Nacional

sábado 16 oct 2021 | Actualizado a 04:31

Mesa desafía a Morales a enfrentarse directamente y no escudarse en el caso Valdivia

El candidato Carlos Mesa consideró que con procesos como el iniciado contra la gerente de campaña de CC, Ximena Valdivia, los oficialistas “pretenden cortar nuestra candidatura, pretenden cortar nuestra acción de campaña”. Anunció que recurrirá a instancias internacionales.

El candidato Carlos Mesa brinda una declaración de prensa sobre el caso PAT y Ximena Valdivia. Foto: APG

/ 23 de septiembre de 2019 / 13:14

El candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, denunció este lunes un complot gubernamental en su contra. En ese marco, desafió al gobernante Evo Morales a confrontarlo cara a cara y no escudarse en procesos contra sus colaboradores como el que pesa sobre la exgerente de la red televisiva PAT y miembro de la cúpula de ese frente, Ximena Valdivia.

El caso PAT cobra ahora su matiz más político y electoral luego de que se conociera el domingo que la Fiscalía imputará a Valdivia por el delito de legitimación de ganancias ilícitas por supuestos depósitos irregulares en las cuentas de esa estación de televisión entre 2002 y 2003.

Mesa consideró que con ese tipo de acciones los oficialistas “pretenden cortar nuestra candidatura, pretenden cortar nuestra acción de campaña atacando a nuestra gerente y miembro de CC”.

“El país sabe que el objetivo soy yo y es una vergüenza que para lograr ese terrible objetivo esté utilizando acoso, investigación y acusaciones contra mis colaboradores. Si Evo Morales quiere enfrentarse conmigo que lo haga directamente, que me acuse directamente porque eso es lo que está haciendo amparado en jueces, fiscales, diputados, vocales del TSE, ministros de Estado, haciendo esa guerra sucia permanente. Hágalo contra mí y pongamos las cosas claras”, desafió el opositor.

A su juicio, el objetivo de este supuesto complot en su contra es lograr su “inhabilitación” a la candidatura en las elecciones generales del 20 de octubre, “cosa que no va a conseguir, por su puesto”. “No le tengo miedo al señor Morales, no le tengo miedo a su guerra sucia”, apuntó.

Así, anunció que en caso de no conseguir una respuesta a su denuncia, “vamos a buscar la Justicia internacional, pero sobre todo vamos a buscar la palabra del boliviano el día del voto” porque “vamos a demostrarle a Morales que terminó su tiempo” en rigor al referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando se rechazó la repostulación del mandatario boliviano, aprobada luego por un fallo constitucional.

Enumeró los juicios en su contra y contra sus aliados, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, y el Gobernador de Tarija, Adrián Oliva. Esta vez —dijo— la víctima es una empresaria cuya única falta es haberse adherido a un proyecto histórico de transformación.

Quién es Ximena Valdivia

¿Quién es Ximena Valdivia?, cuestionó Mesa y luego puntualizó que “es integrante de la dirección nacional de Comunidad Ciudadana y es además gerente de la campaña en este proceso electoral”.

“A 25 días de la elección, el Gobierno del MAS pretende hacer imposible el trabajo de Valdivia y pretende cortar la columna vertebral de nuestro trabajo de gerencia en nuestra campaña”, advirtió.

Luego apuntó al fiscal Samuel Lima, asignado al caso PAT, a quien acusó de recibir órdenes del Gobierno y basar la imputación contra Valdivia “en falacias obtenidas ilegal y delictivamente”.

Aseguró además que "basa su acusación en un conjunto de especulaciones que forman parte de un evidente y obvio complot en el que han participado el gonismo, un operador extranjero, Bolivia Dide No y el propio MAS”, aunque no presentó pruebas.

En ese contexto, deslizó que “curiosamente” el caso surge en medio de las “acusaciones que llegan desde el Brasil de vinculación entre Evo Morales y el expresidente de Brasil Lula da Silva en el caso Lava Jato, el caso de corrupción más dramático que ha habido en América Latina, y son acusaciones gravísimas que tocan al presidente Morales”.

También advirtió sobre las “consecuencias de esta estrategia”, como la muerte de José María Bakovic, expresidente del extinto Servicio Nacional de Caminos (SNC), quien denunció un negociado y coimas para la edificación de la carretera.

Mesa dijo que el exfuncionario “fue acosado con casi una veintena de juicios en su contra” hasta su muerte en, 2013.

Las encuestas de intención de voto están lideradas por Morales y en segundo lugar de intención de voto aparece Mesa. (23/09/2019)

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Procuraduría concluye revisión de actas y descarta fraude electoral en justas de 2019

“Que nos diga (la OEA) si ha analizado las 34.555 actas electorales ¡mentira, no lo han hecho! Su observación llega a 226 actas, ni siquiera una muestra, algo ridículo para querer estigmatizar de fraude electoral”, sostuvo Wilfredo Chávez

El procurador Wilfredo Chávez durante el acto de este viernes.

/ 15 de octubre de 2021 / 18:14

La Procuraduría General del Estado concluyó este viernes la revisión de actas de las anuladas elecciones de octubre de 2019 y aseguró que en 2019 no existió fraude electoral. El informe final será puesto a disposición de la ciudadanía, informó el procurador Wilfredo Chávez.

“En conclusión final, podemos decir al pueblo boliviano que el único engañado de todo ese proceso ha sido infelizmente el pueblo, la única burlada ha sido la democracia que la hemos recuperado en las elecciones de 2020”, afirmó Chávez, en el acto de cierre de la revisión de las actas, cuyo trabajo comenzó el lunes y estuvo a cargo de estudiantes de la Universidad Pública de El Alto.

“Hemos hecho un análisis acta por acta para demostrar que no hubo fraude en estas elecciones y lo hemos demostrado. Puedo decir en este momento con total franqueza que no existió fraude electoral en las elecciones de 2019 y que Bolivia no es un país fraudulento”, puntualizó.

Fueron revisadas 34.555 actas de los nueve departamentos, es decir, el 100% de documentos que cuentan con los datos electorales oficiales de 2019. Chávez afirmó que criticará y observará el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que concluyó que existió “manipulación dolosa e irregularidades graves que imposibilitan validar los resultados”.

“Que nos diga (la OEA) si ha analizado las 34.555 actas electorales ¡mentira, no lo han hecho! Su observación llega a 226 actas, ni siquiera una muestra, algo ridículo para querer estigmatizar de fraude electoral”, sostuvo y criticó la ausencia de la oposición en la verificación de las actas.

La OEA denunció que la “manipulación dolosa de los comicios se produjo en dos planos. En primer lugar, la auditoría detectó alteraciones de las actas y la falsificación de las firmas de jurados de mesas. En segundo plano, se constató que en el procesamiento de los resultados se redireccionó el flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE)”.

Observó también irregularidades graves, tales como la falta de resguardo de las actas y la pérdida de material sensible. “El informe detalla además un significativo número de errores e indicios”.

Chávez precisó que la revisión de las actas arrojó “datos interesantes” sobre la participación de delegados de mesa, sobre todo porque éstos podrían haber denunciado alteración de datos u otras irregularidades, “eso no lo han hecho porque no era cierto”, indicó.

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El Gobierno llama a ‘cerrar’ debate sobre fraude o golpe tras fallo del TCP y resolución fiscal

El ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que el fallo del TCP estableció que en Bolivia hubo un golpe de Estado y recordó que la Fiscalía archivó el caso fraude electoral por falta de pruebas

El ministro de Justicia Iván Lima.

/ 15 de octubre de 2021 / 18:03

Para el Gobierno, el cierre del caso fraude electoral y la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la presidencia de Jeanine Áñez demuestran que en Bolivia hubo un golpe de Estado. El ministro de Justicia, Iván Lima, llamó a “cerrar esta página de discusión y debate jurídico”.

“El Tribunal ha hablado, en el país ha habido un golpe de Estado, la Fiscalía también ha hablado, no existe ningún fraude electoral, el llamado del gobierno nacional es a cerrar esta página de discusión y debate jurídico, porque ya han hablado en su última instancia la Fiscalía y el Tribunal Constitucional”, afirmó.

Lima aseguró que el control constitucional emitió una sentencia en la que establece que en la crisis de 2019 no hubo un vacío de poder, que no correspondía la sucesión ‘ipso facto’ porque está reservado solo para el Vicepresidente y que las renuncias de las presidencias de Diputados y Senadores debieron ser formales y aceptadas en el pleno y por el ente electoral, como mandan las normas.

Áñez era la segunda vicepresidenta del Senado, y en una sesión sin quorum se autoproclamó Presidenta del Senado y luego Presidenta de Bolivia. Una reunión de líderes cívicos y políticos en la Universidad Católica Boliviana, a convocatoria de la Iglesia Católica y la Unión Europea, definió el curso de la sucesión.

“La decisión del Tribunal Constitucional no admite ninguna apelación, no hay ninguna instancia que pueda revisar esta decisión. Lo que ha ocurrido en el país con la autoproclamación de Jeanine Áñez es un golpe de Estado, e s una vulneración flagrante al artículo 169 (de sucesión) de la Constitución”, insistió y anticipó que la oposición, por falta de argumentos, dirá que es un fallo de un “tribunal azul”.

Por su parte, la Fiscalía archivó el proceso por fraude electoral activado contra los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Lima aseguró que el control constitucional también rechazó un recurso contra el archivo del caso.

Contrario al Gobierno y a las ahora decisiones de la Fiscalía y del TCP, la oposición aseguró que en 2019 hubo un golpe de Estado, apoyado en un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), puesto en duda por diferentes estudios externos. De hecho, la protesta cívica de ese entonces estuvo alentada por la denuncia de fraude electoral.

Lima espera que se acelere el proceso contra Áñez por la toma de la presidencia del Senado y se emita la sentencia respectiva.

Sobre la normativa aprobada en un gobierno que el control constitucional lo declaró fuera de la legalidad, explicó que serán revisadas las normas emitidas en esa administración y enviada al control constitucional, aunque aclaró que por seguridad jurídica otras permanecerán vigentes

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Gremiales ratifican paro de 48 horas y ahora piden la abrogación de la Ley 1386

La propuesta de abrogación de parte de los gremialistas coincide con el proyecto que este viernes anunció el diputado Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana (CC).

Gremiales en Cochabamba anuncian un paro de 48 a partir del lunes 18 de octubre.

Por Mauricio Diaz

/ 15 de octubre de 2021 / 17:39

El sector gremial de Cochabamba anunció un paro de 48 horas a partir del lunes 18 de octubre, ahora en demanda de la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.

En una reunión en esa capital, dirigentes gremiales de al menos cinco departamentos aprobaron la medida para la siguiente semana.

“La primera ley que han aprobado es exactamente la misma que han retirado, pero la ley, que es la madre y la clave para arruinar al comercio minorista, está ahí”, explicó el dirigente Francisco Figueroa.

Afirmó que la medida de protesta será replicada por los sectores gremiales de todo el país y amenazó con que sumar piquetes de huelga de hambre, marchas y el cierre de fronteras si sus exigencias no son atendidas por el Gobierno.

La protesta coincide con la demanda planteada este viernes por Comunidad Ciudadana (CC). El diputado Carlos Alarcón presentó la mañana de este viernes un proyecto de ley para la abrogación de la Ley 1386, que consideró que es “atentatoria contra el sector informal de la economía”.

El jueves, el Gobierno retiró el polémico proyecto de ley contra las ganancias ilícitas, que en las últimas semanas generó molestia y movilizaciones por varios sectores que se sentían perjudicados por esa norma, incluso hubo la convocatoria de cívicos de varios departamentos a un paro nacional en rechazo a esa medida.

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Mesa advierte ‘incongruencia’ en el TCP y Doria Medina, ‘oportunismo’

Carlos Mesa señala que la posesión de Jeanine Añez “fue automática” por la “fuga de Evo Morales”.

Samuel Doria Medina y Carlos Mesa. Fotos de archivo: Kimera y La Razón.

/ 15 de octubre de 2021 / 17:02

El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, afirmó este viernes que la “incongruencia y mala fe” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no tiene límites, después de que esa instancia judicial consideró que en la crisis poselectoral 2019 no hubo vacío de poder.

“La incongruencia y mala fe del T. Constitucional no tiene límites. La posesión de J. Añez fue automática, no por la renuncia, sino por la fuga de Morales a México que dejó vacante la presidencia. Por esa razón la posesión fue inmediata y automática (sic)”, escribió Mesa en su cuenta en Twitter.

Por su parte, el empresario y líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, advirtió que hay “oportunismo” en el accionar del TCP.

“El Tribunal Constitucional ahora considera que la sucesión de Áñez no correspondía. Y entonces, ¿por qué emitió un comunicado el 11 de noviembre de 2019 validándola? ¡Qué manera de sumarse al más fuerte; qué oportunismo!”, expresó Doria Medina también en Twitter.

El 12 de noviembre, el TCP emitió un comunicado —su presidente, Petronilo Flores, aclaró que el texto no era vinculante— que invocaba una declaración constitucional de 2001, cuando avaló la sucesión del entonces vicepresidente Jorge Quiroga en reemplazo del dimisionario y convaleciente presidente Hugo Banzer.

El comunicado del TCP subrayaba en texto negro que correspondía sucesión “ipso facto” al Vicepresidente y “cualquier entendimiento distinto podría atentar contra la inmediatez en la sucesión presidencial, prevista en el orden constitucional”.

El Tribunal Constitucional emitió el pasado 29 de septiembre la Sentencia Constitucional 052/2021 que considera que en 2019 no hubo la figura de “vacío de poder” y esa determinación fue conocida recién en las últimas horas de manera pública.

En noviembre de 2019, Áñez era segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores y, para asumir el mando del país, alegó que se presentó un vacío de poder ante las renuncias de los entonces presidente Evo Morales, vicepresidente Álvaro García Linera, presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y presidente de Diputados, Víctor Borda.

Es así que, tras varias reuniones extralegislativas, Áñez, primero, se declaró presidenta de la Cámara de Senadores y, luego, presidenta del Estado, pero sin quorum ni asistencia de la mayoría legislativa, que entonces estaba constituida por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

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El TCP considera que en 2019 no hubo ‘vacío de poder’ y desahucia la proclamación de Áñez

El Tribunal Constitucional emitió el 29 de septiembre la Sentencia Constitucional 052/2021 que considera que en 2019 no hubo la figura de ‘vacío de poder’.

Jeanine Áñez en el balcón del Palacio de Gobierno, minutos de su autoproclamación, el 12 de noviembre de 2019.

/ 15 de octubre de 2021 / 14:25

A través de la Sentencia Constitucional 052/2021, del 29 de septiembre de este año, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) consideró que en la crisis poselectoral 2019, tras las renuncias del Presidente y Vicepresidente del Estado, y de los titulares de las cámaras de Diputados y de Senadores, no hubo vacío de poder.

En la sentencia referida a un recurso presentado por la entonces diputada Margarita del Carmen Fernández Claure, de Unidad Demócrata (UD), contra los entonces presidente y primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Víctor Borda y Susana Rivero, respectivamente, el TCP definió que no correspondía una sucesión ‘ipso facto’ salvo a las presidencias de las cámaras legislativas.

En los expedientes, la legisladora de minorías arguyó que “la sucesión ‘ipso facto’ no le correspondía a su excolega Rivero porque ‘publicó en su cuenta de Twitter una carta de renuncia irrevocable dirigida a todo el país’”. El TCP, con base en el Reglamento de la Cámara de Diputados, consideró que las renuncias de autoridades legislativas electas por voto popular solo corresponden si son consideradas en el pleno camaral.

Las renuncias de Borda y Rivero fueron consideradas el 14 de noviembre, dos días después de la proclamación de Áñez, de UD.

Entonces, Áñez, que era segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, alegó que se presentó un vacío de poder ante las renuncias sucesivas del presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y la titular del Senado, Adriana Salvatierra. Borda, entonces presidente de la Cámara de Diputados, renunció antes de la dimisión de Morales.

En sendos actos legislativos, en su condición de segunda vicepresidenta del Senado, Áñez se declaró, primero, presidenta de esa cámara y, luego, presidenta del Estado. No había quorum ni asistencia de la mayoría legislativa, entonces de dos tercios, del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Debe entenderse que a diferencia de la sucesión presidencial que la recurrente exige sea aplicada de forma análoga en su caso, ésta se aplica efectivamente ‘ipso facto’ de la presidencia a la Vicepresidencia del Estado”, dice la sentencia del TCP a la que accedió La Razón.

Por tanto, la renuncia de la exdiputada Rivero “surtió efecto solo después de que el Legislativo conoció, trató y aceptó esa dimisión. No existe la figura de ‘vacío de poder’ para justificar el incumplimiento a este requisito legal”, dice el resumen de la sentencia.

En su resolución, el TCP declaró infundado el recurso de nulidad presentado por Fernández contra Borda y Rivero.

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