El presidente Luis Arce destacó este martes la sentencia contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y tres de sus exministros e indicó que este fallo representa un mensaje contundente de la justicia boliviana. 

“No habrá impunidad para quienes atenten contra nuestra soberanía, intereses, patrimonio y recursos naturales, que son de propiedad indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano”, sentenció.

El mandatario resaltó que tras 19 años de lucha “incansable, ¡se hizo justicia!” y sentó un precedente “muy importante” sobre los recursos naturales y “su administración en función al interés colectivo”.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSE) sentenció el lunes a Sánchez de Lozada a una pena de seis años y tres meses, acusado por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Además del expresidente, por los mismos delitos, los exministros Jorge Berindoague Alcocer, Alberto Contreras del Solar y Carlos Alberto López Quiroga también fueron sentenciados a una condena de cinco años de prisión.

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Los sentenciados deberán cumplir su condena en la cárcel de San Pedro de Chonchocoro. Según la sentencia, el cómputo se iniciará una vez ejecutados los mandamientos de condena respectivos “emitidos por el tribunal” respectivo.

El Ministerio de Justica señaló que los delitos se cometieron al suscribir 107 contratos de comercialización, exploración y explotación de hidrocarburos, sin la autorización del entonces Legislativo, en “franca violación a la normativa constitucional y legal vigente en el momento de los hechos acusados, (Art. 59, numeral 5 CPE)”, (sic).

Amnistía

El caso Petrocontratos, iniciado en 2005, involucró inicialmente a expresidentes como Sánchez de Lozada y Jorge Tuto Quiroga. Sin embargo, este último fue excluido del proceso por amnistía otorgada por Evo Morales en 2018.

El 22 de agosto de 2023, el TSJ comenzó el juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada (Goni) y tres de sus exministros; esto debido a la firma de contratos con 21 empresas transnacionales para tareas de verificación y explotación de reservas hidrocarburíferas.

La denuncia sobre el caso fue presentada por Evo Morales en 2005, en su condición de diputado. La Fiscalía admitió la demanda el 14 de abril de ese año.

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, descartó este martes que se hayan vulnerado los derechos del dirigente evista Ramiro Cucho.

Indicó que Cucho ya se relaciona con la población carcelaria de Patacamaya, de La Paz.

“Ramiro Cucho se encuentra en el centro penitenciario de Patacamaya. Está ya conviviendo prácticamente con la población, nosotros hemos dedicado todo lo que concierne a sus derechos humanos al interior del centro penitenciario”, explicó.

Limpias desmintió categóricamente que se “hubiera cometido alguna vulneración de sus derechos” y reiteró que se encuentra conviviendo con la población carcelaria de Patacamaya.

Cucho, al igual que Humberto Claros, fue aprehendido el 13 de noviembre por liderar los 24 días del bloqueo de caminos en el departamento de Cochabamba. La medida de presión dejó incomunicado el occidente y oriente del país.

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La Justicia determinó la detención preventiva en el penal de Patacamaya para el dirigente de la Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Canamaq) y para Claros en la cárcel de San Pedro de La Paz.

Las denuncias presentadas ante el Ministerio Público por el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno, Procuraduría General del Estado, entre otros, fueron realizadas por los delitos de instigación pública a delinquir, terrorismo y otros.

Claros

Respecto a la situación de Claros, el director de Régimen Penitenciario señaló que el dirigente campesino se encuentra en el sector de Chonchocorito del penal de San Pedro por decisión “propia” y por un tema de brindar un tema de seguridad a su integridad física.

“Se encuentra en un sector al interior de Chonchocorito, pero con el resguardo y con la garantía y cumplimiento de todos sus derechos”, resaltó Limpias.

El lunes, en la reunión de emergencia de Lauca Ñ, Cochabamba, afín al expresidente Evo Morales, se exigió la inmediata liberación de los “presos políticos”. En criterio de este sector, ambos dirigentes se encuentran injusta e ilegalmente detenidos por el gobierno de Luis Arce.

El empresario boliviano Marcelo Claure compartió este martes los resultados de una encuesta realizada entre sus seguidores y destacó que el 84% de los más 6.000 participantes considera que en Bolivia se necesita un candidato como el ultraderechista Javier Milei, presidente de Argentina.

“Más de 6.000 personas participaron en esta encuesta, y el 84% cree que Bolivia necesita un candidato como @JMilei” (sic), escribió Claure desde su cuenta de X.

En su análisis, el empresario señaló que los bolivianos “están exigiendo” un cambio grande y radical. “Este sentimiento no es casualidad; es un grito colectivo que seguramente se reflejará en las próximas elecciones”.

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Claure envió en mensaje a “todos los candidatos” y pidió tomar en cuenta “si quieren tener una oportunidad real de ganar”, la población busca “algo diferente, una ruptura con el pasado, y un liderazgo audaz que traiga soluciones concretas a las demandas de nuestro país”.

“El cambio no es una opción, es una necesidad”, indicó.

La semana pasada, Claure compartió una encuesta encargada a una firma extrajera en el que revela que el expresidente Evo Morales y el alcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa comparten la preferencia de los electores en un escenario en que ambos se postulen para las elecciones generales de 2025.

Intención de postulantes

Según Claure, la encuesta incluyó a siete candidatos con intenciones declaradas de postularse, como Luis Arce, Luis Fernando Camacho, Evo Morales, Manfred Reyes Villa, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga.

“Evo Morales y Manfred Reyes Villa están empatados con un 18%, mientras que Luis Arce recibe solo el 4%. Es importante destacar que el 20% de los votantes se mantiene indeciso”, escribió el empresario en su cuenta de X.

Las encuestas del empresario boliviano han generado debate en el ámbito político y posiciones a favor y en contra a casi 10 meses de las elecciones generales.

La situación de las elecciones judiciales en Bolivia ha desatado un intenso debate entre juristas, legisladores y analistas políticos. Las elecciones judiciales parciales y la controversia sobre la continuidad de los magistrados han llevado a cuestionar la funcionalidad de las instituciones y el respeto al marco constitucional.

En este contexto, Felipe Cordero, director de la carrera de Derecho de la Universidad Católica Boliviana (UCB), y la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Silvia Salame debatieron, en Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, acerca de las posibles soluciones a la crisis institucional. 

Según Cordero, el país está en medio de un “carnaval jurídico”, donde existe un Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) “con dos cabezas”. “Esto refleja el caos que vivimos como país”, comentó, en referencia a la disputa por la presidencia del TCP entre los magistrados Paul Franco y Gonzalo Hurtado.

Cordero aseguró que una de las mayores falencias es la “desnaturalización” del TCP que ha asumido atribuciones fuera de su mandato. Señaló que sentencias como la 0084 han ido en contra del texto constitucional al interpretar normas básicas para justificar figuras como la reelección indefinida.

“Cuando el Tribunal inaplica artículos de la Constitución, está desnaturalizando su rol. Es como jugar a las cartas y cambiar las reglas en medio del juego. Esto crea un sistema que deja de ser confiable para la ciudadanía”, explicó.

Sobre los magistrados “autoprorrogados”, Cordero argumentó que la Constitución establece claramente que su mandato finaliza al cumplirse el periodo estipulado. “No podemos normalizar excepciones y convertirlas en reglas permanentes. Si los magistrados no cesan automáticamente, debe ser el órgano judicial quien lo regule, aunque las instancias internacionales también son una opción a largo plazo”.

Por su parte, la senadora Silvia Salame coincidió en la necesidad de buscar soluciones, pero recalcó que la crisis institucional actual limita las opciones desde el ámbito judicial. “Desde el 2 de enero hemos presenciado un golpe de Estado judicial. No podemos confiar en un tribunal prorrogado e ilegítimo para resolver la situación”.

Salame, quien ha presentado diversos proyectos de ley para evitar el vacío institucional, consideró que la Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de legislar para evitar un colapso jurídico.

Ambos entrevistados coincidieron en que la solución pasa por fortalecer el Estado de derecho, pero difieren en los caminos para alcanzarlo. Mientras Cordero abogó por explorar alternativas creativas desde el ámbito académico y judicial, Salame insistió en la necesidad de una intervención legislativa inmediata.

La crisis institucional pone a prueba la capacidad del país para encontrar consensos. Las elecciones judiciales representan una oportunidad para restablecer la confianza en las instituciones, pero, como señalan Cordero y Salame, esto solo será posible con un respeto estricto a la Constitución y la búsqueda de soluciones innovadoras.

Grover García, presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS) y reconocido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), informó este martes que la dirección nacional definió que el 21 y 22 de febrero de 2025 se llevará a cabo el congreso para reformular su estatuto partidario. Sin embargo, aclaro que aún se debate el lugar para la realización del cónclave.

“Hemos analizado, a la cabeza del Pacto de Unidad, que el congreso orgánico se va a llevar (a cabo) el 21 y 22 de febrero para poder mejorar el estatuto y reglamente del MAS-IPSP. El estatuto y los reglamentos, hechos hasta este momento, favorecen a aquellos dirigentes antiguos que tienen su militancia (de) 10 años y no a las nuevas generaciones”, dijo García.

Reiteró que el estatuto actual coarta el derecho a los jóvenes de ser autoridades orgánicas, políticas o autoridades electas. “Eso vamos a mejorar, vamos reconstruir a la cabeza de nuestras organizaciones sociales”.

Reunión

Respecto a la toma de las oficinas y las cuentas bancarias del partido, García indicó que este martes, a la cabeza de la vicepresidenta Julia Ramos, se convocará a una reunión, donde se tratará el tema de la recuperación de la cuenta y los ambientes, como corresponde, de forma legal.

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“Esta dirección nacional del MAS no ha venido a destruir a nuestro país, ni a nuestras organizaciones sociales. Esta dirección emergida por nuestras organizaciones sociales ha venido a construir con mucho respeto al pueblo boliviano y a nuestros militantes que somos más de un millón de personas del instrumento político”. 

La semana pasada, en cumplimiento a la Sentencia Constitucional 0776/2024 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el TSE resolvió registrar las determinaciones del congreso del MAS arcista de la ciudad de El Alto, entre ellas la elección de García.

Además de García, Julia Ramos Sánchez y Fidel Surco fueron reconocidos como parte de la directiva nacional, así como otros siete miembros.

Lauca Ñ

El lunes, en la reunión de Lauca Ñ, Cochabamba, afín al expresidente Evo Morales, se determinó continuar con la batalla legal para recuperar la sigla del MAS, pero además refundar el partido con motivo del 30 aniversario.

“Con motivo del 30 aniversario, en marzo del próximo año, hay que refundar. Desde ahora vamos a prepararnos y vamos a refundar el instrumento y fortalecer nuestra revolución democrática y cultural”, dijo el exmandatario.