De febrero a la masacre de octubre de 2003, el final de Sánchez de Lozada
Entre 2003 y 2019 han pasado 16 años y Marlene Rojas, la niña de ocho que murió en Warisata, hubiese tenido 24 años. Y Constantino Quispe, que falleció a sus 30 años en Río Seco, quizás habría visto cómo Ronald, el adolescente de 14 que él dejó huérfano, se convirtió en un abogado.
Habían pasado ocho meses desde que Gonzalo Sánchez de Lozada quiso aplicar el “impuestazo” al salario, que acabó en un choque entre policías y militares, hasta que en octubre de 2003 estalló la crisis y se encendió la mecha de la “guerra del gas”.
Entre 2003 y 2019 han pasado 16 años y Marlene Rojas, la niña de ocho que murió en Warisata, hubiese tenido 24 años. Y Constantino Quispe, que falleció a sus 30 años en Río Seco, quizás habría visto cómo Ronald, el adolescente de 14 que él dejó huérfano, se convirtió en un abogado. Casi un cuarto de vida pasó desde aquellos aciagos septiembre y octubre, cuando la masacre segó la vida de 58 personas y más de 400 heridos desde el 20 de septiembre hasta el 17 de octubre de 2003, cifra manejada como oficial por la parte civil en el juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada.
Y si bien la llamada “guerra del gas” tuvo en octubre el momento más álgido, todo comenzó el 2 de septiembre, cuando los campesinos que pedían un pliego de 72 puntos desde 2001 comenzaron a marchar rumbo a La Paz.
La protesta de las 20 provincias arribó el lunes 8 de septiembre a El Alto y se atrincheró en las instalaciones de radio San Gabriel, en Villa Adela. En el altiplano, cerca de Achacachi, el entonces secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Felipe El Mallku Quispe había ordenado el bloqueo de caminos.
El Alto. Mientras, el alcalde de El Alto, José Luis Paredes, emitía los formularios catastrales que elevaban en más del 500% los impuestos por inmuebles. “Primero fue el ‘impuestazo’ del Goni en febrero (Sánchez de Lozada) y luego el otro ‘impuestazo’ del Pepelucho (Paredes) los que terminaron por prender la mecha de la ‘guerra del gas’”, recuerda, 16 años después, Mauricio Cori, que en ese entonces era presidente de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve).
A la protesta de los alteños, que comenzaron sus movilizaciones el 15 de septiembre, se sumó la consigna de rechazo a la venta de gas a Estados Unidos por un puerto chileno que enarboló en ese momento el Movimiento Al Socialismo (MAS), en La Paz, El Alto y Cochabamba.
Para ese entonces ya estaba en marcha el Plan República por orden del entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Roberto Claros, que consistía en una estrategia represora, porque Sánchez de Lozada asumía que en Bolivia se vivía ya una contienda bélica subversiva. Él se había preparado desde marzo, tras retroceder en su intento de cobrar impuestos al salario.
Hasta que llegó el 20 de septiembre, cuando se produjo el “rescate” de turistas desde el valle de Sorata. En aquel operativo intervinieron policías y militares liderados por el ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín. Ese día murió la primera víctima, Primitivo Curaca, de 60 años, cerca de Ilabaya. Posteriormente falleció también la niña Marlene Rojas con un impacto de bala cuando se acercó a la ventana para ver cómo los militares ingresaban a Warisata. Otros tres civiles más cayeron ese sábado 20.
Enterados de lo que sucedió en Warisata y Sorata, los campesinos rompieron el diálogo con los ministros en radio San Gabriel.
Por su lado, el Congreso Nacional nombró la noche del 3 de octubre a Iván Zegada como nuevo Defensor del Pueblo, en una polémica sesión dominada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario y el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), que habían negado la reelección de Ana María Romero de Campero.
La tensión y la escasez de alimentos crecieron gradualmente en El Alto y La Paz, mientras los alteños continuaban con el paro indefinido en contra del “impuestazo” del alcalde Paredes.
En ese panorama, falleció el minero José Luis Atahuichi cerca de Ventilla, en un enfrentamiento entre trabajadores de Huanuni y los militares. Hubo además 21 heridos el jueves 9 de octubre.
Posteriormente la convulsión se trasladó a la ciudad de La Paz y desde el Palacio de Gobierno, Sánchez de Lozada ordenó militarizar El Alto desde el sábado 11 de octubre. “Las Fuerzas Armadas recibieron ataques con armas de fuego”, indicó en ese momento el vocero, Mauricio Antezana.
La toma militar se cobró al menos 26 muertos la tarde del domingo 12 de octubre, cuando una de las “dos caravanas de la muerte” descendió desde Senkata hasta La Paz “ametrallando a la población”, recuerda Cori al referirse a las cisternas con gasolina que bajaron desde esa ciudad escoltadas por militares que disparaban a los altos de la zona Ballivián y otros barrios. Otros vecinos más murieron en Río Seco y Villa Ingenio. Después, Sánchez de Lozada desistió de exportar gas sin una consulta previa, pero ya era tarde.
El lunes 13 de octubre, el vicepresidente Carlos Mesa rompió con Sánchez de Lozada, sin embargo no dejó su cargo. Esa tarde el Presidente pronunció la frase célebre: “Yo no voy a renunciar”, arropado por la Organización de Estados Americanos (OEA). En esa jornada, otras tres personas murieron en Patacamaya.
La mañana del miércoles 15 de octubre, Romero de Campero inició una huelga general indefinida junto a otros activistas de derechos humanos. A esas alturas del conflicto, la población ya pedía la renuncia de Sánchez de Lozada, y el anuncio de que se haría un referéndum para la exportación del gas pasó solo como anécdota.
El jueves 16 de octubre, una masiva marcha en la plaza San Francisco le dijo a Sánchez de Lozada “ya es tarde”, mientras éste acusó a Evo Morales y Felipe Quispe de intentar desestabilizar al país. Para entonces ya se habían instalado 46 piquetes de huelga en todo el territorio nacional.
La mañana del viernes 17 de octubre, La Paz y El Alto amanecieron con sol pleno, las fogatas prendidas la noche anterior en los barrios exhalaban sus últimas bocanadas de humo y tras seis semanas de conflicto, 58 muertos y más de 400 heridos, y el abandono de sus aliados políticos, Sánchez de Lozada renunció y salió del país rumbo a Estados Unidos. Había huido antes de La Paz a Santa Cruz.
En la noche, Mesa juraba a la primera magistratura del país en un sencillo acto en el Congreso Nacional. Se había reservado esa posibilidad con el argumento de no ser cómplice de la masacre, actitud que en el MNR fue considerada como una traición.
Al día siguiente, el nuevo mandatario fue a probar popularidad a El Alto, donde se habían juntado las organizaciones sociales que habían atizado la rebelión. Allí Mesa pronunció la frase famosa: “Ni olvido ni venganza, justicia”.
