Luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó el rechazo a una apelación en el caso 24 de Mayo, ahora queda que la condena sea ejecutoriada. Los afectados denunciaron que vulneran su derecho y reiteraron que son “perseguidos políticos”.
La Sala Penal del TSJ emitió un auto supremo en el que avala una resolución de los vocales del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca que aumentaron la pena de los 10 acusados de seis a siete años y medio de prisión.
Con esa decisión, enviaron los antecedentes de nuevo al Tribunal Departamental de Chuquisaca. En esa misma resolución, según explicación del presidente de la sala penal, Iván Sandoval, el TSJ dispuso la convalidación de los años de detención domiciliaria que tienen los sentenciados para que se reste al total de la pena.
Sin embargo, Álvaro Ríos, exdirigente universitario y sentenciado en este caso, dijo que es una mentira que se haya dispuesto la compensación de los años de la detención domiciliaria. Aseguró que la resolución del TSJ hace referencia a ese tema.
Advirtió que, con el rechazo a la apelación, todos los sentenciados del 24 de Mayo están “a puertas” de entrar al penal de San Roque. “Nos considerados perseguidos políticos porque la justicia está manejada a su antojo y sin cumplir con la ley”.
Ríos resaltó que el Tribunal Constitucional Plurinacional aún no se pronunció sobre una demanda en este caso. “Primero debería esperarse la decisión del Tribunal Constitucional y luego ver qué pasa con este caso, porque consideramos que se están vulnerando nuestros derechos”.
El presidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Arturo Yáñez, cree que hay jurisprudencia para que se aplique una medida compensatoria, es decir, que se tome en cuenta los años con detención domiciliaria.
Además, afirmó que es un juicio político que no tiene pies ni cabeza. En este caso, los sentenciados son: Jaime Barrón, expresidente del Comité Interinstitucional; Jhon Cava, expresidente del Comité Cívico; Savina Cuéllar, exprefecta de Chuquisaca; Fidel Herrera, expresidente del Concejo Municipal sucrense; y Aydée Nava, exalcaldesa de Sucre. Además fueron condenados Epifanía Terrazas, exdirectora del Sedeges; Jamil Pillco, exdirigente universitario; Antonio Jesús, exejecutivo de la Federación Universitaria Local (FUL); Álvaro Ríos, exejecutivo de la FUL; y Franz Quispe, exdirigente universitario.
Este caso se remonta al 24 de mayo de 2008, cuando campesinos llegaron a Sucre para recibir una dotación de ambulancias del presidente Evo Morales, pero no lograron entrar a la ciudad porque fueron retenidos y golpeados por agrupaciones cívicas y llevados con los torsos desnudos hasta plaza 25 de Mayo.lario digno. (05/10/2019)