera conjunta por la “reconstrucción” del país, principalmente en el tema económico y la salud.

“Ahora sí en Bolivia, en el estado de derecho que tenemos, existen las garantías para todas las movilizaciones pacíficas, las personas tienen derecho, nosotros no estamos haciendo ninguna persecución”, dijo la autoridad.

Sin embargo, remarcó que este tipo de acciones solamente afectan a los ingresos económicos de los bolivianos porque, en la actual coyuntura de pandemia, todavía se está “batallando” por la reactivación de la economía del país.

“Estamos todos los días luchando para reconstruir nuestra economía, (…) entonces a dónde vamos a ir, necesitamos reconstruir, trabajar y los bloqueos, las medidas de presión, no nos ayudarán; la ama de casa, el transportista, el hermano gremial, necesita trabajar todos los días”, remarcó.

Del mismo modo, invitó a todas las gobernaciones y alcaldías a seguir trabajando “por la reconstrucción del país en términos económicos y en términos sanitarios”.

“Necesitamos trabajar, trabajemos, los convocamos (a trabajar por) la reactivación económica (…), necesitamos demostrar las buenas proyecciones económicas que nos dan los organismos internacionales”, insistió.

El Consejo Nacional de la Democracia (Conade), cívicos y otras organizaciones contrarias al Gobierno convocaron a una serie de marchas de protesta para esta tarde-noche en contra del anunciado cierre de las investigaciones sobre el presunto “fraude electoral” de 2019, en demanda del cese de la “persecución política” y otros pedidos.

Asimismo, se convocó a un bloqueo de carreteras de 48 horas, decretado para el 9 de agosto por los comités cívicos provinciales de Santa Cruz, en protesta contra los “avasallamientos” de tierras y como una respuesta a la inasistencia del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a la reunión de la Comisión Agraria Departamental (CAD) de esa región.

Estos anuncios de movilizaciones se registran a solo horas de que Bolivia conmemore los 196 años de su independencia.

Comparte y opina:

Alcón confirma que Arce dará solo un mensaje el 6 de agosto y anticipa que no será extenso

Para las 10.00 está prevista la instalación de la Sesión de Honor en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El presidente Luis Arce. Foto de archivo: La Razón.

/ 5 de agosto de 2021 / 12:18

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, confirmó este jueves que el presidente Luis Arce, en conmemoración de los 196 años de la independencia de Bolivia, solamente dará un mensaje a la nación y no un informe, por lo que adelantó que “no va a ser extenso”.

“Es importante mencionar que será un mensaje, no es un informe, un mensaje por el primer aniversario después de que recuperamos la democracia, el informe anual eso lo va a hacer cuando se cumpla el año (de gestión)”, dijo Alcón en una conferencia de prensa.

La autoridad agregó el mandatario enfocará su mensaje en la importancia del Estado Plurinacional y la unidad del país.

Arce dará su mensaje en la Sesión de Honor, que se realizará en el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional en la ciudad de La Paz.

El cronograma de actividades establece que a las 07.30 iniciarán los actos con la entrega de ofrendas florales en la plaza Murillo y para las 08.45 está prevista la iza de la bandera.

Luego, “a las 09.00, las autoridades se van a trasladar a la Casa Grande del Pueblo (…) y las 10.00 se va instalar la Sesión de Honor en la Asamblea Legislativa Plurinacional”, precisó.

De acuerdo a los cálculos de la viceministra Alcón, estos actos protocolares concluirán entre las 12.00 y 12.30.

Comparte y opina:

Basteiro: ‘Hay medio Gabinete’ de Macri involucrado en el envío de pertrechos a Bolivia

Para el ministro argentino Martín Soria, “está claro” que “Macri dirigió el contrabando” a Bolivia.

El embajador Ariel Basteiro. Foto de archivo: La Razón.

/ 5 de agosto de 2021 / 10:13

El embajador argentino en La Paz, Ariel Basteiro, aseguró que “medio Gabinete” del expresidente de ese país Mauricio Macri está involucrado en el envío de pertrechos a Bolivia, junto a un grupo de gendarmes, durante la crisis de 2019 en el Estado Plurinacional.

“Hay medio Gabinete, Fuerzas Armadas y de Seguridad, durante el Gobierno de Macri, involucradas en esta trama”, dijo Basteiro en declaraciones a AM750.

Según el diplomático, el 12 de noviembre de 2019, horas antes de que partiera a Bolivia el Hércules C-130, que trasladó a un grupo de gendarmes más “armamento y municiones”, el exmandatario, Marcos Peña (exjefe de Gabinete de Macri) y Patricia Bullrich (exministra de Seguridad) “se reunieron en la Casa Rosada con la cúpula de la Gendarmería y otras fuerzas”.

El ministro de Justicia de Argentina, Martín Soria, mediante su cuenta en Twitter, también se refirió a esa reunión en la Casa Rosada y consideró que “está claro” que “Macri dirigió el contrabando”.

Además, al igual que el embajador, afirmó que “medio Gabinete estuvo involucrado, no pueden hacerse los desentendidos”.

Mientras, el diplomático consideró que se trata del caso de “contrabando agravado” de pertrechos más importante de la historia argentina. Pues, «nunca antes hubo una causa con tantas pruebas”, remarcó Basteiro, quien cree que es probable que sigan apareciendo más datos e informaciones.

“Estamos convencidos de que hubo muchas conversaciones telefónicas para no dejar rastros y tapar este proceso. Era una práctica del excanciller (Jorge) Faurie para no dejar huellas”, añadió.

También puede leer: El Gobierno investiga si el ‘material faltante’ del envío argentino fue usado en ‘masacres’ en Bolivia.

Comparte y opina:

Senado sanciona ley del generalato e incorpora al Ministro de Gobierno en el Alto Mando Policial

La mayoría del MAS en el Senado aprobó y sancionó la ley de la Carrera de Generales en la Policía. La oposición cuestionó la incorporación del Ministro en el Alto Mando

El pleno del Senado en la sesión del miércoles.

Por Carlos Corz

/ 5 de agosto de 2021 / 01:36

En su última sesión en el hemiciclo del Senado, la Cámara Alta sancionó a las 01.11 de este jueves el proyecto de ley de la Carrera de Generales en la Policía sin modificar el artículo cuestionado desde la oposición porque incorpora al Ministro de Gobierno en la estructura del Alto Mando de la Policía Boliviana.

El parágrafo II del artículo 11 establece: “El Mando Policial, está conformado por las siguientes autoridades: 1. Ministra o Ministro de Gobierno; 2. Comandante General de la Policía Boliviana; 3. Subcomandante y Jefa o Jefe del Estado Mayor de la Policía Boliviana; 4. Suboficial de Estado Mayor del Comando General de la Policía Boliviana”.

Fue uno de los artículos con mayor discusión, pero fue suficiente la mayoría del MAS para aprobarla.

«Esta es una ley parche, no existe una modificación real a la Ley Orgánica de la Policía sino es una norma que anula 23 artículos de esa ley y se pone al Ministro de Gobierno como el número uno del Comando de la Policía, es decir, se pone a un civil puesto a dedo vulnerando por su puesto el escalafón policial y la meritocracia que se consigue en la institución policial y se colocan nuevos cargos y no coincide el cargo con la remuneración», observó la senadora por Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos.

También el senador de CC Santiago Ticona cuestionó el contenido de la iniciativa legal planteada por el Ministerio de Gobierno.

“Hasta aquí hemos tenido una Policía institucional y de aquí en adelante vamos a tener una Policía que va a tener una condición más político partidaria”, sostuvo el legislador opositor en medio de la sesión de la Cámara Alta.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, defendió en reiteradas oportunidades el contenido de la norma y aseguró que fue redactada por policías y apegado a los preceptos constitucionales.

La iniciativa legal sancionada crea tres grados de generalato: Superior, Mayor y Primero. Los grados de general serán otorgados por el Presidente del Estado. Tres oficiales ascenderán al grado de General Superior, cinco a General Mayor y 12 a General Primero.

Barrientos advirtió que se trata de un atentado a la democracia y que «es parte de un proceso de persecución y sometimiento». «En lo honesto, esta es una ley que quiere darle atribuciones extras al Ministro de Gobierno para hacer que todos le respondan a él y someter a la institución policial para que no vuelva a pasar lo que ha pasado en 2019», apuntó.

El presidente Luis Arce deberá promulgar y poner en vigencia la norma.

Hasta el momento en la Policía no hubo ascenso a generales. El actual comandante es el coronel Jhonny Aguilera.

Comparte y opina:

Últimas Noticias