Aumenta la presión contra Carlos Mesa, candidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC). A la insistencia de políticos para que responda a la acusación por el caso PAT, ahora se suma el tema de los gastos reservados cuando fungía como vicepresidente.
Mesa no se refirió hasta ahora a las denuncias. Ayer solo escribió en su cuenta de Twitter. “La guerra sucia es parte de la desesperación de aquellos que ya se van. Hablemos del presente: el sistema de salud colapsa. Propongamos soluciones para el futuro: el bienestar de las familias bolivianas debe ser prioridad. #YaEsDemasiado” (sic).
Desde el oficialismo y la oposición volvieron a pedirle que aclare si, entre 2002 y 2003, personeros de PAT recibieron $us 831.454,61 que, según Mauricio Balcázar, yerno y exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni), iban destinados a él para que acepte ser vicepresidenciable del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), tal como indica el escritor Emilio Martínez en su libro El caudillo ilustrado.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, advirtió que Mesa debe aclarar que no oculta nada “oscuro”. “El primer acto consecuente de la lucha contra la corrupción es ser transparente. Si el candidato, su equipo (…) no tienen nada oscuro entre manos, lo mínimo que tendrían que hacer es explicarle a la sociedad y no esconderse en el argumento fácil de que esto es una guerra sucia”.
Criticó al aspirante por la demanda que activó Ximena Valdivia, quien era gerente de PAT y ahora es parte del equipo de campaña de CC, contra Martínez y la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales. “¿Cuál es el objetivo de hacerle un proceso a un periodista, cuando el candidato de CC tiene como bandera y, además, se siente un adalid de la libertad de prensa? ¿No debería haber consecuencia en eso? Es parte del periodismo libre, democrático, independiente hacer investigación”.
El vicepresidenciable por CC, Gustavo Pedraza, en entrevista con Unitel, también evadió la pregunta. “Lo hemos dicho, no vamos a gastar ni inteligencia, ni tiempo, ni energía en la guerra sucia, no vamos a poner en el campo de la guerra sucia nuestro tiempo”.
Durante la presentación de sus postulantes en La Paz, el presidenciable por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Víctor Hugo Cárdenas, dijo que Mesa no puede excusarse. “Toda persona que ejerce un cargo público o que ha ejercido en el pasado tiene la obligación de aclarar el origen de sus recursos y el manejo de dichos recursos. Todo gobernante está obligado al escrutinio público”. Insistió en que aquello “no debería ser un arma de lucha electoral, ni tampoco motivo para excusarse en absolver esas dudas y esas preguntas”.
Desde Bolivia Dice No (BDN), Óscar Ortiz, candidato a presidente, reiteró que “es indefendible lo que está haciendo el señor Mesa de no salir a responder con claridad y con contundencia frente a estos cuestionamientos”.
Pero se abrió una nueva polémica, esta vez relacionada a los gastos reservados que se usaron en el gobierno de Sánchez de Lozada y Mesa (2002-2003), tras viralizarse un video de 2004 en el que la periodista Amalia Pando (que trabajó junto a Mesa en PAT) denuncia el plus de $us 100.000 que recibía Mesa cuando era vicepresidente, antes de asumir como presidente después de la renuncia de Goni por la masacre de octubre de 2003.
Ayer, en su programa Cabildeo Digital, Pando aclaró que esa carta de denuncia que leyó entonces no tiene nada que ver con la investigación que anunció la UIF sobre el posible acuerdo entre Mesa y el MNR para una compensación económica, pero exigió al exministro Balcázar que diga si ese dinero del que habla salió de los gastos reservados. También indicó que espera que el presidenciable por CC brinde una conferencia de prensa y cuente, “como yo le estoy contando ahora, ¿qué ocurrió en esos días?”
(09/08/2019)