El Gobierno, a través del viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, descalificó la intención de los panificadores para incrementar el precio del pan de batalla y garantizó la subvención de harina a ese sector para evitar el alza.

Siles dijo que la subvención de ese producto “es fuerte” y que el quintal de harina que se entrega a los panificadores “está entre los Bs 125 y Bs 130”, mientras que en el mercado tiene un precio de entre Bs 250 y Bs 260.

Explicó que, para garantizar la dotación de harina a los panificadores, no solo subvenciona el trigo como tal, sino la molienda que lo transforma en harina, pero que para ello es necesario cubrir el déficit de producción local de harina.

Harina

“En el caso del trigo nosotros somo deficitarios. Lo que requiere el país son 800.000 toneladas métricas por año, pero en las mejores épocas hemos llegado a producir entre 400.000 y 450.000 toneladas métricas, pero el año pasado, se llegó a 295.000. Somos deficitarios en la producción de trigo”, añadió.

En otro ámbito, destacó la ampliación del periodo para mantener el arancel cero en la importación de trigo, que se mantendrá hasta el 31 de agosto. Se prevé que en ese tiempo se alcance una importación de al menos 60.000 toneladas métricas.

“Van a entrar 1.000 toneladas a 1.200 toneladas de trigo por semana, para poder cubrir esta necesidad”, complementó el funcionario.

Ratificó la predisposición del Gobierno para el diálogo con el sector panificador, con los que se reunirá el lunes para evitar que el precio del pan de batalla se incremente, como anunciaron las representaciones de varios departamentos.

El expresidente Evo Morales afirmó este domingo que el Movimiento Al Socialismo (MAS), como instrumento político, “es secundario” y que actualmente es un «proyecto país».

“Como instrumento político, el MAS ya es secundario para mí. Pero como proceso de cambio, como revolución democrática y cultural; eso es un proyecto país, es visión de país, no es solo un instrumento político”, dijo en su programa dominical.

Evo Morales

¿Por qué Morales hizo esa declaración? En noviembre de 2024, por una instrucción del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) registró al dirigente campesino Grover García como presidente el MAS, en lugar de Morales que, hasta entonces, lo presidía.

Luego, el además líder cocalero, advirtió que se trata de un “robo de la sigla” y apuntó al presidente Luis Arce como el “responsable”. En criterio de Morales, su otrora elogiado ministro de Economía quiere anularlo políticamente para las elecciones generales de 2025.

Pero no es todo, recientemente advirtió el Gobierno, al que considera “traidor” y de derecha, busca un acercamiento con el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez.

Movimiento Al Socialismo

Precisamente, el titular del Senado del Senado, que fue formado políticamente por el mismo Morales, desmintió los rumores. Sobre eso, el exmandatario afirmó que es un intento de “desgastar” al chapareño.

“El plan del Gobierno era robarnos la sigla y robarnos a Andrónico”, agregó Morales este domingo.

Luego de ser despojado del MAS, Morales insistió en su candidatura en 2025 y dijo que se presentará a los comicios “con sigla prestada o regalada”.

Luis Arce

El viernes, en un acto en conmemoración de la Confederación de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa”, el presidente Arce fustigó a quienes se alejan del MAS y dijo que, al contrario, “ellos son los traidores”.

“Los traidores son los que hoy se están yendo del MAS IPSP, los que buscan otra sigla, esos son los traidores, nosotros vamos a continuar firmes y consecuentes con nuestro instrumento político y nuestras organizaciones”, dijo en La Paz.

Casi 21.000 soldados y marineros del primer escalón de Servicio Militar Obligatorio de2024 se licenciaron en actos “emotivos” que se celebraron en las diferentes unidades militares del país, según informó el Ministerio de Defensa.

Esa cartera de Estado destacó la actividad en sus redes sociales

“Los ahora reservistas recibieron su libreta militar y manifestaron su satisfacción en discursos emotivos en los que destacaron la instrucción militar, cívica, capacitación técnica, la oportunidad de continuar sus estudios y distintas actividades de las cuales fueron partícipes en apoyo a la población”, dice la publicación.

Asimismo, el reporte de Defensa da cuenta que los jóvenes recibieron capacitación en operaciones de apoyo al desarrollo nacional y capacitación técnica. Además, realizaron cursos de especialidad militar como ser Cóndor Leal, Ranger, Paracaidista, Escalador Militar, Policía Militar, en unidades militares que cuentan con estas especialidades.

También, recibieron instrucción para participar activamente a conseguir un desarrollo socioeconómico elevado y en la seguridad cooperativa y colectiva; y para proteger y conservar la biodiversidad y el medio ambiente, entre otras áreas.

“A la finalización de su servicio, el Estado les otorga la Libreta de Servicio Militar Obligatorio como reconocimiento por haber cumplido con su deber militar para con la Patria”, complementa el comunicado.

Una ofrenda a la Madre Tierra marcó el inicio de la tercera jornada de la denominada “Marcha comunal por la vida” rumbo hacia La Paz.

Como estaba previsto, a las 07.00 comunarios y marchistas se concentraron a la altura de la pasarela de la localidad de Calamarca, donde pernoctaron.

A diferencia del sábado, cuando la columna partió de Ayo Ayo el sol acompañó a los marchsitas liderados por el senador Leonardo Loza y el dirigente campesino Pedro Llanque.

En esta jornada, en la que se prevé llegar a la localidad de Achica Arriba, se sumó el diputado evistas del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce.

La marcha que exige al Gobierno una solución al incremento de precios de los productos de la canasta familiar y la escasez de dólares y combustibles en el mercado nacional, prevé su llegada a La Paz este lunes.

“Agradecemos a nuestras autoridades originarias. Vamos a arrancar con la fuerza de la Madre Tierra y del Padre Sol rumbo a Achica Arriba y de esa manera seguir reivindicando las grandes necesidades del pueblo boliviano”, dijo Loza a Kawsachun Coca.

Una vez más descalificó las acusaciones de algunas autoridades del Estado, que afirman que la marcha es “violenta” y que busca generar “muerte”.

“La marcha no está armada, es pacífica, con disciplina, educación sin provocar ni maltratar a nadie. Que no se equivoque en acusar de falsa manera a esta marcha del pueblo”, sostuvo Loza.

Varias organizaciones sociales se sumaron a la protesta que partió el viernes desde la localidad de Patacamaya. Delegaciones de otros departamentos se fueron sumando a los marchistas y el senador Loza prevé que llegarán “miles y miles” a su destino.

¿Cómo serán las próximas elecciones judiciales en Bolivia: totales o parciales? El abogado Israel Quino y el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé plantean varias alternativas y coinciden que lo más viable es reformar la Constitución Política del Estado (CPE)

En diciembre, solo 19 de los 26 magistrados y consejeros fueron electos, luego de una decisión del TCP que, a través de la Sentencia Constitucional 0770/2024-S4 declaró desierta la convocatoria para el TCP en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija y Cochabamba.

La misma disposición declaró desierta la convocatoria para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Beni y Pando.

Ahora, acreditados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y posesionados por el presidente Luis Arce, lo 19 profesionales–y la misma cantidad de suplentes- conviven con los magistrados electos en 2017, que ampliaron su mandato con la Declaración Constitucional 049/2023, emitida en diciembre de ese año.

Elecciones judiciales

Por ese motivo, ahora se debe realizar otro proceso de preselección, elección y posesión de nuevas autoridades en “elecciones complementarias”. Dicho proceso debe seguir la ruta del anterior; es decir, la emisión de una ley de convocatoria, la reglamentación y la preselección, cuya responsabilidad recae en la Asamblea Legislativa Plurinacional y, luego, el TSE deberá emitir un nuevo calendario electoral.

La Razón consultó con el abogado constitucionalista Israel Quino sobre cuál será el periodo de ejercicio para las autoridades “complementarias” y si eso implicaría la realización de dos comicios de aquí en adelante. El profesional describió tres “posibilidades”, y aclaró que “en ningún caso hay una norma prohibitiva”.

La primera opción que plantea es que la Asamblea Legislativa apruebe una ley que implique un periodo también “complementario”, es decir, que la norma que rija para el proceso especifique que el tiempo de mandato sea de cinco años.

Israel Quino

Un segundo escenario que planteó el jurista tiene que ver con una convocatoria que establezca los mismos seis años que describen la Constitución Política del Estado (CPE) para dichos cargos. Ésta última implica mantener dos elecciones para que la población elija a las altas autoridades.

Finalmente, Quino planteó la posibilidad de una “reforma parcial” que permita el paso a una nueva forma de designar a las autoridades del TCP, TSJ, el Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura.

 “El tercer camino es que sea la última vez que se elija por voto popular y que esta decisión se sujete a una reforma parcial a la Constitución en la que ya no se elijan más magistrados por voto popular, dijo en entrevista con este medio.

Esa posibilidad, explicó, debe resolver un “nuevo mecanismo de elección de altas magistraturas, evitando el filtro político”.

CPE

En su criterio, se debe eliminar de la Constitución el voto popular para elegir a las altas autoridades judiciales. Dicho mecanismo de elección está contemplado en la CPE vigente desde el 7 de febrero de 2009.

“En tanto y cuanto existan filtros políticos para elegir altas magistraturas, vamos a tener jueces funcionales al poder, entonces, no debe existir es condicionante del filtro, que lo único que hace es legitimar la decisión política del poder. Es un error”, justificó.

“Ya no puede elegirse más magistrados por votación popular”, sentenció el jurista.

La propuesta de Quino es que “las próximas autoridades ingresen en un concurso de méritos institucional, más allá de (atravesar por) un filtro político”.

Para ello, explicó que debe constituirse un consejo nacional de reforma judicial que impulse la modificación de la Constitución”. Eso, con el objetivo de definir la elección de las altas magistraturas.

Reformas judiciales

 “Actualmente tenemos una Justicia indolente con el pueblo y servil con el poder. Eso ya hay que cambiar”, criticó.

Precisamente, las elecciones parciales fue el hecho polémico que marcó el fin de 2024. Pues varios actores criticaron que la decisión del TCP “se impongan” y “sometan” a los demás órganos del Estado.

En ese sentido, legisladores del bloque de oposición y de la facción evistas del Movimiento Al Socialismo (MAS) advirtieron que el TCP ejerce un “suprapoder” respecto de los demás órganos y calificaron como “nefasta” la gestión y la ampliación del mandato de los electos en 2017.

Por su parte, el expresidente del Estado Eduardo Rodríguez Veltzé coincidió con el abogado Israel Quino. Ambos advirtieron de la necesidad de una nueva forma de elección y designación de las altas autoridades judiciales

En criterio del exmandatario, hubo “crisis” en las tres elecciones judiciales realizadas hasta el momento. La primera, el 16 de octubre de 2011; la segunda, el 3 de diciembre de 2017 y, la tercera, de manera parcial, el 15 de diciembre de 2024.

Eduardo Rodríguez Veltzé

Consideró que este es “un momento constituyente” en el que se debe “ajustar la Constitución”, principalmente en el ámbito judicial.

Para ello apeló a la voluntad de los candidatos a la presidencia del Estado en las siguientes elecciones previstas para agosto de este año. “Mi planteamiento es que los candidatos a la presidencia se comprometan con los ciudadanos a conducir un proceso de reflexión y de reformas constitucionales, sobre todo en los ámbitos más prioritarios como la justicia”, dijo a La Razón.

Y añadió: “Eventualmente, debería definirse si los bolivianos queremos mantener este estado de situación con elecciones como las que tenemos, con esta metodología que ha probado no ser la mejor para elegir cortes o tribunales independientes e idóneos”.

Apostó por “introducir reformas a la Constitución, que cambien la modalidad actual” de elección, y que sea “más práctica y eficiente”, con el fin de tener autoridades imparciales.

Magistrados y elecciones judiciales

Pero también reclamó por las decisiones del TCP que influyeron en el trabajo de otros órganos. “Entre otras cosas, y también de altísimas prioridades, (se debe realizar) el ajuste de las competencias de esta revisión judicial de la constitucionalidad, que nos ha puesto en estas dificultades”, sostuvo.

En ese sentido, también apostó por “mecanismos de elección por meritocracia” para definir los siguientes magistrados del Órgano Judicial y del TCP, aunque aclaró que éste debe ser “parcial y no de golpe”.

En un intento de resolver lo “autoprórroga”, la Cámara de Senadores aprobó una ley excepcional y transitoria para garantizar el funcionamiento del TSJ con siete de nueve magistrados y del TCP con cuatro, todos, electos por votación el 15 de diciembre. Dicha norma tiene la finalidad de terminar con el mandato de los prorrogados.

La norma fue remitida a la Cámara de Diputados, pero no fue debatida en el pleno camaral del viernes.

Ley

Respecto de esa ley, el ministro de Justicia, César Siles, calificó de “inconstitucional” su propósito.

“Es un proyecto de ley que vulnera la Constitución Política del Estado, no se puede a través de una ley cambiar la jurisprudencia, de TCP (…) Hay sentencias, declaraciones y autos constitucionales que deben respetarse”, dijo la autoridad en conferencia de prensa.

Entretanto, en las primeras semanas del año, el TSJ, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura ya eligieron sus presidencias; mientras que, en el TCP, los miembros de la sala plena ratificaron al magistrado prorrogado Gonzalo Hurtado como su titular. Anunciaron que su cargo se será sometido a evaluación.

Aún hay expectativa por la resolución de las elecciones “complementarias”; varios sectores cuestionan la legitimidad y legalidad de las resoluciones de los tribunales con magistrados “combinados”.