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jueves 30 jun 2022 | Actualizado a 14:52

Martínez dice que Valdivia se adjudicó contratos ‘principales’ cuando Mesa fue vocero de la causa marítima

Comunidad Ciudadana (CC), que tiene a Carlos Mesa como candidato a la presidencia, atribuyó la denuncia a una guerra sucia y calificó de absurda la relación entre la vocería marítima y los presuntos trabajos de un productora privada, contratada por el Gobierno

/ 9 de septiembre de 2019 / 20:42

El escritor uruguayo Emilio Martínez aseguró que Ximena Valdivia tomó control de la empresa de su hermano y se benefició con varios contratos millonarios del Gobierno. Los contratos principales -dijo- se dieron después de que su socio y hoy jefe de partido, Carlos Mesa, asumiera la vocería por la causa marítima, en 2014.

Comunidad Ciudadana (CC), partido que tiene como candidato a la Presidencia a Mesa, descartó en un comunicado una respuesta a la denuncia por considerar que es parte de la "guerra sucia" activada por el gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS), el opositor y candidato por Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, y el gonismo.

Martínez publicó en su página de internet la nueva denuncia, que se suma a otra en sentido de que Mesa recibió $us 800.000 para aceptar la candidatura a la Vicepresidencia en la dupla con Gonzalo Sánchez de Lozada en 2002. Valdivia le inició un proceso por vulnerar el secreto bancario al revelar los depósitos que llegan a ese monto y que se hicieron a la red PAT, que en ese entonces gerentaba y tenía a Mesa como accionista mayoritario.

Ahora, aseguró que Valvidia, que es parte de CC y que tomó el control de la empresa de su hermano, Cinenómada SRL., "se adjudicó 26 contratos del Estado durante el gobierno de Evo Morales, sumando un total de 16.351.137 bolivianos (unos 2 millones de dólares). La mayoría de ellos (15) por contratación directa, sin licitación. Los contratos principales fueron después de que el expresidente Carlos Mesa asumiera la Vocería Marítima".

Mesa evitó pronunciarse sobre la denuncia de los depósitos y asumió similar posición en este caso. "Comunidad Ciudadana advierte que no va a responder a este nuevo y artero plan, que forma parte de la guerra sucia, en este nuevo capítulo que parece, además, un nuevo intento para desviar la atención frente a la incapacidad del gobierno por controlar los incendios en la Chiquitanía, originados en las normas aprobadas por (Evo) Morales y Ortiz)", establece el comunicado al que remitió el candidato y abogado de Valdivia, Carlos Alarcón.

Según la denuncia de Martínez, "el mayor de estos contratos, por un monto de Bs 9,091.551 (1 millón 318.000 dólares), tenía por objeto la 'implementación del guión museográfico' de la Casa de la revolución democrática y cultural de Orinoca, más conocida como el Museo de Evo Morales en su población natal".

Otros contratos hacen a la propaganda estatal sobre el satélite Túpac Katari, Mi Teleférico, Mar para Bolivia con Soberanía y varias campañas sobre "logros gubernamentales". Cinenómada SRL es de propiedad de Juan Carlos Valdivia, hermano de Ximena, pero una serie de acuerdos -sostiene el comunicador- dieron lugar a "que ésta última se haga cargo de la empresa desde 2012 ejerciendo capacidades similares a las de una gerente general".

"Particularmente interesante es el poder 432/2015, del 5 de marzo del 2015, firmado meses después de que Mesa asumiera la Vocería Marítima. En este documento se facultaba a Ximena Valdivia para negociar contratos directos con entidades estatales, señalando la potestad de 'Presentar en representación de la sociedad propuestas ante cualquier Ministerio, Viceministerio, Direcciones, Gobiernos Autónomos Departamentales, Municipales y cualquier otra repartición estatal, y/o empresas privadas, pudiendo firmarlas, modificarlas y exponerlas. Participar en licitación, invitaciones directas y cualquier otra forma de contratación…'", sostiene.

Al respecto, CC expresa: "El ciudadano Emilio Martínez, el mismo personaje usado para armar la última infamia, regresa ahora para intentar de nuevo afectar la imagen del candidato a Presidente por Comunidad Ciudadana, apelando a una inexistente y absurda relación entre la vocería marítima ejercida por el expresidente Mesa y los presuntos trabajos de un productora privada, contratada por el Gobierno".

CC calificó de indignante que se quiera utilizar electoralmente temas como el de la reivindicación marítima y exigió "a los que ahora acusan y denigran" presentar pruebas ante los tribunales de los delitos denunciados, "de lo contrario será evidente que se trata nada más que la continuación de esta guerra sucia".

Valdivia, exgerente de PAT, es investigada actualmente por legitimación de ganancias ilícitas, luego de hacerse público los depósitos a cuentas de la televisora. (09/09/2019)

   

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Dos policías son detenidos por la presunta protección al colombiano Tibaduiza

El chofer que presuntamente transportó al ciudadano extranjero también ya fue identificado, según el Ministro de Gobierno.

El colombiano John Walter Tibaduiza. Foto: Unitel.

/ 30 de junio de 2022 / 14:24

Dos efectivos policiales fueron aprehendidos por la presunta protección al ciudadano colombiano John Walter Tibaduiza, quien inicialmente fue nombrado como uno de los presuntos involucrados en el asesinato de dos policías y un voluntario en el municipio de Porongo, departamento de Santa Cruz.

“Queremos manifestar que lo que nos ha motivado a la aprehensión de estos malos efectivos policiales es que mientras sus camaradas, sus colegas policías, se encontraban perdiendo la vida, ellos estaban protegiendo a un ciudadano de nacionalidad extranjera”, confirmó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en una conferencia de prensa.

La autoridad agregó que lo mínimo que deberían haber realizado esos policías es arrestar al ciudadano colombiano para preguntarle al menos “por qué se encontraba en una ruta nacional y precisamente dentro del departamento donde (horas antes) fueron acribillados” tres uniformados.

La tarde del pasado 21 de junio, dos efectivos policiales y un voluntario del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip) fueron asesinados en Porongo en circunstancias que aún se investigan.

Al día siguiente fueron capturados tres sospechosos (entre ellos también un colombiano) y quienes ahora se encuentran detenidos en distintas cárceles del país.

Se conoce que durante la madrugada de ese mismo 22 de junio Tibaduiza fue retenido por la Policía en la tranca de Montero, pero que –según su propia versión dada a conocer luego en una entrevista con Unitel– lo dejaron pasar una vez que los uniformados le quitaran $us 6.000 y su teléfono celular.

“A partir de esa denuncia efectuada a través de un medio de comunicación, la Policía ha logrado determinar que en esta tranca del oriente boliviano, en el municipio de Montero, se encontraban (destinados) ocho efectivos policiales”, agregó Del Castillo.

El ministro explicó que cuatro de esos ocho uniformados esa madrugada estaban de turno y de ellos “dos se encontraban al interior del retén policial y otros dos estaban fuera”. Por lo que “vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para llegar a la verdad material de este hecho caiga quien caiga”, agregó.

Sin embargo, aclaró que ninguno de los indicios o elementos obtenidos hasta momento por el triple asesinato en Porongo “habrían citado a este ciudadano colombiano” como uno de los presuntos responsables del crimen.

Por tanto, Tibaduiza “no habría sido visibilizado por los testigos oculares (del caso Porongo)”, insistió. Pero “lo que nos llama la atención es que habían policías que recientemente han perdido la vida y sus camaradas estaban buscando (o dejando) pasar a un colombiano dentro de las trancas del territorio nacional y eso no lo vamos a perdonar”, apuntó.

Además, anunció que el chofer del minibús en el que se transportó el extranjero también ya fue identificado y deberá prestar sus declaraciones.

Asimismo, “estamos pidiendo las cámaras de seguridad a Vías Bolivia para que se demuestre si realmente el colombiano se habría bajado (del minibús) y si realmente lo habrían conducido estos efectivos policiales hacia otro lugar”, señaló.

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Diputada Álvarez, de Creemos: La Policía está dañada por la injerencia política

La opositora señaló que hay una desinstitucionalización de entidades que están a cargo de la seguridad de la población, impulsada por el gobierno del MAS.

/ 30 de junio de 2022 / 13:47

La diputada María René Álvarez, de la alianza opositora Creemos, señaló que la injerencia política ha hecho daño a la Policía, por lo que apuntó al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), en medio del escándalo por el asesinato de dos policías y un voluntario del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (GACIP) en el municipio cruceño de Porongo.

Incluso, afirmó que hay un proceso de desinstitucionalización en varias entidades que están a cargo de la seguridad de la población, impulsado por el Órgano Ejecutivo, y puso como ejemplo que se haya puesto, en el organigrama, al Ministerio de Gobierno como cabeza de la entidad policial, tal como se dispuso mediante una norma impulsada por el oficialismo.

Remarcó que lo sucedido en Porongo es una muestra clara de los tentáculos del narcotráfico en el país. Por este caso hay tres detenidos que están encarcelados en centros de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. El principal implicado es Misael Nállar, quien se encuentra en la prisión paceña de Chonchocoro. Además, se investiga los nexos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) con este caso.

Álvarez indicó que hay preocupación en la población por las implicaciones de la Policía con hechos de corrupción, con el narcotráfico y otros casos como el robo de vehículos en Chile. “El MAS es brazo operativo de esta criminalidad… Hay una actuación protectora de entidades estatales”, subrayó, y añadió que hay leyes que permiten la lucha contra las ganancias ilícitas, y así atacar a los narcotraficantes.

Aparte, demandó al Gobierno un plan para reformular la lucha contra el narcotráfico.

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Arce: ‘Algunas veces no es corrupción, es falta de conocimiento que induce a cometer errores’

El presidente Luis Arce promulgó la Ley de Creación del Territorio Indígena Originario Campesino “Jatun Ayllu Yura”.

El presidente Luis Arce. Foto de archivo: La Razón.

/ 30 de junio de 2022 / 11:42

“Hermanos y hermanas, algunas veces no es corrupción, es falta de conocimiento que induce a cometer errores que para ciertos ojos occidentales es corrupción”, afirmó este jueves el presidente Luis Arce en el acto de promulgación de la Ley de Creación del Territorio Indígena Originario Campesino “Jatun Ayllu Yura”, de Potosí.

El Jefe del Estado consideró que “muchas veces no hay mala intención, pero evidentemente hay faltas contra la normativa que se desconocen” y por eso las autoridades originarias tienen que prepararse.

“Ustedes tienen que conocer la normativa también del Estado Plurinacional para no incurrir (precisamente) en esos elementos”, sostuvo Arce en un acto realizado en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz.

No obstante, aseguró que el Gobierno está para ayudarles en consolidar su autonomía a través del Viceministerio de Autonomías y de la Escuela de Gestión Pública.

De hecho, “ya estamos trabajando, ya estamos haciendo cursos, para poder preparar a muchos de nuestros hermanos y hermanas en la administración de las autonomías indígena originarias porque no podemos fallar, somos la vanguardia del Estado Plurinacional en todo el mundo”, enfatizó.

El Presidente recordó que varios países, como Chile y Argentina, también están empezando a discutir la posibilidad de convertirse en un “estado plurinacional” como lo hizo Bolivia en su momento.

“Hemos dado el ejemplo, somos vanguardia como país (…) y por lo tanto no podemos fallar, porque todos los ojos van a estar puestos en Bolivia viendo qué pasa con nuestras autonomías, si nuestras autoridades originarias trabajan o no trabajan, si funciona o no funciona la autonomía indígena originaria”, agregó.

Por eso, todas las autoridades originarias “deben pasar por esa preparación para poder administrar porque no solamente es lo que ustedes ya lo hacen durante cientos de miles de años, sino aquí se trata de manejar recursos del Estado y nosotros no tenemos que fallar”, insistió.

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Para CC, Morales debía esperar que se trate su renuncia en la Asamblea, lo demás es ‘paja’

“Este caso tiene falsos acusadores, no les interesa ni la justicia ni la verdad. Patty es la muestra de la instrumentalización de justicia del MAS”, dijo el senador opositor Guillermo Seoane, quien defendió el “vacío de poder” en 2019.

/ 30 de junio de 2022 / 11:03

El senador de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) Guillermo Seoane afirmó este jueves que, cuando el expresidente Evo Morales renunció a su cargo en 2019, debía esperar a que la Asamblea Legislativa Plurinacional sesione para debatir y aprobar o rechazar su decisión y que ese hecho es el origen de los conflictos poselectorales de 2019. Lo demás es “paja”, dijo.

“Lo único evidente es que Evo Morales debería haber esperado la respuesta a la carta de renuncia por parte de la Asamblea Plurinacional de Bolivia. No se puede ir y dejar en ascuas para generar un vació de poder (…). Había un vacío de poder, lo demás para mí, es paja (algo sin importancia)”, dijo Seoane en entrevista con La Razón Radio.

Esas declaraciones surgen luego de un anuncio del expresidente y jefe de CC, Carlos Mesa, en sentido de una denuncia contra del también exmandatario, por renunciar a su cargo en noviembre de 2019 y abandonar el país el 11 de noviembre de 2019.  

“Este caso tiene falsos acusadores, no les interesa ni la justicia ni la verdad. (La exdiputada del MAS Lidia) Patty es la muestra de la instrumentalización de justicia del MAS”, insistió Seoane.

En el marco de las investigaciones del caso Golpe de Estado I, que investiga a la expresidenta Jeanine Áñez a instancias de la exdiputada Patty, en los últimos días se presentó una solicitud de ampliación de la denuncia contra Mesa; el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el expresidente Jorge Quiroga; el empresario y político opositor Samuel Doria Medina; el exrector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) Waldo Albarracín; el exlíder cívico Marco Antonio Pumari, además de exministros durante la gestión transitoria.

Por su parte, el Ministerio Público observó esa ampliación y solicitó a la exlegisladora del Movimiento Al Socialismo (MAS) “individualizar la conducta de todas y cada una de las personas contra las cuales se solicita se amplíe la investigación” y determinar sus actos en los conflictos de 2019.

El abogado Víctor Nina, abogado de Paty, aseguró que dichas observaciones serán corregidas para que el proceso marche.

El 10 de noviembre de 2019, el entonces presidente Morales renunció en medio de protestas cívicas que denunciaban un fraude en los comicios que ganó —en octubre de ese año—, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas.

Dos días después del derrocamiento de Morales, la entonces senadora opositora Áñez se proclamó primero presidenta del Senado y, posteriormente, presidenta del Estado, en sendos actos en la Asamblea Legislativa, tras reuniones extralegislativas de políticos opositores, embajadores y representantes de la Iglesia Católica. Por esto, la exmandataria se encuentra detenida en la cárcel de Miraflores de La Paz, desde marzo de 2021 y fue condenada, en primera instancia, a 10 años de cárcel.

La sucesión de Áñez es calificada como un golpe de Estado por el Gobierno y el Movimiento Al Socialismo (MAS).

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Doria Medina no asiste a la Fiscalía y plantea declarar por la vía virtual en el caso Golpe I

Su abogado pidió la suspensión de la declaración porque el político y empresario se encuentra fuera del país, por su tratamiento contra el cáncer.

/ 30 de junio de 2022 / 10:38

Samuel Doria Medina no se presentó este jueves a declarar en la Fiscalía por el caso Golpe de Estado I. Mediante un memorial presentado por su abogado, Sergio Salazar, pide la suspensión del acto procesal y señala que esta fuera del país para continuar su tratamiento contra el cáncer. Asimismo, expresa su disponibilidad a prestar su testimonio mediante una plataforma virtual.

El empresario y político opositor estaba citado para las 10.00 de este jueves en las oficinas de la Fiscalía de La Paz. “En caso de incumplimiento se expedirá mandamiento de aprehensión”, se advierte en la orden publicada en la cuenta de la estatal Red Patria Nueva.

Doria Medina participó en las reuniones extralegislativas de noviembre de 2019 que allanaron la llegada al poder de la entonces senadora Jeanine Áñez, tras la renuncia del presidente Evo Morales, en medio de denuncias de fraude electoral, protestas cívicas, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas.

La exministra Teresa Morales, testigo clave de esas reuniones, reveló el 14 de junio que el político advirtió con la aplicación de un “plan B”, que no era otra cosa que la “sucesión” de Áñez, quien recientemente fue condenada a 10 años de cárcel, en primera instancia, por el caso Golpe de Estado II, por su “irregular” proclamación como presidenta del Senado, y luego presidenta del Estado, el 12 de noviembre de 2019.

Doria Medina sostuvo en julio de 2021 en la red PAT que acudió a esas citas en la UCB a convocatoria del entonces ministro de Justicia Héctor Arce. El caso Golpe de Estado I investiga los hechos que derivaron en la dimisión de Morales.

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