El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, señaló que la Asamblea Legislativa es el órgano del Estado que debe asumir una postura para emitir una nueva convocatoria a las elecciones judiciales restantes o en su defecto asumir una decisión para regular el funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“Le daría la palabra a la Asamblea Legislativa para que asuma una postura como órgano del Estado y asuma una decisión si va a poder emitir una nueva convocatoria (para las judiciales) o en su defecto va a asumir alguna decisión que tenga que ver con regular el funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional”, señaló la autoridad electoral.

Vargas aclaró que el Órgano Electoral para administrar el proceso judicial restante depende de una primera fase que es la preselección que está a cargo del Legislativo.

Responsabilidad

“Quienes tienen que responderle al país son los miembros de la Asamblea sobre el rumbo que debe tener el Tribunal Constitucional”.  

Dijo que el Órgano Electoral está abocado en llevar adelante la elección de las judiciales en los “términos y condiciones” que dispuso el TCP, respetando el estado de derecho y las sentencias constitucionales que son de cumplimento “obligatorio vinculante”.

La sentencia 0770/2024-S4 de 4 de noviembre declaró desierta la convocatoria a elecciones de magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los departamentos de Beni y Pando.

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En tanto, para el TCP, en los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.

El miércoles se conoció la Sentencia Constitucional 0777/2024-S4 que ratificó y blindó la realización de las elecciones judiciales parciales para este 15 de diciembre, tal como lo estableció con el fallo 0770/2024.

También, la Sala Cuarta del TCP advirtió que cualquier acción constitucional contraria a este dictamen del Constitucional.

Debate

La decisión cierra todo debate y toda posibilidad de modificar la determinación de las judiciales parciales, pese a que candidatos y pueblos indígenas presentaron acciones de cumplimiento en busca de la realización de los comicios de manera total.

El vocal del TSE Tahuichi Tahuichi señaló en noviembre que el proceso judicial tendrá un costo de al menos Bs 183 millones y las restantes tendrán otro costo y no se tiene la claridad de cuando serán.

“(Esas) están desfasadas y en el tema económico debería pronunciarse la Contraloría General del Estado y sobre cuándo será se tendrá que preguntar a la Asamblea”, dijo el vocal entonces.

El legislador chuquisaqueño Marcelo Pedrazas pidió a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados la eliminación la renta vitalicia a expresidentes del país en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.

“Me dirijo a usted con el fin de solicitar la inclusión de una disposición en el Proyecto de Ley 003/2024-2025 del Presupuesto General del Estado-Gestión 2025 que elimine la renta vitalicia otorgada a los expresidentes y exvicepresidentes del Estado Plurinacional de Bolivia, abrogando la Ley 376, del 15 de mayo de 2013, que la instituyó”, dice parte de la misiva dirigida al presidente de dicha comisión, Andrés Flores Condori.

Marcelo Pedrazas

En su carta, Pedrazas también consideró que dicho beneficio para exmandatarios es un “privilegio inmerecido para un grupúsculo de exempleados públicos en edad de jubilación”.

Criticó, además, que algunos expresidentes accedieron a la Presidencia del Estado por sucesión para ejercerla de forma “efímera e intrascendente”.

Aludió a los expresidentes Jorge Quiroga, que en 2001 sucedió a Hugo Banzer (+); Carlos Mesa, que en 2003 reemplazó al dimisionario Gonzalo Sánchez de Lozada, y Eduardo Rodríguez, que en 2005 sucedió al también renunciante Mesa.

Cobran también ese beneficio los expresidentes Evo Morales (2006-2019) y Jaime Paz Zamora (1989-1993). Jeanine Áñez (2019-2020) no logró su propósito de cobrarlo.

Expresidentes

La ley invocada por Pedrazas señala que los exvicepresidentes también son beneficiarios de la “suma equivalente a diez (10) salarios mínimos nacionales mensualmente”.

“Su existencia como gasto inútil perpetúa inequidades en el uso de los recursos públicos que podrían ser destinados a sectores de mayor necesidad y urgencia en tiempos de crisis y necesidad de austeridad”, justificó el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) en su misiva.

Finalmente, consideró que la discusión y aprobación PGE 2025 se constituye en una oportunidad “propicia para materializar esta demanda ciudadana”, incorporando una disposición de abrogación de este privilegio en el marco de la política presupuestaria del país.

El presidente Luis Arce elogió este jueves el papel fundamental de la juventud en la administración pública, subrayando que su apuesta por jóvenes líderes en diversos cargos ha dado resultados tangibles.

Durante el acto de presentación del Sistema de Emisión Documental Automatizada del Servicio General de Identificación Personal (Segip), Arce destacó que este nuevo sistema permitirá la entrega automática de reposiciones de cédulas de identidad y duplicados de licencias de conducir, reflejo de un enfoque moderno y eficiente.

“Hay que renovar rostros, pero también ideas. Aquí nuestro Segip y nuestro Ministerio de Gobierno están demostrando que no nos habíamos equivocado al confiar en la juventud. Hemos apostado por ellos, no nos arrepentimos, y los resultados están a la vista”, afirmó el mandatario.

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Juventud

Arce destacó el trabajo de «jóvenes» funcionarios como el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo (35); la directora del Segip, Patricia Hermosa (39); y el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra (44), quienes, en su criterio, impulsaron iniciativas innovadoras.

Además, resaltó el espíritu transformador de los “millennials” en la administración pública. “Nos llena de orgullo que los jóvenes estén empujando y mostrando su compromiso con una patria mejor”, señaló.

El presidente enfatizó que la juventud está contribuyendo significativamente a la reconstrucción económica del país y al avance de la industrialización, mencionando que su manejo de la tecnología ha permitido logros importantes.

“Les hemos dado la oportunidad, y no nos arrepentimos. Hoy mostramos un producto que mejora la calidad de vida de la población”, concluyó.

Este enfoque hacia la inclusión de jóvenes refleja el compromiso del Gobierno con la modernización y la construcción de un futuro sostenible para Bolivia.

El ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) constantemente critica al evismo, liderado por el expresidente Evo Morales, por no brindar “oportunidades” a la juventud y continuar con los mismos líderes durante varios años.

En su informe de gestión 2024, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Ernesto Jaimes, defendió la ampliación de funciones de los magistrados del Órgano Judicial e indicó que el “hipotético” cese de funciones de las altas autoridades judiciales hubiese provocado un daño incalculable en el sistema judicial.

“Remarcamos que un hipotético cese de funciones hubiera generado la paralización de este tribunal y con ello, una afectación directa a los bolivianos que acuden a los estrados judiciales en busca de una atención a sus conflictos”, dijo la autoridad judicial.

La Declaración Constitucional 0049/2023 del 11 de diciembre de 2023 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dispuso la prórroga de mandato de los altos cargos del Tribunal Supremo de Justicia, Tribuna Agroambiental, Consejo de la Magistratura y del TCP de “manera excepcional y temporal hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades” del Órgano Judicial.

Cuestionamientos

La medida fue cuestionada por los actores políticos y los legisladores de oposición y el evismo quienes consideran que la Constitución no permite una “autoprórroga” de mandado. Indicaron que todos sus actos carecen de legalidad desde el 02 de enero de este año. 

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Jaimes enumeró que el cese de los magistrados “hubiese afectado” también a los Tribunales Departamentales de Justicia y juzgados de todo el país, esto debido a que no habría la posibilidad de habilitar ítems y firmar los contratos para todos y cada uno de los funcionarios del TSJ.

Además, dijo que “hubiera ocurrido” la imposibilidad de resolver recursos de casación, solicitudes de detención preventiva, los procesos de extradición, recursos extraordinarios de revisión de sentencia y en el caso de los Tribunales Departamentales de Justicia los autos de vista y la propia emisión de sentencias.

Inclusive, señaló que los juicios de responsabilidades, como la sentencia dictada en los días pasados en el caso Petrocontratos no se hubiera concretado, conforme a los intereses del Estado boliviano

“(Se) hubiese provocado efectos de daño incalculable. Lo que hicimos todos los magistrados de sala plena es asumir, entonces, una responsabilidad para preservar el derecho de las personas a una justicia pronta y oportuna”.

Prorroga

Jaimes remarcó que el mandato de los magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional (TCP) viene de la Constitución y del pueblo. Mencionó que este último es quien los eligió, pese a una campaña “contraria a la realización de las elecciones judiciales”.

“El pueblo nos eligió de manera legítima y democrática. Cumplimos, entonces, con la declaración constitucional que dispuso la continuidad de funciones de las máximas autoridades del Órgano Judicial, cumplimos con las leyes”.

Agregó que las dificultades con relación a las elecciones judiciales “fueron un efecto de la labor desatendida por la propia Asamblea Legislativa”.

El fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez, informó este jueves que se activó una alerta migratoria contra el exministro Juan Ramón Quintana, investigado por los 24 días de bloqueo evista.

Con una orden de aprehensión en su contra y «prófugo» de la Justicia, Quintana se declaró en la clandestinidad y dijo que no será un «objetivo fácil» para el Gobierno. Precisamente, acusó a la administración del presidente Luis Arce de tener intenciones «políticas» para capturarlo.

Por ese caso también es investigado Ponciano Santos, dirigente campesino de la fracción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), que también se encuentra en situación de clandestinidad.

Juan Ramón Quintana

Ambos son investigados por la supuesta comisión del delito de terrorismo e instigación pública a delinquir.

Otros dirigentes, Humberto Claros y Ramiro Cucho, guardan detención preventiva por el mismo caso.

Según informó el viceministro de Seguro Ciudadana, Roberto Ríos, Quintana y Santos, además de su líder, Evo Morales, se encuentran «atrincherados» en el Trópico cochabambino.

Consultado sobre el paradero de Quintana, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que éste sigue en el país.

Sobre los antecedentes atribuidos a los investigados, el ministro cuestionó que, por ejemplo, Quintana haya “ordenado” a campesinos e indígenas a bloquear el país durante 24 días y, además, enfrentarse con los miembros de la Policía Boliviana, como ocurrió en las localidades de Parotani, Cochabamba, y Mariana, Santa Cruz, donde hubo varios efectivos heridos.

Bloqueo evista

Quintana causó repercusiones al señalar, en medio del conflicto, que los bloqueos “desafortunadamente, (los bloqueos) se alimentan a través de la sangre”.

Entretanto, Santos lanzó duras amenazas contra la Policía Boliviana, que despejaba los puntos de bloqueo en varios sectores.

El bloqueo evista, entre el 14 de octubre y el 6 de noviembre, aisló a Cochabamba del resto de los departamentos; también generó un daño a la economía nacional que supero los $us 2.400 millones, según información del Gobierno.