Nacional

miércoles 16 jun 2021 | Actualizado a 22:58

Un total de 7,3 millones de bolivianos están habilitados para votar en octubre

El padrón electoral para las elecciones del 20 de octubre tiene un total de 7.315.364 votantes, de los cuales están habilitados a escala nacional 6.974.363, mientras que en el exterior suman 341.001.

La conferencia que brindó acompañada de sus colegas, la presidenta del TSE, María Eugenia Choque, sobre el padrón electoral. Foto: APG

/ 11 de septiembre de 2019 / 18:39

El padrón electoral para las elecciones del 20 de octubre tiene un total de 7.315.364 votantes, sumados los electores del ámbito nacional y del extranjero, informó este miércoles el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras concluir la consolidación del listado.

De ese total, los electores habilitados a escala nacional son 6.974.363, mientras que en el exterior suman 341.001. Los inhabilitados en total alcanzan a 32.852.

La Paz tiene la mayor cantidad de votantes: 1.910.654. Le sigue Santa Cruz con 1.863.543 y Cochabamba con 1.325.896, mientras que el resto está por debajo del medio millón. Como es habitual, el departamento que menos electores tiene es Pando con 72.580.

“A partir de la jornada de hoy se publicará en el portal web de la OEP toda la información estadística del padrón consolidado para este proceso electoral hasta el nivel de recinto y mesa de votación tanto del ámbito nacional como del exterior”, indicó la presidenta del TSE, María Eugenia Choque, en una conferencia de prensa que brindó junto con cuatro de sus colegas.

“Asimismo, las organizaciones políticas que requieran información estadística desagregada a otros niveles de interés podrán solicitar una copia digital de la misma en las oficinas del Sereci” (Servicio de Registro Cívico), complementó.

Exterior

De los 33 países donde se realizará la votación, destacan Argentina, con 161.057 electores; España con 62.606; Brasil con 45.793; Chile con 30.943; Estados Unidos con 14.754 e Italia con 6.601.   

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Ortuño y Bejarano identifican incongruencias en informe de la Iglesia sobre los hechos de 2019

Analistas advierten que el nombre de Jeanine Áñez como sucesora figuraba desde el 10 de noviembre, a pocas horas de la renuncia de Evo Morales.

La senadora Jeanine Áñez, en reunión con al clero de la Iglesia Católica, antes de su proclamación, el 12 de noviembre de 2019. Foto: RTP

/ 16 de junio de 2021 / 22:49

Los analistas políticos Armando Ortuño y Susana Bejarano advierten varias incongruencias en el informe que presentó la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) sobre su mediación en los conflictos poselectorales desatados de noviembre de 2019.

Entre las primeras observaciones que resalta Ortuño está que ese informe revela que el nombre de la entonces senadora de Unidad Demócrata (UD) Jeanine Áñez no surgió de un acuerdo o una discusión en la mediación, sino que ya se hablaba de ella como presidenta del Estado desde el 10 de noviembre, horas después de que Evo Morales renunciara a su cargo.

La CEB presentó el martes la “Memoria de los hechos del proceso de pacificación en Bolivia octubre 2019–enero 2020”, documento en el que da un contexto de la situación social y política de las reuniones extralegislativas que acabaron dando el poder a Jeanine Áñez.

«Me llama la atención de que, si uno lo lee, me queda como gran conclusión es que nunca hubo acuerdos sólidos, hubo tal vez algunas aproximaciones, y, de hecho, alguna de las novedades del propio contexto de la Iglesia», agregó en su análisis en la transmisión digital Piedra, papel y Tinta de La Razón.

Insistió en que el nombre de Áñez surgió el 10 de noviembre «sin la presencia de los masistas, solo con los actores de la entonces oposición». «Hay una incongruencia muy fuerte» en eso, dijo.

Asimismo, observó que el relato de la Iglesia Católica dice que el 12 de noviembre se había llegado a un acuerdo, sin embargo, aclara que los representantes de la bancada mayoritaria en la Asamblea Legislativa, del Movimiento Al Socialismo (MAS) no aceptaron, sino que anunciaron que «eso dependía de una consulta con Evo Morales y su bancada, lo que me parece totalmente razonable».

«Esos dos momentos claves me queda la sensación de que nunca hubo acuerdo y ése es un problema (…), sí hubo conversaciones, pero nunca se llegó a firmar algo concreto», agregó Ortuño.

Por su parte, Bejarano enumeró varios aspectos que permiten ver un «sesgo» en el informe de la Conferencia Episcopal. Lo primero, las fuentes periodísticas a las que recurre, como Página Siete, El Deber, ANF y Correo del Sur, “periódicos que han tenido editoriales marcando una línea, nunca dudaron de que hubo un fraude, nunca plantearon que hubo un golpe y siempre apostaron por la sucesión constitucional».

Asimismo, advirtió «contradicciones en el propio informe», cuando dice que la otrora diputada del MAS Susana Rivero supuestamente había presentado su renuncia el 10 de noviembre, pero la legisladora desmintió ese hecho. Sin embargo, también informaron de que la asambleísta participó en otra reunión el 12 de noviembre

Asimismo, cuestionó que el mismo 10 de noviembre se realizó una reunión «sin ningún representante del MAS» y empezó a figurar el nombre de Áñez para la sucesión. «Pero quiénes eran ellos para tomar decisiones, un grupo de representantes que no tenían ninguna representatividad en la Asamblea», criticó.

La analista también observó que la Iglesia Católica habla de la quema de la casa del entonces rector de la UMSA, Waldo Albarracín, pero minimiza los hechos de violencia que orillaron la personas que seguían en el orden constitucional para la sucesión presidencial a rechazar la presidencia.

«¿Por qué renuncia el presidente Morales, Álvaro García Linera, (Adriana) Salvatierra, Víctor Borda? Las presiones son muy pasadas por encima. No se puede hablar de que no haya existido una presión tremendamente antidemocrática», agregó.

Dijo que en una parte del informe se habla de dos propuestas donde se dice que un asambleísta del MAS asuma la presidencia, pero la Iglesia Católica «asume que era un hecho que estaba por fuera de la norma», «a pesar de que el reglamento así lo establecía».

También cuestionó que se hable de algunos acuerdos los que se arribaron, entre ellos los salvoconductos, lo cuales «jamás se vieron».

Asimismo, Bejarano dijo que el informe de la CEB minimiza las “masacres” de Sacaba y Senkata, en la que falleció al menos una veintena de personas y cientos resultaron heridos de bala en protestas que cuestionaban la sucesión de Áñez.

«La Conferencia Episcopal, desde mi perspectiva casi ofensiva, los nombra como enfrentamientos, como hechos y no como lo que ha sido, que ha sido una masacre en Sacaba y en Senkata (…); porque no hubo dos fuerzas, había fuerza del Estado contra ciudadanos», explicó Bejarano.

El informe de la Iglesia Católica consta de 25 páginas y en la 17 habla de “enfrentamientos” en Sacaba, donde perdieron la vida 10 personas por impactos de bala en medio del operativo policial-militar que impidió que cocaleros movilizados entren a la ciudad de Cochabamba.

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Comisión aprueba juicio de responsabilidades contra exministro Hugo Salvatierra y exprefecto Leopoldo Fernández

Las proposiciones de juicios de responsabilidades apuntan a incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, y a conductas antieconómicas

El exministro de Desarrollo Rural, Hugo Salvatierra. Gutiérrez

/ 16 de junio de 2021 / 19:26

Una comisión legislativa aprobó este miércoles las proposiciones de juicios de responsabilidades contra el exministro de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente, y padre de la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra, Hugo Salvatierra Gutiérrez, y el exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández.

También aprobó similares procedimientos para los exministros Silvio Javier Comboni Salinas (2004), Javier Gonzalo Cuevas (2004) y Jorge Joaquín Berindoague Alcocer (2004) y para el exprefecto de Potosí, Sergio Medinaceli Soza.

Incumplimiento de deberes es el delito por cual se lo acusa a Salvatierra por un caso de 2008, en el primer gobierno de Evo Morales, vinculado a la adjudicación de 99 tractores, marca FIAT, que debieron ser destinados a organizaciones sociales afectadas por desastres natural en 2006.

Un Auto Supremo del 27 de septiembre de 2008 acusó a Salvatierra de haber cometido los delitos de Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica.

En el caso de Fernández, se lo acusa de haber emitido resoluciones contrarias a las leyes y conducta antieconómica.

Las proposiciones de juicios de responsabilidades, en el caso de los otros tres exministros, apuntan a incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, y a conductas antieconómicas, según un boletín de la Cámara de Senadores.

En el caso de Medinaceli Soza, los delitos que se le atribuyen son incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

La información fue proporcionada por la presidenta de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Asamblea Legislativa, senadora Patricia Arce, quien detalló que hasta la fecha se aprobaron peticiones para 10 juicios de responsabilidades.

“Serán remitidos a la Asamblea Legislativa, esperamos contar con los dos tercios y solucionar este tema que ha sido de preocupación y ha retardado mucho la justicia”, dijo.

Las solicitudes de juicios de responsabilidades a exautoridades de la gestión 2008 fueron remitidos a la Asamblea Legislativa para su tratamiento respectivo.

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Legislativo amplía hasta diciembre indagación sobre retardación de la justicia en violencia contra la mujer

La Comisión Especial Mixta de Investigación Sobre la Retardación en la Atención y Resolución de Casos de Feminicidios tendrá un plazo adicional para investigar y establecer recomendaciones

Mensaje contra la no violencia en el pleno de la Asamblea Legislativa.

Por Karina Pérez

/ 16 de junio de 2021 / 19:19

El pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) amplió hasta el 15 de diciembre el trabajo de la Comisión Especial Mixta de Investigación Sobre la Retardación en la Atención y Resolución de Casos de Feminicidios.

«La Asamblea nos ha aprobado la ampliación hasta diciembre para que sigamos con este trabajo coordinado y también revisando las auditorías jurídicas que faltan por concluir y así también seguir incidiendo en seis pilares que ha trabajado la comisión mixta», informó la diputada Estefanía Morales.

El trabajo se concentra en fortalecer las medidas de prevención, el tema comunicacional y de las acciones de las entidades territoriales autónomas.

Asimismo, la Comisión recomendó ampliar las competencias del Comité de Derechos de Género para la fiscalización en retardación de justicia en violaciones, feminicidio e infanticidio.

También consideró necesario plantear un proyecto de ley de endurecimiento de penas para autoridades judiciales que operan y administran justicia, en particular para casos de corrupción.

Además, recomendó que se forme una Comisión Especial Mixta de Investigación y Atención en Casos de Feminicidios en la siguiente legislatura, para que haga el seguimiento a las auditorias jurídicas solicitadas este año, y se apruebe el proyecto de ley de medidas de asistencia estatal integral a hijas e hijos víctimas de feminicidio, presentado por la Defensoría del Pueblo.

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Proyecto de ley de ascensos a generales en la Policía pasa al pleno de Diputados

Fue el Ministerio de Gobierno el que propuso la norma que consta de 38 artículos y disposiciones transitorias y complementarias.

/ 16 de junio de 2021 / 19:13

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Magalí Gómez informó este miércoles que la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas aprobó en grande y detalle el proyecto de ley de ascenso a generales de la Policía Boliviana, por lo que fue derivada al pleno de la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación.

«Hemos aprobado en grande y detalle, por tanto vamos a proceder a enviar al pleno de la Cámara de Diputados para su tratamiento correspondiente», informó.

La iniciativa legal busca «generar los espacios necesarios y respeto a la institucionalidad de la Policía».

Fue el Ministerio de Gobierno el que propuso la norma que consta de 38 artículos y disposiciones transitorias y complementarias.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, explicó que el objetivo es que en la carrera de los uniformados prevalezca su formación académica y la recomendación de alguna autoridad.

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La Fiscalía acusa y pasa a juicio interno a ocho policías por el motín de 2019

El fiscal departamental de La Paz, Julio Rivera, informó de la decisión tomada al final de un proceso de investigación a denuncia, en enero, del Viceministerio de Descolonización

El motín policial en Cochabamba, en 2019, es un casos de investigación judicial. Foto: La Razón-archivo

/ 16 de junio de 2021 / 19:06

Por el motín policial de 2019 ocho policías fueron acusados formalmente en La Paz por la Fiscalía e irán a un juicio disciplinario, informó el fiscal departamental de La Paz, Julio Rivera.

Los policías están procesados como consecuencia de la denuncia interpuesta en enero por el Viceministerio de Descolonización contra 26 policías por faltas graves cometidas al haber participado en el motín de noviembre de 2019 que agravó la crisis y derivó en la dimisión de Evo Morales.

Rivera informó que se presentó la acusación fiscal como resultado de la investigación, colección de indicios y declaraciones.

Se acusó a ocho policías de diferentes grados en el proceso disciplinario por el motín policial de 2019, explicó, según citó Detrás de la Verdad en su muro de Facebook.

En la denuncia se asegura que los uniformados incurrieron en faltas como formular peticiones colectivas verbales o escritas, que estén al margen de la ley y que sean contrarias al régimen interno; hacer pública ostentación de su militancia política haciendo proselitismo en las unidades estando en servicio activo; fomentar la organización o formar parte de logias, incurrir en actos públicos, deshonrando los símbolos nacionales, la institución o el uniforme policial; instigar o liderar motines, huelgas, suspensión o interrupción del servicio, como actos de protestas o medidas de presión; agresión física y/o sexual por motivos racistas o discriminatorios.

Por este proceso hay al menos dos otros procesos en etapa de juicio. A principios de este mes fue suspendido en Sucre el juicio oral en el Tribunal Disciplinario de la Policía contra la sargento Cecilia Calani porque tres de los miembros del tribunal juzgador habrían contraído el COVID-19.

Otro suboficial está en juicio.

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