La CIDH, tras hacer un diagnóstico de la situación de los derechos humanos en Bolivia, concluyó que la justicia es altamente dependiente e instó al consenso para su reforma.

En ese marco, el informe preliminar de esa entidad concluyó que la sociedad está afectada por la falta de acceso a la justicia, debido a dos razones.

“La primera caracterizada por falencias normativas y debilidades institucionales; y la segunda, por la ausencia de independencia judicial”, señala el informe.

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“En Bolivia, históricamente la justicia se ha manejado de manera instrumental dependiendo de los intereses del poder político en turno”, agrega el documento.

Según la CIDH, esto deriva en “largos procesos penales”, reiteradas extensiones de detenciones preventivas, personas con sentencias cumplidas sin orden de libertad y dificultades para la obtención de beneficios de libertad anticipada.

CIDH

Ante ese panorama, la entidad extranjera, sugirió una “profunda reforma del sistema de justicia”, que garantice una plena y efectiva independencia judicial, para para alcanzar la “consolidación de un estado de derecho”.

En ese marco, la Comisión consideró que la elección de altas autoridades del Órgano Judicial, proceso previsto para octubre, es una “oportunidad histórica” para que Bolivia dé un primer paso hacia una “reforma integral” de la administración de justicia.

Así, se proyecta “asegurar la independencia judicial”, enfatiza el informe

Por tanto, la CIDH considera que la etapa de preselección de candidatos requiere una “concertación” de todas las fuerzas políticas en el Legislativo.

La entidad también expresó su preocupación porque el 47% de las juezas y jueces de la Jurisdicción Ordinaria del país no son de carrera.

“Esto compromete a la independencia judicial toda vez que pueden ser libremente removidos en cualquier momento, incluso sin motivación alguna”, señala el documento.

Esto implica que esos funcionarios no estén protegidos por la “garantía de la inamovilidad y sus salarios son menores, lo que puede facilitar la corrupción”.

Justicia dependiente

Además, la CIDH observa la existencia de barreras físicas, culturales y lingüísticas que dificultan que la población acceda a la justicia.

La comisión detectó también que “gran parte de las áreas rurales no disponen de juzgados.

El informe advierte del presupuesto precario asignado al sector justicia, que en 2023 no pasó del 0.5%, lo que en su criterio “provoca una debilidad del sistema derivada de la escasez de recursos económicos y humanos”.

Esto deriva en “dependencia del poder ejecutivo”, agrega el documento.

El informe señala también que hasta 2022, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública de Bolivia solo tenía capacidad para cubrir el 29% municipios.

Además, que cada Departamento cuenta con una sola Fiscalía.

“Como consecuencia de todo lo anterior, se facilitan condiciones para la corrupción en el sector justicia”, enfatiza el documento.

En este sentido, la CIDH recibió “testimonios preocupantes” de que administradores de justicia piden recursos económicos para beneficiar a una de las partes en los procesos.

“Con frecuencia, juezas, jueces y fiscales solicitan dinero a las personas acusadas a cambio de recuperar su libertad o no ser condenadas, o acceder a medidas alternativas o beneficios”.

Concertación

Según la CIDH, todos estos problemas en el sistema judicial se reflejan en “el retardo procesal” y el tiempo que algunas personas permanecen en detención preventiva, en algunos casos que llegan hasta los nueve años, señala el documento.

“En este contexto, la Comisión nota con preocupación que la tasa de hacinamiento actual es de 217%”, cuestionó la CIDH.

Según la entidad extranjera, esto se debe a un “empleo excesivo de la prisión preventiva, que, de medida excepcional, se convirtió en una práctica recurrente”.

“La CIDH recuerda que la prisión preventiva debe regirse por el principio de presunción de inocencia, tener en cuenta su naturaleza excepcional, y aplicarse de conformidad con los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”.

Para la CIDH, la duración de la detención preventiva no puede extenderse más allá de la pena máxima establecida para el delito en cuestión.

Reforma

Asimismo, la comisión detectó que, en los últimos 3 años, se ha presentado un incremento del 50% en el número de la población penitenciaria”.

Con todo, la CIDH valoró que el Estado haya adoptado medidas para la reinserción social, especialmente en el campo laboral.

Así como el hecho de que “las cárceles bolivianas presentan una de las tasas de violencia más bajas de la región”, establece el informe preliminar.

Después de cinco días de intenso trabajo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este viernes un informó preliminar sobre el estado de los derechos humanos en Bolivia, en el que advirtió una peligrosa profundización de la polarización histórica y pidió crear escenarios de concertación.

“La sociedad boliviana en su conjunto tiene una oportunidad excepcional para revertir la situación actual hacia una nueva etapa de reconciliación”, dijo la primera vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Triotiño.

Exhortó a la sociedad a redoblar esfuerzos para generar verdaderos espacios de consenso que permitan trabajar en la diversidad y faciliten la comprensión mutua.

“Consenso significa renunciar, en ocasiones, a aspiraciones personales o partidistas en aras de alcanzar el bien común”.

Arosemena alentó a la sociedad a redoblar esfuerzos para generar verdaderos espacios de consenso que permitan trabajar un sentido de destino común en la diversidad. Además, que faciliten la comprensión mutua.

Polarización

La CIDH lamentó la profundización de la polarización histórica que divide a la sociedad boliviana y aseguró que sólo sanarán en escenarios de concertación con discursos que animen la reconstrucción social.

“La Comisión entiende que la polarización histórica que divide a la sociedad se vio profundizada por las heridas abiertas en 2019. Éstas solamente sanarán en la medida en que las altas autoridades y todas aquellas personas con liderazgos políticos o sociales, que se pronuncian sobre los hechos en cuestión. Y contribuyan con su discurso a un ambiente favorable a la reconstrucción del tejido social”, afirmó.

Exhortó al diálogo nacional con respeto al rol esencial que juega el Gobierno “legítimamente electo”, los partidos políticos y la ciudadanía organizada.

“Solo mediante un amplio diálogo nacional con respeto (…) se alcanzará la anhelada convivencia armónica de esta pluralidad de naciones y culturas que hace de Bolivia un referente regional, señaló Arosemena.

“Los hallazgos de esa visita reflejan una mirada longitudinal que parte de casi dos décadas de monitoreo por parte de la CIDH”, destacó la vicepresidenta.

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Avances

El 2006 la CIDH visitó Bolivia, y en 2007 publicó un informe subrayando los desafíos vinculados con la inclusión social de personas históricamente excluidas.

En esa oportunidad, sugirió además la institucionalidad democrática, independencia e imparcialidad del poder judicial y el acceso a la justicia. En el 2009, la Comisión publicó un informe de seguimiento donde ya había notado un complejo de proceso conflictividad social.

Tras 17 años, la Comisión destacó los avances en materia de inclusión y participación social sin precedentes. “Que partieron del reconocimiento constitucional de un Estado plurinacional, multicultural y de la adopción de un modelo económico social comunitario productivo». Al mismo tiempo, identificó desafíos estructurales que persisten en el país; así como el recrudecimiento de situaciones preocupantes de violencia partidista, producto de una extrema polarización que urge ser superada.

La Comisión concluyó este viernes una visita de cinco días a Bolivia. La delegación se reunió con diversas autoridades del Estado, así como con representantes de la sociedad civil y víctimas de violaciones de derechos humanos en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Sucre.

Se entrevistó, además, con Luis Fernando Camacho, Jeanine Áñez y César Apaza, quienes se “autoidentificaron como presos políticos” e hicieron conocer sus demandas.

La misión de 25 personas terminó su estadía con una reunión, este viernes, con el presidente Luis Arce.

En su informe preliminar sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia, la CIDH destacó el “amplio ejercicio” de la libertad de prensa en el país. Pero expresó su preocupación por agresiones que sufrieron periodistas.

“Durante la visita, se observó un amplio ejercicio de la libertad de prensa. Al mismo tiempo, se recibió información sobre la falta de condiciones para ejercer el periodismo en Bolivia”, señala parte del informe presentado, la tarde de este viernes.

Así, la CIDH expresó su preocupación por “la escalada de agresiones” a periodistas en los últimos años.

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Al respecto, el informe se refirió al caso de Santa Cruz, donde se registraron enfrentamiento y hechos de violencia durante los 36 días de paro. Luego, durante las protestas tras la detención del gobernador Luis Fernando Camacho, a finales de 2022.

La CIDH tomó conocimiento de hechos en contra de trabajadores de la prensa, que “incluyeron agresiones físicas severas». «La retención contra su voluntad, destrucción de equipos y ataques a infraestructuras de medios de comunicación”.

CIDH

“A raíz de la violencia, se presentaron distintos episodios de autocensura e, incluso, la interrupción de transmisiones de medios de comunicación”, señala el informe.

Asimismo, se detectó “el cese de despliegue noticioso mientras transcurrían asuntos de interés público por temor a ataques”, agrega el documento.

Libertad de expresión

La CIDH, observó que “pese a la gravedad de estos hechos, persiste la impunidad y falta de investigación y persecución de los agresores por parte de la justicia”.

En noviembre de 2022, se reportaron al menos 10 trabajadores de la prensa agredidos durante el paro cívico indefinido en Santa Cruz.

Los agresores fueron identificados tanto entre los bloqueadores, que apoyan el paro, como en los que se oponen y en especial se apuntó a la Policía.

En enero de este año, tras la aprehensión de Camacho, la Defensoría del Pueblo, registró 25 casos de presunta vulneración a los derechos humanos, de los cuales, 23 corresponden a Santa Cruz y dos a La Paz.

Agresión a periodistas

Esos hechos “comprenden el uso desmedido de la fuerza policial, agresiones a periodistas, heridos, quemas de inmuebles y vehículos (particulares y públicos), entre otros”, señala un informe publicado por esa institución.

El relator de la CIDH Joel Hernández afirmó este viernes que participó del acto de desagravio a los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el lunes, “de buena fe”.

Consultado por un periodista sobre de qué lado está, de los que dicen que en 2019 hubo fraude o golpe, el comisionado dijo que asistió al acto en el marco “de la reparación integral de víctimas”.

La presencia de Hernández en el reconocimiento del Ministerio de Justicia a los vocales que rigieron las fallidas elecciones generales en 2019 causó un cisma en la oposición.  Su asistencia “fue desacertada y cuestionable éticamente”, cuestionó Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana (CC).

Esa actuación “pone en duda la imparcialidad y respeto que esa Comisión le debe al país. La CIDH nos debe una explicación”, anotó el expresidente, en 2019 candidato que consideró los comicios como “un fraude monumental”.

Hernández enfatizó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantuvo, mantiene y mantendrá siempre su imparcialidad en situaciones políticas.

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Los hechos

El 10 de noviembre de 2019, inmediatamente después de la renuncia del presidente Evo Morales, el Ministerio Público ordenó la aprehensión de los vocales del TSE, a instancias de un informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA). El documento estableció que en los comicios hubo “manipulación dolosa”.

“Era necesario ese reconocimiento de parte del Estado”, comentó en La Razón Radio el exvicepresidente del TSE Antonio Costas, detenido y encarcelado entre 2016 y 2021 por el caso.

Sin embargo, consideró que “un verdadero desagravio” sería una investigación al informe de la OEA, que, en su criterio, fue presentado sin firmas ni a través de canales oficiales.

Costas y la entonces presidenta del TSE María Eugenia Choque fueron los primeros violentamente detenidos. Le siguieron otros vocales de entonces.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió este viernes el respeto a las garantías del derecho a la defensa, del debido proceso y de las condiciones de detención para Luis Fernando Camacho, Jeanine Áñez y César Apaza. Los tres privados de libertad se autoidentificaron como «presos políticos».

Tras cinco días en el país, la CIDH presentó este viernes un informe preliminar de la visita a Bolivia. Durante su estadía constató la situación de derechos humanos y se entrevistó con autoridades, organizaciones sociales, privados de libertad y sociedad.

Esmeralda Aresemena de Troitiño, primera vicepresidenta de la CIDH, dijo en su informe que durante la visita a los centros carcelarios se entrevistaron con varios privados de libertad. Mencionó al gobernador Luis Fernando Camacho, la expresidenta Jeanine Áñez y el dirigente cocalero César Apaza. Los tres se “autoidentificaron como presos políticos”.

“Durante la visita a los centros de detención, se entrevistó al Gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, al dirigente cocalero César Apaza, y a la expresidenta Jeanine Áñez. Personas que se autoidentificaron como presos políticos y cuyos requerimientos han sido puestos en conocimiento del Estado. La Comisión toma nota de los procesos penales en contra de estas personas. Y recuerda que, conforme a estándares interamericanos, se deben respetar las garantías del derecho de defensa, del debido proceso y de las condiciones de detención”, dijo Arosemena.

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CIDH en las cárceles

Esta semana, causó mucha expectativa la visita de la CIDH a las cárceles de Chonchocoro, San Pedro y Miraflores. En los penales escuchó uno a uno a los reclusos, en especial a quienes se consideran “perseguidos políticos”. Se entrevistó con el gobernador Luis Fernando Camacho, la expresidenta Jeanine Áñez y el dirigente cocalero César Apaza.

Camacho, recluido en Chonchocoro desde el 30 de diciembre de 2022, guarda detención preventiva acusado por terrorismo en el caso Golpe de Estado I.

Según dijo en una carta manuscrita, su caso es “persecución política” y pidió a la CIDH conformar una especie de GIEI. El objetivo de ese grupo sería investigar la violencia en el paro de 36 días por Censo 2023 entre octubre y noviembre de 2022.

Por su parte, Áñez reclamó a la CIDH que el gobierno de Luis Arce manipula la justicia en su contra y que los casos debieran resolverse a través de juicios de responsabilidades.

El expresidente del Comité de Autodefensa de Adepcoca, César Apaza, es investigado por la toma violenta y posterior quema del mercado de coca de Villa El Carmen, en septiembre del 2022.

El 15 de marzo, Apaza recibió el alta del Hospital de Clínicas, donde ingresó con un cuadro de embolia. Luego, retornó al centro penitenciario, donde fue internado en el área médica. Hizo conocer su estado de salud a la CIDH para que consideren su situación.