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Sunday 6 Oct 2024 | Actualizado a 23:04 PM

Shirley Franco: Obvio, vamos a segunda vuelta con el MAS

La candidata de Bolivia Dice No a la vicepresidencia del Estado considera que su alianza política tiene todas las opciones de constituirse en la segunda fuerza en las elecciones generales del domingo 20 de octubre.

/ 7 de octubre de 2019 / 08:55

Sonriente, segura de sus palabras e insistente con sus premisas, Shirley Franco no tiene reparos en ir a la montaña en vez de que ésta vaya por ella. A pesar de su leve resfrío y su voz atónita, está dispuesta a hablar de su candidatura a la vicepresidencia del Estado Plurinacional por Bolivia Dice No.

No cree que el puesto que persigue sea una “quinta rueda del carro”, protesta por el carácter hegemónico del oficialismo y apuesta porque su organización política alcance la segunda vuelta en las elecciones del 20 de octubre.

¿Por encima de Comunidad Ciudadana (CC) de Carlos Mesa? “Obviamente, vamos a ir a segunda vuelta con el MAS”, expresa.

“Estamos convencidos de que en esta recta final vamos a lograr un cruce respecto de aquellos que están en segundo puesto en las encuestas. Estamos convencidos de que para ganar a Evo Morales en segunda vuelta se lo tiene que hacer con honestidad”, aclara la joven cochabambina.

Compañera de fórmula de Óscar Ortiz y amiga de Samuel Doria Medina, dice que no comparte la decisión del líder de Unidad Nacional (UN) de haber resignado su candidatura a la presidencia del Estado Plurinacional.

El frío arrecia en la redacción de La Razón y Franco no se amilana ante las preguntas en una conversación interesante.

—Al final, ¿dejó UN para postularse?

—No. Yo soy jefa de bancada de UD. Hemos conformado esta unidad en 2014, es la misma unidad que estamos preservando en 2019 y nos hemos mantenido en esa lógica. Creemos que en el 21F (referéndum del 21 de febrero de 2016) los bolivianos han pedido tres cosas: no al Evo, renovación y unidad.

—¿Por qué no se animó Samuel Doria Medina a ser candidato?

—Habría que preguntarle a Samuel.

—Usted ha sido su concejala y diputada de UN.

—Yo respeto la decisión que ha tomado, no la comparto. Me anoticié de su decisión de salirse de Bolivia Dice No por los medios de comunicación y muchos también notarán que los mejores elementos de UN nos encontramos respaldando la alianza Bolivia Dice No.

—Puede crear eso celos en Doria Medina.

—No sé. Nosotros nos debemos a una oferta electoral: la unidad. Es lo que tenemos que preservar.

—¿Cuál fue su reacción cuando Rodríguez renunció a la candidatura?

—Yo me admiré. Cuando uno escucha de una traición, con todas estas características, es algo que no sucede con frecuencia, y uno no esperaría eso de alguien fundador. Fue algo que me decepcionó, pero ya es un episodio cerrado.

—¿Qué hacía usted en ese momento? ¿Presumía que pudiera ser la sustituta?

—No, yo soy parte de la alianza Bolivia Dice No en Cochabamba. Tú recordarás que esos eran momentos previos a la presentación de las listas de candidatos a diputaciones y senadurías; estábamos en ese proceso de selección . Lo primero que decidimos hacer como alianza fue ver los mecanismos legales, cuáles podrían haber sido las complicaciones y continuar con el trabajo que desarrollábamos para presentar las listas.

—¿Imaginó ser la sustituta?

—No. Nunca fue algo que me lo haya planteado. Nunca puse en mi cabeza ser sustituta de nadie. En este caso, fue una decisión que tomamos en consenso. Yo entiendo que ellos (sus correligionarios) han depositado su confianza no solo en Shirley Franco, sino en el trabajo que desarrollamos miles de jóvenes y mujeres.

—La vicepresidencia tiene una importancia muy fuerte… Encontramos en sus antecedentes muchas ausencias a las sesiones de la Cámara de Diputados. Su colega Ximena Costa hizo un estudio: de 117 sesiones, usted solo asistió a 87; tiene 30 licencias. 74% de asistencia.

—Sí, todas las ausencias son debidamente justificadas con el presidente o la presidenta de la Asamblea Legislativa. Yo soy parlamentaria electa por Cochabamba y muchas de mis actuaciones están registradas en los medios de comunicación: he realizado reconocimientos a diferentes instituciones, foros debates, socialización de leyes. Si son actividades de carácter institucional, podemos acceder a este tipo de permisos.

—¿Con licencias? ¡30 licencias!

—Claro, cumpliendo mis labores de fiscalización; he participado de una serie de actividades dentro de la brigada parlamentaria de Cochabamba. En Cochabamba está mi fuerza, porque trabajo allí. Debe ser muy sencillo para algunos parlamentarios que viven en La Paz y se la pasan viajando; eso es injustificable. Lo correcto hubiera sido mostrar cuáles han sido los motivos por los cuales no hemos estado en la Asamblea.

—¿Cómo percibe el rol del vicepresidente o la vicepresidenta?

—Es un rol muy importante, de la conexión entre los órganos Legislativo y Ejecutivo. Estamos hablando de la máxima conducción política de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Además, es aquella persona que debe establecer la agenda parlamentaria anual en el marco del ejercicio del gobierno.

Por tanto, siendo un sistema presidencialista, el vicepresidente cumple funciones muy importantes en el Órgano Legislativo.

—Solía decirse antes que el vicepresidente es la “quinta rueda del carro”.

—Solía decirse antes.

—¿No lo percibe así?

—En absoluto. Cumple esta función de ser un nexo entre dos órganos. Este nexo se constituye en un espacio de generación de gobernabilidad de una gestión gubernamental.

—En el programa de gobierno de Bolivia Dice No de 65 páginas hay unos porcentajes, pero no una cifra exacta. ¿Cómo hicieron el diagnóstico para su propuesta programática?

—Lo hicimos a través de 100 diálogos ciudadanos con diferentes sectores de la población y esa ha sido la raíz de nuestra propuesta de gobierno. Todos los datos los manejamos fuera del plan de gobierno, como una propuesta de cambio para los bolivianos. Queremos que ellos accedan a este documento y vean cuáles son las propuestas.

—Plantean la “federalización de las autonomías”. ¿Cómo se entiende eso en facilito?

—En facilito: queremos implementar el federalismo; es profundizar la descentralización, garantizar el ejercicio pleno de la autonomía en el país. Hoy tenemos un Estado descentralizado con autonomías, así lo explica la Constitución, pero lamentablemente las gobernaciones y las alcaldías, si bien tienen la capacidad de legislarse, no tienen la capacidad de administrarse.

La autonomía se ejerce plenamente en tanto y en cuanto se los puede dotar no solo de competencias, sino asignación presupuestaria, recursos.

—¿Y no existe ese mecanismo?

—Lamentablemente, no existe. Planteamos que en los primeros 100 días de nuestro gobierno vamos a discutir el pacto fiscal, que va a ser el nuevo consenso para redistribuir los recursos económicos de manera más democrática.

Actualmente, lo que existe es una concentración de poder y recursos económicos en un 85% en el nivel central del Estado y tan solo 15% entre nueve gobernaciones más de 337 municipios (340) municipios del país y las universidades del sistema público.

—¿En números ese porcentaje?

—No tengo ese dato.

—No es suficiente…

—No lo es. Los porcentajes ya lo explican. En términos sencillos, tenemos un presidente que está compitiendo en cuanto a competencias con las alcaldías, que está entregando unidades educativas y canchitas de fútbol en municipios. Deberían ser los municipios los que administren y prioricen los proyectos.

Quien está jugando ser el “alcalde mayor” es el Presidente, y eso no debería suceder. Los alcaldes y los gobernadores, que son finalmente entes del Estado que están más cerca de la gente, deberían decidir con base en las necesidades de la población.

¿Qué es más importante? ¿Una canchita de fútbol o una escuela? ¿Un centro de salud? ¿Una posta policial? Eso se tiene que decidir, por algo los ciudadanos elegimos a nuestros alcaldes; por algo en la Constitución se han distribuido estas competencias.

—¿Con ese argumento plantean la “recuperación de instituciones republicanas”?

—Planteamos devolverle y asignarle presupuesto a las gobernaciones y a las alcaldías.

—Está en la propuesta de Bolivia Dice No la recuperación de la institucionalidad republicana.

—Recuperar el “republicanismo” en el sentido de devolverle la institucionalidad que no tiene este país. Hoy no podemos decir que gozamos de una independencia de poderes del Estado y ese es el enfoque que tenemos: recuperar la democracia y la institucionalidad.

¿Cómo le devolvemos la institucionalidad a este país? Lamentablemente, la Asamblea Legislativa no se ha convertido en un escenario de discusión ni de deliberación entre los parlamentarios. Los dos tercios (de escaños) han sido un cheque en blanco que el MAS ha usado de manera abusiva; una confianza que la ha distorsionado, porque con esos dos tercios han designado a las autoridades del Órgano Ejecutivo, a los candidatos de las elecciones judiciales, al cargo en la Fiscalía General, en la Contraloría y con la máxima instancia a la que acudimos los bolivianos en busca de garantizar el ejercicio de nuestros derechos, como es la Defensoría del Pueblo.

—¿No es consecuencia de la debilidad de los partidos de oposición?

—No, en todo caso éste es un manejo abusivo. No existe un escenario de debate.

—¿Por qué tiene dos tercios el oficialismo?

—Por la manera de distribución de los escaños, cuando los bolivianos le dieron una oportunidad de confianza, y esa confianza ha sido defraudada; ha sido utilizada de manera abusiva porque (por ejemplo) le han arrebatado a los bolivianos la Defensoría del Pueblo, la Justicia y otras instituciones que debieran  constituirse en balances y contrapesos en una democracia que lamentablemente no tiene esos controles hoy.

—¿Cómo es posible revertir esa situación?

—Estableciendo procedimientos, leyes e instituciones que sean fuertes. ¿Cómo? En los momentos previos a las elecciones hemos planteado que el proceso de selección, si bien corresponde a la Asamblea la selección de candidatos, lo podamos derivar a una comisión independiente. Esa comisión puede estar conformada por el Colegio de Abogados, por el sistema público universitario, y que sea esa comisión independiente que realice la evaluación de méritos, de experiencia y de trayectoria de los postulantes a los altos cargos judiciales.

Después de esa calificación, que debiera ser vinculante, la Asamblea Legislativa homologaría ese proceso de calificación para designar a los postulantes. ¿Por qué proponemos eso? Porque si buscamos eliminar el voto popular, como dicen otras opciones políticas, eso pasa por una reforma constitucional y, por tanto, por un referéndum. Nosotros entendemos que podemos encontrar estos otros procedimientos que podrían encontrar algún tipo de salvedad para darle mayor independencia a la Justicia. Además, proponemos quitarle ese proceso de evaluación al Parlamento porque éste es un escenario altamente político, con intereses ideológicos y partidarios.

—Todo ese proceso requiere de una mayoría parlamentaria. ¿Está en condiciones Bolivia Dice No de conseguir algo sin medrar apoyo de otras fuerzas políticas?

—Vivimos en una democracia tan sui géneris, que lamentablemente se está entendiendo que llevar adelante consensos y pactos son una mala palabra, como si eso fuera a generarnos complejos. La democracia es justamente eso: la construcción de un pacto, de un consenso; el reconocimiento del disenso y de una minoría.

Hoy, lamentablemente, con un gobierno que ha cooptado la Asamblea Legislativa durante prácticamente una década, no se está comprendiendo y se está quitando (a esa institución) ese rol de deliberación. En caso de ser elegida vicepresidenta, lo que quiero generar es un escenario de discusión y construcción, donde de verdad sean las organizaciones políticas las que planteen sus posiciones y propuestas, y en que entre todos podamos construir mejores procedimientos para devolverle la institucionalidad a este país.

—Sigue siendo una mala palabra un pacto político, considerando, por ejemplo, que UN tenía un pacto con Demócratas. ¿Me puede decir qué parlamentarios apoyan a Ortiz y quiénes no?

—Estamos todas las personas que nos hemos mantenido en la misma línea de unidad, consecuentes con esa confianza del electorado que tuvimos en 2014 y la estamos ratificando en 2019.

—No todos.

—Continuamos trabajando. Habrá que preguntar a esas personas por qué no actuaron y no actúan en consecuencia a la confianza del voto ciudadano.

—Me refiero a que los pactos siempre se hacen en función de intereses.

—Es que los pactos no se hacen en función de intereses. La Asamblea Legislativa Plurinacional tiene que ser un escenario de discusión, donde no todos tengamos que estar necesariamente de acuerdo, donde tengamos que discutir, encontrar una solución y un punto intermedio, un equilibrio, para construir una Bolivia en la que todos nos sintamos incluidos.

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Un juez de Garantías instruye la restitución del cargo a favor de la exfiscal Sandra Gutiérrez

Sandra Gutiérrez acusó al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, de instruir la anulación de la orden de aprehensión contra Evo Morales y, además, su destitución.

La otrora fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 6 de octubre de 2024 / 13:20

El juez de Instrucción Penal anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres, Iván Córdova, instruyó la restitución de la exfiscal departamental de Tarija Sandra Gutiérrez en el cargo que ocupaba hasta la anterior semana.

La autoridad consideró que la destitución de la fiscal, firmada por el fiscal interino Mauricio Nava, fue “un acto arbitrario”, por lo que ordenó al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, a restituirla como fiscal departamental.

La decisión de Córdova responde a una “tutela solicitada por parte única y exclusivamente”, según citó Unitel. Por lo tanto, instruyó a Lanchipa corregir este accionar, insisto, apegado a lo que la propia ley establece, la Ley Orgánica del Ministerio Público”.

Sandra Gutiérrez

La anterior semana, en medio del escándalo de un caso de presuntos delitos de trata y estupro agravado que involucra al expresidente Evo Morales, se conoció de una orden de aprehensión contra el exmandatario, pero también, ese día, una jueza de garantías de Santa Cruz dejó sin efecto la captura.

Por su parte, Gutiérrez denunció que la anulación de la captura y su destitución fueron órdenes de Lanchipa. Ante eso, éste se defendió e indicó que la aprehensión fue anulada por “errores” en el procedimiento y que la destitución de la fiscal fue por “negligencia en su trabajo”.

Incluso, el sábado la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, Alejandra Rocha, aclaró que la investigación contra Morales fue abierta por el delito de trata y tráfico de personas en la ciudad de Tarija.

Sin embargo, la orden de aprehensión en su contra fue emitida por la supuesta comisión del delito de estupro. Eso, en criterio de la autoridad, motivó a la defensa jurídica del líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) a presentar una acción de libertad, que finalmente fue concedida por un Tribunal de Garantías y quedó nula la orden de captura.

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¿Cómo se gestó el juicio ordinario contra Áñez? Evo Morales cuenta los detalles

Evo Morales dijo que el exministro de Justicia Iván Lima fue el único que defendió un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez.

La expresidenta Jeanine Áñez, en su audiencia de juicio oral por el caso Senkata.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 6 de octubre de 2024 / 13:11

En medio de cuestionamientos sobre la vía en que se sigue el juicio contra Jeanine Áñez, el expresidente del Estado y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, brindó detalles y develó que el único que defendió un juicio de responsabilidades para la exmandataria fue el exministro de Justicia Iván Lima.

El 19 noviembre de 2019, al amparo del Decreto Supremo 4078, que eximía de responsabilidades penales a quienes intervinieran las manifestaciones de entonces, fuerzas militares y policiales reprimieron a manifestantes de Senkata. Al final del día, 10 personas fallecieron por impactos de bala.

Por ese hecho, víctimas e instituciones del Estado abrieron un proceso contra Áñez, que promulgó el decreto, y otras autoridades gubernamentales y de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana.

Evo Morales

La mañana de este domingo, en radio Kasachun Coca, Morales develó detalles del origen del juicio. Explicó que el caso se definió en una reunión entre el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca; la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, el exministro de Justicia Iván Lima, el Pacto de Unidad y la dirigencia del MAS.

“Todos dijimos que es proceso ordinario (…). Estaban convencidos el Presidente y el Vicepresidente; solo Iván se quedó con (la idea de iniciar un) juicio de responsabilidades”, develó en su programa dominical.

Asimismo, Morales dijo que Lima lo amenazó y le advirtió: “Evo puedes tener problemas en el futuro”.

En criterio del exmandatario, Lima defiende, junto con el juicio de responsabilidades, “que no hubo golpe de Estado”, como llama el Gobierno a la proclamación de Áñez en el poder, luego de la renuncia de Morales el 10 de noviembre de 2019.

Así, Morales abordó las declaraciones del ahora exministro Lima, que afirmó que el juicio por la masacre de Senkata se ventila en la vía ordinaria “por un capricho d Evo Morales” y que ese caso llegará hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Jeanine Áñez

En la misma línea, el activista de derechos humanos y representante de las víctimas de la masacre de Senkata, David Inca, sostuvo que el juicio ordinario contra Áñez fue una decisión política del MAS antes de su quiebre.

“El MAS ya había definido la ruta jurídica por la cual tenía que ser procesada Áñez y sus colaboradores. Se había definido ir por un juicio ordinario”, develó en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

Luego de las declaraciones de Lima, la defensa jurídica de Áñez aprovechó la ocasión para pedir que se anulen todos los procesos contra la exmandataria y otras 17 personas.

Incluso, el abogado Luis Guillén pidió que los 18 acusados ofrezcan a Lima como testigo en el juicio.

Masacre

¿Qué investiga el caso Senkata?

La masacre de Senkata es uno de los hechos luctuosos de noviembre de 2019. Entonces, militares y policías hicieron uso excesivo de la fuerza, amparados por el Decreto Supremo 4078, del 14 de noviembre.

El primer hecho ocurrió el 15 de ese mes, en el puente de Huayllani, Sacaba (Cochabamba). Una columna de manifestantes exigía el “respeto a la democracia”. Un contingente militar y policial apostado en ese puente usó gases y balas para reprimir a los movilizados.

El resultado fue 10 personas muertas, algunas a causa de ejecuciones extrajudiciales, como determinó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

La segunda represión violenta ocurrió en El Alto, cuatro días después, el 19. Ese día, otra decena de personas perdió la vida luego de la violenta represión de las Fuerzas Armadas y la Policía que usaron material letal.

Ambos hechos fueron calificados como masacre por el GIEI y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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‘Me siento enfurecido’ con los líderes políticos: Claure pide liberación de ‘presos políticos’

El empresario boliviano Marcelo Claure defiende los nuevos liderazgos políticos en el país y dice que es necesario un cambio de liderazgos.

El empresario Marcelo Claure en una entrevista en La Razón

/ 5 de octubre de 2024 / 20:48

El empresario boliviano Marcelo Claure reprochó la situación de los actores políticos del país, apostó por liderazgos jóvenes y reclamó por la liberación de los denominados “presos políticos”.

“Me siento enfurecido, profundamente entristecido, decepcionado e impotente al leer sobre la situación actual de nuestros líderes políticos en Bolivia, quienes están siendo acusados de pedofilia, corrupción, manipulación del sistema judicial, y de familias presidenciales acusadas de robo, entre otras cosas”, escribió el también presidente del club Bolívar en sus redes sociales.

Y añadió: “Creo que nuestro país necesita un nuevo comienzo. Un momento de reinicio, con nuevos líderes, sangre nueva. Creo que llegó la hora de liberar a los presos políticos, de abrir un diálogo sin pensar en venganzas ni revanchas”.

Marcelo Claure

Las declaraciones de Claure coinciden con el escándalo que envuelve al expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, en un caso de presuntos delitos de trata de personas y estupro agravado.

Además, la publicación del empresario surge en un fuerte debate político sobre la independencia de la Justicia, desde que los magistrados y consejeros electos en 2017 fueron favorecidos por la Declaración Constitucional 049/2023, que amplía su mandato constitucional hasta la posesión de las nuevas autoridades, que serán elegidas en urnas el 1 de diciembre.

Por otro lado, cuando Claure menciona a “presos políticos” se refiere a algunos políticos de derecha involucrados en varios casos judiciales. Por ejemplo, la expresidenta Jeanine Áñez, que se proclamó en 2019 en medio de los conflictos poselectorales que derivaron en la renuncia del entonces mandatario, Evo Morales.

Política

Otro actor que se definió como preso político es el ahora gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que junto con Áñez esperan el inicio del juicio por el caso Golpe de Estado I, que investiga los hechos precedentes a la dimisión de Morales.

“Bolivia está llena de vida, de recursos, de juventud, de potencial. Tenemos todos los ingredientes para ser un país extraordinario, solo necesitamos un liderazgo adecuado. Es hora de trabajar juntos por un futuro mejor. ¡Bolivia merece un cambio real y positivo!”, reflexionó Claure.

En los últimos días, el empresario también se ofreció a “tender puentes de diálogo” entre Morales y el presidente Luis Arce, en medio de la tensión política y social por la marcha que lideró el exmandatario.

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La orden de aprehensión contra Morales señalaba un delito diferente al que se investiga

La fiscal Alejandra Rocha explicó que el proceso que involucra a Evo Morales en un caso de supuesto estupro, sigue su curso.

Morales dice que magistrados no renuncian porque buscan encubrir ‘corrupción’ del Gobierno.

/ 5 de octubre de 2024 / 18:27

La directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, Alejandra Rocha, aclaró que la investigación contra el expresidente Evo Morales fue abierta por el delito de trata y tráfico de personas en la ciudad de Tarija.

Sin embargo, la orden de aprehensión fue emitida por la supuesta comisión del delito de estupro. Eso, en criterio de la autoridad, motivó a la defensa jurídica del líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) a presentar una acción de libertad, que finalmente fue concedida por un Tribunal de Garantías y quedó nula la orden de captura.

“La comisión de fiscales asignada al caso, bajo la supervisión de la exfiscal departamental de Tarija Sandra Gutiérrez, emitió la orden de aprehensión por un delito diferente al que inicialmente se investigaba (…); éste es un hecho grave, que no debió haber ocurrido”, explicó Rocha.

Evo Morales

A pesar de las declaraciones de la funcionaria, la resolución de aprehensión firmada por la otrora directora de la Unidad de Trata y Tráfico de Tarija, Pamela Obando, además de los fiscales Cristian Antonio Guerrero y Andrés Soruco, describe los delitos de trata y tráfico y estupro agravado.

Una vez conocida la nulidad de la orden de aprehensión, Gutiérrez atribuyó el extremo a supuestas instrucciones del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, a quien también acusó de propiciar su destitución por impulsar la captura de Morales.

Sin embargo, en conferencia de prensa, Lanchipa desmintió esas declaraciones y dijo que la aprehensión se anuló debido a “errores” de procedimiento, y sobre el alejamiento de la exfiscal, sostuvo que se debe a “negligencia en su trabajo”.

Investigación

Al respecto, Rocha indicó que, al contrario, el Fiscal General dispuso la conformación de un equipo especializado para reforzar las investigaciones y corregir los errores procedimentales detectados.

“La tramitación de este proceso continúa en etapa preliminar, en ningún momento se ha detenido la investigación, tampoco se descarta la posible recalificación del delito conforme se vayan obteniendo mayores elementos probatorios dentro de este proceso penal”, explicó Rocha ante especulaciones de un supuesto “cierre” del caso.

El viernes, la misma funcionaria informó en conferencia de prensa que el caso fue declarado en reserva judicial por un lapso de 10 días, esto con el fin de precautelar los derechos de las supuestas víctimas, la madre adolescente y su hija.

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Morales dice que el Gobierno perdió el debate político y que abusa del poder

El caso que involucra al expresidente Evo Morales en un hecho de supuestos delitos de trata de personas y estupro entró en reserva judicial por 10 días.

Evo Morales, en conferencia de prensa en Cochabamba, este viernes.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 5 de octubre de 2024 / 18:21

El expresidente del Estado y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, consideró que el gobierno del presidente Luis Arce “perdió el debate político». Además, dijo que “abusa del poder” al procesar a dirigentes de su partido.

“Cuando los argumentos se agotan, la violencia sale a flote. Cuando el Gobierno pierde el debate político, abusa del poder procesando dirigentes y líderes sociales. El Gobierno perdió cualquier tipo de legitimidad. El 55% se desvaneció con la falta de combustibles, la inflación y la crisis cambiaria”, escribió en sus redes sociales.

Morales se refirió así al proceso en su contra en un caso de supuestos delitos de trata de personas y estupro agravado en el que incluso están involucrados los padres de la supuesta víctima.

Según la investigación de oficio que abrió la Fiscalía de Tarija, en 2016 el exmandatario tuvo una hija con una adolescente de 16 años; aunque la concepción, según una resolución de aprehensión contra Morales, ocurrió cuando la menor tenía 15 años.

Evo Morales

Impulsado por la exfiscal departamental de Tarija Sandra Gutiérrez el caso tuvo una orden de aprehensión que fue anulada por una jueza de Garantías en Santa Cruz, a instancias de una acción popular presentada por la defensa jurídica del líder cocalero.

Por su parte, en una conferencia de prensa en Cochabamba, el jueves, Morales recordó que el caso fue cerrado en 2020, en la gestión de la expresidenta Jeanine Áñez, luego de ser rechazado por un juzgado de Yacuiba, donde supuestamente ocurrió el hecho.

“En vez de dedicarse a gestionar los últimos meses de gobierno, buscan procesarnos ilegalmente con juicios ya resueltos por la justicia al igual que el Gobierno de Añez”, agregó Morales en su publicación.

Ahora, por decisión del Ministerio Público, el caso entró en reserva judicial por un tiempo de 10 días.

Incluso, la Procuraduría General del Estado exhortó a la Fiscalía llevar adelante la investigación bajo “protección” a la víctima.

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