Nacional

viernes 18 jun 2021 | Actualizado a 17:36

La demanda de federalismo cobra fuerza en tres regiones; García dice que la autonomía ya es ‘casi federal’

El vicepresidente Álvaro García dijo que “es una propuesta política más que no es nueva, la hemos oído años atrás”. Consideró que está lejos de concretarse en tanto la economía del país siga en expansión impulsada por el gobierno central.

Los cabildos de Potosí, Santa Cruz y Tarija. Foto: Internet-APG

/ 17 de octubre de 2019 / 11:48

El debate sobre el federalismo cobró fuerza en al menos tres regiones del país (Santa Cruz, Potosí y Tarija—) que, en cabildos multitudinarios, demandaron avanzar hacia este modelo tras cuestionar el “centralismo” que supuestamente impulsa el gobierno del presidente Evo Morales.

Al respecto, el vicepresidente Álvaro García dijo que esta “es una propuesta política más que no es nueva" y aseguró que la autonomía vigente en el país es "casi federal", aunque los gobiernos regionales aún no fueron capaces de consolidar mecanismos para la generación de recursos propios suficientes.

El 4 de octubre, un cabildo cruceño convocado por los cívicos de esa región determinó, entre otros aspectos, trabajar en el trámite para concretar el federalismo.

Luego fue el turno de Potosí, cuyo cabildo realizado el 12 de octubre cuestionó el plan de industrialización del litio que impulsa el Gobierno en esa región y, a la par de lo que hicieron los cruceños, se pronunciaron a favor de avanzar hacia el modelo federal. Incluso fueron más allá, plantearon convocar a una Asamblea Constituyente para concretar esta idea.

La noche del miércoles fue el turno del cabildo tarijeño que, también abanderando el federalismo, ratificó la premisa en rechazo a la “vulneración de la autonomía regional y la confiscación de los recursos económicos”.

El presidente del Comité Cívico Juvenel de Tarija, César Ramos, quien fue el encargado de realizar las preguntas en el cabildo, consultó a los asistentes si estaban de acuerdfo en que Tarija inicie el proceso para convertirse en una región federal, y recibió la aprobación. Antes, había dsenunciado la vulneración de la autonomía tarijeña y la confiscación de los recursos económicos departamentales por parte del gobierno central.

En regiones como La Paz y Oruro también se habla del tema, aunque con cierta cautela. El representante del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Waldo Albarracín, consideró que no se debe cerrar el debate sobre ese asunto, que "no es bueno ni malo".

Recogiendo los postulados de un texto publicado el fin de semana en un diario paceño que no identificó, García puntualizó la noche del miércoles, en una entrevista en la red UNO, que “la autonomía en Bolivia es casi federal”.

Aseguró que los “municipios y gobernaciones ya tienen asamblea propia y hacen leyes”, algo que no ocurre en modelos autonómicos como el de Colombia o Canadá.

En ese marco, cuestionó que ninguna Gobernación haya podido consolidar una empresa propia para inyectar recursos a sus arcas.

“¿Se imaginan nosotros, nuestro gobierno, si nos hubiéramos  quedado de brazos cruzados a esperar que nos caiga del cielo los recursos estaríamos liquidados? Recibimos un país en bancarrota, creamos YPFB, recuperamos Entel, Ende (…) creamos distintas empresas que nos han permitido generar recursos, lo mismo tendrían que hacer las gobernaciones”, dijo.

“El problema con las gobernaciones es (la) flojera y limitación de no haber creado, no haber animado a crear empresas productivas que les aumenten sus recursos, más bien los invitamos ahora nosotros, vengan, sean socios de las empresas que estamos creando”, añadió.

Luego mencionó como ejemplo, para el caso de Potosí, una sociedad con las empresas del litio; en el caso de Santa Cruz para las empresas de YPFB o las vinculadas con la ure; y en caso de Tarija con las firmas de energía o petroquímica.

“Es decir, los convocamos para que formen parte de las empresas del Estado y de ahí van a poder mejorar notablemente los ingresos para hacer gestión”, remarcó.

A juicio de García, el modelo de gobierno actual, basado en las autonomias departamentales, regionales, municipales e indígena originaria campesinas, no cambiará por muchos años en tanto el Gobierno central no sufra una crisis institucional por efecto de la contracción de la economía.

“Van a poder haber discursos y propuestas, pero no va haber una crisis institucional como para que obligue a todos a buscar una nueva salida”, insistió el mandatario. (17/10/2019)

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La Policía de Ecuador ratifica que préstamo de gases a Bolivia fue ‘cooperación’ y pide su devolución

La comandante Tannya Varela indicó que “la cooperación internacional entre las policías (de distintos Estados es habitual y para eso) tenemos asociaciones y organizaciones (de instituciones del orden que) no solo intercambian información”.

La comandante de la Policía Nacional de Ecuador, general Tannya Varela, en entrevista con Teleamazonas Ecuador.

/ 18 de junio de 2021 / 16:09

La comandante de la Policía Nacional de Ecuador, general Tannya Varela, confirmó este viernes que el préstamo de gases lacrimógenos a Bolivia, durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, es parte de la “cooperación internacional” que se practica actualmente entre distintos países. Y pidió la devolución del material.

“Municiones no, municiones no (hemos prestado), únicamente lo que tiene que ver con armamento no letal, como son los gases, entonces esto es importante, la cooperación internacional existe bajo los protocolos que también están establecidos, más bien lo que queremos es que Bolivia nos devuelva”, dijo la jefa policial. 

El pasado 12 de junio, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, aseguró que en noviembre de 2019 no se registró solo “un golpe de Estado”, sino que también  en esa acción “participaron gobiernos de otros países otorgando granadas y proyectiles al gobierno de Añez para consumar el golpe de Estado y reprimir al pueblo boliviano”.

Del Castillo explicó que en el gabinete de ministros del 14 de noviembre de 2019 el gobierno de Añez decidió prestarse todo ese material de Ecuador “para reprimir al pueblo boliviano en base al principio de la cooperación regional para represión”.

Del mismo modo, el ministro boliviano dio a conocer que el 27 de mayo de 2020, el Comando de la Policía de Ecuador ya solicitó “una vez más que se le devuelva los proyectiles y las granadas”, pese a que el gobierno de Áñez ya había hecho una compra de ese material, que actualmente es investigada por un sobreprecio.

Entretanto, el pasado lunes 14 de junio, el asambleísta ecuatoriano Fausto Jarrín Terán presentó una denuncia ante la Fiscalía de su país en contra del expresidente Lenín Moreno por el préstamo de material antidisturbios a Bolivia.

“He presentado, junto a @BancadaUNES, la denuncia respectiva, para que se investigue al Gobierno de Moreno por la entrega de material militar al gobierno de facto de Áñez. Mi solidaridad con el pueblo hermano de Bolivia. ¡Exigimos verdad y justicia! ¡Basta de justicia selectiva!”, escribió entonces en Twitter el legislador de Unión por la Esperanza, afín al expresidente de izquierda Rafael Correa.

Luego legisladores de ambos países empezaron a coordinar el seguimiento a las investigaciones del caso mediante reuniones virtuales e incluso se anticipó que comisiones de asambleístas viajarían a Ecuador y a Bolivia. 

“He escuchado con mucha atención todo lo que han manifestado los asambleístas y quienes se han referido a este tema de la prestación (y hasta) han hablado de material de guerra, han hablado de armamento que la Policía Nacional no utiliza para el control del orden público, nosotros no utilizamos armamento letal, utilizamos material contra motín, utilizamos gases lacrimógenos; (…) el desconocimiento de quienes hacen estas denuncias es realmente muy amplio”, lamentó Varela en una entrevista con Teleamazonas Ecuador.

Asimismo, la jefa policial ratificó que “la cooperación internacional entre las policías (de distintos Estados es habitual y para eso) tenemos asociaciones y organizaciones (de instituciones del orden que) no solo intercambian información, (sino también) si necesitan (se realizan) préstamos (de gases como) a Ecuador nos prestó Perú y Colombia”, para la crisis de octubre de 2019.

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Chávez ve que la Iglesia ‘protege’ a Mesa, a quien le pide no ocultarse ‘bajo las sotanas’

“Esa cúpula golpista también tendrá que dar su razón ante el fiscal porque son tan humanos como nosotros”, dijo el Procurador al referirse a los jerarcas de la Iglesia Católica.

Foto: Bolivia TV

/ 18 de junio de 2021 / 14:09

El informe de la Iglesia Católica sobre la crisis de 2019 continúa generando reacciones. Esta vez el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, consideró que ese documento es una acción “desesperada para proteger” al expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, y a quien, incluso, le pidió no ocultarse “bajo las sotanas de los frailes”.

“Esa cúpula (de la Iglesia Católica) está mintiendo al país (…) y esta es una acción desesperada para proteger a Carlos Mesa (…) porque todo hace ver que este señor, el gran conspirador y el gran perdedor de las elecciones, era quien estaba detrás de todo esto (es decir el supuesto golpe de Estado de 2019)”, dijo Chávez en una entrevista con La Razón Radio.

En ese sentido, el Procurador espera que finalmente Mesa declare y dé a conocer su verdad sobre el cuestionado proceso de transición que se registró en noviembre de 2019, cuando Evo Morales renunció a la presidencia en medio de una ola de protestas que denunciaban un supuesto fraude electoral, un motín policial y la presión de los militares, tras lo cual asumió la jefatura del Estado la entonces segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez.

 Mesa fue convocado el jueves a declarar en la Fiscalía como testigo del llamado caso Golpe de Estado, pero prefirió no testificar por temor a ser incriminado en el proceso investigativo, que se inició a denuncia de la exdiputada del MAS Lidia Patty.

Pero “el país estaba esperando la verdad de Carlos Mesa que tanto habló del famoso fraude monumental, que ahora sabemos que había sido la mentira monumental; por qué no ha dicho eso (en la Fiscalía), por qué no ha ido con sus pruebas, (…) dónde está pues el fraude, seguimos esperando señor Carlos Mesa (que demuestre) y no se oculte bajo las sotanas de los frailes que encabezan la comisión episcopal (que emitió un informe con varias mentiras)”, agregó Chavez en una conferencia de prensa.

El pasado 15 de junio, la Conferencia Episcopal Boliviana difundió un informe de 25 páginas sobre su accionar en la crisis de noviembre de 2019 y en ese documento aseguró que Áñez “se hallaba jurídicamente habilitada” para asumir primero la presidencia del Senado y luego del Estado.

Además, según el relato cronológico que hizo la Iglesia Católica, en las negociaciones se planteó que “asumiera la presidencia la (entonces) senadora Adriana Salvatierra o la diputada Susana Rivero. Pero ellas se negaron alegando que sus vidas corrían peligro”. Aunque esta versión luego fue negada por ambas exlegisladoras del MAS.

Por tanto, el Procurador consideró que ese “informe, de un grupo que no tiene representación, es mentiroso” y hasta afirmó que él “quisiera que muestren con algún documento o alguna prueba” de que las dos exlegisladoras del oficialismo habrían declinado a asumir el mandato del país.

Asimismo, “Susana Rivero jamás renunció (como dice el informe de la Iglesia), nunca lo hizo (y en consecuencia) tenía prelación conforme a Jeanine Áñez porque Susana era primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados; entonces han mentido muchas cosas en ese informe (…) y creo que una vez más se confirma que (ellos igual) eran parte del golpe de Estado”, manifestó el Procurador en La Razón Radio

Mientras en la conferencia de prensa señaló que “esa cúpula golpista también tendrá que dar su razón ante el fiscal porque son tan humanos como nosotros”. Pues, “recordemos que estamos en un Estado laico, somos un Estado laico, por tanto, todos somos iguales (ante la ley) y todos tenemos que dar testimonio en algún momento ante nuestra justicia”.

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Rivero: He traído mis pruebas, no hubo vacío de poder y no renuncié como dice la Iglesia

La exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) se presentó ante la Fiscalía de manera voluntaria para brindar su testimonio sobre la crisis de noviembre de 2019.

La exlegisladora Susana Rivero, al ingresar a la Fiscalía este viernes. Foto: Rodwy Cazón

/ 18 de junio de 2021 / 12:29

Susana Rivero, exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), se presentó este viernes ante la Fiscalía de manera voluntaria para brindar su testimonio sobre la crisis de noviembre de 2019. Anunció que llevó pruebas sobre que no hubo vacío de poder y que no renunció cuando se encontraba en la línea de sucesión tras la renuncia de Evo Morales.

“He venido con pruebas que voy a aportar al proceso, lo hago como boliviana, política, porque el país merece políticos que den la cara, que respondan las preguntas, y que aporten con las investigaciones. No los que tiran la piedra y esconden la mano. He traído mis pruebas de que no hubo vacío de poder”, afirmó a los periodistas presentes.

La exprimera vicepresidenta de la Cámara de Diputados declara en el caso denominado Golpe de Estado, que indaga el derrocamiento del expresidente Morales, el 10 de noviembre de 2019. Dos días después asumió la entonces senadora Jeanine Áñez, quien se autoproclamó, primero, presidenta del Senado y, luego, presidenta del Estado.

Sin embargo, la opción Áñez fue cocinada en reuniones extralegislativas previas en oficinas de la Universidad Católica de La Paz, en las cuales participaron representantes de la Iglesia Católica, diplomáticos, políticos, cívicos… Inclusive, el domingo 10 de noviembre, desde esos encuentros se llamó a Áñez para ver su disponibilidad para asumir el mando del país.

En su declaración ante la Fiscalía, Áñez admitió ello; más aún, recordó que el jefe de Comunidad Ciudadana (CC), el expresidente Carlos Mesa, se opuso a que la sucesión recaiga en Adriana Salvatierra (MAS), entonces presidenta del Senado. Y ese mismo día, dijo ante los medios que ninguna persona del MAS podía asumir la presidencia.

Un año y siete meses después, el martes reciente, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) emitió un informe-cronología sobre su labor de “mediación” en noviembre de 2019. Y señaló que Salvatierra y Rivero renunciaron a la sucesión presidencial, lo que fue negado por ambas. El documento de la Iglesia fue duramente criticado por el MAS.

“He traído mis pruebas, he firmado como primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados y presidenta en ejercicio (de la Cámara de Diputados) el día 11 de noviembre. No he renunciado, muéstrenme una renuncia anterior a la concreción del golpe de Estado. He renunciado el 14 de noviembre y tengo mis pruebas que les voy a entregar”, dijo Rivero.

Y apuntó a Carlos Mesa por no haber dado su versión de los hechos ante el Ministerio Público. El opositor fue citado el jueves y se acogió a su derecho al silencio, al denunciar que el caso está “montado” por el expresidente Morales, el actual presidente Luis Arce, la Fiscalía y el Órgano Judicial. Los fiscales analizan procesarlo por obstrucción a la justicia.

“Aquellas personas que han justificado sus hechos, sus delitos cometidos, en una supuesta lucha por defender los mandatos constitucionales, incluido el señor Carlos Mesa, que a su fiel estilo cobarde ayer (por el jueves) no quiso emitir ningún criterio cuando fue convocado como testigo”, indicó la exdiputada al entrar a la Fiscalía.

Aprovechó para lanzar un desafío a “la gente que fue parte promotora de los hechos que se suscitaron en 2019, que siguen insistiendo que su lucha fue por defender la Constitución, les voy a preguntar si en algo cumplieron este artículo de la Constitución Política, el artículo 161”. Luego, la exasambleísta leyó lo que señala esta disposición.

Según ese artículo, las cámaras de Diputados y Senadores se deben reunir en Asamblea Legislativa Plurinacional para ejercer las siguientes funciones: inaugurar y clausurar sus sesiones; tomar juramento a la presidenta o presidente del Estado y a la vicepresidenta o vicepresidente del Estado; y admitir o negar la renuncia de la presidenta o del presidente.

“Qué parte de este artículo cumplieron los que el día domingo (10 de noviembre de 2019) le ofrecieron la presidencia a Jeanine Áñez. Qué parte de este artículo cumplió la señora Jeanine Áñez, eso es lo que la población se debe preguntar”, cuestionó Rivero, quien también presentó una instrucción que ella dictó el 11 de noviembre de ese año como primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, el comunicado 008/2019-2020.

Señaló que es la prueba de que no renunció hasta esa fecha, un documento en el que “comunica a las diputadas y los diputados que la 199 sesión ordinaria convocada para el día martes 12 de noviembre, a solicitud de diputadas y diputados que no logran retornar a la ciudad de La Paz por causa de fuerza mayor e inseguridad ciudadana, ha sido suspendida hasta nueva convocatoria que será comunicada oportunamente”.

“En consecuencia”, continúa el comunicado, “solo se programa sesión de comisiones”. Pero ese día, Áñez se proclamó presidenta en una sesión sin quórum, sin presencia de la bancada mayoritaria del MAS, sin leer las renuncias de Morales y el vicepresidente Álvaro García. “El país necesita respuestas, justicia, las víctimas de las masacres necesitan justicia. Y a la Iglesia que me ha excomulgado muchas veces, le digo: Que Dios perdone sus pecados”, remarcó la exlegisladora.

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Lima anuncia investigación sobre el intento de un supuesto segundo ‘golpe de Estado’

“Lo que ocurrió con el señor Fernando López es muy grave para la democracia del país (…) y muestra que existió un plan estructural”, afirmó el ministro Iván Lima.

El ministro de Justicia, Iván Lima, en conferencia de prensa. Foto: Rodwy Cazon-La Razón.

/ 18 de junio de 2021 / 11:59

El ministro de Justicia, Iván Lima, informó este viernes que el Ministerio de Defensa liderará una investigación sobre el presunto segundo intento de golpe de Estado en Bolivia, tras los indicios que revelaron los audios filtrados del exministro Fernando López.

“Pensar que nuestras Fuerzas Armadas puedan haber estado involucradas en una segunda actitud de golpe de Estado sería muy grave, (pero) en este momento no necesitamos presentar ninguna acusación formal, (primero) hay que hacer una investigación seria y ésta va a estar a cargo de nuestro ministro de Defensa (Edmundo Novillo) que tiene que brindarle al país las explicaciones necesarias a partir de este indicio (que surgió de los audios)”, dijo Lima.

En pasadas horas, la revista electrónica The Intercept apuntó a López, exministro de Defensa del gobierno transitorio de Jeanine Áñez y prófugo de la justicia, de haber hecho gestiones para que “mercenarios” de Estados Unidos intervengan en Bolivia para impedir la posesión de Luis Arce como nuevo presidente del país, tras su victoria electoral con el 55,10% en octubre de 2020.

Las “pruebas” de la publicación son grabaciones de llamadas telefónicas, correos electrónicos, documentos y entrevistas a las cuales accedió ese medio dirigido por el periodista estadounidense Glenn Greenwald y que saltó a la fama por sus revelaciones sobre el programa de vigilancia de la NSA de Estados Unidos con el exanalista Edward Snowden como fuente.

Según la publicación, “en una de las grabaciones filtradas, una persona identificada como el ministro de Defensa boliviano dijo que estaba ‘trabajando para evitar la aniquilación del país’ (y que) las Fuerzas Armadas y el pueblo tenían que ‘levantarse’ (para supuestamente) bloquear la administración de Arce”.

Luego, el comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, afirmó que se ha logrado establecer que los audios corresponden a la voz del exministro de Defensa en un 99,9%.

Por tanto, “lo que ocurrió con el señor Fernando López es muy grave para la democracia del país (…) y muestra que existió un plan estructural. Ustedes recuerden que en ese momento hubo bolivianos que han ido a pedir a la puerta de los cuarteles rezando para que los militares intervengan, recuerden también que hubo una acción constitucional en Santa Cruz que pretendía impedir la posesión del presidente Arce, (entonces) no han sido hechos aislados”, agregó Lima.

Además, indicó que las grabaciones en sí mismas no podrán ser usadas como prueba en un proceso porque “en el país no se puede” realizar ese tipo de acciones.

“Pero los indicios que representan esas grabaciones nos obligan a investigar, por eso se ha sostenido que debemos llevar adelante un proceso penal”, ratificó.

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CC defiende sucesión de Áñez y dice que Mesa calló en la Fiscalía para no ser ‘malinterpretado’

La senadora Andrea Barrientos afirma que la reconciliación en el país pasa por una reforma de la Justicia.

/ 18 de junio de 2021 / 11:18

La senadora por Cochabamba de Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos, ratificó este viernes que la sucesión presidencial de Jeanine Áñez tras la renuncia de Evo Morales fue constitucional y que el jefe de su partido, Carlos Mesa, se acogió al silencio el jueves en la Fiscalía para evitar que sus declaraciones sean “malinterpretadas”.

“El reglamento de la Cámara de Senadores dice que en ausencia del presidente y el primer vicepresidente de la Cámara de manera inmediata asume la presidencia de manera automática el segundo vicepresidente. El reglamento no dice solo podrá asumir la presidencia del Estado un miembro del oficialismo. Ante el vacío (de poder) que teníamos (tras la renuncia de Morales a la presidencia, el 10 de noviembre de 2019), esa vicepresidente de la Cámara que teníamos era Jeanine Áñez; por lo tanto, para evitar el vacío de poder, quien tenía que asumir era Jeanine Áñez”, justificó la legisladora en entrevista con La Razón Radio.

Advirtió que “no se puede llamar régimen de Áñez, sino el gobierno constitucional de Áñez porque su transición estuvo enmarcada en las normas vigentes de la Cámara de Senadores”.

También fustigó al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, “por no haber abierto proceso contra Áñez en cuanto asumió el poder del Estado”.

“¿Por qué si hubo golpe de Estado, Lanchipa no inició proceso de manera inmediata?, porque cuando quiere es altamente cumplidor de la norma y cuando quiere es manipulador de la norma”, refirió.

Dijo además que la reconciliación en el país pasa por la reforma de la justicia que en este momento quiere “lavar la cara a gente indefendible”, como es el caso de Evo Morales.

Aclaró que tanto su persona como Carlos Mesa, además de su partido, no defienden ni a Áñez, ni a los exministros Arturo Murillo y Fernando López. “Lo que defendemos es una transición constitucional”, aclaró. Luego aseguró que “con estos temas, el Movimiento al Socialismo (MAS) mete una cortina de humo para tapar su ineficacia para solucionar la crisis de salud que vive el país”.

Asimismo, Barrientos se declaró “una perseguida política del MAS”, porque “dice cosas en contra de Evo Morales en su rol de senadora”.

Al ser consultada sobre el silencio que guardó Carlos Mesa cuando se presentó en la Fiscalía Departamental de La Paz para declarar sobre el caso Golpe de Estado, la senadora opositora aseveró que el jefe de su partido quiso evitar que sus declaraciones sean “malinterpretadas”.

“Carlos Mesa ha leído un documento, le ha explicado al Fiscal todos los motivos del porqué no iba a responder las preguntas. Es mentira que un testigo no pueda acogerse al silencio, tanto la Constitución Política del Estado como el Código de Procedimiento Penal le permiten a cualquier testigo abocarse al silencio, sobre todo si sus declaraciones pueden ser malinterpretadas, distorsionadas, para iniciarle cualquier acción penal de manera intencionada, como lo hace el MAS con los opositores”, puntualizó.

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