Nacional

jueves 30 jun 2022 | Actualizado a 19:58

Tras rescate de empresario, cae parte de una banda de secuestradores en Santa Cruz

El plagio ocurrió a las 23.00 del miércoles 24 de julio. Un exempleado fue quien divulgó los datos de los empresarios y los montos económicos que ingresaban a la empresa Hamacas, que se dedica al comercio de empanadas salteñas

/ 26 de julio de 2019 / 23:18

La Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de Santa Cruz desbarató la noche de este viernes parte de una banda de secuestradores en la ciudad de Santa Cruz y rescató con vida a un empresario a quien pretendían matar. La Policía detuvo a dos plagiadores y busca a otros cuatro que, según los indicios, son de nacionalidad brasileña y boliviana.

Pedro Choquehuanca Quispe y su esposa Patricia Bohórquez, ambos propietarios de la empresa Hamacas, que se dedica a la venta de salteñas, fueron plagiados la noche del miércoles 24 de julio, cerca de las 23.00, después de que cinco delincuentes ingresaron a su vivienda en la Villa Primero de Mayo. Los obligaron a abrir una caja fuerte, pero no tuvieron éxito.

"Hemos tomado conocimiento de un plagio protagonizado por una organización de súbditos extranjeros contra una persona, un empresario reconocido y nos ha preocupado de sobremanera esta situación al estar en riesgo la vida de las personas", informó en conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

Explicó que "se ha desplegado un operativo realmente exitoso, se ha hecho un trabajo investigativo intenso, se ha recuperado con vida a nuestro conciudadano y se ha podido desarticular el núcleo de la organización delictiva".

Un exempleado de la empresa y otra personas, que hacía de "campana", una especie de vigía del pago del rescate que habían pedido los plagiadores, fueron aprehendidos por agentes de élite del DACI y según su director en Santa Cruz, el coronel Jhonny Aguilera, los operativos para detener a los otros cuatro integrantes de la banda continúan.

De hecho, la fuerza del orden ha desplegado el helicóptero policial para coadyuvar en la captura del resto de los plagiadores que son extranjeros y bolivianos.

"Encontramos en las viviendas de los coautores armas de fuego, las placas que fueron usadas para la motocicleta y el vehículo usado para el plagio", relató Aguilera, durante la presentación de los aprehendidos en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Choquehuanca y su esposa fueron llevados a una zona "semimontañosa" cercana al municipio de Porongo, donde los encadenaron de pies y manos a un árbol.

Cerca de las 03.00 del jueves —según los datos de las pesquisas— los secuestrados ordenaron a una cajera que vaya a la casa del empresario y retire la recaudación de dinero del día anterior, monto que ascendía a Bs 43.000. Tras la entrega de dinero Bohórquez fue liberada y luego fue contactada

Según Aguilera, los delincuentes exigieron $us 300.000 por la vida de Choquehuanca, suma que debía ser dividida en tres partidas de $us 100.000, pero pidieron una rebaja y entregaron 50 mil dólares.

El Director de la FELCC explicó que los secuestradores no tenían la intención de liberar al rehén, pues iban a asesinarlo. "Era un estafa", dijo.

La Policía no había recibido la denuncia de la familia, pero actuó luego de conocer el hecho a través de la persona que entregó el primer pago de Bs 43.000. Luego, los plagiadores contactaron a la esposa vía WhatsApp para pedir el rescate de $us 300.000.

(26/07/2019)

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Desafían a Cuéllar a demostrar denuncias contra García, en la oposición piden al TSE indagar

El diputado Rolando Cuéllar fue blanco de ataques desde filas del MAS. El propio expresidente Evo Morales habló de traidores. Desde la oposición piden indagar y retirar la personería del MAS

El diputado Cuéllar el miércoles, durante su denuncia.

/ 30 de junio de 2022 / 19:44

La denuncia lanzada por el diputado Rolando Cuéllar contra el vicepresidente del MAS, Gerardo García, provocó amenazas y desafíos a probarla, mientras que la oposición exigió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) actuar de oficio e indagar la revelación de un supuesto financiamiento electoral ilícito al MAS con vistas a anular su personería jurídica.

En una carta enviada al TSE y firmada por 13 legisladores de la oposición, se demandó indagar la denuncia del diputado Cuéllar, quien el miércoles hizo pública una carta firmada por García, en la que agradece aportes económicos a la campaña electoral de Miguel Ángel Salazar Yavi, nombre con el que estaba en Bolivia el acusado de narcotráfico en Argentina Miguel Farfán.

“La denuncia realizada por el diputado Cuéllar se constituye en indicios o pruebas de que la organización política MAS-IPSP ha recibido recursos de ‘origen ilícito’, en consecuencia, corresponde que el Tribunal Supremo Electoral, de oficio, inicie las actuaciones necesarias”, establece parte de la misiva firma por legisladores opositores como Centa Rek y Tatiana Áñez.

A través de un comunicado, la Dirección del Movimiento Al Socialismo (MAS) salió el miércoles en defensa de García y calificó de “instrumento falsificado” la carta presentada por Cuéllar. “El MAS se reserva su derecho de iniciar, en los siguientes días, las acciones judiciales pertinentes para que Cuéllar y sus cómplices expliquen ante la justicia las razones del delito que acaban de cometer”, se advirtió.

En la carta revelada por Cuéllar se sostiene: “De parte de nuestro presidente, hermano Evo Morales Ayma y la dirección nacional y todos sus dirigentes del MAS-IPSP, agradecemos a nuestro hermano Miguel Ángel Salazar Yavi por las grandes contribuciones económicas que vienen realizando desde las elecciones del 2014 hasta el momento, porque gracias a sus generosas contribuciones pudimos solventar nuestras campañas en diferentes etapas electorales desde el 2014, y que todavía recibimos tan generosamente de su parte como un empresario próspero que contribuye al desarrollo de nuestra Bolivia”.

Mientras que este jueves, el diputado masista Patricio Mendoza anunció que Cuéllar, expulsado de filas del partido oficialista, deberá explicar y sustentar su denuncia.

“Vamos a convocar a reunión de bancada para tocar el tema y vamos a pedir que nos demuestre con prueba objetivas los vínculos con el narcotráfico”, anunció.

Morales respondió en la mañana y en alusión a Cuéllar habló de traidores.

“La derecha golpista con ayuda de algunos traidores usa documentos falsos y nuevamente trata de proscribir al MAS-IPSP. Fracasarán como fracasaron cuando trataron de anular la sigla en el gobierno de facto. Demuestran que con tal de atacar a Evo son capaces de destruir al MAS-IPSP”, afirmó Morales a través de su cuenta en Twitter.

Cuéllar aseguró que la carta dirigida a Miguel Ángel Salazar Yavi, nombre con el que estaba en Bolivia el acusado de narcotráfico en Argentina Miguel Farfán, es verídica.

“Ellos deberían dar el ejemplo, deberían sumarse a la denuncia del vínculo, de la corrupción en este proceso de investigación que hemos denunciado”, sostuvo a Erbol.

En esa misma línea, el diputado del MAS Héctor Arce desafió a Cuéllar a demostrar su denuncia, porque de lo contrario “va a ser sujeto a procesos penales. Su pobreza y miseria mental no le hacen medir las consecuencias”.

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Caso Ítems fantasma: No hay fecha de extradición de Parada, tiene 15 días para impugnar

El secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, confía que las autoridades de Panamá no darán curso a la impugnación ante las pruebas presentadas

Guillermo Parada. Foto: RRSS

/ 30 de junio de 2022 / 18:09

Pese a que Panamá viabilizó la extradición, Guillermo Parada aún tiene la posibilidad de impugnar en 15 días la decisión para evitar su traslado a Bolivia por el caso “Ítems fantasma”. El secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, descartó que la impugnación sea aceptada por las pruebas presentadas, empero no podrá ser extraditado hasta que se agote ese recurso.

“Tiene derecho a la impugnación en un plazo de 15 días, sin embargo nosotros vemos que aquello no va a ser procedente debido a que hemos fundamentado desde el punto de vista constitucional, de los derechos humanos y de los estándares internacionales la solicitud de extradición”, explicó en una conferencia de prensa.

Parada fue detenido el 30 de diciembre de 2021 en Panamá cuando intentaba llegar a Estados Unidos, luego de abandonar Brasil, donde estuvo refugiado. Su hermano, Antonio Parada, exjefe de Recursos Humanos de la Alcaldía de Santa Cruz, también se encuentra detenido con fines de extradición en Brasil.

El 2 de enero de este año se conoció que la Justicia panameña dispuso la detención provisional de Guillermo por 60 días con fines de extradición. El extraditable está acusado por los delitos de favorecimiento al enriquecimiento al ilícito y enriquecimiento ilícito con afectación al Estado.

Los hermanos Parada huyeron de Bolivia por un punto fronterizo no autorizado a fines de 2021 después de que fueran identificados como los principales responsables de la creación de al menos 800 ítems fantasma para desviar los recursos de la Alcaldía de Santa Cruz. Captaban a sus víctimas y los integraban con ítem en la Alcaldía, pero los sueldos los cobraban los acusados como parte de toda una red delictiva.

Por este caso está en la cárcel la exalcaldesa Angélica Sosa, aunque negó haber sido parte de esta trama delictiva.

No hay plazo para la entrega de Parada. “Corresponde que se agoten estos últimos 15 días de plazo para Guillermo Parada, quien seguramente va a presentar la impugnación. Estamos seguros que no va a ser viable y va a corresponder la entrega a nuestro país y su traslado a Bolivia para que sea sujeto a las medidas correspondientes”, explicó.

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Panamá declara procedente la solicitud de extradición de Guillermo Parada

La decisión asumida puede ser objetada por el extraditable en un plazo de 15 días.

Guillermo Parada. Foto de archivo: RRSS.

/ 30 de junio de 2022 / 15:32

La República de Panamá comunicó a la Cancillería de Bolivia que la solicitud de extradición de Guillermo Parada –uno de los principales implicados en la presunta creación de al menos 800 ítems fantasma para desviar recursos de la Alcaldía de Santa Cruz– fue declarada procedente por el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país a través de una resolución ministerial emitida el pasado 20 de junio.

La Cancillería boliviana, mediante un comunicado, informó este jueves que “la decisión asumida en dicha resolución puede ser objetada por el extraditable que tiene el plazo de 15 días – computables a partir de su notificación – para solicitar la revisión”.

“Si se concede la extradición de Guillermo Parada, el Estado boliviano deberá hacerse cargo del traslado en el plazo de 30 días calendario, a partir de la comunicación oficial realizada por vía diplomática”, agregó la Cancillería en el documento.

El 30 de diciembre de 2021, Guillermo Parada fue retenido en un aeropuerto de Panamá en el momento que pretendía continuar su viaje rumbo a Estados Unidos, después de haber dejado Brasil, a donde inicialmente huyó al igual que su hermano Antonio, exdirector de Recursos Humanos de la Alcaldía de Santa Cruz.

El 2 de enero de este año se conoció que la Justicia panameña dispuso la detención provisional de Guillermo por 60 días con fines de extradición.

El Estado boliviano presentó la solicitud formal de extradición del requerido el 24 de febrero “cumpliendo la vía diplomática con fundamento en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y el Código de Procesal Penal de la República de Panamá”, precisó la Cancillería.

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Dos policías son aprehendidos por la presunta protección al colombiano Tibaduiza

El chofer que presuntamente transportó al ciudadano extranjero también ya fue identificado, según el Ministro de Gobierno.

El colombiano John Walter Tibaduiza. Foto: Unitel.

/ 30 de junio de 2022 / 14:24

Dos efectivos policiales fueron aprehendidos por la presunta protección al ciudadano colombiano John Walter Tibaduiza, quien inicialmente fue nombrado como uno de los presuntos involucrados en el asesinato de dos policías y un voluntario en el municipio de Porongo, departamento de Santa Cruz.

“Queremos manifestar que lo que nos ha motivado a la aprehensión de estos malos efectivos policiales es que mientras sus camaradas, sus colegas policías, se encontraban perdiendo la vida, ellos estaban protegiendo a un ciudadano de nacionalidad extranjera”, confirmó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en una conferencia de prensa.

La autoridad agregó que lo mínimo que deberían haber realizado esos policías es arrestar al ciudadano colombiano para preguntarle al menos “por qué se encontraba en una ruta nacional y precisamente dentro del departamento donde (horas antes) fueron acribillados” tres uniformados.

La tarde del pasado 21 de junio, dos efectivos policiales y un voluntario del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip) fueron asesinados en Porongo en circunstancias que aún se investigan.

Al día siguiente fueron capturados tres sospechosos (entre ellos también un colombiano) y quienes ahora se encuentran detenidos en distintas cárceles del país.

Se conoce que durante la madrugada de ese mismo 22 de junio Tibaduiza fue retenido por la Policía en la tranca de Montero, pero que –según su propia versión dada a conocer luego en una entrevista con Unitel– lo dejaron pasar una vez que los uniformados le quitaran $us 6.000 y su teléfono celular.

“A partir de esa denuncia efectuada a través de un medio de comunicación, la Policía ha logrado determinar que en esta tranca del oriente boliviano, en el municipio de Montero, se encontraban (destinados) ocho efectivos policiales”, agregó Del Castillo.

El ministro explicó que cuatro de esos ocho uniformados esa madrugada estaban de turno y de ellos “dos se encontraban al interior del retén policial y otros dos estaban fuera”. Por lo que “vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para llegar a la verdad material de este hecho caiga quien caiga”, agregó.

Sin embargo, aclaró que ninguno de los indicios o elementos obtenidos hasta momento por el triple asesinato en Porongo “habrían citado a este ciudadano colombiano” como uno de los presuntos responsables del crimen.

Por tanto, Tibaduiza “no habría sido visibilizado por los testigos oculares (del caso Porongo)”, insistió. Pero “lo que nos llama la atención es que habían policías que recientemente han perdido la vida y sus camaradas estaban buscando (o dejando) pasar a un colombiano dentro de las trancas del territorio nacional y eso no lo vamos a perdonar”, apuntó.

Además, anunció que el chofer del minibús en el que se transportó el extranjero también ya fue identificado y deberá prestar sus declaraciones.

Asimismo, “estamos pidiendo las cámaras de seguridad a Vías Bolivia para que se demuestre si realmente el colombiano se habría bajado (del minibús) y si realmente lo habrían conducido estos efectivos policiales hacia otro lugar”, señaló.

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Diputada Álvarez, de Creemos: La Policía está dañada por la injerencia política

La opositora señaló que hay una desinstitucionalización de entidades que están a cargo de la seguridad de la población, impulsada por el gobierno del MAS.

/ 30 de junio de 2022 / 13:47

La diputada María René Álvarez, de la alianza opositora Creemos, señaló que la injerencia política ha hecho daño a la Policía, por lo que apuntó al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), en medio del escándalo por el asesinato de dos policías y un voluntario del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (GACIP) en el municipio cruceño de Porongo.

Incluso, afirmó que hay un proceso de desinstitucionalización en varias entidades que están a cargo de la seguridad de la población, impulsado por el Órgano Ejecutivo, y puso como ejemplo que se haya puesto, en el organigrama, al Ministerio de Gobierno como cabeza de la entidad policial, tal como se dispuso mediante una norma impulsada por el oficialismo.

Remarcó que lo sucedido en Porongo es una muestra clara de los tentáculos del narcotráfico en el país. Por este caso hay tres detenidos que están encarcelados en centros de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. El principal implicado es Misael Nállar, quien se encuentra en la prisión paceña de Chonchocoro. Además, se investiga los nexos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) con este caso.

Álvarez indicó que hay preocupación en la población por las implicaciones de la Policía con hechos de corrupción, con el narcotráfico y otros casos como el robo de vehículos en Chile. “El MAS es brazo operativo de esta criminalidad… Hay una actuación protectora de entidades estatales”, subrayó, y añadió que hay leyes que permiten la lucha contra las ganancias ilícitas, y así atacar a los narcotraficantes.

Aparte, demandó al Gobierno un plan para reformular la lucha contra el narcotráfico.

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