El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, el senador evista Roberto Padilla, alertó este miércoles que está en riesgo el proceso de selección y designación del nuevo Fiscal General del Estado debido a la vigilia de la Central Obrera Boliviana (COB) que, en su criterio, perjudica el ingreso de postulantes al edificio antiguo de la Asamblea Legislativa.

“Para la Comisión Mixta de Justicia Plural no hay garantías, no hay esa claridad para que entren los postulantes (a las instalaciones). Por eso mismo, vamos a solicitar a los que están haciendo vigilia injustamente que abran la puerta de entrada. Estamos preocupados por la vigilia que están realizando a la cabeza de (Juan Carlos) Huarachi, por orden del (presidente) Luis Arce”, denunció el legislador.

Añadió que el proceso está en riesgo debido, en su opinión, a que “el plan del Gobierno es perjudicar esta etapa de elección y selección del Fiscal General del país”. “Están perjudicando el trabajo de la comisión mixta, porque la entrada para las oficinas de la comisión está cerrada por la vigilia”.

Proceso

El 2 de septiembre, la Asamblea Legislativa aprobó la convocatoria para la elección y designación del fiscal General del Estado. La comisión mixta tiene 45 días para ejecutar el proceso de preselección de postulantes.

Tras la publicación de la convocatoria, se inició con este proceso que consta de 14 etapas. El proceso se encuentra en la fase 2, de presentación de postulantes, que tiene una duración de 15 días, que concluirá el miércoles 18 de septiembre.   

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Padilla pidió a los sectores sociales que se encuentran en vigilia dejar entrar a los postulantes para su registro. Dijo que desde la anterior semana la comisión trabajaba en la recepción de la documentación, empero, aclaró que a la fecha no hay ninguna postulación.

“Hay (personas) que están realizando preguntas; esperemos que los últimos días se presenten los postulantes, tanto hombres como mujeres, porque estamos convencidos que habrá muchos postulantes”.

Denuncia

Afirmó también que desde hace tiempo se denuncia que, desde el Gobierno, se prepara otras medidas con el fin de frenar la elección del Fiscal General del Estado. Supuso que el ministro de Justicia, Iván Lima, “puede ser postulante”.

Además, “no han descartado que se tendría que nombrar a un Fiscal General del Estado mediante decreto”; dijo en alusión al ministro, que la semana pasado abrió esa posibilidad ante la presunción de falta de consensos en la Asamblea Legislativa en ese propósito.

Lima recordó que las tres organizaciones políticas que conforman la Asamblea Legislativa se encuentran divididas.

“(Se) tiene un plan para perjudicar el trabajo de la comisión mixta con este tipo de vigilias que están ordenados desde el Gobierno nacional”, insistió el senador evista Padilla.

El actual fiscal general, Juan Lanchipa, concluye su gestión el próximo 23 de octubre, por lo que el proyecto plantea la designación de uno nuevo, como fecha límite, el 22 de ese mes.

El presidente Luis Arce anunció este miércoles que se trasladará junto con su gabinete y el vicepresidente David Choquehuanca a Santa Cruz para encabezar acciones contra los incendios forestales.

“Queremos anunciar que nos vamos a trasladar, con el gabinete en pleno, con nuestro Vicepresidente, a la ciudad de Santa Cruz, a encabezar los trabajos que tenemos que hacer para encarar y derrotar al fuego y al incendio”, afirmó este miércoles durante la firma de un contrato de la empresa estatal Yacimientos de Litio Boliviano (YLB).

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Incendios

En el evento, el mandatario “aprovechó” la presencia de los medios de comunicación para difundir el comunicado y “brindarle tranquilidad” a la población.

Bolivia se encuentra en emergencia nacional, por mandato del Decreto Supremo 5219, a causa de los incendios forestales en el oriente boliviano. La humareda se extiende a todo el país y la calidad del aire en todos los departamentos es “muy mala” y “extremadamente mala”.

Pero la situación en Santa Cruz es especialmente crítica. La mayoría de los incendios y puntos de calor se encuentran en este departamento. También sufren el fenómeno Pando y Beni.

Arce dijo que es una “situación atípica e inusual”. Afirmó que el año “fue bastante seco” y, además, en su criterio, algunos de los incendios llegan de países vecinos fronterizos, como Brasil.

Militarización

Para precautelar la seguridad de la población de las comunidades y municipios afectados, informó que se ordenó la militarización de las zonas donde se registran incendios.

“A efectos de mayor seguridad, hemos instruido a nuestro ministro de Defensa (Edmundo Novillo) militarizar los caminos, los accesos de las comunidades que están sufriendo los incendios, para el control del tránsito y la evacuación”, añadió.

Nueva tecnología

Además, Arce informó que se implementará, desde este jueves, una nueva tecnología, denominada “Guardian”, para sofocar los incendios en el oriente boliviano.

Este método, explicó, consiste en cajas que contienen hasta 1.000 litros de agua y tienen un efecto retardado. «Estos contenedores biodegradables se lanzan desde el aire y liberan su contenido creando un efecto de lluvia con gran precisión sobre los incendios», señaló en sus redes sociales.

Afirmó que 150 cajas llegarán este jueves e inmediatamente se pondrán en operación en el departamento de Santa Cruz. Anunció que, adicionalmente, el Gobierno comprará otras 100 cajas que “llegarán en los siguientes días”.

Reiteró la importancia de luchar por aire contra el fuego. Con ese objetivo, anunció que los aviones Hércules realizarán vuelos, en los cuales descargarán 15.000 litros de agua.

Asimismo, informó que el avión cisterna, del cual ya había anunciado la contratación, llegará en los próximos días; tendrá una carga de 11.000 litros de agua por vuelo.

El presidente insistió en que no se escatimará en los esfuerzos para sofocar el fuego. En su criterio, el traslado del Gobierno a Santa Cruz permitirá un mejor monitoreo de la situación y una respuesta más eficaz contra los incendios.

La congresista peruana Rosangella Barbarán envió una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores de su país para conocer las medidas que tomará esta cartera ante un posible éxodo de ciudadanos bolivianos.

“Debido a las proyecciones que indican una masiva llegada de ciudadanos bolivianos al Perú debido a la crisis, he enviado un oficio a @CancilleriaPeru para que informe las medidas y filtros como exigencia de Visa u otros que implementarían para evitar otra crisis en nuestro país (sic)”, escribió la legisladora en sus redes sociales.

La solicitud la hizo a raíz de un reciente informe de la consultora Gas Energy Latin America que anticipa que más de un millón de personas de Bolivia llegará a Perú debido a una crisis energética por la que atraviesa este país.

Informe

“Solícito con carácter de urgencia nos informe sobre las medidas que implementará su despacho para evitar el éxodo boliviano, tales como: la exigencia de visa a ciudadanos bolivianos u otros requisitos de ingreso”, escribió Barbará en la carta dirigida al canciller de Perú, Elmer Schialer Salcedo.

La legisladora peruana recordó en el documento sobre la situación que vive Perú luego de la migración masiva de venezolanos, que, según cifras de la ONU, asciende a 1.224.519 de inmigrantes.

En la misiva, también acusa a la migración de colapsar los servicios básicos. “Nuestros hospitales no se dan abasto y los padres de familia hacen largas colas para alcanzar una vacante en los colegios públicos”, denunció.

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Barbarán también indicó, a través de una grabación, que actualmente los bolivianos ingresan a su país con el documento de identidad. Por ello “para salvaguardar nuestro país y evitar inmigrantes sin filtro ingresen, debemos llamar medidas urgentes, como la exigencia de visas u otros requisitos”.

Alerta

El exviceministro boliviano Álvaro Ríos, titular de Gas Energy Latin America, en una entrevista a Infobae Perú, señaló que “a partir del 2029 empezará la importación” de gas a Bolivia “porque ya no tendrán nada qué ofrecerle al mundo. Esto, debido a una caída de la producción, debido a políticas estatistas que ahuyentaron totalmente la exploración privada, donde se concentran los mayores riesgos”.

Añadió que “en el Perú pasará lo mismo que con Venezuela hace algunos años, y se espera que más de 1 millón de bolivianos lleguen por la crisis”.

Con miras a las elecciones judiciales, más de 360.000 jóvenes de 18 años se empadronaron y 200.000 personas registraron su cambio de residencia. Así lo informó el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi Quispe.

El TSE, a través del Servicio de Registro Cívico (Serecí), propició entre el 21 y 31 de agosto el empadronamiento masivo para las elecciones judiciales y consideró que se atendió “hasta el último ciudadano” que esperaba su registro.

En entrevista con La Razón Radio, Tahuichi destacó que la primera actividad (el empadronamiento) de los comicios judiciales fue un “total éxito”. Resaltó que 360.000 jóvenes de 18 años se registraron al padrón, mientras que otras 200.000 hicieron el registro por cambio de residencia. 

El empadronamiento masivo comenzó el 21 de agosto y, en primera instancia, debió durar hasta el 30, pero varios sectores demandaron la ampliación del plazo por un días más debido a la masiva cantidad de personas en los puntos de registro.

Incluso actores como el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya; el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, y hasta el mismo presidente Luis Arce se sumaron al pedido de ampliación.

Así, el TSE amplió el plazo y superó sus proyecciones.

Respecto al calendario electoral de las judiciales, Tahuichi aseguró que el TSE está sobre la marcha. Como siguiente actividad sustancial, el ente electoral tiene pendiente la difusión de méritos de los candidatos a los cargos de los altos tribunales.

“Arrancará el 17 de octubre y será hasta el 17 de noviembre. Por ahora, estamos en la fase de habilitación”, detalló.

Explicó que luego de que culmine el proceso el 1 de diciembre, las autoridades del TSE entregarán las credenciales el 28 de diciembre a todos los ganadores de la contienda electoral. “El 2 de enero se estarán posesionando los flamantes ganadores”.

La Ley 1549, de Elecciones Judiciales, estableció 150 días calendario para las tareas del TSE en la organización de los comicios. Ese lapso resultó reducido a 110, 20 días más de lo que en enero preveía el presidente del Órgano Electoral, Óscar Hassenteufel, cuando propuso 90 ante la premura de las entrampadas elecciones.

Fijadas para el 1 de diciembre, las elecciones judiciales fuer convocadas para la renovación de 26 cargos en los tribunales Supremo Electoral, Agroambiental y Constitucional, y el Consejo de la Magistratura.

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El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi Quispe explicó que técnicamente es posible desarrollar un referéndum y a la vez elecciones generales en 2025, pero carecería de legalidad.

En entrevista con La Razón Radio, recordó el artículo 87 de la Ley 026, de Régimen Electoral, que establece: “El Órgano Electoral Plurinacional no podrá organizar, dirigir, supervisar, administrar o ejecutar procesos electorales cuyo calendario electoral se superponga con el de procesos electorales, referendos o revocatorias de mandato convocados por ley”.

Ante la pregunta sobre la posibilidad de referéndum y elecciones 2025, Tahuichi respondió: “Técnicamente sí, legalmente no”.

Insistió en que, si bien el TSE puede viabilizar el referéndum, se estaría violando dicha norma. Además, recordó que el referéndum propuesto por el presidente Luis Arce es de carácter consultivo.

La Ley 026 señala que el procedimiento de la iniciativa presidencial es el siguiente:

El Presidente remitirá las consultas, mediante nota, al TSE, para su evaluación técnica; éste remitirá un informe técnico, en el plazo de 72 horas, al Órgano Ejecutivo, en el que podrá incluir, si amerita, redacciones alternativas a la pregunta para garantizar su claridad, precisión e imparcialidad.

Recibida la respuesta del TSE, el Presidente del Estado remitirá al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la pregunta o preguntas a efecto de su control de constitucionalidad. Admitida la respuesta de esta instancia, si la iniciativa resulta constitucional, se emitirá el decreto supremo de convocatoria; si la iniciativa fuese declarada inconstitucional, se dará por concluido su trámite.

De ese modo, queda en duda si el presidente Arce puede o no convocar a referéndum sin intermediación de la Asamblea Legislativa.

Según la explicación de Tahuichi, los plazos para el Gobierno son cortos, tomando en cuenta las elecciones generales de 2025. “Este posible referéndum debería arrancar en noviembre de este año” para evitar fricciones de procesos electorales.

Indicó que el Gobierno tendría que viabilizar el proceso y pasar por los filtros del TSE y el TCP entre septiembre y octubre para desarrollar el referéndum el febrero de 2025.

El presidente Arce propuso a la población un referéndum en polémicos temas: la continuidad de la subvención de gasolina especial y diésel, y la reelección presidencial continua o discontinua. Sobre las primeras preguntas, plantea levantar de manera gradual la subvención y en relación a la tercera, “reforma parcial” de la Constitución.

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