El expresidente Evo Morales afirmó que tiene resguardo de sus afines de ocho departamentos y que solo Pando falta sumarse a la vigilia que busca impedir su captura por un caso de trata de personas que lo involucra.

“Están viniendo de todos los departamentos, solo del departamento de Pando no han llegado. Eso quiere decir que estamos unidos y organizados”, dijo el exmandatario en la sede de las Seis Federaciones, en la localidad de Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba.

Morales recibió en la sede cocalera a una delegación del departamento de potosí, que llegó hasta esa región, para sumarse a la vigilia evista.

Evo Morales

Morales está atrincherado en el Tópico donde dirigentes, comunarios y simpatizantes cerraron filas para evitar su captura por el caso en el que, incluso, fue declarado rebelde, luego de su incomparecencia ante la Fiscalía Departamental de Tarija.

“Gracias por venir a darnos fuerza, incorporarse a la vigilia y darnos seguridad. Tengo seguridad las 24 horas”, bromeó ante la delegación potosina.

Si bien existe una orden para aprehender al exmandatario, el ministro de Gobierno indicó que la operación para su captura debe ser planificada “milimétricamente” y que “no se pueden cometer errores”.

Ante eso, la dirigencia de las organizaciones sociales afines a Morales y del denominado Estado Mayor del Pueblo, anunciaron que defenderán a su líder, incluso, “con su vida”.

Seguridad

Pero, además, el dirigente campesino Vicente Choque dijo el lunes que el Gobierno debe “asesinar” al menos a 1.000 personas si quiere intervenir el Trópico para capturar a Morales.

“Si hubiera una intervención, por lo menos el Gobierno tendrá que asesinar a más de 1.000 compañeros queriendo hacer eso”, advirtió en entrevista con Erbol.

Asimismo, dijo que la seguridad en torno al exmandatario será permanente, “aunque nos persigan, arrinconen, vamos a estar presentes en todo momento”.

La asambleísta departamental de Santa Cruz, Paola Aguirre, expresó su preocupación sobre la incertidumbre que rodea la realización de las elecciones generales previstas para agosto.

Consultada en La Razón Radio sobre cómo ve el panorama rumbo a estas elecciones, la legisladora respondió que no existen garantías de que el proceso electoral se lleve a cabo en la fecha establecida, debido a la prórroga inconstitucional de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y la falta de seguridad jurídica en el país.

“El año pasado, cuando de manera simultánea se emitieron dos sentencias constitucionales, una que permitió a Mario Aguilera asumir el cargo de gobernador y otra que prorrogó a los magistrados del TCP y otros tribunales de justicia”, nosotros advertimos que esto rompía el orden constitucional del Estado, señaló Aguirre.

El 29 de diciembre de 2023, a través de la sentencia 1021/2023, el TCP ordenó que Mario Aguilera dirija la Gobernación de Santa Cruz mientras Camacho esté detenido. El 29 de enero el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, posesionó a Aguilera como titular de la Gobernación cruceña en «suplencia temporal» de Camacho.

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El 12 de diciembre de 2023, el TCP prorrogó temporalmente el mandato de las autoridades judiciales y del Tribunal Constitucional hasta la elección de nuevos magistrados. Las elecciones judiciales del año pasado se celebraron, por primera vez, de manera parcial. Por esa razón conviven cuatro magistrados electos y cinco prorrogados en el TCP y siete electos y dos prorrogados en el TSJ.

Para la asambleísta, la permanencia de los magistrados prorrogados en el TCP representa una amenaza latente a la democracia y abre la posibilidad de que otros órganos del Estado, incluido el Poder Ejecutivo, sigan el mismo camino. “Si un órgano del Estado ha decidido autoprorrogarse sin invocar motivos válidos, no nos puede sorprender que Luis Arce también lo haga”, advirtió.

Aguirre también criticó el papel del Tribunal Supremo Electoral (TSE), al que considera una instancia que debería velar por la realización de las elecciones y denunciar estas irregularidades.

Finalmente, la asambleísta reiteró que, mientras los magistrados prorrogados sigan en el cargo, los bolivianos carecen de garantías para un proceso electoral transparente y legítimo.

Según una denuncia ante el Viceministerio de Transparencia contra el ministro de Educación, Omar Veliz, por supuesto nepotismo y favorecimiento, los presuntos beneficiados cobraban sueldos de entre Bs 6.334 y Bs 18.106.

El documento al que accedió La Razón, da cuenta de cinco “familiares” y una “ahijada” de la autoridad que ingresaron en funciones “a partir del nombramiento del citado ministro de Educación”.

“Este acto constituye en abuso de poder, beneficios en razón del cargo, uso indebido de influencias”, dice la primera parte de la denuncia que describe la supuesta comisión de cinco delitos.

Denuncia contra omar Veliz

La persona denunciante, que solicitó a la titular de Transparencia, Susana Ríos, la reserva de su identidad, incluye en sus anexos los carnets, certificados de nacimiento y los memorándums de designación de cada uno de los “beneficiados”.

Según esos documentos, Sofía J. V., que ingresó a esa cartera el 19 de marzo de 2024, ocupó el cargo de Coordinadora con organizaciones sociales y tiene un sueldo de Bs 16.060.

Entretanto, Jhony B. R., jefe de una unidad, percibe un salario de Bs 18.106. Mientras que Marlene C. M., con un cargo de técnico en Sistemas, tiene un sueldo de Bs 6.334.

Hay dos casos que llaman la atención en la denuncia que fue presentada el lunes. Dicho documento cuenta con el sello de recibido del Viceministerio de Transparencia.

Ministerio de Educación

Se trata de Kenny P. V., que recibió un memorándum de designación el 11 de abril de 2024 con un sueldo de Bs 7.954 y que el 5 de agosto recibió otro que describe un salario de Bs 10.792.

Caso similar es el de Milen U. V. que entró a esa cartera el 7 de mayo de 2024 con un salario de Bs 9.560; pero el 18 de septiembre recibió un memorándum que le asigna una nueva escala de Bs 9.846.

Entretanto, el documento incluye a Orlando E. V., aunque no especifica la fecha de ingreso, cargo o monto del salario, por estar “declarado en comisión”.

El documento que llegó hasta la sala de Redacción de La Razón describe cinco delitos; Nepotismo, tráfico de influencias, uso indebido de bienes públicos, Uso indebido de recursos económicos y Tráfico de Ítems y cargas horarias.

Designación

El lunes, el mismo día que se conoció la denuncia, el ministro Veliz fue designado ministro de Justicia Interino. Eso, por la ausencia del titular de esa cartera, César Siles, que viajó a Ginebra, Suiza, a presentar el Examen Periódico Universal de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Esa designación fue cuestionada este martes por el expresidente Evo Morales.

“El mismo día en que el ministro de Educación, Omar Veliz, es acusado de nepotismo, ante el Viceministerio de Justicia -por tener a cinco familiares suyos trabajando en la entidad estatal que dirige- el presidente Arce Catacora lo nombra ministro interino de Justicia y Transparencia”, reclamó en sus redes sociales.

La asambleísta departamental de Santa Cruz, Paola Aguirre, afirmó que las recientes declaraciones del exministro de Justicia, Iván Lima, sobre un posible indulto para Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, responden a cálculos políticos personales en un intento por congraciarse tanto con el ala “evista” como con el oficialismo de Luis Arce.

“Creo que el exministro Lima pretende congraciarse con ambas alas del Movimiento Al Socialismo (MAS). Primero con el ala evista dándole insumos para alimentar ese discurso de que entre la derecha y el gobierno de Luis Arce existiría algún tipo de acuerdo. Y, segundo también trata de darles cierto vestigio de verosimilitud a este discurso absolutamente cínico por parte de Luis Arce que llamaría a un tipo de acuerdo en virtud del bicentenario”, dijo en entrevista con La Razón Radio.

Aguirre señaló que Lima es plenamente consciente de la crisis que enfrenta el gobierno de Arce, “el cual ha perdido cualquier vestigio de legitimidad incluso en las propias filas del MAS”. Y busca asegurar su futuro político haciendo “cálculos de supervivencia por política”.

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Según Aguirre, Lima “saltó del barco pocos días antes” de que la crisis económica del país se tornara más evidente con problemas como el desabastecimiento de combustible, la inflación y el encarecimiento de productos básicos.

El lunes, el exministro de Justicia Iván Lima, sugirió indulto para la expresidenta Jeanine Áñez y los exlíderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari.

Actualmente, Áñez cumple una condena de 10 años por el caso «Golpe de Estado II». En el caso «Golpe de Estado I», Camacho y Pumari enfrentan juicio por los hechos previos a la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre de 2019.

El caso Golpe II se refiere a la proclamación de Áñez como presidenta transitoria del Estado, el 12 de noviembre de 2019.

La comunicadora social y escritora Reyna Maribel Suñagua Copa, más conocida como «Quya Reyna», afirmó en una entrevista en La Razón Radio que el Estado Plurinacional de Bolivia ha sido un proceso fallido. Según ella, los cambios en Bolivia fueron impulsados desde el Estado, pero sobre todo desde la propia población.

Quya Reyna destacó que la llegada de Evo Morales al poder en 2006 fue un hecho simbólico que evidenció que los indígenas podían acceder al gobierno. Sin embargo, subrayó que la visión dominante sobre lo indígena ha sido reduccionista y estereotipada, asumiéndolos como seres ritualistas y espirituales, definidos por su color de piel o por «cuántas polleras pueden usar». Esta perspectiva, según la comunicadora, ha obstaculizado la construcción de un Estado Plurinacional inclusivo.

Para Reyna, uno de los mayores obstáculos del proceso ha sido que los jóvenes urbanos no se identifican con la identidad indígena. «La mirada hacia lo indígena ha sido muy limitada», afirmó, y agregó que en muchos casos los jóvenes no se consideran indígenas a pesar de su ascendencia.

Sin embargo, resaltó que se está percibiendo una nueva forma de bolivianidad. «Esta nueva generación no se complica con su identidad. Somos bolivianos», señaló. En ese sentido, destacó el caso de El Alto, una ciudad eminentemente aymara, donde, aunque la población conserva sus raíces culturales, la primera identidad que reconocen es la de ser bolivianos, sin que esto implique un conflicto con su origen.

En cuanto a las propuestas de algunos precandidatos presidenciales que abogan por retornar al modelo republicano, Quya Reyna advirtió que eso sería un retroceso. El modelo republicano, según ella, fue «hostil» con diversos sectores de la población. Sin embargo, la comunicadora también reconoció que el Estado Plurinacional no ha logrado resolver todos los problemas estructurales que persisten desde la época republicana.

Así, aunque reconoce avances, Reyna considera que Bolivia aún enfrenta desafíos importantes en su camino hacia una verdadera inclusión y pluralidad.