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miércoles 16 jun 2021 | Actualizado a 22:20

UNODC: Bolivia redujo en 6% los cultivos de coca; quedan 23.100 hectáreas

El representante de la UNODC en Bolivia, Thierry Rostan, entregó los detalles del décimo sexto reporte y dio cuenta que “entre 2017 y 2018, la superficie cultivada con coca registró un decremento de 1.400 hectáreas; de 24.500 a 23.100 hectáreas”

El representante de la UNODC en Bolivia, Thierry Rostan, entrega el informe de cultivos de coca de 2018. Foto: Captura video

/ 22 de agosto de 2019 / 11:33

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presentó este jueves el Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca  2018 en el que da cuenta que Bolivia redujo su extensión de cultivos en 6%, de 24.500 a 23.100 hectáreas respecto a 2017.

El representante de la UNODC en Bolivia, Thierry Rostan, entregó los detalles del décimo sexto reporte y dio cuenta que “entre 2017 y 2018, la superficie cultivada con coca registró un decremento de 1.400 hectáreas; de 24.500 a 23.100 hectáreas, es decir, un decremento del 6%”

Apuntó que el 65% de las plantaciones se encuentran en los Yungas de La Paz, donde se registró una disminución de 885 hectáreas, mientras que el 34% está en el Trópico de Cochabamba, donde hubo una reducción de 613 hactáreas.

No obstante, el funcionario hizo notar que la cantidad de plantaciones aún es mayor a la cifra de 22.000 hectáreas fijada en la Ley General de la Coca.

“Es una buena señal que este año se haya producido una reducción de la superficie cultivada de coca. Si bien se ha reportado una reducción del 6%, la superficie de los cultivos de coca se mantiene por encima de lo que exige la Ley 906”, apuntó. (22/08/2019)

Noticia en proceso…

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Comisión aprueba juicio de responsabilidades contra exministro Hugo Salvatierra y exprefecto Leopoldo Fernández

Las proposiciones de juicios de responsabilidades apuntan a incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, y a conductas antieconómicas

El exministro de Desarrollo Rural, Hugo Salvatierra. Gutiérrez

/ 16 de junio de 2021 / 19:26

Una comisión legislativa aprobó este miércoles las proposiciones de juicios de responsabilidades contra el exministro de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente, y padre de la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra, Hugo Salvatierra Gutiérrez, y el exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández.

También aprobó similares procedimientos para los exministros Silvio Javier Comboni Salinas (2004), Javier Gonzalo Cuevas (2004) y Jorge Joaquín Berindoague Alcocer (2004) y para el exprefecto de Potosí, Sergio Medinaceli Soza.

Incumplimiento de deberes es el delito por cual se lo acusa a Salvatierra por un caso de 2008, en el primer gobierno de Evo Morales, vinculado a la adjudicación de 99 tractores, marca FIAT, que debieron ser destinados a organizaciones sociales afectadas por desastres natural en 2006.

Un Auto Supremo del 27 de septiembre de 2008 acusó a Salvatierra de haber cometido los delitos de Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica.

En el caso de Fernández, se lo acusa de haber emitido resoluciones contrarias a las leyes y conducta antieconómica.

Las proposiciones de juicios de responsabilidades, en el caso de los otros tres exministros, apuntan a incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, y a conductas antieconómicas, según un boletín de la Cámara de Senadores.

En el caso de Medinaceli Soza, los delitos que se le atribuyen son incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

La información fue proporcionada por la presidenta de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Asamblea Legislativa, senadora Patricia Arce, quien detalló que hasta la fecha se aprobaron peticiones para 10 juicios de responsabilidades.

“Serán remitidos a la Asamblea Legislativa, esperamos contar con los dos tercios y solucionar este tema que ha sido de preocupación y ha retardado mucho la justicia”, dijo.

Las solicitudes de juicios de responsabilidades a exautoridades de la gestión 2008 fueron remitidos a la Asamblea Legislativa para su tratamiento respectivo.

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Legislativo amplía hasta diciembre indagación sobre retardación de la justicia en violencia contra la mujer

La Comisión Especial Mixta de Investigación Sobre la Retardación en la Atención y Resolución de Casos de Feminicidios tendrá un plazo adicional para investigar y establecer recomendaciones

Mensaje contra la no violencia en el pleno de la Asamblea Legislativa.

Por Karina Pérez

/ 16 de junio de 2021 / 19:19

El pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) amplió hasta el 15 de diciembre el trabajo de la Comisión Especial Mixta de Investigación Sobre la Retardación en la Atención y Resolución de Casos de Feminicidios.

«La Asamblea nos ha aprobado la ampliación hasta diciembre para que sigamos con este trabajo coordinado y también revisando las auditorías jurídicas que faltan por concluir y así también seguir incidiendo en seis pilares que ha trabajado la comisión mixta», informó la diputada Estefanía Morales.

El trabajo se concentra en fortalecer las medidas de prevención, el tema comunicacional y de las acciones de las entidades territoriales autónomas.

Asimismo, la Comisión recomendó ampliar las competencias del Comité de Derechos de Género para la fiscalización en retardación de justicia en violaciones, feminicidio e infanticidio.

También consideró necesario plantear un proyecto de ley de endurecimiento de penas para autoridades judiciales que operan y administran justicia, en particular para casos de corrupción.

Además, recomendó que se forme una Comisión Especial Mixta de Investigación y Atención en Casos de Feminicidios en la siguiente legislatura, para que haga el seguimiento a las auditorias jurídicas solicitadas este año, y se apruebe el proyecto de ley de medidas de asistencia estatal integral a hijas e hijos víctimas de feminicidio, presentado por la Defensoría del Pueblo.

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Proyecto de ley de ascensos a generales en la Policía pasa al pleno de Diputados

Fue el Ministerio de Gobierno el que propuso la norma que consta de 38 artículos y disposiciones transitorias y complementarias.

/ 16 de junio de 2021 / 19:13

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Magalí Gómez informó este miércoles que la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas aprobó en grande y detalle el proyecto de ley de ascenso a generales de la Policía Boliviana, por lo que fue derivada al pleno de la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación.

«Hemos aprobado en grande y detalle, por tanto vamos a proceder a enviar al pleno de la Cámara de Diputados para su tratamiento correspondiente», informó.

La iniciativa legal busca «generar los espacios necesarios y respeto a la institucionalidad de la Policía».

Fue el Ministerio de Gobierno el que propuso la norma que consta de 38 artículos y disposiciones transitorias y complementarias.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, explicó que el objetivo es que en la carrera de los uniformados prevalezca su formación académica y la recomendación de alguna autoridad.

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La Fiscalía acusa y pasa a juicio interno a ocho policías por el motín de 2019

El fiscal departamental de La Paz, Julio Rivera, informó de la decisión tomada al final de un proceso de investigación a denuncia, en enero, del Viceministerio de Descolonización

El motín policial en Cochabamba, en 2019, es un casos de investigación judicial. Foto: La Razón-archivo

/ 16 de junio de 2021 / 19:06

Por el motín policial de 2019 ocho policías fueron acusados formalmente en La Paz por la Fiscalía e irán a un juicio disciplinario, informó el fiscal departamental de La Paz, Julio Rivera.

Los policías están procesados como consecuencia de la denuncia interpuesta en enero por el Viceministerio de Descolonización contra 26 policías por faltas graves cometidas al haber participado en el motín de noviembre de 2019 que agravó la crisis y derivó en la dimisión de Evo Morales.

Rivera informó que se presentó la acusación fiscal como resultado de la investigación, colección de indicios y declaraciones.

Se acusó a ocho policías de diferentes grados en el proceso disciplinario por el motín policial de 2019, explicó, según citó Detrás de la Verdad en su muro de Facebook.

En la denuncia se asegura que los uniformados incurrieron en faltas como formular peticiones colectivas verbales o escritas, que estén al margen de la ley y que sean contrarias al régimen interno; hacer pública ostentación de su militancia política haciendo proselitismo en las unidades estando en servicio activo; fomentar la organización o formar parte de logias, incurrir en actos públicos, deshonrando los símbolos nacionales, la institución o el uniforme policial; instigar o liderar motines, huelgas, suspensión o interrupción del servicio, como actos de protestas o medidas de presión; agresión física y/o sexual por motivos racistas o discriminatorios.

Por este proceso hay al menos dos otros procesos en etapa de juicio. A principios de este mes fue suspendido en Sucre el juicio oral en el Tribunal Disciplinario de la Policía contra la sargento Cecilia Calani porque tres de los miembros del tribunal juzgador habrían contraído el COVID-19.

Otro suboficial está en juicio.

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Defensora le dice al papa Francisco que la Conferencia Episcopal ‘miente’ sobre noviembre 2019

La defensora del Pueblo, Nadie Cruz, cuestionó el informe de la Conferencia Episcopal Boliviana sobre su rol y versión en torno a lo ocurrido en las reuniones extralegislativas que acabaron dando el poder a Jeanine Áñez

Nadia Cruz, defensora del Pueblo.

/ 16 de junio de 2021 / 18:01

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, le advierte al papa Francisco que la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) “miente” en su informe en el que hace conocer su accionar y versión de los hechos de noviembre de 2019. Además, aseguró que es una “falta de respeto a la memoria de las víctimas”, porque busca deslindar responsabilidad de las fuerzas conjuntas en las muertes de Sacaba y Senkata.

La falsedad genera injusticia. Querido @Pontifex¬_es la CEB miente y humilla a dignidad y memoria de 20 hombres que fueron MASACRADOS en Sacaba y Senkata por un Gobierno que junto a policías y militares a título de darnos paz, solo dieron muerte. La CEB poco hizo por ese Pueblo”, expresó en un mensaje citando al papa Francisco en Twitter.

La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) presentó el martes la “Memoria de los hechos del proceso de pacificación en Bolivia octubre 2019–enero 2020”, documento en el que da un contexto de la situación social y política de las reuniones extralegisaltivas que acabaron dando el poder a Jeanine Áñez.

“Esta institución defensorial ve con preocupación que la Iglesia Católica pretenda generar la idea de que las muertes del conflicto poselectoral fueron fruto de ‘enfrentamientos’ entre ciudadanos o de la violencia de un grupo de personas, cuando esta institución defensorial ha verificado que esos fallecimientos pertenecen a la población civil y que fueron producto de la acción combinada de fuerzas estatales y paraestatales”, cuestionó Cruz.

El informe de la Iglesia Católica consta de 25 páginas y en la 17 habla de “enfrentamientos” en Sacaba, donde perdieron la vida 10 personas por impactos de bala en medio del operativo policial-militar que impidió que cocaleros movilizados entren a la ciudad de Cochabamba.

“Ese día también se suscita un hecho muy lamentable: los enfrentamientos violentos en sacaba”, refiere parte de la página 17. Cruz critica esos términos porque, sostuvo, no hubo un enfrentamiento sino “actos violentos cometidos por los gobernantes de turno, grupos paraestatales, Policía Boliviana y Fuerzas Armadas en el periodo poselectoral de 2019 desembocaron en la muerte de 20 ciudadanos en las denominadas masacres de Sacaba y Senkata”.

Sobre Senkata, donde también actuaron fuerzas policiales y militares el 19 de noviembre con el saldo de 10 muertos a bala, el informe de la Iglesia Católica habla de “violencia”. Las protestas en ambas zonas, una en Cochabamba y la otra en El Alto, eran en apoyo a Evo Morales, quien para entonces ya había renunciado presionado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas, motín policial y la “sugerencia” militar de renuncia.

El informe de la CEB fue enviada al papa Francisco y a otras autoridades de la Iglesia Católica.

“Esta posición (de la Iglesia Católica) pretende deslindar responsabilidad a las fuerzas conjuntas que operaron el 14 de noviembre de 2019 y niegan la represión ejercida contra una población civil estigmatizada. Existe una falta de respeto a la memoria de las víctimas fallecidas, a los heridos y a sus familiares”, afirmó Cruz, según un boletín institucional.

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