Régimen Penitenciario informó este lunes que se garantizará el traslado de la expresidenta Jeanine Áñez; el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y el excívico potosino Marco Antonio Pumari para el inicio del juicio por el caso

“Estamos haciendo todas las gestiones necesarias para garantizar que no haya dificultad al momento, porque no solo estamos hablando de Marco Pumari, desde Potosí. Estamos hablando también del penal de Miraflores que tenemos que trasladar a una audiencia presencial y de Chonchocoro también. Lo que estamos haciendo es ver todos los aspectos para que no haya ningún tipo de riesgo en ningún sentido el momento del traslado o de que se lleve (a cabo) la audiencia”, dijo Juan Carlos Limpias, director de Régimen Penitenciario.

El 30 de septiembre, el Tribunal Sexto de Sentencia Penal Anticorrupción de La Paz fijó la audiencia de inicio del juicio oral y presencial, del caso Golpe de Estado I, para el lunes 14 de octubre a las 09.00. Las personas juzgadas por este caso son Añez, Pumari y Camacho y altos mandos militares y policiales.

Denuncia

El caso fue abierto por la comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, a instancias de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty.

Lea más: Tribunal fija inicio de juicio presencial del caso Golpe de Estado I para el 14 de octubre

Limpias recordó que Marco Antonio Pumari está saliendo en Potosí a sus audiencias de manera presencial sin ningún problema y no hubo ninguna agresión o situación que amerite otro tipo de situaciones.

“Aquí en el departamento de La Paz se va a garantizar todo lo que corresponde. Lo mismo como los otros dos privados de libertad. En el caso de La Paz, de Luis Fernando Camacho estamos cerca de una hora, lo mismo del (penal de) Miraflores”.

Añadió que por responsabilidad se tiene que hacer un “estado de apreciación” de sus traslados, sin embargo, dijo que por “el momento” no se tiene ningún impedimento que no amerite el traslado de estos tres privados de libertad.

Audiencia de juicio

Reiteró que se tomarán los recaudos correspondientes con el fin de garantizar que Áñez, Pumari y Camacho estén en su audiencia presencial y puedan tener todas las garantías que necesitan de la administración penitenciaria.

El caso Golpe de Estado I tiene que ver con los hechos que derivaron en la proclamación de Áñez como presidenta, el 12 de noviembre de 2019, tras la renuncia del entonces mandatario Evo Morales.

Según la denuncia, la exlegisladora llegó al poder tras reuniones extralegislativas de políticos y cívicos opositores, y representantes diplomáticos y de la Iglesia Católica. Primero, se proclamó como presidenta del Senado, sin el respectivo quórum, y luego como mandataria del Estado.

Luego que el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, confirmara la citación al jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales para que declare por los supuestos de estupro y tráfico de personas, la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba no descartó una “convulsión e insurgencia” si detienen al líder cocalero.

“Lo que a suceder es grave en Bolivia. No garantizamos nada, estamos sosteniendo a las bases, (será) responsabilidad del Gobierno que haya insurgencia y convulsión. No vamos a permitir que toquen, peor que encarcelen a Evo”, advirtió Dieter Mendoza, dirigente de la Federación Bulo Bulo a Cadena A.

El cocalero indicó que “cualquier” cosa que suceda en Bolivia será responsabilidad de los jueces y fiscales; “corruptos y del Gobierno traidor”, además de los vocales de justicia que se “corrompieron”.

Fiscal

Lanchipa aseguró este lunes que Morales fue citado a declarar por una comisión de fiscales conformada desde la Fiscalía General del Estado. 

“La comisión ha dispuesto la citación de las tres personas indicadas en este caso; entre ellos el Evo Morales Ayma, para que se presenten a la oficina de la Fiscalía Departamental de Tarija el jueves 10 de octubre de este año 2024”, señaló Lanchipa.

Lea más: Sobre restitución de fiscal de Tarija, evismo denuncia favores del juez a ministro Siles

Luego que la Justicia anulara la orden de aprehensión contra Morales, se conoció una investigación que le sigue el Ministerio Público por una denuncia de estupro y trata de personas que data de 2019. El líder cocalero es acusado de abusar de una menor de 15 años y además tener una hija con ella.

Mendoza también denunció que se busca “cualquier” excusa para encarcelar a Morales, por lo que ya “no se cree” en la justicia que “está corrompida” y lo único que se busca es encarcelamiento.

Acusación

“Lo han acusado desde hace décadas de terroristas, de narcotraficante, corrupción, pero ¿han encontrado algo?, no y no lo van a encontrar porque es un líder que ha trabajado desde la transparencia”, justificó el dirigente.

Indicó que “ahora” se inventan este proceso, al cual lo calificó de “guerra sucia”, sin ninguna prueba. “El caso estaba cerrado, pero como hoy manipulan, como hay una injerencia en el sistema judicial buscan cualquier excusa para desprestigiarlo y tratar de encarcelarlo”.

El Gobierno y el Gabinete Social se reunirán este martes en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz, para analizar el incremento de precios en varios productos de la canasta familiar y los incendios forestales, entre otros temas.

El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, convocó este lunes al encuentro.

“Nosotros tenemos que estar en permanente contacto con los movimientos sociales, con las organizaciones sociales. Por eso se implementa un gabinete social y mañana (martes) tenemos el Gabinete Social; un gabinete ampliado donde están los líderes de las organizaciones sociales más los ministros”, dijo Choquehuanca; durante el acto de aniversario de la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia.

Lea más: El Gabinete Social pide control de divisas de las exportaciones

Al respecto, el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Juan Villca, dijo que en el encuentro se analizará la situación económica del país; el incremento en los precios de varios productos de la canasta familia, los incendios forestales y sus consecuencias.

El 13 de agosto, se instaló el Gabinete Social que analizó la coyuntura política y social del país; y le expresó su apoyo al Gobierno y el presidente Luis Arce. Además, pidió mayor control al ingreso y salida de divisas de las exportaciones; incentivos al ahorro en dólares y rechazó el agio y especulación.

El Gabinete Social de la Revolución Democrática y Cultural del Estado fue constituido este año por mandato del Gran Cabildo del Pueblo, celebrado el 17 de octubre de 2023, en la ciudad de El Alto; con el objetivo de “avanzar en la profundización del Proceso de Cambio”.

Este gabinete está conformado por una treintena de dirigentes de las organizaciones sociales y los ministros de Estado; y es presidido por el presidente Luis Arce.

Tras la restitución de Sandra Gutiérrez en el cargo de fiscal departamental de Tarija, el equipo jurídico del Movimiento Al Socialismo (MAS) denunció este lunes que la resolución del juez Iván Córdoba es un favor al ministro de Justicia, César Siles, luego que éste haya ejercido como subprocurador en la Procuraduría General del Estado.

“Iván Córdoba ha sido subprocurador de César Siles y después de una serie de denuncias por corrupción ha sido director de Asuntos Jurídicos en la Procuraduría General del Estado hasta hace poco tiempo”, denunció la abogada Cecilia Urquieta.

La jurista argumentó también que quien llevó el proceso de esta acción de libertad en favor de Gutiérrez fue el abogado Vacaflor; también exdirector de la Procuraduría en la gestión de Siles. 

Amistad

“Estas personas son muy allegadas a César Siles, son amigos de Siles; y casualmente ahora de forma irregular ha caído en este juzgado y ha salido esta resolución con justificaciones legales que desconocemos”.

El domingo, la Justicia determinó la restitución de Gutiérrez al cargo de fiscal departamental de Tarija, luego que fuera destituida por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, tras emitir una orden de aprehensión contra Evo Morales por los delitos de estupro y trata y tráfico de personas.

Lea más: Gutiérrez reclama por sus colegas y denuncia ‘masacre’ blanca por investigar a Morales

Uquieta también denunció que el juez Córdoba está postulando para el cargo de Fiscal General del Estado; pero además es candidato para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “Está en las dos listas en este momento”.

“Esta persona con estas irregularidades, con este tipo de denuncias y que justamente ahora parecería que estaría cumpliendo algunos favores para el ministro de Justicia. Nos sorprende que justo ahora caiga en la sala (de garantías) de este señor que ha sido hasta principios de este año subprocurador o ha trabajado en la Procuraduría General del Estado”.

Fallo del juez

El domingo, el juez Córdoba justificó su decisión al considerar la destitución de “arbitraria” y que afecta la integridad personal de Gutiérrez. 

“Lo que convierte el acto en arbitrario y al ser arbitrario, entonces, consecuente con el antecedente de la presión que se habría ejercido por parte del jefe de Recursos Humanos; se convierte en un acto que afecta la integridad personal de esta ciudadana; particularmente en lo que tiene que ver con su circunstancia o aspecto psicológico vinculados con el derecho a la vida”, indicó a Unitel.

Luego de que el expresidente Evo Morales advirtió de la presencia de militares en el Chapare, Cochabamba, el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que hay cosas que no dejan dormir al exmandatario.

Sobre esa declaración, la autoridad sostuvo que Morales “está acostumbrado a mentir” y explicó que el despliegue de militares “no ha sido hacia el departamento Cochabamba, sino al departamento de Santa Cruz”.

“Lamentablemente hay otros elementos que no lo dejan dormir tranquilo al señor Morales”, dijo en una improvisada conferencia de prensa en puertas del Palacio de Gobierno, en La Paz.

Eduardo del Castillo

La denuncia de Morales fue lanzada en su programa dominical de Kawsachun Coca.

“Desde esta mañana nos dijeron que, por (las localidades de) Melga, Colomi y ahora por Cañadón están entrando militares en 50 movilidades, en este momento. Informan los mismos compañeros que están viniendo ahí, militares nos informan, no saben para qué es”, señaló.

La denuncia de Morales motivó que el Comando General del Ejército emitiera un comunicado aclarando el operativo.

“A partir de la fecha, el Ejército realizará movimiento de vehículos y personal a fin de participar en las operaciones que realiza el Ejército en la sofocación de incendios en el oriente boliviano. Pidiendo a la población no alarmarse y evitar cualquier tipo de especulación o mala interpretación», dice el comunicado compartido en sus redes sociales.

Chapare

Al respecto, Del Castillo agregó: “Hay un compromiso de militarizar la zona de la Chuiquitania, en atención a que necesitamos seguir deteniendo a los pirómanos que generan incendios en el departamento de Santa Cruz”.

Precisamente los incendios afectaron a los departamentos de Santa Cruz Beni y Pando y, hasta el momento, las hectáreas afectadas por el fuego superaron los 7 millones.