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Thursday 11 Apr 2024 | Actualizado a 12:36 PM

Vicepresidente practica el deporte extremo ‘zipline’ en el estrecho de Tiquina

Ese deporte consiste en cruzar una larga extensión, por lo general en pendiente, mediante el deslizamiento de una polea sobre un cable. En este caso, el mandatario lo practicó encima del estrecho de Tiquina.

/ 10 de julio de 2019 / 23:00

En un alto a su apretada agenda, el vicepresidente y presidente en ejercicio Álvaro García practicó este miércoles el deporte extremo "zipline", un cable suspendido sobre una pendiente al que se unen una polea y un arnés para desplazarse. Lo hizo para cruzar el estrecho de Tiquina, en el lago Titicaca.

Esa disciplina deportiva, que es practicada a escala mundial, consiste en cruzar una larga extensión, por lo general en pendiente, mediante el deslizamiento de una polea sobre un cable, en este caso encima del estrecho que separa a las localidades de San Pedro y San Pablo por más de 700 metros de distancia.

Ataviado de un traje oscuro y camisa, García, con las medidas de seguridad correspondientes, se subió al "zipline" colaborado por instructores.

El Mandatario se lanzó desde una plataforma hacia las aguas del estrecho agarrado de la rueda metálica que esta sujetada al cable que se extiende a lo largo del estrecho.

El instructor cubano Roberto Carlos Fuentes explicó -según publicó la agencia ABI- que se trabajó durante ocho meses para la instalación de dos cables, uno de 2.000 metros, en el que se alcanza una velocidad de entre 110 a 115 kilómetros por hora; y otro de 1.200 metros en el que se alcanza una velocidad de ente 70 y 80 kilómetros por hora, el cual fue utilizado por la autoridad nacional en esta ocasión.

El emprendimiento fue inaugurado el pasado 23 de junio y La Razón le contó de éste en un reportaje publicado en la revista Escape. (10/07/2019)

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De los 40 postulantes al Tribunal Agroambiental, solo uno logró 73 puntos sobre 100

Según la Ley 1549, la Asamblea Legislativa debe aprobar por dos tercios de votos una lista de 14 postulantes, hasta un máximo de 28, para el Tribunal Agroambiental.

La Comisión Mixta de Justicia durante la revisión de méritos de los postulantes.

Por Daniel Zenteno

/ 11 de abril de 2024 / 11:20

La Comisión Mixta de Justicia Plural concluyó la evaluación de méritos de los postulantes al Tribunal Agroambiental. La nota máxima de ese grupo fue 73 y el promedio, entre los 40 y 50 puntos. Solo 40 postulantes llegaron a esta etapa.

“Hemos calificado a 40 postulantes que han sido habilitados a esta etapa (…), tenemos la mayor nota de 73 puntos y otros están redondeando los 40, 50 puntos”, informó el miércoles Roberto Padilla, presidente de la comisión, en conferencia de prensa.

Esta etapa de revisión de méritos se evalúa sobre 100 puntos. La evaluación escrita y oral es sobre la misma cantidad.

El postulante debe obtener un mínimo de 130 puntos, entre méritos y evaluaciones, para que se lo habilite como candidato.

Finalizada la etapa de revisión de impugnaciones, se habilitó 405 postulantes para la evaluación meritocrática: 188 al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 93 al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), 84 al Consejo de la Magistratura y 40 al Agroambiental.

Lea más en: Las elecciones judiciales avanzan con 405 postulantes en carrera

Sin embargo, la comisión informó el miércoles que se habilitó por error a un postulante al TSJ. Entonces hay, oficialmente, 404 postulantes.

Ley 1549

De acuerdo con la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, la Comisión Mixta de Justicia Plural debe presentar un informe a la Asamblea Legislativa “con la lista de un mínimo de 14 postulantes, hasta un máximo de 28 postulantes para el Tribunal Agroambiental”.

Sin embargo, Padilla no ve riesgos de que no se cumpla con el mínimo de postulantes, ya que considera que quienes obtuvieron notas bajas todavía tienen la evaluación oral y escrita para alcanzar los 130 puntos mínimos, sobre 200, requeridos.

La fase de evaluación de méritos, de acuerdo a Padilla, debe concluir el sábado. La próxima semana, estima, comenzará la evaluación escrita y oral de los postulantes.

El presidente de la comisión informó que en próximas horas revisarán la documentación de los 84 postulantes a la Magistratura.

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El MAS ‘en emergencia’: Morales dice que la misión de Ávila es presidir el TSE y proscribir al MAS

Evo Morales en conferencia de prensa en La Paz.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 11 de abril de 2024 / 11:06

El jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, afirmó que la designación del vocal Gustavo Ávila tiene el objetivo de, primero, presidir el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y, posteriormente, “proscribir” a su partido.

“La instrucción de la Casa Grande es que Gustavo Ávila sea presidente del TSE, con dos misiones; primero, inhabilitar a evo como (candidato a) presidente) y, segundo, la misión de proscribir al MAS-IPSP (…). Nos declaramos en emergencia”, dijo el exmandatario en una rueda de prensa en La Paz.

Dijo que una de las rutas para “prescribir” a esa organización es el “incumplimiento de instrucciones del TSE”, como la renovación de directivas.

Así, justificó las observaciones que la Secretaría de Cámara del TSE emitió a la convocatoria al congreso del MAS evista para el 10 de junio de este año.

Ese encuentro busca definir la nueva directiva del MAS, cuyo plazo para su registro ante el Órgano Electoral fue ampliado en cuatro ocasiones, hasta el 5 de mayo. La directiva actual, liderada por Morales, fue electa en 2017.

Al respecto, el vocal Tahuichi Tahuichi, explicó que, ante posibles incumplimientos, las organizaciones políticas pueden recibir hasta tres amonestaciones y que pueden hasta perder su personería jurídica.

“Esa es la misión. Si pasa algo (con la inhabilitación de Morales o la supuesta proscripción del MAS), ya sabemos de dónde viene la instrucción”, dijo el líder cocalero.

Desde septiembre de 2022, Morales denunció un supuesto “plan negro” implementado por el Gobierno con el fin de “anularlo” políticamente. Ese discurso creció y comenzó a acusar al presidente Luis Arce de buscar la “proscripción del MAS” con fines electorales.

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Becker prevé que puede adelantarse la deportación de Murillo como pasó con Méndez

Thomas Becker afirmó que la Justicia de EEUU deporta a los sentenciados por casos como los de Murillo y que la deportación de Méndez “es una señal” para que ocurra lo mismo con el exministro.

Arturo Murillo, detenido en Estados Unidos. Foto: RRSS

/ 11 de abril de 2024 / 10:53

El abogado estadounidense Thomas Becker afirmó que es muy posible que el exministro de Gobierno Arturo Murillo sea deportado a Bolivia por el caso Gases lacrimógenos, luego de cumplir su sentencia en Estados Unidos por lavado de dinero y soborno.

En entrevista con La Razón Radio, aseguró que “los gringos”, como llama a las autoridades estadounidenses, no quieren a Murillo en ese país porque —en su criterio— no respondió a la demanda civil en su contra sobre la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos en 2019.

“Es muy posible que vayan a deportar a Murillo porque están enojados con él por no responder a la demanda; esto es algo jurídico”, justificó el abogado.

La sentencia de la jueza Lisa Walsh, que obliga a Murillo a indemnizar a Bolivia con $us 6,2 millones, señala que, ante la ausencia del exministro, el 10 de marzo de 2024, el tribunal “declaró rebeldía contra el demandado”.

En criterio de Becker, el no responder a la demanda agravó su situación con la justicia de su país, debido a que su acción representa un insulto al sistema judicial de Estados Unidos. “Murillo no participó en el caso, tenía que responder a una demanda. Él técnicamente perdió por ‘decisión rebelde’ le ofrecieron un mes para responder, pero nunca respondió”, dijo.

El jurista consideró que su falta de respuesta fue producto de su “arrogancia” o por una incomprensible estrategia legal que no hace más que empeorar su situación legal. “Los gringos son arrogantes también”.

“Fue muy raro que no haya respondido a la demanda civil. Los políticos van a estar enojados, es un insulto cuando no respondes a la corte”, insistió.

Respecto a los obstáculos de una posible deportación, lamentó que existen posibles impedimentos, entre ellos que el exministro denuncie la posibilidad de “tortura” por parte de Gobierno o si presenta una aplicación de asilo por presunta persecución.

“Hay la posibilidad de asilo, pero por un delito de este nivel, Estados Unidos deporta a la persona”, aseguró.

El 9 de abril reciente, un tribunal de Miami, Floridad, dictó una sentencia por la que Murillo deberá indemnizar a Bolivia con $us 6.287.525,42 en el caso de la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos en 2019.

Ese mismo año, a la semana de la interrupción en el poder de Jeanine Áñez, Murillo, en coordinación con su colega de Defensa, Luis Fernando López, encargó la compra de material antidisturbios a la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS) de parte de la firma Cóndor.

Por el lote de granadas de gas y otros elementos antidisturbios no letales, Bolivia pagó $us 5,6 millones, de los cuales $us 2,3 millones fueron sobreprecio.

Murillo huyó de Bolivia tras conocerse la victoria del presidente Luis Arce en las elecciones generales de 2020. Fue acusado por represión a manifestantes y compras irregulares mientras era ministro de Gobierno de Áñez.

En mayo de 2021, Murillo fue detenido en Miami junto con su exjefe de gabinete Sergio Méndez y tres empresarios estadounidenses. Todos estaban acusados de montar un esquema de sobornos y lavado de dinero para aprovecharse de una importación de gases lacrimógenos realizada por Bolivia cuando Murillo era ministro. La exautoridad fue condenado a 5 años y 10 meses (70 meses).

Méndez fue deportado desde Estados Unidos, admitió su culpabilidad en el caso de lavado de dinero y legitimación de ganancias ilícitas. Recibió una condena de 42 meses en el país norteamericano.

Becker afirmó que, por lo general, la Justicia de Estados Unidos deporta a los sentenciados por casos como los de Murillo y que la deportación de Méndez “es una señal” para que ocurra lo mismo con el exministro.

Para Becker lo que ocurrió en 2019 en Bolivia, en alusión a las masacres de Senkata (El Alto), Sacaba (Cochabamba) y el Pedregal (La Paz), “fue muy fuerte” hasta para los estadounidenses, debido a que —según explicó— es muy complicado procesar a una persona en Estados Unidos. “Los gringos protegen a personas como Murillo, pero los delitos eran tan fuertes que lo procesaron dos veces, en un caso criminal y uno civil”.

“Es una persona que cometió varios delios horribles en Bolivia”, sentenció.

Al ser consultado sobre su conocimiento sobre los fondos de Murillo, afirmó que el Estado boliviano puede congelar las cuentas y propiedades de Murillo para garantizar el pago de $us 6,2 dictado por la Justicia.

“No sabemos cuanta plata tiene accesible. Es posible que tenga una cuenta en el caribe”, añadió. 

El abogado explicó que, si bien Murillo tiene una sentencia de 70 meses de prisión, ese tiempo se puede reducir por buena conducta en su reclusión para, posteriormente, ser deportado a Bolivia.

“Las personas que deciden las deportaciones van a ver una falta de respeto (por no haber respondido a la demanda) y lo van a deportar”, dijo.

Becker es abogado de los familiares de las víctimas de octubre de 2003 que abrieron un juicio civil contra Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) y Carlos Sánchez Berzain (“El Zorro”) en Estados Unidos. También defendió a las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba en 2019.

Lea también: Murillo deberá indemnizar con $us 6,2 millones a Bolivia por el caso Gases lacrimógenos

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Caso Decretazo: ausente Camacho, la audiencia de juicio oral se suspende hasta el 27 de mayo

Martín Camacho, abogado del gobernador Luis Fernando Camacho, anunció “acciones” contra el gobernador del penal de Chonchocoro por supuesto incumplimiento de deberes al no permitir el traslado de su defendido a Santa Cruz.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 11 de abril de 2024 / 10:25

El inicio del juicio oral contra el gobernador Luis Fernando Camacho por el caso Decretazo fue suspendido hasta el 27 de mayo debido a que el acusado no asistió.

“El 27 de mayo se va a continuar con la audiencia”, dijo Martín Camacho, abogado defensor de la autoridad departamental.

Según informó a los periodistas en Santa Cruz, el acto judicial será presencial y no será trasladado a La Paz, por disposición de la autoridad jurisdiccional.

“Se ha descartado de manera enfática la virtualidad”, sostuvo el jurista.

Camacho

Actualmente, Camacho cumple detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro desde el 30 de diciembre de 2022. Está acusado en el caso Golpe de Estado I, que investiga los hechos precedentes al derrocamiento del presidente Evo Morales en noviembre de 2019.

Sin embargo, también está imputado en el caso Decretazo, por la supuesta comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes con la promulgación del Decreto 373, el 9 de marzo de 2022, con el que delegó sus funciones a un secretario, Miguel Ángel Navarro, y no al vicegobernador Mario Aguilera.

El artículo 25 del Estatuto Departamental de Santa Cruz dicta que ante la ausencia temporal del gobernador se activa la suplencia temporal a cargo del vicegobernador. Camacho y Aguilera fueron electos en las elecciones subnacionales de 2021 como gobernador y vicegobernador, respectivamente.

Las investigaciones del caso Decretazo se abrieron a instancias del asambleísta departamental del MAS Clemente Ramos; luego se sumaron sus colegas de oposición, la Procuraduría General del Estado y el Viceministerio de Transparencia Institucional.

Proceso

El 10 de febrero de este año, un juez ordenó el traslado del gobernador Camacho hasta Santa cruz, para que asista a su juicio. Sin embargo, el Gobierno advirtió de posible “convulsión” si la autoridad departamental llega a su región.

Este miércoles, el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, insistió en la posición y Camacho consideró que el país ha perdido el Estado de derecho.

Ante esa negativa, la defensa insistió en que no existe ningún impedimento legal para el traslado de Camacho y anunció un proceso por supuesto incumplimiento por parte del gobernador del penal de Chonchocoro y anunció “acciones” en su contra.

Camacho enfrenta, al menos seis procesos judiciales. Tampoco puede ejercer sus funciones de gobernador desde la cárcel; el Tribunal Constitucional dispuso la suplencia temporal a favor del vicegobernador Aguilera.

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Bolivia pedirá a EEUU que devuelva el dinero confiscado a Murillo y Méndez

La Procuraduría explicó que Murillo y Méndez fueron sentenciados por los delitos de corrupción por sobornos.

Sergio Méndez, exjefe de gabinete, y Arturo Murillo.

Por Boris Góngora

/ 10 de abril de 2024 / 21:11

La Procuraduría General del Estado (PGE) informó este miércoles que gestionará, en coordinación con la Cancillería, que Estados Unidos devuelva el dinero confiscado al momento de la aprehensión del exministro Arturo Murillo y Sergio Méndez, su exjefe de gabinete.

“La PGE gestionará en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, por la vía diplomática se autorice por parte del Departamento de Estado de los EEUU, la devolución de los dineros confiscados al momento de las aprehensiones realizadas”, señala el comunicado de la Procuraduría.

Murillo y Méndez están involucrados en el sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos, con un daño económico al Estado calculado en $us 2,3 millones. El exministro fue sentenciado en Estados Unidos por soborno y lavado de dinero, y su exhombre de confianza fue deportado a Bolivia, donde fue aprehendido y ahora cumple detención preventiva en la cárcel de San Pedro por seis meses, sindicado de legitimación de ganancias ilícitas.

Lea más: Murillo deberá indemnizar con $us 6,2 millones a Bolivia por el caso Gases lacrimógenos

La investigación, destapada en mayo de 2021, determinó que la compañía Bravo Tactical Solutions (BTS), con sede en Florida, se adjudicó de forma directa la compra de gas lacrimógeno y otros equipos no letales por cerca de $us 5,6 millones, con un sobreprecio de $us 2,3 millones. La adjudicación fue dirigida por Murillo.

La Procuraduría explicó que Murillo y Méndez fueron sentenciados por los delitos de corrupción por sobornos para la firma de contratos con el Estado Boliviano y junto a ellos se condenó a otros tres estadounidenses, dueños de BTS.

Añadió que Murillo cumplirá “una condena penal hasta el 11 de febrero de 2026” y Méndez, luego de cumplir su condena fue deportado de Estados Unidos y detenido apenas pisó suelo boliviano en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz.

“La Procuraduría obtuvo en la vía de la reparación civil dos sentencias emitidas por la Justicia de Miami, Florida. Una primera sentencia contra Sergio Méndez y otra contra Arturo Murillo; ambas condenan como reparación de daños de forma mancomunada y solidaria al pago total de $us 6.287.525,42 que devengará un interés anual de 9,09% anual; también se gestiona, coordina y dirige la posible suscripción de un acuerdo con dos ciudadanos que tienen autoría menor en relación al hecho, para la recuperación de dineros a fin de reparar los daños contra el Estado”.

También, indicó que se “coordina con las acciones de intervención y seguimiento por los delitos imputados y acusados en territorio nacional, contra ambos ciudadanos como autores mediatos, para que la justicia boliviana opere en el marco de su soberanía, sentenciando y recuperando los daños ocasionados contra los recursos del pueblo boliviano”.

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